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Reformar la reforma ¿y los agravios, Andrés Manuel?

Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal y Marcelino Guerra Mendoza. 13/03/2018 

Al calor de las campañas electorales, uno de los principales argumentos de quienes se han pronunciado a favor de reformar la reforma, es que la evaluación punitiva maltrató, violentó y humilló a los maestros. En el Acuerdo para la Transformación de la Educación en México, firmado el pasado 1º de febrero en Zacatecas entre las Redes Sociales Progresistas y AMLO, el líder de Morena, el tema quedó consignado en estos términos:  con la reforma educativa, los docentes quedaron inmersos en la confusión y la persecución.

Tirios y troyanos coinciden de forma casi unánime, en que los maestros han sido violentados por la reforma educativa de múltiples y cotidianas formas, por eso hay que revisar y corregir las repercusiones laborales negativas, tales como la pérdida de derechos.

Como explicamos en Tanto para (casi) nada. El acuerdo para reformar la reforma, los firmantes se refieren a una modificación que si bien es importante, resulta a todas luces insuficiente para revertir las múltiples repercusiones que los cambios jurídicos, normativos y programáticos derivados de la reforma constitucional al artículo 3°, han tenido en el sistema educativo, las escuelas y de forma muy pronunciada, en una profesión docente completamente orientada bajo criterios de productividad y rentabilidad.

Dicho de otra forma: eliminar un artículo o una fracción de una ley, no garantiza que la persecución y las humillaciones desaparezcan como por arte de magia, tampoco que se elimine la opacidad en las decisiones para asignar plazas vacantes, el manejo discrecional de las listas de prelación o la continua modificación de los criterios de evaluación.

Resulta preocupante ver que el ruido provocado por la posibilidad de cambiar un aspecto de todo un complejo entramado político e institucional, ha silenciado a querer o no, la cauda de agravios contra los maestros que esta reforma educativa ha provocado. En un momento en el que legisladores, analistas, dirigentes partidistas, sindicales y representantes del empresariado, conceden en que algunos aspectos del marco jurídico vigente podrían ser modificados, nos parece necesario refrescar la memoria, realizar un breve pero obligado recuento de las secuelas y los daños que este proceso de reconfiguración del sistema educativo, ha dejado tras de sí luego de cinco años de haberse iniciado.

  • Las muertes. Son varias las víctimas mortales que dejaron las protestas magisteriales en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En diferentes actos y momentos, provocadores contratados o la fuerza pública enviada por gobiernos locales o el gobierno federal, se encargaron de ejecutar las agresiones. Ejemplo del saldo negativo es la muerte del maestro jubilado Claudio Castillo Peña en Guerrero (Marchan maestros a 3 años de la muerte de profesor en desalojo violento. La más grave quedó registrada en los anales de la historia reciente: el caso Nochixtlán que cobró ocho vidas; entre las víctimas había padres de familia.
  • Los encarcelamientos. A la fecha, maestros que pusieron el cuerpo para defender sus derechos se encuentran bajo proceso penal, acusados de violar la ley, atacar vías de comunicación y vayan ustedes a saber cuántos delitos más (Maestros prisioneros en puente grande forman parte de huelga de hambre). No corrieron la suerte de algunos líderes o maestros que fueron liberados de las órdenes de aprehensión o eximidos de acusaciones graves, gracias a la negociación entre las dirigencias y los gobernadores locales o con el titular de gobernación (Acuerdan Murat y seccion 22 cancelar órdenes de aprehensión).
  • Los despidos. Miles de maestros han sido abruptamente separados de su grupo y escuela; no han percibido ingresos por más de dos años, en algunos casos hasta más; aún enfrentan litigios laborales, en el mejor de los casos, acompañados por compañeros en situación similar. En el peor: solos y sin asesoría. Existen maestros que llevan no uno ni dos meses, sino hasta tres años cesados, envueltos en litigios engorrosos, sin recibir pago alguno. “Llevamos 1 año 10 meses sin sustento económico ni servicio médico, hay matrimonios sin sustento” (Ochocientos maestros cesados). En diferentes estados reclaman reinstalación (Exigen maestros del MMB reinstalación. Anuncian maestros cesados plantón en la SEC); los más recientes de los que se tiene noticia, son profesores del estado de Querétaro y de Coahuila (Dan de baja a 23 profesores).

Los despidos no han tenido como única causal la negativa a presentar la evaluación; hay quienes han sido dados de baja por acumular más de tres faltas consecutivas en un mes, aun cuando estén ampliamente justificadas (Dan de baja a maestra por atender a su hija enferma). Se han aplicado también como represalia por participar en el cierre de escuelas o apoyar movilizaciones. El despido tiene múltiples caras, ha afectado principalmente a maestras, mujeres que son madres y jefas de familia.

  • Los engaños. La falta de maestros en escuelas se ha vuelto cosa ordinaria principalmente al inicio del ciclo escolar, sin contar la alta movilidad y rotación; cual piezas intercambiables, son enviados a una u otra escuela, a menudo lejos de su lugar de residencia y de su familia, “porque es lo que hay”; si no aceptan peligra su lugar en las listas de prelación. También están los utilizados en actos oficiales (A maestra novel presumida por las autoridades, no le pagaron un solo peso) que luego son maltratados por el sistema, negándoles el pago del trabajo ya realizado. Otros casos similares son los profesores que no reciben su salario en tiempo y forma, o se les retiene pretextando movimientos administrativos. Están también los contratados por tres meses sin derecho a nada; los evaluados que no reciben los beneficios prometidos, o carecen de nombramiento oficial. (Adeudo de tres meses de salario a maestro de nuevo ingreso).

Los engaños se extienden más allá, toman la forma de incumplimiento en los términos de la contratación después de realizar la evaluación (Amenazan con ir a instancias federales maestros que obtuvieron promoción), abarcan también los programas para obtener recursos adicionales que se entregan parcialmente o no se entregan (Directores denuncian entrega incompleta de recursos para Escuelas de Tiempo Completo). Están también en la demora o incumplimiento en el pago de salarios devengados; con el pretexto de que no hay presupuesto o que la federación no ha “dispersado” los recursos, es un tema frecuente en las notas periodísticas. También ocurre que los maestros no reciben a tiempo los estímulos prometidos o de plano nunca les son entregados; pasa lo mismo con las compensaciones por trabajar en escuelas de tiempo completo. Ni qué decir de la tutoría que marca la ley, de los permisos negados a nombre de la normalidad mínima, o las licencias para estudiar a las que tienen derecho.  

  • Las imposiciones. A partir de la entrada en vigor de la reforma educativa, los maestros vieron multiplicadas las exigencias cotidianas. Reuniones en contra turno a las que deben asistir, so pena de sanción y aunque estén contratados por horas; agendas de Consejo Técnico homogéneas, ceñidas a lo que la SEP considera prioritario; actualizaciones a cargo de entidades privadas que desconocen por completo el contexto institucional, la heterogeneidad educativa nacional y las condiciones reales en las que trabajan los maestros. También habría que añadir las presiones para entrenar a los alumnos en el uso de simuladores para la solución de exámenes, para no quedar mal con la OCDE, que cada tres años se presentará a evaluar a los alumnos. Todo esto más un sinfín de tareas cotidianas como la elaboración de planificaciones bimestrales, exámenes, tutorías en línea, más lo que se acumule (¿Y tú cómo vives la reforma educativa en la escuela?)
  • Las amenazas. Una vez construida la imagen del maestro irresponsable, el sistema educativo se ha ocupado sistemáticamente de ejercer diversas formas de violencia simbólica sobre los profesores. Una de ellas fue la que ejerció el propio Chuayffet al declarar públicamente que los maestros que se negaron a participar en el censo, serían removidos de la nómina (Por no contestar al Censo, la SEP sacará de nómina a 24 mil maestros en 2015). Nótese que esta es una amenaza que nada tiene que ver con la evaluación de permanencia. No solo la negativa a evaluarse es motivo de coerción, prácticamente cualquier asunto escolar puede derivar en un pleito a resolver en instancias extraescolares; con la reforma educativa, la judicialización de la práctica se ha acentuado, el maestro está obligado a explicar, informar y demostrar que hizo todo lo que los manuales de convivencia indican, que siguió a pie juntillas los lineamientos administrativos para evaluar o los protocolos de seguridad que indican lo que debe hacer ante determinadas contingencias, aunque como suele ocurrir, las situaciones reales no encajan con la rigidez de las reglas.
  • El fraude de los trajes a la medida. Son múltiples las formas de presión que se ejercen sobre los maestros para que cursen opciones de actualización que la administración o la autoridad local mandatan, a menudo en condiciones completamente desventajosas e inadecuadas, fuera de los horarios de trabajo, dando por hecho que todos los profesores tienen acceso a las nuevas tecnologías. A estas alturas no cabe duda sobre el trasfondo de aquélla célebre declaración de Nuño: la nueva formación continua, es un traje a la medida, (Nueva formación continua: un traje a la medida) pero del Tecnológico de Monterrey o la Universidad de las Américas, entre otras entidades privadas que han acaparado la oferta, y por tanto, los recursos públicos destinados a este rubro (Instituciones privadas acapararon en 2017 los diplomados y cursos en línea
  • El abandono escolar. El verdadero rostro de la autonomía de gestión son las escuelas en ruinas. El deterioro de la infraestructura escolar que la reforma prometió resolver mediante escuelas al CIEN, ha beneficiado claramente a constructoras e inversionistas. La situación ya era crítica, debido al abandono histórico de las escuelas públicas; pero las deplorables condiciones de los planteles, se recrudecieron después de los sismos ocurridos entre septiembre de 2017 y febrero del presente. A cinco meses, un número desconocido de alumnos y maestros, permanecen hacinados en espacios prestados, o en carpas improvisadas, soportando las inclemencias del tiempo, con jornadas discontinuas de trabajo. La opacidad en el manejo de recursos para la reconstrucción, es la regla que confirma la corrupción.

Como puede verse, los agravios son muchos y se han acumulado. Podríamos seguir enumerándolos, pero con estos ejemplos basta y sobra para mostrar su existencia.

Ante este panorama, insistimos una vez más: antes de que la reforma sea reformada, si es que eso ocurre, ¿no sería necesario revisar a detalle lo ocurrido y anteponer el pleno resarcimiento de los daños a todas y todos los que pusieron el cuerpo por delante, arriesgaron su integridad física y emocional, perdieron su fuente de ingresos, están librando una batalla jurídica en tribunales, o enfrentando las humillaciones de un sistema obsesionado por el control?

De continuar alimentando la falsa división entre lo educativo y lo laboral así como la postura de reformar la reforma, cambiando únicamente los términos de la evaluación de permanencia sin hacer justicia y resarcir los daños y perjuicios provocados por la reforma educativa, MORENA y AMLO adquirirán una deuda histórica impagable con los maestros que decidieron jubilarse anticipadamente antes que someterse, con los despedidos que pagaron cara su osadía de desafiar al régimen, con los encarcelados que aún se encuentran tras las rejas, con los violentados de todos los días, con los que defienden su fuente de trabajo y exigen respeto a su profesión.

Dicen por ahí que los maestros no olvidan; este es el momento de recordarle a quienes buscan su voto, que los agravios son muchos, ahí están y el daño debe ser reparado.

Contacto: labandadelxs3@gmail.com 

Fotografía: informador

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