Por: Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza y Roberto González Villarreal. 06/03/2018
En esta época electoral, un conjunto variopinto de fuerzas y protagonistas políticos, confluyen y se suman a una creciente corriente de opinión a favor de modificar la reforma educativa.
Desde adentro de MORENA, personajes como Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de AMLO, han reiterado que de llegar al gobierno se revisará una reforma que no tuvo mucho que ver con lo educativo, lo que se va a modificar es “lo laboral” (Se revisará la reforma). ¿Los motivos? Prácticamente los mismos que durante cinco años ha esgrimido el magisterio inconforme y movilizado. AMLO los resume así: “no se va a seguir humillando al magisterio nacional, se va a respetar a nuestras maestras y nuestros maestros que es por ellos que sabemos mucho o sabemos poco” (Al triunfo de Morena se cancelará la reforma educativa).
Pero no solo integrantes del equipo de campaña y colaboradores cercanos de AMLO se han pronunciado en este sentido, también articulistas, investigadores, organizaciones como Mexicanos Primero, asesores de la SEP, líderes magisteriales de los llamados institucionales y neocharros, han llegado a la misma conclusión: la reforma es reformable.
Nuestro estimado amigo Alberto Arnaut considera que el componente más aberrante de la llamada reforma educativa es la evaluación punitiva del desempeño docente; es la que más ha dañado a la educación y al magisterio, discrimina a los que trabajan en las condiciones más adversas, en las zonas urbano-marginales, rurales e indígenas. Desde su punto de vista, provocó que miles de maestros adelantaran su jubilación cuando aún tenían mucho que dar a la educación. El ambiente es tal, sentencia Arnaut, “que me atrevo a decir que habrá reforma de la reforma, gane quien gane la elección presidencial” (Comparto artículo del maestro veracruzano Wenceslao Vargas Márquez)
Hay quienes incluso aseguran que el único problema del magisterio con la reforma educativa es la evaluación de permanencia. “La propuesta nuestra es modificar el artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente para que la evaluación de la permanencia, únicamente para el personal antiguo, no sea obligatoria sino optativa, y la planteamos en junio-julio de 2016” (La reforma educativa en Xalapa)
Conviene recordar qué dice el artículo de referencia:
Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.
En Chihuahua, un grupo de docentes a favor de eliminar la evaluación de permanencia, recientemente presentó una propuesta a la coalición “Juntos haremos Historia”. Los motivos: “dos hechos que nos hieren: la embestida neoliberal del gobierno y los grupos hegemónicos en contra de la educación pública, y la profunda y generalizada inconformidad de las bases al ver reducido nuestro sindicato como un instrumento más de esos poderes fácticos, para denigrar y demeritar la labor docente” (Por la defensa de la escuela pública y la dignificación de los maestros)
Proponen derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente en su totalidad, porque dicen, contradice el Artículo 3°; privilegia los mejores servicios a las mejores escuelas, profundizando más la división de clases y violentando los derechos de los trabajadores de la educación. Plantean que la evaluación para el ingreso sea mediante concurso de oposición para los diversos profesionistas no normalistas, después de haber cursado y aprobado un Diplomado Obligatorio en Docencia, impartido por las Escuelas Formadoras y/o Universidades reconocidas para tal fin. En cuanto a lo que llaman evaluación periódica (que sería el equivalente a la evaluación con fines de permanencia), proponen se tome en cuenta el desempeño docente individual y colectivo, y se establezcan dos líneas para la profesionalización: la retroalimentación mediante la actualización, la capacitación y la formación a través de cursos en la propia escuela y en instancias de formación, de manera gratuita, y el establecimiento de estímulos económicos a quienes presenten estas dos variantes: mejores resultados individual y/o colectivamente, o avances significativos en escuelas ubicadas en comunidades consideradas de bajo desarrollo.
Sobre la promoción, proponen que el ascenso a puestos directivos, de supervisión y de jefaturas de área sea mediante concurso de oposición, donde se consideren la antigüedad en el puesto, la preparación académica (criterios escalafonarios de antes), la calidad del desempeño en el que se ha ejercido en los últimos años (lo que sea que esto signifique), el conocimiento de las normas y de los contenidos y propósitos de los Planes y Programas de estudio (sin hacer referencia al nuevo modelo educativo), entre otros aspectos.
Si bien detallan su propuesta, no trastocan el sentido original de la evaluación contemplado en la reforma al artículo 3°. Por el contrario, parten del marco ya establecido, se adscriben al esquema vigente sobre los tipos de evaluación, sostienen la realización de evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción, reivindicando el otorgamiento de estímulos según resultados, un esquema claramente meritocrático cuyos efectos negativos han sido ampliamente documentados.
Si lo único que hay que cambiar de la reforma es una parte de una ley, se corre el riesgo de que sólo una parte del magisterio resulte beneficiado. Los demás, permanecerán sometidos al nuevo régimen, aun cuando forman parte del mismo gremio.
Indudablemente, el Acuerdo para la transformación de la educación en México y la defensa de los derechos plenos de los maestros, hace eco de estas propuestas (http://elpuntero.com.mx/n/71065), las recoge y relanza en un momento políticamente propicio. Quién lo diría, es el SNTE de antes, con el gordillista Rafael Ochoa al frente, el que ha aprovechado la coyuntura electoral para posicionarse en la arena política, a través de las llamadas Redes Sociales Progresistas (RSP). Ofrece la defensa del voto en las casillas, a cambio de recuperar el sindicato magisterial, so pretexto de combatir las humillaciones y malos tratos a los maestros; su interés principal es muy claro. No obstante, los titulares de diversos medios aseguraron que el citado Acuerdo se suscribía para dar marcha atrás, acabar, incluso tumbar la reforma educativa.
Ante un panorama político tan confuso, es necesario mirar con detenimiento el contenido de un acuerdo que adopta por bandera la reforma educativa y preguntarse cuál es en realidad su alcance. Como siempre hemos dicho, para problematizar, hay que prestar atención a los detalles.
¿Qué es lo que firmaron AMLO y Ochoa? En realidad, casi nada en comparación con la avalancha de cambios que se han introducido en el sistema educativo y las escuelas desde que se aprobó la reforma. De un total de diez puntos, únicamente el 1, 3 y 5, refieren al tema de las afectaciones directas a los maestros.
El 1 dice: “Dar marcha atrás a la reforma, enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente…” El 3 indica que, dentro de ese Proyecto de Ley, se propondrá “eliminar la evaluación punitiva, el cese de las persecuciones y amenazas a las maestras y maestros por sus convicciones y derechos y la definición de una ruta para el desarrollo profesional permanente”, mientras que el 5 propone la “recontratación inmediata de los maestros y maestras cesados por no aceptar la evaluación punitiva”.
Para no llamarnos a engaño, es necesario identificar y analizar los límites y problemas implícitos en estos tres numerales que aluden directamente a los maestros, que es en quienes han recaído los cambios normativos, administrativos y programáticos.
Primero. Después de la reforma constitucional, además de la LGSPD se aprobaron la ley del INEE y diversas modificaciones a la Ley General de Educación. Modificar solo una parte del intrincado entramado jurídico que sostiene la reforma, de ninguna manera significa dar marcha atrás a la reforma. Lo único que se está proponiendo es realizar ajustes a la evaluación de permanencia; a juzgar por la forma en estas leyes se encadenan entre sí, y se complementan una con la otra, se antoja difícil realizar una modificación de este tipo sin alterar el resto de los ordenamientos.
Segundo. Las persecuciones y amenazas a las y los maestros no han tenido como único motivo el rechazo a la evaluación de permanencia. Los pretextos para estirar la norma y hacer valer el imperio de la ley, como gustan decir los gobernantes y altos funcionarios, han sido diversos. Por lo mismo, la colección de agravios es larga; en otro artículo nos ocuparemos con mayor detalle de este asunto. Por ahora, queremos llamar la atención sobre la debilidad de unos acuerdos que no precisan ni los términos, los medios ni los tiempos para hacer efectivo el cese de las múltiples amenazas y diversas formas de humillación cotidianas ejercidas sobre los maestros desde que comenzó la reforma.
Tercero. La mayor inconsistencia a nuestro juicio radica en que si únicamente se elimina la evaluación de permanencia de la LGSPD, se mantendrán otros ordenamientos que también son causal de despido, como no asistir a los cursos de actualización que el Servicio Profesional Docente indique o ausentarse de las labores durante tres ocasiones en un mes, aunque las faltas no sean consecutivas y estén plenamente justificadas.
Cuarto. La propuesta de recontratar a todos los maestros despedidos parece un llamado al borrón y cuenta nueva. Particularmente para los que se encuentran atrapados en juicios interminables, la recontratación es o debería ser, simple y sencillamente inaceptable. Entre la recontratación y la reinstalación, hay un mar de diferencia. La segunda pasa por un acto de justicia en donde no nada más se trata de resarcir el daño económico pagando los salarios que se adeudan, sino también restituir plenamente las condiciones de trabajo y los derechos adquiridos.
Si eventualmente AMLO gana las elecciones y cumple con los términos del acuerdo suscrito con las Redes Sociales Progresistas de Ochoa, efectivamente limitados a “lo laboral”, es decir, a eliminar o suavizar la evaluación de permanencia, todo lo demás permanecerá intocado y continuará avanzando.
Surge de inmediato otra pregunta: ¿qué es todo lo demás? Si nos atenemos al texto constitucional que NADIE está proponiendo modificar, es posible identificar un conjunto de elementos fundamentales tanto laborales como profesionales cuyas fuertes repercusiones subjetivas están afectando y transformando el ejercicio de la profesión docente y el funcionamiento cotidiano de las escuelas. Enumeramos aquí los que nos parecen cruciales.
- Una perspectiva sobre la educación escolarizada, centrada en la acumulación de logros y resultados. El texto constitucional es muy claro: la idoneidad de maestros y directivos deben garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos….la educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos (art. 3°, párrafo segundo, inciso d)
- La evaluación de permanencia es solo uno de las diversos tipos y modalidades de evaluación a cargo del Sistema Nacional de Evaluación (SNEE), previsto en la Constitución para garantizar servicios educativos de calidad.
- Permanecerá el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) contemplado en el quinto transitorio del artículo 3°. Actualmente, este sistema opera como una plataforma que concentra datos de maestros, alumnos y escuelas de todo el país. Como explicamos en Anatomía política de la reforma educativa, el SIGED tiene correlatos presupuestales y financieros. Es la fuente de información a partir de la cual se determina el pago de estímulos, compensaciones y salarios a los docentes, que a su vez se concentra en el Fondo de Nómina Educativa (FONE), regulado por la Ley de Coordinación Fiscal. En las disposiciones respectivas, queda claramente establecido que aquellas plazas que no sean reportadas en el SIGED, no serán consideradas en la asignación de recursos. De aquí se deriva una de las causas por las que en los últimos tres años, el impago a docentes se ha multiplicado en el país.
- Las atribuciones de las autoridades federales y locales en materia de evaluación, permanecerán sin cambios. Significa que continuará la discrecionalidad en el manejo de las listas de prelación y que el dolo, combinado con el autoritarismo y la incompetencia institucional manifiesta, no serán sancionados.
- La actualización docente continuará estando condicionada por los resultados de las evaluaciones, único referente válido para mejorar la práctica, si nos atenemos a los términos tanto de la ley del INEE, la LGE y la LGSPD.
- Continuará la aplicación del nuevo modelo educativo que introduce contenidos dirigidos a formar emprendedores-deudores, sujetos socializados en el aprender a aprender permanentemente, bajo una óptica instrumental, como lo exige el mercado.
- Se mantendrá la autonomía de gestión, cuyo objetivo es desplazar definitivamente la responsabilidad de mejorar infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para la resolución de retos (Quinto transitorio, fracción III, inciso a del artículo 3° Constitucional), hacia los maestros y los padres.
- Se establecerán paulatinamente más escuelas de tiempo completo, con el consecuente aumento de las jornadas de trabajo escolar; así está previsto en el inciso b del artículo quinto transitorio. Hacer más con menos, es la consigna.
Una semana después de la firma, únicamente la CNTE cuestionó el acuerdo entre AMLO y el exsecretario general del SNTE, argumentando que no le convence que en lugar de establecer un decreto que abrogue la reforma educativa, se plantee una iniciativa de ley (Abrogación de la reforma, no iniciativa de ley), sin abundar en los motivos ni explicar las razones. Tampoco logra convencer por qué la reforma educativa debe ser abrogada, menos cuando los resolutivos del Congreso Político de la Sección 7 de Chiapas y 22 y de Oaxaca, efectuados en días pasados, no hacen mención alguna al asunto, y la lucha contra la reforma educativa parece no estar en su horizonte político.
Se esperaría que en el VI Congreso Nacional extraordinario de la CNTE, a efectuarse a mediados de marzo, se aborde el tema con mayor claridad y detalle. En los considerandos de la convocatoria respectiva, señala su permanente lucha contra las reformas estructurales y sus funestas consecuencias, al tiempo que reafirma su convicción de manejarse conforme sus 22 principios para construir un plan táctico-estratégico a corto, mediano y largo plazo “para trascender la farsa electoral” (VI congreso nacional extraordinario de la CNTE).
¿Cómo construirá la CNTE una narrativa distinta a la de reformar la reforma, cuando los llamados neo charros se han apropiado de los argumentos de la disidencia?, ¿cómo frenar la intervención y el posicionamiento político estratégico de la derecha en el tema educativo?, ¿a estas alturas, existen posibilidades reales de construir un plan para empujar desde abajo la abrogación de la reforma educativa?
Otros movimientos, grupos magisteriales y colectivos que no pertenecen a la CNTE, quizá estén cuestionando más allá de la coyuntura electoral, el acuerdo firmado entre AMLO y Ochoa; probablemente se están planteando las mismas interrogantes o tratando de organizar el debate respecto a los riesgos de una posible eliminación de la evaluación de permanencia, importante sin duda, pero menor en relación con la cantidad de cambios que continuarán en marcha.
Pertenezcan a una organización u otra, lo que todos saben porque lo viven en carne propia, es que la precarización docente se ha profundizado a pasos agigantados, la desafiliación es y continuará siendo implacable con quienes no demuestren, sea por medio de las evaluaciones estandarizadas o por la vía de las presiones y exigencias cotidianas, que son capaces de rendir y obtener los resultados que el sistema les demanda como prueba de profesionalidad.
El acuerdo firmado por AMLO no se propone abrogar, tampoco derogar la reforma educativa; únicamente propone modificar una parte de una ley; por ahora, ese es el planteamiento. Después de tantas batallas y elevados costos, ¿los maestros canjearán su voto por una promesa carente de precisiones, que ofrece casi nada?, ¿lo harán así nada más, sin condiciones?
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