Por: Noelia López. 28/09/2022
Numerosas agencias de España se publicitan en internet con total impunidad para facilitar la gestación de un bebé con vientre de alquiler, un método que, según el Tribunal Supremo, viola gravemente los derechos humanos y constitucionales.
Hace ya casi una década que el Alto Tribunal dejó claro que los vientres de alquiler vulneran normas inspiradas en valores constitucionales, como la dignidad de la persona, el respeto a su integridad moral y la protección de la familia, pero las agencias de intermediación han seguido trabajando sin cortapisas y con total libertad en el país.
«Éxito 100%», «El mejor precio y clínicas», «Elección legalmente segura», «Junto a vosotros de principio a fin», son algunos de los anuncios que se encuentran en la red.
Prohibir la actividad y publicidad de vientres de alquiler
En 2017 fue el Comité de Bioética el que, en un prolijo informe, pidió reformas legales para imposibilitar en la práctica la maternidad subrogada, comenzando por garantizar la nulidad de los contratos celebrados en el extranjero y por sancionar a las agencias que se dedican a esa actividad.
La mayoría de ese Comité concluyó que «todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor».
En declaraciones a Efe, el presidente del Comité, Federico de Montalvo, recuerda que la gestación subrogada en España no está prohibida en sí, y una empresa que ofrece estos servicios no está desarrollando una actividad prohibida. «Lo que establece la ley es que el contrato no surte efectos jurídicos, lo cual es un poco extraño que yo pueda ofrecer un servicio cuyo contrato sea nulo», apunta.
Y a pesar de que en el informe el Comité apostaba por la prohibición de estas agencias, De Montalvo señala que es un «muy escéptico» que esta propuesta pueda surtir efecto porque los vientres de alquiler son «un problema internacional», con lo que sería «poner puertas al campo».
«Al final te acaba apareciendo la pareja con el niño porque vivimos en un mundo globalizado», reflexiona el presidente del Comité de Bioética, que incide en que el debate también se centra en qué hacer cuando esa pareja no tiene conexión biológica con el bebé, entonces «¿ese deseo le hace legítimo titular de la patria potestad?», añade.
Una «explotación reproductiva» en España
El objetivo del Ministerio de Igualdad es abordar la gestación subrogada en la reforma de la ley del aborto, reconocer esta práctica como «explotación reproductiva», establecer sanciones y prohibir la actividad y la publicidad de empresas y agencias que promuevan esas prácticas, según han señalado en varias ocasiones sus representantes.
A la espera del anteproyecto, el Supremo ha denunciado cómo la realidad se sitúa por encima de las leyes y convenios internacionales y las agencias intermediadoras «actúan sin ninguna traba» en España, participan en ferias y publicitan su actividad en internet, donde muestran una amplia oferta para el público español.
Y lo hacen, advirtieron los magistrados, aunque la ley general de publicidad ya considera ilícita «la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española».
Parto, renuncia y adopción
El artículo 10 de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara nulo el contrato para que una mujer, con o sin precio, se preste a una gestación y renuncie después a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero y deja claro que la filiación de esos hijos vendrá determinada por el parto.
Pero son diversos los países, desarrollados y no desarrollados, que en los que esos contratos son legales.
Los bebés pueden ser inscritos en el Registro Civil español con una resolución judicial del país de origen, pero no si solo se presenta una certificación registral de la filiación, lo que obliga a iniciar un proceso de adopción.
En declaraciones a Efe, Dolores López Muelas, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), considera que lo relevante o novedoso de la reciente sentencia del Supremo no son sus críticas a la gestación subrogada, sino que «refuerza el acceso a la adopción» por parte de las personas que han recurrido a ese método, una resolución importante porque algunos tribunales estaban impidiendo esas adopciones.
López Muelas reconoce la existencia de un importante debate ético, pero subraya la necesidad de modernizar la legislación de filiación española porque «la sociedad va por delante» y se necesita seguridad jurídica.
La sentencia disuadirá esta práctica
Para la presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, la sentencia del Supremo servirá para disuadir de esta práctica y no habrá una filiación automática del menor gestado en un vientre de alquiler.
A su juicio, estas agencias tienen una capacidad «tremenda» porque tienen «unos intereses económicos tremendos» y confía en que la medida del Ministerio de Igualdad de prohibir su publicidad contribuya a no naturalizar esta práctica, que esconde «una vulneración grave de derechos fundamentales».
También sostiene que hay «blanqueamiento» en torno a los vientres de alquiler y no se ve la parte sórdida de limitación grave de la libertad de obrar, de la capacidad de decidir, y que, además, pone en riesgo la vida de la madre que da a luz.
«Vemos personas poderosas, con dinero, con mucha visibilidad que han recurrido a los vientres de alquiler y es una compra-venta de niños», señala Jaime de Pablo.
Paquetes todo incluido
La mayoría de las agencias que ofrecen servicios de gestación subrogada en internet están registradas en España bajo objetos sociales diversos, relacionados fundamentalmente con la prestación de servicios jurídicos o la consultoría.
Pero ofrecen mucho más, paquetes completos que incluyen desde la búsqueda de madres gestantes «adecuadas» al envío de resultados médicos y ecografías, la búsqueda de apartamento cercano al hospital o la obtención de pasaporte para que el bebé pueda viajar.
Según las tarifas que publicitan en internet, la horquilla de precios de la gestación subrogada es amplia, con paquetes básicos o completos, que incluyen transferencias de embriones ilimitadas, y en muchos casos la posibilidad de pagar a plazos.
Los paquetes en Estados Unidos suelen rondar los 100.000 euros, pero en México se sitúan en torno a los 75.000 y en Ucrania entre 35.000 y 45.000.
El precio es uno de los principales motivos de muchas familias españolas para acudir a este último país, inmerso ahora en una guerra.
Las agencias se afanan en buscar soluciones para los bebés que siguen naciendo y, mientras tanto, ofrecen alternativas. «Usted puede optar por hacerlo en Georgia, Albania o Grecia, estos dos últimos países pertenecientes a la OTAN», señala una de ellas en su página web.
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Fotografía: Efeminista
