Por: Internet Ciudadana. 23/10/2022
Ante el contexto de una digitalización acelerada que revoluciona el funcionamiento de nuestras sociedades y donde prima un modelo que responde principalmente a intereses corporativos, proponemos los siguientes puntos como principios para una arquitectura digital orientada al bien común.
Se trata de garantizar derechos individuales y colectivos, promover estructuras democráticas, abiertas y desconcentradas de las tecnologías digitales, impedir toda forma de vigilancia y control social y fomentar la distribución equitativa de sus beneficios, la no discriminación, la descolonización y la soberanía.
Internet: un bien universal común inajenable
1. Promover el desarrollo de un sistema digital descentralizado, de poder distribuido y que transparente sus acciones, para que los usuarios puedan decidir de manera informada, voluntaria y autónoma sobre su desarrollo y usos.
El acceso a internet: un derecho humano y un servicio público esencial
2. Garantizar el acceso a la conectividad de calidad y asequible como un derecho humano, así como el derecho a permanecer no conectado, sin que esto sea motivo de discriminación.
3. Regular la infraestructura que garantiza la conectividad universal como un servicio público esencial, y fomentar las condiciones de conectividad a través de iniciativas públicas, comunitarias o de cogestión pública-comunitaria, incluyendo alternativas colectivas de acceso.
4. Asegurar, en casos de la instalación de infraestructura de conectividad, especialmente a gran escala, en las comunidades indígenas y/o rurales, que se respete su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como su derecho a negarse a tales instalaciones.
5. Garantizar un mínimo de conectividad 4G en todas las zonas, sin descuidar la realización de estudios de salud y medio ambiente independientes sobre posibles afectaciones de las redes 5G y otras fuentes de radiaciones. Asimismo apoyar el desarrollo de infraestructuras autónomas, fomentando tecnologías que no requieren de un servidor central y permitiendo su interconexión abierta con redes centralizadas.
Nuestros datos son nuestros
6. Establecer estrictas regulaciones y políticas públicas a nivel nacional, regional e internacional para proteger de manera efectiva la privacidad. Fomentar el uso de la criptografía y la inhibición de técnicas de rastreo en los entornos digitales.
7. Instaurar marcos legales que reconozcan que los datos de carácter íntimo y personalizado son inviolables, que los datos anonimizados son considerados bienes comunes y que los derechos patrimoniales y económicos sobre los datos pertenecen por defecto a la comunidad de la que provienen.
8. Crear centros de datos a través del sector público, universidades públicas y/o entidades ciudadanas, que permitan mantener los datos en el territorio nacional y aplicar soluciones de inteligencia artificial (IA) que estimulen y beneficien la inteligencia colectiva local y regional.
9. Restringir legalmente el uso del reconocimiento facial y la biometría. Tanto las entidades públicas como privadas deben adoptar protocolos de seguridad en las comunicaciones, los objetos “inteligentes” e implementar dispositivos de seguridad avanzados en los servicios de almacenamiento en la nube.
Para más democracia, limitar el poder empresarial
10. Impulsar estrictas medidas regulatorias, aplicables mediante entes públicos autónomos, que impidan la concentración monopólica de poder en manos de las corporaciones digitales, en reemplazo de la engañosa e inocua autoregulación por parte de las mismas.
11. Defender y respetar la neutralidad de la red, garantizando que los contenidos sean tratados de la misma forma, sin discriminación explícita o encubierta en su circulación.
12. Obligar a las grandes empresas extranjeras a establecer presencia legal en el país donde brindan servicios digitales, así como conservar soberanía respecto al cobro de impuestos a estos servicios y soberanía regulatoria en materia de algoritmos, tratamiento de datos y seguridad informática.
13. Impedir la cooptación de los espacios multilaterales y de gobernanza de Internet por parte de las corporaciones tecnológicas multinacionales, a través del sistema vigente de “múltiples partes interesadas”.
Tecnologías libres para sociedades libres
14. Priorizar en la administración pública la utilización de herramientas digitales libres e interoperables. Impulsar el desarrollo de cooperativas y pequeñas y medianas empresas de producción y servicios tecnológicos, aportando así a la generación de trabajo de calidad y a la disminución de la dependencia tecnológica.
15. Frente al abuso de las mal llamadas “redes sociales” corporativas, democratizar la comunicación a través de plataformas digitales descentralizadas, respetuosas con los usuarios y su privacidad e interoperables, cuyo fin sea promover un efectivo contacto entre las personas y las culturas.
16. Regular las nuevas relaciones laborales, en especial el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales, para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores.
17. Insertar en los programas educativos la alfabetización digital crítica, educando para la soberanía y la autonomía y no para el consumo mercantil, lo que supone procesos de formación crítica de docentes. Asimismo, inhibir la penetración de plataformas corporativas en el ámbito educacional, garantizando el respeto por la privacidad y la no mercantilización de los datos de la comunidad educativa.
18. Asegurar que la tecnología llegue al campo según un modelo de gestión pública o comunitaria y construir capacidad de evaluación participativa de las tecnologías por parte de las comunidades rurales y/o campesinas, en defensa de la soberanía alimentaria, la justicia social y el cuidado agroecológico y medioambiental.
Hacia la soberanía digital de la región
19. Avanzar en la cooperación y la asociatividad de las naciones de América Latina y el Caribe en materia digital, para ir reemplazando la matriz económica de exportación primaria depredadora por modelos colaborativos con alto valor agregado y cuidado medioambiental.
20. Incorporar la soberanía digital en la agenda de la integración regional, avanzando hacia la descolonización y la desconcentración e incidiendo de manera concertada como región en el ámbito de la gobernanza global de internet.
*Este documento fue elaborado, luego de varios años de investigación, consultas y debates, por el espacio latinoamericano-caribeño Internet Ciudadana, una iniciativa en la que confluyen numerosas articulaciones y colectivos sociales, así como comunicadores, activistas digitales, académicos, campesinos, educadores para construir agendas comunes hacia una Internet de los pueblos al servicio del bien común.
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Fotografía: Estrategia.la
