Por: KAJKOJ MÁXIMO BA TIUL. 22/07/2023
Este año, la CIDH eligió a sus nuevos comisionados y la propuesta de Guatemala de renovar el mandato de Stuardo Ralón Orellana fue aceptada. Sin embargo, este comisionado ha recibido serias críticas y objeciones a su candidatura por no ser respetuoso de los derechos humanos de los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y la niñez. En efecto, la sociedad civil guatemalteca apunta a sus vínculos con el sector empresarial, los agronegocios y las organizaciones pro-vida. Si el objetivo es avanzar en la defensa de los derechos humanos, la Organización de los Estados Americanos debería haber rechazado su continuidad en este prestigioso órgano.
Las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Fría en países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia o Argentina fueron la base para comenzar a denunciar internacionalmente a las dictaduras. Por eso, se acordó que las resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) abrían un espacio para demandar a los Estados. En consecuencia, gracias al extenso trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los pueblos indígenas y otras víctimas de América Latina comenzaron a confiar en el sistema internacional.
Actualmente, muchas comunidades indígenas saben que, al agotarse las instancias nacionales de protección, pueden acudir al SIDH. Especialmente, cuando sus sistemas de vida son amenazados por los Estados que buscan instaurar por la fuerza proyectos extractivos. A pesar de reformas constitucionales, como las de Bolivia y Ecuador, o de la llegada de gobiernos progresistas a comienzos de siglo XXI, los pueblos indígenas siguen sufriendo la violación de sus derechos sobre la tierra y el territorio. Ni hablar de países como Guatemala, donde existe la posibilidad de que se instale una nueva forma de dictadura corporativa de la mano del narcotráfico y las empresas extractivas que los desalojan constantemente.
Por estas razones es importante prestar atención a la nueva conformación de la CIDH para el mandato 2024-2027, definida recientemente durante el 53° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El organismo está integrado por siete miembros independientes, es decir, que ninguno de los comisionados debería depender de un gobierno, una institución o una organización. Sin embargo, esto no siempre se cumple, como ha sucedido con el caso del candidato Stuardo Ralón Orellana. Si bien organizaciones de derechos humanos y el Panel Independiente para evaluar candidaturas a los órganos del SIDH presentaron objeciones en relación a su candidatura, finalmente fue aceptada.
El historial de Stuardo Ralón
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe ser mucho más proactiva en sus resoluciones a favor de los pueblos indígenas ante este panorama. Por eso, la sociedad guatemalteca y, especialmente, los pueblos indígenas vieron con mucha desconfianza que el gobierno de Guatemala haya propuesto la renovación del mandato de Stuardo Ralón Orellana como comisionado de la CIDH. En primer lugar, el abogado no está especializado en derechos humanos: como miembro del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), ha sido un ferviente defensor de las libertades civiles, la soberanía y la institucionalidad, y su trayectoria se ha basado en la interpretación de los textos constitucionales.
En Guatemala, Ralón Orellana ha sido defensor de la Cámara del Agro y del sector empresarial, cuyas actividades económicas van en contra de las comunidades indígenas y campesinas que luchan por sus tierras. El constitucionalista se ha opuesto al derecho a la consulta libre, previa e informada; a la implementación del Convenio 169 de la OIT y; a la inclusión del pluralismo jurídico en la reforma constitucional de 2016. En el mismo sentido, también votó en contra del informe de los Derechos a la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales.
A través de un comunicado, la Asamblea Social y Popular, que aglutina a diversas organizaciones sociales de Guatemala, manifestó su oposición a Ralón Orellana a raíz de sus posiciones en contra de los derechos de los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres, la niñez, la adolescencia y la juventud. Todo esto lo convierte en una persona no idónea para ser comisionado. Por otro lado, explican que ha opinado sobre la exclusión del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) de las elecciones de 2023, lo cual no debería haber hecho ya que el tema estaba siendo abordado por la CIDH.
Además, Ralón Orellana es parte del llamado “pacto de corruptos” que ha secuestrado la democracia en Guatemala. El constitucionalista ha sido condescendiente con el expresidente Jimmy Morales durante la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de su Comisionado Ivan Velásquez. Esta situación tiene al país a merced de una dictadura, que ha perseguido a jueces y fiscales que actuaron en contra de la corrupción, que ha criminalizado a periodistas, que ha violado la libertad de prensa y, que ha perseguido a líderes y lideresas indígenas en las comunidades.
Por último, Ralón Orellana también es rechazado por ser miembro de un grupo conservador “pro vida”, en el que participan la oligarquía y la burguesía guatemalteca que se oponen a la educación sexual, a la legalización del aborto y al respeto a la diversidad de género.
El rechazo desde Colombia
En Colombia, distintas organizaciones de derechos humanos han mostrado preocupación y han señalado críticas porque en el pasado la CIDH ha cumplido un rol fundamental para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Las principales objeciones se han enfocado en la falta de transparencia del proceso. Muchas organizaciones han denunciado el poco acceso a la información sobre los candidatos y la falta de criterios claros para la selección. Como en otros casos, el foco está puesto en la transparencia del proceso. Ante este contexto, se teme que los elegidos no cumplan con los requisitos necesarios para velar por los derechos humanos.
A su vez, el Informe Final del Panel Independiente para evaluar candidaturas a los órganos del SIDH señala que si bien Ralón Orellana cumple con algunos de los criterios de evaluación, sus expertos y expertas no están convencidos de que cuente con “el requisito de reconocida versación en los estándares de derechos humanos”. Además, detalla que las posiciones reflejadas en sus votos como Comisionado denotan un retroceso respecto de los estándares mínimos de protección de derechos, sobre todo, de aquellos relativos a los pueblos indígenas, la no discriminación por raza u orientación sexual y, el matrimonio igualitario. Finalmente, se destaca su voto disidente en el caso “Beatriz vs. El Salvador”, donde se aparta de la mayoría de las y los comisionados respecto al derecho a interrumpir el embarazo cuando existe un riesgo grave para la vida de la madre.
Por otra parte, organizaciones sociales e indígenas de Guatemala se dirigieron a la Asamblea General y a la Secretaría General de la OEA para exigir “valorar y tomar en serio el rol y los hallazgos presentados” por el Panel Independiente sobre Ralón Orellana. También, pidieron descartar su reelección por el peligro que generan sus elucubraciones filosóficas-legales y sus posiciones contradictorias con los principios de justicia basados en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido, hacen responsables del posible retroceso a los miembros de la Asamblea General de la OEA por hacer caso omiso a las observaciones del Panel de evaluación.
Una elección para avanzar en la protección de los derechos humanos
Como parte de la OEA y del SIDH, el Estado de Guatemala tiene que cumplir las resoluciones, sentencias y recomendaciones que emanen de estos organismos. Además, se compromete a proponer comisionados idóneos, con capacidad académica y que no hayan cometido actos de racismo, homofobia, xenofobia y discriminación contra los pueblos indígenas y las diversidades. Sin embargo, la propuesta de renovación del mandato de Ralón Orellana ha sido una clara muestra de la seria situación que atraviesan los derechos humanos en este país.
Como órgano principal y autónomo de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “tiene entre sus funciones la promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes del continente americano”. Por esa razón, la CIDH ha tenido en sus manos “una papa caliente”: aceptar o rechazar la continuidad de un comisionado que actúa de manera antagónica a la doctrina de los derechos humanos. A través de la correcta selección de comisionados pudo haberse encaminado hacia decisiones más equilibradas y avanzadas para proteger a aquellos que sufren la violencia de manera cotidiana. Pero en cambio, eligió nuevamente a Ralón Orellana sin tomar en cuenta las recomendaciones del Panel de expertos, las solicitudes de los movimientos sociales y pueblos indígenas. En Guatemala, Stuardo Ralón, es conocido por formar parte de pacto de corruptos y criminales, que tiene controlado el país y que han hecho retroceder todo el trabajo contra la corrupción y la impunidad que había iniciado la CICIG.
En conclusión, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), su Secretario General y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos tuvieron la posibilidad de seguir avanzando en la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas, de los niños y niñas, de la diversidad sexual, y de comunidades que se sienten amenazadas por el modelo económico y político que impera en nuestros países. La CIDH reeligió como miembro a un inquisidor confeso en vez de un nuevo comisionado que realmente defienda los derechos humanos.
Kajkoj Máximo Ba Tiul es maya Poqomchi, guatemalteco, antropólogo, filósofo, teólogo, investigador, escritor y coordinador del Centro de Reflexiones Nim Poqom.
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Fotografía: iwgia
