Por: Adrián Alvarado. 11/06/2025
“Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases.
Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes.(…)
(…) Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado.”
Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunista.
El campamento, que miles de maestros y trabajadores de la educación mantenían en el Zócalo de la Ciudad de México, se ha levantado y los contingentes están llegando a sus regiones y estados de origen. Durante 24 días las protestas se sucedieron en la capital del país, pero se hicieron extensivas en al menos 20 estados más, participando en la huelga indefinida, en paros escalonados, asambleas, manifestaciones y foros. La demanda general fue la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 con el objetivo de generar una nueva propuesta para mejorar las pensiones de los trabajadores. No obstante, el gobierno se ha negado a resolver esta demanda hasta ahora, a pesar de que fue una de las promesas de campaña de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Dicha Ley, aprobada en los tiempos del gobierno panista de Felipe Calderón, que privatizó el régimen de pensiones e incrementó la edad para el retiro de los trabajadores, ha resultado un gran negocio para los dueños de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que son instituciones financieras privadas. En contraste, los trabajadores estamos destinados a recibir pensiones de miseria.
El gobierno de la 4T, que prometió revertir esta Ley, junto a la del Instituto Mexicano del Seguro Social del año de 1997 —precursora en este modelo pensionario, pero orientada a los trabajadores del sector privado—, argumenta que no es posible cumplir con sus promesas de campaña; a cambio promete algunos parches al modelo de las Afores, que no resuelven los problemas de fondo.
Esta lucha es de clases, entre los trabajadores que luchan por una pensión y un retiro digno, y entre los dueños de los nueve grupos financieros privados que controlan las Afores que administran los ahorros de los trabajadores y facilitan el proceso de acumulación de capital. La posición del gobierno no puede explicarse fuera de los intereses de las clases sociales, como muy bien se señaló en las movilizaciones: o se está con los trabajadores o con los banqueros y sus Afores.
La lucha de la clase trabajadora
“La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia.”
Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunista.
La huelga estalló el 15 de mayo, convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que reúne a la mayoría de las expresiones disidentes, democráticas y combativas que se expresan a lo interno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el sindicato más grande de México y América Latina.
La CNTE nació en oposición a las prácticas “charras” de los dirigentes oficiales del SNTE, quienes se asumen como la correa de transmisión de los intereses del Estado, del gobierno y las autoridades educativas a lo interno del sindicato. A pesar de sus contradicciones internas, los métodos generales de la coordinadora se basan en la consulta a los trabajadores, las acciones colectivas como las manifestaciones, los paros, las huelgas, así como acciones contundentes como la toma de edificios públicos, instituciones que representan al gran capital, con la finalidad de generar negociaciones favorables para los trabajadores.
En la actual lucha hubo movilizaciones en por lo menos 20 estados del país, que incluyeron paros, foros, asambleas, manifestaciones multitudinarias, etc. Es una mentira el argumento del gobierno de que las movilizaciones se centraron en los bastiones tradicionales de la CNTE: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y una parte de la Ciudad de México.
Además, miles acamparon en el Zócalo de la Ciudad de México, durante 24 días; se bloqueó la conferencia mañanera de la presidencia y el aeropuerto en la Ciudad de México; las mesas de negociación fueron arropadas por miles de maestros y trabajadores movilizados, presionando en las calles.
Es importante mencionar que, parte importante de estas jornadas fueron los movimientos emergentes que se desarrollaron en algunos estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Quintana Roo; que fueron auténticos movimientos de las bases, que acompañaron a los núcleos tradicionales de la CNTE.
Los métodos utilizados por la coordinadora y sus objetivos no han variado con el tiempo, corresponden a los métodos históricos utilizados por la clase trabajadora, con la finalidad de obtener conquistas en el marco del sistema capitalista y en la lucha por sus objetivos históricos por la transformación radical de la sociedad.
A la vanguardia de la lucha estuvieron profesores y trabajadores jóvenes, quienes son los principales afectados por la Ley del ISSSTE del 2007, ya que elevó la edad para jubilarse hasta los 65 años y millones de trabajadores estamos destinados a recibir pensiones de miseria.
La lucha no obtuvo la demanda principal, que es la abrogación de la Ley, lo que significa que se requiere de una lucha más enérgica, así como elaborar una táctica de incorporación de más sectores de trabajadores del Estado y de la iniciativa privada; mediante la creación de un gran frente nacional de lucha, dejando de lado posiciones sectarias y abriendo paso a un proceso unitario entre los sectores amplios de la clase trabajadora.
Además de avanzar en un proceso de explicación más claro ante los ojos de los trabajadores y la población en general, que se vieron envueltos por la propaganda gubernamental, para explicarles que el objetivo de la lucha es desmontar las reformas estructurales que los gobiernos del PRI y el PAN aprobaron en años pasados, que privatizaron empresas públicas, eliminaron conquistas sociales, laborales y que facilitan el proceso de acumulación de capital en pocas manos.
Sin duda, este proceso fue toda una escuela para miles de trabajadores pues, en diversas regiones del país, se actuó de manera unificada, se observó las limitantes del gobierno de la 4T y se identificó al enemigo común: los dueños del capital financiero que administran los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores. Además, se pudo observar el papel que juegan los representantes sindicales institucionales del SNTE, cuya función es ser una herramienta de contención para los trabajadores.
Reconocernos como parte de la clase trabajadora es una parte esencial de esta lucha ya que, por diversas circunstancias, los trabajadores del Estado o del sector educativo se reconocen como parte de la llamada clase media, aunque laboramos en las instituciones del Estado o en el sector educativo. El utilizar los métodos tradicionales colectivos de combate como la huelga general, los paros, las asambleas masivas, los foros, las manifestaciones multitudinarias, ayuda a desarrollar la conciencia de clase de miles a nivel nacional.
Los dueños de las Afores
“La acumulación de riqueza en un polo es al mismo tiempo la acumulación de miseria, de suplicio de trabajo, de esclavitud, de ignorancia, de embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, es decir, en la clase que crea su propio producto como capital”.
Carlos Marx, El Capital
Los dueños de nueve Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) están en manos privadas: Afore Azteca, Citi Banamex, Coppel, Inbursa, SURA, InverCap, Profuturo, Banorte y Principal, son los que en algún momento fueron catalogados como la mafia en el poder: grandes empresarios como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, la familia Bailleres y Carlos Hank González; además está involucrada la banca trasnacional, como es el caso de Citi Banamex.
La privatización de los sistemas de pensiones obedece a las intenciones de organismos financieros internacionales y de los grandes empresarios para acumular más capital, manejando e invirtiendo el ahorro de los trabajadores, en el caso de nuestro país comenzó a concretarse con la reforma de 1997 al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), y posteriormente con la reforma al ISSSTE, diez años después.
Dichas reformas acabaron con el sistema público, intergeneracional y solidario de pensiones, el cual consistía en que los trabajadores en activo financiaban en conjunto, con sus aportaciones, la pensión de los trabajadores en retiro; esperando que en su momento las nuevas generaciones hicieran lo mismo por ellos. Es importante mencionar que los fondos para el retiro eran manejados por las instituciones públicas de seguridad social; además, en dichas iniciativas, se contempló un incremento considerable de la edad para el retiro de los trabajadores. Estas reformas, cabe mencionar fueron implementadas por los gobiernos del PRI (Ernesto Zedillo) y del PAN (Felipe Calderón).
El resultado es aleccionador: en 10 Afores están concentrados más de 7.2 billones de pesos, que equivalen al 21% del Producto Interno Bruto del país, cada año sus dueños se embolsan más de 35 mil millones de pesos en ganancias, que se generan producto de la inversión de los ahorros de los trabajadores y del cobro de comisiones. En los últimos diez años han acumulado ganancias por $134 mil millones de pesos.
El ahorro de los trabajadores también es invertido en la construcción de viviendas, autopistas, de aeropuertos y en la generación de energía; por ejemplo, para la construcción del proyecto del aeropuerto en Texcoco que posteriormente fue cancelado, Profuturo, XXI Banorte, Inbursa y Pensionissste invirtieron el ahorro de los trabajadores.
Por su puesto que, las ganancias generadas fueron a parar a las cuentas de los millonarios, en contraste los trabajadores, además de asumir las pérdidas, estamos destinados a recibir pensiones de miseria, que no superan el 30% de nuestro salario base, con el que nos tienen registrados en las instituciones de seguridad social.
Cuando nos referimos a la lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y por pensiones dignas, se trata de la lucha de clases, entre la clase trabajadora y la burguesía. Nosotros luchamos por una vejez digna; en contraposición a ellos, los ricos, que luchan por conservar sus grandes negocios que realizan con nuestros ahorros y a costa del futuro de millones de trabajadores. Ellos, con este esquema privado de pensiones, tendrán el futuro asegurado para ellos y sus futuras generaciones; nosotros tendremos una vejez llena de incertidumbre y carencias.
En todo esto el gobierno de la 4T tiene una posición muy contradictoria. Durante la campaña prometieron la abrogación de esas leyes y avanzar en un mejor esquema pensionario, ahora que le han recordado sus discursos de campaña, la presidenta incluso se molesta en las conferencias mañaneras.
La presidenta ha dicho que no se puede abrogar la nueva ley; se negó a recibir a la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, argumentando que se canceló una reunión; pero la molestia provino, evidentemente, por el cerco al Palacio Nacional y el bloqueo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A dicha reunión envió a otros funcionarios: a la Secretaria de Gobernación, al Director del ISSSTE y al titular de la Secretaría de Educación Pública, quienes repitieron,con acordeón en la mano, una y otra vez el mismo argumento en las mesas de diálogo.
La 4T
“Es absolutamente falso y completamente ahistórico considerar las reformas como una revolución ampliada y, a su vez, la revolución como una serie de reformas concentradas. La reforma y la revolución no se distinguen por su duración, sino por su esencia. (…)”
“Por lo tanto, quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en contraposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente”.
Rosa Luxemburgo, Reforma o revolución.
La 4T llegó al gobierno producto del impulso de millones de trabajadores, en cuya mente quedó grabada la promesa de revertir las reformas estructurales implementadas por el PRI y el PAN. En palabras de Carlos Marx: “el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”.
Desde los púlpitos del poder, ahora, los funcionarios del gobierno argumentan que no son igual a los anteriores y, tienen razón, por supuesto que hay matices que la clase trabajadora en su conjunto percibe, pero, se les olvida decir, que también el proyecto de la 4T tiene límites muy claros, que quedaron evidenciados en la reciente lucha.
El proyecto de la 4T basa su análisis en que es posible construir un capitalismo al cual se le pueden eliminar todos sus filos. La desigualdad, para ellos, no se genera en el proceso de explotación con la extracción de plusvalía a la clase trabajadora (que, por cierto, en nuestro país es escandaloso, pues un obrero en tan sólo 25 minutos, de una jornada de 8 horas, produce la riqueza para obtener su salario, mientras que el resto se lo embolsa el burgués) y en la acumulación de capital. Para la 4T el origen de las desigualdades sociales está en la corrupción de los funcionarios del Estado.
Eso no quiere decir que nos oponemos a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, para la 4T, fundamentalmente, se trata de utilizar las finanzas del Estado y hacer un buen manejo de las mismas, para acabar con la desigualdad y la pobreza. Ahí es donde el proyecto encuentra su límite.
Los programas sociales y algunas de sus obras de infraestructura implementadas, que se pagan con el presupuesto del Estado, les ha ganado una fuerte simpatía entre sectores amplios de la población. El razonamiento de millones de personas es muy práctico: antes los priistas y panistas se robaban el dinero, ahora por lo menos nos toca un poco. Y en realidad tienen razón.
No obstante, cuando se tratan de iniciativas profundas que afectan los intereses del gran capital, la 4T no va más allá, pues no desea enfrentarse al gran capital.
El argumento de la presidenta y los funcionarios de gobierno es que no se puede abrogar la Ley del ISSSTE del 2007 debido a que afectaría las finanzas del Estado, por lo que proponen una alternativa: el Fondo de Pensiones del Bienestar, un monto de $47 mil millones de pesos, que contradictoriamente se financia con dinero público y con el dinero no reclamado de trabajadores en las Afores. Con el cual se pretende realizar un complemento de pensión al monto raquítico que ofrecen las Afores, hasta alcanzar el monto del salario del trabajador del último año, siempre y cuando no supere los $17,364.
Pero hay un problema con esa propuesta, que pretenden venderla como algo mejor de lo que se tenía antes del 2007, que hasta ahora no han dicho cómo se mantendrá cuando los fondos se agoten en el año 2045 y el 76% de los trabajadores que cotizan al ISSSTE comiencen a jubilarse después del año 2043, ¿qué pasará después? ¡Es un misterio!
Veamos, el dinero de los trabajadores depositado en las cuentas individuales, administrada por los afores, equivale a 7.2 billones de pesos, anualmente generan ganancias por 35 mil millones de pesos (en 15 meses las Afores se embolsan casi el mismo monto del Fondo de Pensiones de Bienestar que está proyectado para que dure 20 años); en diez años las Afores ganaron $134 mil millones de pesos, el equivalente a casi 4 fondos de pensiones del Bienestar. Utilizando ese dinero, que en realidad es de los trabajadores, ¿no se podrá avanzar en abrogar la Ley del ISSSTE y construir una propuesta que mejore y asegure una pensión digna para millones de trabajadores?
Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no es una organización radical o revolucionaria, reconoce el fracaso del sistema de pensiones vigente en México en un documento denominado: “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.
Entre el 1984 y 2014 treinta países privatizaron su sistema de pensiones total o parcialmente, para 2018, dieciocho han revertido las privatizaciones.
Debido a que:
“Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de las pensiones se deterioraron, y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos. Los costos administrativos se incrementaron, lo que resultó en menores niveles de prestaciones. Los altos costos de transición -a menudo infravalorados- crearon grandes presiones fiscales. Se suponía que la administración privada debía mejorar la gobernanza, pero, por el contrario, la debilitó. Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. En muchos casos, las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses; además, la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración”.
Y a través del estudio del funcionamiento del sistema pensionario en varios países, concluye:
“La privatización de las pensiones se puede revertir rápidamente, en tan solo unos pocos meses. Para aquellos países que están considerando reconstruir sus sistemas públicos de pensiones, hay once pasos principales: i) iniciar el diálogo social para generar consenso, realizar campañas de comunicación; ii) conformar un comité técnico tripartito para la reforma, encargado de diseñar e implementar la renacionalización del sistema de pensiones; iii) promulgar leyes que definan las principales características de un sistema de reparto con beneficios definidos, de conformidad con las normas de seguridad social de la OIT; iv) crear un ente administrador público de las pensiones que garantice la gobernanza tripartita; v) transferir a los afiliados del sistema privado al público; vi) transferir los recursos acumulados de las cuentas individuales; vii) establecer las nuevas tasas de cotización y comenzar a recaudar las cotizaciones al nuevo sistema público de pensiones; viii) clausurar el mecanismo de recaudación de cotizaciones del sistema privado; ix) implementar los servicios de inspección y los mecanismos de cobranza de las cotizaciones; x) crear la unidad o entidad encargada de la gestión de las inversiones del régimen público de pensiones; xi) clausurar el ente de supervisión y regulación de las pensiones privadas”
El gobierno de la 4T, no desea abrogar la Ley del ISSSTE del 2007, porque no desea confrontar a los dueños del capital financiero; corresponde a la clase trabajadora hacerlo, preparando las batallas venideras y sacando las lecciones necesarias.
1.- El movimiento se ha replegado, momentáneamente, no logró la demanda central debido a las resistencias del gobierno de la 4T. Se necesita un proceso de acumulación de fuerzas no solamente dentro de la CNTE, sino de otros sectores de lucha de los trabajadores de la educación, el sindicalismo universitario, de los trabajadores del Estado y del sector privado, generando las condiciones para la conformación de un gran Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. El proceso de unidad debe avanzar, abandonando posturas sectarias o que dividan la lucha.
2.- Se necesita una táctica de explicación paciente, encaminada a convencer a los sectores populares y de la clase trabajadora que aún tienen confianza en el actual gobierno, con la finalidad de explicar los motivos de la lucha: que es avanzar en el desmantelamiento de las reformas estructurales que implementaron los gobiernos del PRI y el PAN, que la 4T prometió desmantelar y que ahora se niega a hacerlo.
3.- El movimiento masivo que se generó en varios estados debe consolidarse mediante la creación de estructuras sindicales no estatutarias como: coordinadoras, comisiones, comités de lucha, pero también, cuando llegue el momento, se le debería disputar al charrismo sindical las estructuras estatutarias del SNTE: representantes de centros de trabajo, comités delegacionales, comités seccionales y el propio comité nacional; con la idea no de generar una nueva burocracia sindical, sino que esas estructuras sirvan a la lucha y a los objetivos de la clase trabajadora. El charrismo sindical sirve fielmente a los intereses de los gobiernos en turno, del Estado y por consecuencia paraliza las acciones y objetivos de la clase trabajadora.
4.- La lucha de la CNTE mostró los límites de la propuesta progresista de la 4T, en realidad no existe tal cosa que se denomina capitalismo con rostro humano, ni se puede acabar completamente con las desigualdades y con la explotación solamente utilizando las finanzas del Estado. La lucha para desmantelar las leyes neoliberales tiene que ir de la mano de un programa revolucionario que luche contra el sistema que dio origen a ese modelo económico: el capitalismo.
Fotografía: Egbert Méndez Serrano