Por: Cristóbal León Campos. 11/05/2025
Las recientes declaraciones y revelaciones de Jacinto Sosa, Director General de Transporte del Gobierno del Estado de Yucatán, en su informe sobre las condiciones en las que se encuentra el servicio de transporte Va y Ven, el monto millonario que se adeuda y los acuerdos comerciales y económicos que la anterior administración gubernamental del estado, encabezada por el panista Mauricio Vila, realizó para garantizarse un negocio turbio, lleno de anomalías e improperios que golpean al bienestar social de la clase trabajadora y de los sectores populares de Yucatán, son de suma importancia para la generación de un debate público que involucre la voz y el sentir de las y los usuarios, quienes somos la razón real de la existencia del transporte público, donde no sea maniatada la opinión popular por el interés privado, burgués y empresarial, como ha sucedido décadas atrás, y hablo de décadas porque quienes desde la izquierda hemos participado en la lucha y la resistencia por un servicio de calidad -que se base en un precio equitativo, la mejora tecnológica y modernización de las unidades y de las rutas, así como condiciones laborales idóneas para las y los trabajadores- desde hace más de 25 años, sabemos que nos hemos enfrentado a un monopolio vinculado a intereses políticos y económicos lacerantes para la mayoría de la población yucateca.
El transporte público es una obligación del estado que en Yucatán ha sido, durante mucho tiempo, concesionada a empresas privadas, y subsidiada por el gobierno con dinero del erario público, lo que, por donde se le mire, obliga a ambas partes a ofrecer un servicio de calidad, eficaz y económico para el beneficio de la mayoría de la población trabajadora, la que, dicho de paso, genera con su fuerza de trabajo la riqueza económica de la entidad, y que ha visto incumplido su derecho a gozar de un buen servicio de transporte público, siento justamente ese derecho incumplido una de las razones más importantes para la generación de protestas y movimientos sociales de estudiantes, trabajadoras y trabajadores, así como de los sectores populares de la economía, lo que ha dado lugar a la generación de una serie de propuestas alternativas al sistema imperante en la entidad, en las que han participado incluso muchos jóvenes políticos de Morena que hoy ocupan un cargo público de elección popular o un puesto político, mismos que se formaron luchando en las calles.
Las condiciones económicas en las que se encuentra el sistema Va y Ven, y el millonario costo que tiene para las familias yucatecas, no sólo debe ser auditado como ya se ha señalado, sino que debe dar lugar a la generación de propuestas que realmente atiendan el problema en su totalidad, y no que intenten parchar pequeñas grietas de una enorme deuda histórica, pues, esto último, fue lo que dijo haber realizado el ex gobernador Mauricio Vila y su camarilla conservadora, al modernizar una porción del parque vehicular del trasporte público a través de acuerdos privados y el traslado del monopolio ahora, en buena parte, a manos de la empresa ADO, sin que esto significara una mejora considerable al sistema en su totalidad, siendo, además, que durante la cuarentena por la Covid-19, se incrementó en al menos un 50% el costo del pasaje del transporte en las unidades de Va y Ven, pasando de 8 a 12 pesos por persona, acción que no pudo ser denunciada con la fuerza requerida, tanto por la situación de la pandemia como por la compra de la opinión pública que fue silenciada, ya sea mediante “chayoteos” o por la censura mediática que reinó durante el gobierno de Vila.
En este contexto, es necesario observar cómo, a raíz de las declaraciones de Jacinto Sosa, los sectores de la derecha yucateca intentaron, sin éxito, generar temor en la sociedad al difundir mensajes de alarma que referían un “próximo aumento del costo del pasaje”, lo que ya fue desmentido por el propio gobernador del estado, pero esta situación dejó, nuevamente, en claro que para la derecha panista y priista el transporte público siempre fue y ha sido un arma política para beneficiarse en tiempos de elección y para dañar la economía de las y los trabajadores, pues no olvidemos -como ya mencionamos- que los aumentos constantes al pasaje y los procesos discriminatorios de credencialización generaron movilizaciones sociales que, desde la izquierda, buscaron revertir esas acciones antipopulares.
Desde hace más de un cuarto de siglo hemos pugnado en las calles y en otras tribunas por una reforma integral del transporte, con la reformulación de las rutas, los horarios, los camiones modernizados que puedan garantizar el cuidado ecológico necesario y la inclusión, al igual que la equidad social al prestar servicio a grupos vulnerables como los discapacitados, la tercera edad y el sector estudiantil. Además, desde mucho tiempo atrás propusimos una necesaria reducción del precio del pasaje usando otras formas de pago-cobro (tarjetas inteligentes, por ejemplo) y considerando las distancias recorridas por el usuario, más ahora que la economía golpea a las y los trabajadores de manera directa y el tránsito vehicular en la capital yucateca experimenta problemas por la mala planeación en el desarrollo urbano.
Es necesario también hablar de mejores condiciones de trabajo, sueldos y prestaciones para los choferes, mecánicos, checadores y demás trabajadoras y trabajadores del transporte público, y recordar que este problema no se reduce al sistema Va y Ven, sino que está presente en todo el estado. Ya es tiempo de acabar con los acuerdos entre empresarios y autoridades que únicamente generan beneficios privados y empobrecen al pueblo. Es hora de superar la lógica de acumulación de riqueza en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría social, y en este sentido, consideramos que el transporte público debiera ser estatalizado en su totalidad, garantizando un servicio acorde a las necesidades de los usuarios, pues las y los trabajadores generamos la riqueza con la que se sustenta.
Fotografía: El Sol de México
