Por: Rebelión. 06/10/2017
Bajo el paraguas del desarrollo sostenible, la transformación de conflictos es un modelo de mediación que se ha insertado en distintas luchas contra la minería y la explotación de hidrocarburos en el país y el continente. A través de la construcción de confianzas entre sectores contrapuestos, como las empresas y las comunidades locales, se promueven plataformas de diálogo en la búsqueda de consensos que permitan el avance extractivo. Tras su desembarco en Vaca Muerta con el Grupo de Diálogo Neuquino, hacemos una radiografía de su pensamiento y formas de operar. También recordamos otro hito local, el intento de revertir el No a la Mina en Esquel.
La resolución de conflictos es una disciplina presente a lo largo de la historia de la humanidad. Su desarrollo ha llevado a que coexistan distintas perspectivas y métodos de abordaje, como la mediación, resolución, gerencia o transformación de conflictos. Esta última corriente entiende los conflictos sociales como procesos naturales de la vida humana que hay que aprender a manejar. La transformación sería, entonces, un cambio constructivo del conflicto, de manera de evitar la violencia y la inestabilidad social. Su principal teórico es el sociólogo John Paul Lederach, académico de la universidad estadounidense de Notre Dame y uno de los referentes mundiales de la mediación.
Lederach sostiene que la transformación democrática de conflictos es “un modo de mirar y ver”, que provee de un conjunto de lentes a través de los cuales dar sentido a los conflictos sociales (Maiese y Lederach, 2004:3). Utiliza el verbo transformar porque considera que no busca sólo el control o la resolución de un conflicto, sino las modificaciones que resultan de éste. Es decir, más allá de cómo se puede finalizar un conflicto, la pregunta que se hace es cómo construir un horizonte deseado .
Hay dos conceptos que son transversales a este paradigma. El primero es la paz, entendida como la transformación no violenta de los conflictos y como un concepto no estático sino en evolución y desarrollo. Lederach afirma que este marco de referencia proviene de la iglesia cristiana menonita, de la que es miembro y junto a la cual desarrolló parte de su trabajo en América Latina. El otro concepto clave es el desarrollo sostenible o sustentable, entendido como un equilibrio entre el bienestar social y el “aprovechamiento responsable de los recursos naturales”, desde la perspectiva de Iván Ormachea, facilitador del Programa del Diálogo Democrático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y uno de los referentes peruanos en la materia. Ormachea cree que “el desarrollo sostenible aplicado al campo de la minería implicaría (…) numerosos desafíos, entre ellos: el respeto a los bienes ambientales, la reducción o gestión óptima de la energía, otorgamiento de beneficios tanto para la comunidad del entorno del proyecto minero como para todo el país, respeto por la cultura de los pueblos y sus derechos en el caso de pueblos indígenas, y el fomento de la investigación científica” (Ormachea, 2015:11).
En términos de metodología, la transformación de conflictos promueve un abordaje colaborativo. Siguiendo con la metáfora de los lentes, Lederach propone tres miradas: una hacia el conflicto inmediato; otra hacia el contexto del conflicto; y finalmente, una plataforma que refiera al contenido, contexto y la estructura de las relaciones en conflicto, buscando soluciones creativas (Maiese y Lederach, 2004). ¿Cómo llevan adelante estos procesos? A través de fundaciones, mediadores y otras instancias que despliegan un arsenal de herramientas metodoló gicas. Entre ellas están los acuerdos negociados, la facilitación, los procesos colaborativos, las plataformas de diálogo, la evaluación de conflictos, el ordenamiento ambiental del territorio y los procesos de planificación colaborativa.
Un giro en 360 grados
De todas estas herramientas, las de mayor alcance en nuestro país son las plataformas de diálogo. Las fundaciones que las promueven están nucleadas a nivel regional en el Grupo de Diálogo Latinoamericano, junto a similares de Perú, Colombia, Brasil y Chile. En 2008 fue creada la Plataforma Argentina de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable, integrada por las fundaciones Vida Silvestre, Cambio Democrático (FCD), Compromiso y Directorio Legislativo; además de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Área de Geología Minera de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un año después, Pilar Robledo, coordinadora de la Plataforma, y Pablo Lumerman, entonces director de la FCD, explicaban el origen de la iniciativa. “El supuesto que subyace a este proyecto es el siguiente: con las herramientas adecuadas, es posible desarrollar procesos sensibles a las características (…) en la región y se puede evitar que las relaciones entre los actores involucrados a un conflicto se deterioren a tal punto que su conducta pueda causar no sólo un daño irreparable a los recursos naturales sino también la pérdida de procesos socio productivos y sus consecuentes disrupciones en el tejido social y cultural” (Robledo y Lumerman, 2009:97). El objetivo central que persigue el espacio es conseguir acuerdos que permitan el avance de las actividades mineras. Para esto, se plantea el “desarrollo de estrategias y la implementación de acciones para generar consensos entre el Estado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales” (Plataforma, 2012).
Robledo y Lumerman se preguntan “¿qué condiciones institucionales son necesarias para que la minería se pueda realizar de forma socialmente legítima y cuyos impactos ambientales tengan el control adecuado?”. Más explícito es su par peruano, el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, cuya misión es conseguir “una minería responsable y sostenible, que garantice los derechos de la población, en un clima de seguridad jurídica, paz y democracia” (Grupo de Diálogo, s/f). Así, estas plataformas se inscriben dentro de la corriente de la minería responsable. Bajo esta órbita el mejor resultado posible para una comunidad en una negociación sería el de conseguir beneficios de la explotación minera. La negativa no está contemplada: sale de los márgenes de la plataforma que no habilita un debate en torno al discurso oficial minero.
Construyendo una plataforma petrolera
La transformación de conflictos desembarcó en Vaca Muerta con la constitución del Grupo de Diálogo Neuquino en 2014, que participa del Grupo de Diálogo Latinoamericano y es co-coordinado por Pablo Lumerman, ex director de Fundación Cambio Democrático. El GDN se reúne cada mes y congrega a “autoridades mapuches; empresarios del petróleo, la fruta y el comercio; representantes de ONGs; referentes del sector educativo; autoridades de colegios profesionales; periodistas; y autoridades religiosas, entre otros actores”, según señalan en el resumen del taller de Construcción de Consensos para la Incidencia Colectiva, uno de los pocos documentos públicos del Grupo.
Dicho encuentro se realizó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, organismo que reúne a los gobiernos provinciales en la búsqueda del desarrollo y la atracción de inversiones. En esa línea no es casual que la perspectiva que guíe la coordinación del espacio –más allá de quienes intervienen en él– sea la del fracking seguro, un símil de la minería responsable, que publicita que la extracción de no convencionales puede desarrollarse sin conflictos sociales y ambientales, en determinadas condiciones. Dichas condiciones están dadas por la generación de consensos sociales que permitirían estas plataformas.
La evidente disparidad –social, cultural, económica, política y de poder– entre los sectores que se sientan en una misma mesa como si fueran iguales es abordada por la trasformación de conflictos, que sostiene que a través de una perspectiva de derechos se puede ayudar a equiparar estas asimetrías. ¿Efectivamente ocurre esto? ¿Es posible empoderar a las comunidades locales en el contexto de estas plataformas y procesos de diálogo? ¿O más bien estas comunidades han creado y concebido su demanda por derechos en el marco de conflictos?
En un documento presentado en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) sobre Diálogo Neuquino, Pablo Lumerman se pregunta ¿cuál es el mejor enfoque para construir apoyo comunitario de largo plazo para el desarrollo de los recursos no convencionales? Nuevamente no aparece la opción del “no”. Responde con elementos como la construcción de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), fortaleciendo las políticas de DD.HH. de las empresas, estableciendo diálogos sostenidos y un sistema efectivo de quejas. Además de crear “mecanismos adecuados de distribución de la renta que permitan a la comunidad ganar junto a la empresa y no ser variable de ajuste”. Inscribe, así, al Grupo de Diálogo Neuquino, dentro de una perspectiva que no puede pensar en horizontes más allá de los del capitalismo verde y el desarrollo sostenible. De este modo se ubica como una falsa salida: despliega un arsenal metodológico, que logra insertar un discurso colonial del poder, a través del cual naturaliza el relato oficial (gubernamental/ empresarial) de que no hay salida por fuera de la explotación de Vaca Muerta y que la mejor perspectiva posible es participar de manera justa de sus beneficios (1) .
Pero para que ese discurso oficial se transforme en narrativa social, aceptada por las mayorías, necesita de la construcción de consensos. ¿Dónde se cristalizan esos consensos? En este tipo de plataformas. Así, la perspectiva de derechos queda reducida a un elemento de la negociación. Siempre y cuando, advierte Lumerman, se acuerden “procedimientos que permitan identificar a los genuinos portadores del derecho de aquellos que lo hacen de forma oportunista”.
La construcción de este tipo de experiencias de diálogo lejos de provocar avances en las disputas en contra del crecimiento de la frontera extractiva, distrae y alimenta falsas expectativas en los sectores en lucha. Y en simultáneo permite a las empresas y otros grupos de poder aparecer como dialoguistas mientras construyen consensos en su favor. Todo esto rodeado de una retórica que suena bien porque es flexible: puede ser progresista o conservadora de acuerdo a los interlocutores, y hasta logra ocultar que es una herramienta de construcción de consensos en favor del extractivismo.
Audios, estrategias y Cambio Democrático [recuadro]
El 23 de marzo de 2003 fue el plebiscito en Esquel, Chubut, en el que el 81% de la población dijo No a la Mina. Un mes después, la multinacional canadiense Meridian Gold contrató como consultora a la ONG Bussines for Social Responsability (BSR) para que realizara una investigación social sobre la comunidad, con el propósito de determinar las razones que impidieron conseguir la tan mentada “licencia social”. El diagnóstico sobre el fenómeno Esquel que realizó BSR tuvo como eje la mala comunicación.
En septiembre de ese año, la minera realizó una reunión en el hotel Crowne Plaza, de Buenos Aires, donde participaron figuras tales como Edward Colt y Darcy Edward Marud, vicepresidente ejecutivo y gerente de exploración de Meridian Gold, respectivamente; y Guillermo Mendoza, jefe de prensa de la empresa; Jim Bader, Matt Jeschke y Christina Sabater, por BSR, y Raúl Timerman, Jorge Azcárate y Juan Carlos Malagoli, por la agencia de publicidad Braga Menéndez y Asociados, entre otros. La filtración de los audios de ésta dejó al desnudo no sólo las estrategias sino los vínculos que buscan las empresas extractivistas para avanzar con sus proyectos. En estas grabaciones quizás muchos esquelenses escucharon por primera vez nombrar a la Fundación Cambio Democrático. Allí Timerman confirma que se habían establecido los primeros contactos con Graciela “Gachi” Tapia, la entonces Directora Ejecutiva de FCD, para que trabajase sobre los esquelenses.
Cambio Democrático trabajó desde entonces en el diseño de estrategias para dar vuelta la voluntad del pueblo patagónico. El informe, que se desarrolló entre junio y agosto del 2003, se titula Conflicto minero en Esquel: evaluación y análisis. Un trabajo que lleva la firma de Juliana Robledo, integrante del equipo técnico de la fundación, y Pablo Lumerman. Esa tarea se articuló con el accionar de otra ONG, la Red de Facilitadores de Bariloche, que ofició de mediadora y acompañamiento del proyecto.
Una de las tareas más notorias fue el Taller de Presentación y Consulta, que tenía el propósito de establecer una metodología que permitiera el desarrollo del sistema de información promovido a través del denominado Mapa de Conflictos Mineros, con el fin de desarrollar procesos de capacitación en construcción de consenso y de resolución y transformación de conflictos de distintos actores sociales (gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado). Además FCD, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), elaboró el proyecto Plataformas de Diálogo para el Desarrollo Minero Responsable en Argentina [ver nota central].
Cambio Democrático también reforzó la embestida que intentó Yamana Gold Inc., compañía que compró los activos de Meridian en el 2007. El entonces gerente de relaciones de la empresa extranjera, Ricardo Bustos, era el operador local que tenía la minera, pero poco y nada había logrado desde los micrófonos de una emisora FM en el intento por dar vuelta la voluntad popular de los esquelenses. Entonces enviaron a un equipo de profesionales que arribó a la ciudad chubutense en 2012, el mediador Francisco Diez y Jimena Psathakis, actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y, hasta julio último, directora Nacional de Protección de Derechos y Resolución de Conflictos, ambos organismos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese entonces, Psathakis era coordinadora del Programa de Industrias Extractivas de la FCD y tenía como propósito destrabar el conflicto en favor del desarrollo minero. Hoy su figura muestra que la transformación de conflictos se hizo carne en política pública en el país; o al menos tomó un puesto dentro del Estado.
Los audios y la posterior divulgación por parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel tuvieron sus derivados. No sólo la difusión de una información que era de interés público sino que fue el origen de la demanda judicial que la multinacional inició contra seis vecinos. Dos años después de instruida la causa, la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó la demanda y en su falló sentenció: “hacer conocer la estrategia de la empresa para torcer la resistencia de los vecinos de Esquel a que, según ellos y con sobrados motivos, no se contamine el medio ambiente, jamás puede ingresar en el ámbito de la protección de secretos corporativos”
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Fotografía: Rebelión
