Por: Lucía Melgar Palacios. 17/05/2025
Mientras el interés de la prensa se concentraba en los efectos destructivos de los aranceles impuestos por el presidente Trump, el sábado pasado, 5 de abril, la sociedad civil de Estados Unidos empezó a salir del shock y manifestó su creciente malestar en ciudades grandes y pequeñas de los 50 estados, incluso en zonas conservadoras como Utah y Alabama.
Cinco millones de personas de muy diversas ocupaciones y posturas políticas, incluso votantes republicanos, salieron a las calles bajo el lema común “¡Saquen las manos!” (Hands off), en defensa del seguro social, la diversidad, la educación, los derechos laborales, la libertad de expresión, pensamiento e investigación…
La mayoría de los principales diarios de ese país minimizaron las movilizaciones. Evitaron ver en ellas una primera respuesta social a la política de la crueldad de la tecno-autocracia que ha tomado por asalto tanto el sistema económico internacional como la estructura misma del gobierno y las instituciones democráticas de Estados Unidos. O se autocensuraron.
Al pasar por alto estas protestas, los medios tradicionales pretenden ignorar el poder de la resistencia civil, como si “olvidaran” la larga historia de movilizaciones sociales que, con enormes costos humanos, culminaron en el reconocimiento de los derechos civiles hace seis décadas.
La responsabilidad no es de quienes ejercen el periodismo dignamente, sino de los millonarios que han aprovechado el declive económico de diarios nacionales “progresistas” para incidir en su política editorial. De ahí la importancia creciente de revistas con mayor autonomía, de periódicos locales, precarios, y de medios alternativos que difunden debates y reflexiones críticas contra la administración tecno-autocrática.
Además de las movilizaciones, que algunos funcionarios han estigmatizado como acarreo o producto de la desinformación, son relevantes los múltiples recursos legales que han interpuesto organizaciones como ACLU, en defensa de los derechos humanos de la población migrante así como de la ciudadanía no nacida en Estados Unidos, cuyo derecho a la nacionalidad pretende borrar el presidente; o que preparan sindicatos como la Federación de Empleados Públicos (AFGE) para defender los derechos de sus afiliados, o algunas instituciones a las que se les han recortado fondos de manera arbitraria.
En un sistema donde el poder judicial todavía tiene autoridad, estos recursos constituyen un medio de resistencia significativo, aunque sus efectos no sean inmediatos e incluso puedan fracasar ante un régimen que pretende hacer de la ilegalidad un instrumento de gobierno.
Con esto parecen coincidir tres profesores de connotadas facultades de derecho que, en un artículo de opinión, sugieren que las universidades atacadas o amenazadas por la política represiva del gobierno se unan en un litigio estratégico para defenderse y preservar las condiciones necesarias para seguir cumpliendo con su misión educativa.
Mientras que ceder como Columbia, dicen, implica exponerse a mayores extorsiones, o litigar de una en una sería muy arriesgado, presentar en conjunto recursos legales o coordinar sus acciones, daría más poder a estas instituciones y demostraría su compromiso con las libertades y los derechos fundamentales. Además, enviarían “ el mensaje de que las instituciones de la sociedad civil tienen la obligación de defender las normas básicas de la democracia y el Estado de derecho (rule of law)” (The Nation, 7.IV, 25).
Quienes han estudiado o vivido bajo regímenes autoritarios, y sobre todo bajo gobiernos totalitarios, saben que la censura previa, la autocensura o el apaciguamiento son estrategias del débil que pueden proteger de lo peor pero no contribuyen al cambio social.
Estados Unidos es ya una tecno-autocracia en busca de un control total; no es todavía una dictadura sangrienta. En este momento de crisis, la resistencia civil desde lo local es fundamental: da esperanza a gente que se sentía aislada e invita a coordinarse con otras personas y grupos.
Esta resistencia desde lo local ha sido impulsada desde distintas organizaciones y coaliciones. Una de ellas es Women’s March, que se creó en 2017 para organizar la primera gran protesta de mujeres ante la llegada de Trump a la presidencia. Como candidato, éste había enunciado mensajes misóginos, además de discursos de odio contra la población migrante, entre otras.
Women’s March, que se define como organización feminista, ha proseguido su activismo desde entonces, llamando a las mujeres no sólo a protestar sino a formarse como activistas y organizadoras.
En las protestas del 5 de abril también fue fundamental el trabajo del Movimiento 50501, constituido poco después de la llegada al poder del presidente en enero, para organizar protestas en cada uno de los 50 estados, con base en valores de inclusión, diversidad y resistencia pacífica, que funciona a través de redes sociales y ha conformando alianzas con otras organizaciones.
Ambos grupos y otros han llamado ya a nuevas manifestaciones nacionales para el 19 de abril. Su objetivo es movilizar al 3.5% de la sociedad pues consideran que esa es la masa crítica necesaria para impulsar cambios verdaderos, para demostrarle al gobierno que debe escuchar a la sociedad.
En estos tiempos obscuros, donde todavía pueden florecer semillas de resistencia y esperanza, cabe recordar las palabras del senador Cory Booker, quien durante 25 horas defendió la democracia y la legalidad en el foro del Senado: “El poder de la gente es superior al de quienes están en el poder”.
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Fotografía: Cimac noticias
