Por: Fidel Quiñones Marín. 03/11/2016
La aparente tranquilidad que acompaña a la denominada “Etapa voluntaria de evaluación del desempeño docente 2016” es sólo el preámbulo de una nueva embestida contra el magisterio mexicano. Desde las instancias oficiales y sindicales se preparan discursiva, técnica y operativamente, las nuevas estrategias para evaluar masivamente al magisterio faltante en los años 2017 y 2018, y cumplir con las expectativas de los empresarios y de los organismos internacionales.
En el escenario que comienza a perfilarse, cada actor hace su parte, tal como lo sugiere el INEE en su anuncio televisivo. Por un lado, el presidente de la República asegura en Colombia, ante representantes internacionales que participan en el Foro Empresarial Iberoamericano, que a pesar de enfrentar resistencias en su implementación la reforma educativa ‘va’, ya que el 90% de los profesores del país han sido sometidos a la evaluación magisterial, de acuerdo “al plan gradual que está previsto para hacer evaluación a maestros y maestras” (Milenio. 28/10/2016). Por su parte, el Secretario de Educación anuncia que “oponerse a la reforma educativa es robar el futuro a los niños” (El Universal. 28/10/2016), sostiene que “La derogación de la reforma educativa o cambios a la reforma, eso no va a suceder, no estamos de acuerdo con ello, creemos que es una gran reforma y lo que tenemos que hacer es implementarla y sacarla adelante” (La Jornada. 25/10/2016) y enfatiza que: “el objetivo es que en 2018 el presidente Enrique Peña Nieto termine de implementar la reforma y el nuevo sistema educativo que permita a México competir a nivel internacional.
El panorama se complica cuando se lee con detenimiento publicaciones anteriores en la prensa nacional e internacional: “El INEE quita lo obligatorio a las evaluaciones de maestros este año” (El Financiero. 28/08/2016), seguida de la aclaración de los consejeros: “esta determinación no implica modificaciones a la ley y… los exámenes se realizarán en noviembre de este año, como se tenía previsto”. Al tiempo que la presidenta del INEE precisa que “los que no se apunten a los exámenes no serán sancionados, pero a partir del inicio del ciclo escolar 2017, a todos se les irá evaluando obligatoriamente” (El País. 28/08/2016)
Entonces, cómo se concretará la pretensión de evaluar a todo el magisterio nacional. Las pistas las encontramos de inicio en el comunicado 47 del INEE: “El replanteamiento del modelo que presenta el Instituto se implementará a partir del inicio del ciclo escolar 2017-2018“. Dicho replanteamiento: “considera tres etapas en vez de las cuatro del modelo 2015: 1) Informe de responsabilidades profesionales; 2) Proyecto de enseñanza; y 3) Examen de conocimientos curriculares o disciplinares y pedagógicos”. Aunado a ello, la explicación de la propia Silvia Schmelkes sobre la forma de implementación: en el 2017 ya no se harán los exámenes en una sede y una fecha únicas. Así las cosas “En el ciclo escolar 2017-2018 se evaluará a maestros que trabajan en escuelas regulares de organización completa, pero será hasta el curso 2018-2019, cuando se evalúe a los profesores de escuelas indígenas y multigrado, que son 44% de las que hay en el país, según cifras oficiales” (La Jornada. 28/08/2016). Asimismo el replanteamiento a la evaluación que se implementará a partir de 2017 contempla una reducción en los tiempos de las pruebas, en su extensión, y un aumento en los plazos para su realización. Lo que implica la posibilidad de evaluar a más docentes. Esta es la razón de las Jornadas sobre evaluación educativa en Morelos y Nuevo León, de los acuerdos con el gobierno de Baja California Sur para fortalecer los procesos de evaluación educativa. (Página oficial del INEE).
Finalmente, la reunión de representantes SNTE-OCDE para implementar estrategias que permitan “convencer” al magisterio de las “bondades de las evaluaciones”, porque al decir de Juan Díaz de la Torre: “los maestros se van a volcar por cientos de miles a la evaluación, como nos pasó con Carrera Magisterial en el 92” (Educación Futura. 12/10/2016). Respuesta de obediencia incondicional, si consideramos que la SEP entregó $650 millones al SNTE para la promoción de la reforma educativa (La Jornada. 02/11/2016), con lo cual pone en marcha una aplicación para capacitar a maestros que “responde exitosamente a los retos de los nuevos tiempos, que van más allá de la coyuntura de la evaluación” (Excélsior, 01/11/2016)
Sin embargo, no podemos soslayar que la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que: “Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación”, y que la evaluación del desempeño docente continúa como una evaluación de alto impacto “porque sus resultados tienen consecuencias directas para quienes participan en la evaluación”. En este caso, la permanencia en el servicio. es decir no se trata de una evaluación formativa.
En síntesis, desde mi consideración, el escenario general apunta a una nueva ofensiva oficial para una evaluación masiva del magisterio, en los años siguientes (2017 y 2018). Espero equivocarme.
Fotografía: Francisco Olvera. La Jornada.
