Por: Martín Suárez. El Grito del Sur. 29/08/2020
El intento de volver a las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires jamás contó con el aval de Nación. Sin embargo, se buscó instalar la idea de que existía un protocolo aprobado e inclusive se instó a directivos para que informaran del supuesto regreso a las familias de los 6500 estudiantes en cuestión.
“Sigue el diálogo pero se acabaron los consensos”, afirmó este fin de semana una fuente de la cartera educativa de la Ciudad a El Grito del Sur, al ser consultada sobre la insistencia del Gobierno porteño para retornar a las aulas; y dando a entender que ésta es una decisión tomada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Puertas adentro del edificio ubicado en la Villa 31, afirman que la idea del retorno anticipado a las aulas de 6 mil 500 estudiantes (en una primera etapa), fue elaborada por la ministra de Educación Soledad Acuña. Luego de retornar tras su licencia por maternidad, la primera medida tomada por Acuña fue dar marcha atrás con el aumento a docentes porteños que estaba pautado para el mes de agosto. El día previo al inicio del receso escolar, el Gobierno de la Ciudad convocó de urgencia a una reunión para informar que la parte de la cuota del mes de julio, acordada en la paritaria de febrero, quedaba sin efecto.
Estas decisiones dan cuenta que se seguirá tensionando la relación con la comunidad educativa. Así como en 2018 el caballito de batalla de la ministra Acuña fue la polémica UniCABA, en 2020 su antojo político es obligar a que parte de la comunidad educativa se movilice en medio de una pandemia mundial. Para convencer a las y los vecinos porteños, tuvieron que imponer un relato: “Vamos a ir a buscar a los miles de chicos que no tienen acceso a internet ni computadoras, casa por casa”. Frase que evade la responsabilidad de que ese sector de estudiantes no haya accedido a dichas herramientas, por decisión política del Gobierno porteño.
Este medio, dio a conocer el pasado 12 de agosto la noticia que hizo trascender la cartera educativa porteña, de regresar a las aulas el próximo 7 de septiembre. Dos días después se realizó la conferencia de prensa para dar cuenta de la situación epidemiológica a nivel nacional y que prolongó la cuarentena hasta el 31 de agosto. En esa oportunidad, el jefe de Gobierno aprovechó y comenzó a instalar personalmente ese relato: que habían elaborado un protocolo de regreso a las aulas para principios de septiembre, y que el mismo incluía un (supuesto) acuerdo entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y Soledad Acuña. El primero salió a desmentir este acuerdo: «no hay posibilidades de que vuelvan las clases presenciales en Ciudad por el momento», pero dejando en claro que iban a estudiar la propuesta una vez que le acercaran el protocolo.
Cinco días después, el miércoles 19 de agosto, Soledad Acuña le acercó el protocolo de retorno a las aulas a Nicolás Trotta. Inmediatamente después de concluido el encuentro, Trotta emitió un contundente comunicado oficial que, en parte, adelantaba cuál sería la postura de la cartera sobre este tema. “Se expedirá la conformidad, conformidad parcial o rechazo de la presentación en los próximos días”, y respecto de los y las estudiantes que no han tenido continuidad pedagógica durante la pandemia, Trotta ratificó “la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad acompañe a los niños, niñas y adolescentes y brindarles asistencia socioeducativa en sus hogares”. En otro párrafo del comunicado oficial, el ministro fue terminante: “La propuesta presentada es una opción para la comunidad educativa en general que tenga problemas de conectividad; pero instamos al gobierno de la ciudad más rica de nuestro país a que profundice su responsabilidad de despliegue de respuesta en los barrios y en los hogares más vulnerables”.
Este comunicado oficial no tuvo ninguna repercusión en los medios, que simplemente informaron sobre el encuentro y más tarde dejaron instalada la idea de que Nación había habilitado el protocolo de Ciudad. A partir de este encuentro, la propia Soledad Acuña brindó entrevistas en los “principales medios”, reforzando con seguridad la idea de que a partir del 31 de agosto, 6 mil 500 estudiantes iban a regresar a las aulas. Afirmaciones realizadas aún sin contar con el aval de Nación.
Las y los directivos de algunas de las 634 escuelas de la Ciudad, incluidas en el protocolo, también fueron informados por la cartera educativa que “ya estaba aprobada por Nación la presencialidad en las aulas, que todo comenzaba el 31 de agosto y que iban a realizarse dispositivos para acondicionar algunas de estas escuelas, y que debían informar cuanto antes a las familias involucradas”, según confirmó a El Grito del Sur el equipo de conducción de una de las escuelas en cuestión.
Pero, sin lugar a dudas, la gota que rebalsó el vaso fue un artículo periodístico publicado este último viernes que, bajo el título, “Los gremios docentes y la Ciudad avanzaron en el protocolo para la apertura de escuelas el 31 de agosto”, afirmaba que el protocolo tenía el consenso de los 17 gremios docentes de la Ciudad. Desde los sindicatos consideraron que ésta fue una movida muy violenta, y la propia Angélica Graciano, titular de UTE, inmediatamente salió a refutar: “No se cansan de mentir. La reunión fue informativa y UTE rechazó la propuesta”, afirmó en sus redes sociales. “Dedíquense de una buena vez por todas a garantizarles conectividad a los chicos que lo necesitan. No vamos a permitir que se contagien, ni ellos ni sus familias”, agregó.
Este domingo, el presidente Alberto Fernández puso blanco sobre negro sobre este tema. En una entrevista radial, al ser consultado sobre los servicios de telefonía, cable e Internet, dijo que esta decisión fue motivada por una charla con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, en la que se enteró que «había 6 mil chicos» que, para la gestión porteña, debían regresar a las escuelas porque no tenían acceso a conectividad. «Eso me pareció una mala lectura de lo que debía hacerse, lo que debía hacerse era llevar conectividad a esos chicos y no exponerlos a los riesgos de contagio en el colegio», replicó el mandatario en Radio 10.
A esta declaración de Fernández, se suma un testimonio de Jefatura de Gobierno que coincide con el Presidente y contempla que la decisión de Trotta acompañará a la del mandatario y a la realidad epidemiológica que nos afecta. «Nadie está dispuesto a afectar la salud de nuestros estudiantes y mucho menos a tener un costo político y social por este tema, cuando la realidad es tan clara», confiaron a este medio. Desde el Ministerio de Educación de la Nación, en tanto, aseguraron que “no hay ninguna posibilidad de que el protocolo de Acuña sea aprobado tal cual así está y que el ministro Trotta se mantendrá firme en esa decisión”. En este sentido, también afirmaron que “seguirán abiertos al diálogo teniendo como fin la continuidad del ciclo pedagógico pero sin arriesgar la integridad de los estudiantes”.
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Fotografía: Infobae.