Por: Lois Pérez Leira. 28/06/2021
Una mirada sobre la situación de Nicaragua en el contexto de las presiones internacionales contra el gobierno de Ortega y de la detención de figuras de la oposición
Para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, Nicaragua ha incorporado una serie de reformas electorales que responden básicamente a las recomendaciones propuestas en el informe de la OEA del 2016:
Campañas de educación ciudadana, teniendo en cuenta los dialectos originarios. Ampliación de las mesas electorales a lugares más remotos. Fortalecimiento del sistema de votación, incorporando menos de 400 electores por mesa, para facilitar su ubicación. Representación de todos los partidos político entre los miembros de mesa. Capacitación y certificación de fiscales para todos lo partidos políticos. Reformas para garantizar la paridad de género en las listas electorales. Mejoras en la cedulación, incorporando datos biométricos. Actualización del padrón electoral.
En el año 2020, siguiendo los mecanismos legales, se sancionan las siguientes leyes:
N° 1040: que requiere a las organizaciones detallen cualquier financiamiento que reciban del extranjero.
Nº 1050: que protege al pueblo de Nicaragua contra los delitos de traición y conspiración.
N° 1055: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Autodeterminación para la Paz.
Este tipo de leyes rigen en varios países de Latinoamérica, Europa y especialmente en Estados Unidos (art. 2381 a 2390 del Código Jurídico), por lo cual los delitos que se plantean, son procesados a nivel federal.
Desde hace meses la justicia nicaragüense viene investigando y en días pasados efectúa la detención de un grupo de ciudadanos por delitos vinculados al lavado de activos, a través de fundaciones y que fueran rastreado hasta cuentas bancarias vinculadas a los mismos y a una serie de medios de comunicación (canales de televisión, radio y plataformas digitales), tal es el caso de Cristian Chamorro y Juan Sebastián Chamorro, quienes fueran procesados por lavado de dinero proveniente del financiamiento de organismos extranjeros, a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y Democracia (FVBCH).
Los ciudadanos, Félix Maradiaga, y Arturo Cruz son detenidos por aplicación de la Ley 1055, acusados de promover, fomentar e instigar a la aplicación de sanciones de gobiernos extranjeros al pueblo de Nicaragua.
Inmediatamente se agita la autodenominada “comunidad internacional”. De manera inmediata y hegemónica se instala el discurso de que en Nicaragua no hay libertad política y se están inhibiendo candidatos presidenciales, en alusión a los 4 ciudadanos detenidos por la investigación de los delitos mencionados, pretendiéndose vincular las detenciones con la Ley Electoral y el proceso de las Elecciones Generales 2021.
Debemos aclarar que no se puede hablar de precandidatos presidenciales, dado que, según el cronograma electoral aprobado por todas las fuerzas políticas, la inscripción de las candidaturas se realizará entre el 28 de julio y el 2 de agosto, por lo tanto los mencionados, resultan ser ciudadanos acusados de delitos reconocidos constitucionalmente.
Está claro que el imperio esta decidido voltear al gobierno progresista de Daniel Ortega, pero también está claro que el pueblo sandinista esta decidido de defender los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas.
Las elecciones generales de Nicaragua de 2016 se llevaron a cabo el domingo 6 de noviembre de 2016. Un total de 3.7 millones de nicaragüenses fueron a las urnas. Daniel Ortega fue reelegido con más del 70% de votos. Algunos meses después comenzaron los ataques sangrientos de la oposición financiada por la CIA. En la actualidad y ante las próximas elecciones nuevamente se inicia otro proceso golpista y de desinformación internacional.
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Fotografía: Tiempoar
