Por: Constanza Moragues Santos. realpolitik. 12/06/2020
En 1974, Marc Lalonde presentaba al gobierno de Canadá un estudio que rápidamente sería conocido y adoptado por los distintos países en materia de salud pública como “el informe Lalonde”.
Allí, el abogado, no médico y, ministro de Salud canadiense, recogía datos epidemiológicos sobre las grandes causas de enfermedad y muerte de los canadienses, “New perspectives on the health of Canadians”, incorporando una nueva concepción del campo sanitario que persiste hasta la actualidad: la incidencia de los determinantes sociales (económicos y políticos) de la salud, en el estado de salud / enfermedad de las personas, acotadas a un territorio determinado.
El hito que marcó este informe, es haber roto el paradigma médico biologicista, desde el cual todos los hechos vinculados a la salud, tanto física como mental de las personas, eran una manifestación directa de la biología fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo (herencia genética, ciclo de vida, y mecánica: funcionamiento de los aparatos digestivo, reproductivo, respiratorio, etcétera).
El modelo biologicista quedó reducido a una cuarta parte del nuevo modelo en salud, compuesto por cuatro componentes: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención de la salud.
El campo de la salud se desplazó del cuerpo individual al cuerpo social, y del hospital al sistema sanitario.
Éste desplazamiento generó la apertura del campo de lo estrictamente médico a lo interdisciplinario, corriendo el eje de actuación de los gobiernos, en cuanto a política sanitaria, al extender dicha dimensión hacia otras antes no consideradas: ejecutiva, legal, social, etcétera.
Más de 45 años de experiencias sanitarias -de distintos niveles de complejidad en organización, especialidad, funcionamiento, calidad y legalidad-, desarrolladas y documentadas a nivel mundial, y, sin embargo, el jefe de estado de la República Argentina, Alberto Fernández, señala que prefiere “un 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina”, en referencia al COVID-19.
Errores de pensamiento, si los hay, cuando se destruye el encadenamiento lógico en una relación de causa – efecto, para presentarlo como dos categorías antagónicas y lejanas entre sí: pobres versus muertos.
Entre unos y otros, Fernández omite intencionalmente, que está necesariamente presente el enfermo. Y, que es, el enfermo pobre, el que más chances tiene de convertirse en muerto.
¿Por qué lo hace?
Para eludir / ocultar la relación directa que existe entre condiciones de vida, poder adquisitivo, política pública, enfermedad y muerte.
En épocas de emergencia sanitaria, es el estado quien debe velar por salvaguardar la vida de los habitantes de una Nación, y esto implica, no sólo diseñar políticas para atender la contingencia desde la medicina, sino desde los cuatro frentes descubiertos por Lalonde.
Un plan económico tendiente a reducir el impacto negativo en el poder adquisitivo y deterioro de la estructura productiva del país, es igual de importante y necesario que equipar los hospitales.
Fernández presenta esta falacia para eludir la responsabilidad legal y penal que tiene, de evitar, precisamente, la muerte de los pobres, que son, junto con los adultos mayores, el grupo de riesgo más grande.
En esa intención de querer tapar el sol con la mano, habita una razón egoísta y perversa, que desde que asumió el gobierno, Fernández busca disfrazar de benevolencia y solidaridad.
Su interés, como está a la vista, no es favorecer la salud de los pobres, sino mantener intactos sus privilegios de casta, aún a costas de exponer a 4 nuevos millones de habitantes a perder su actual calidad de vida; lo que equivale a aumentar sus probabilidades de exponerlos a enfermar, y, eventualmente, morir.
Situaciones todas que se podrían evitar si, contrario a lo que plantea el gobierno, en lugar de castigar al sector privado se lo liberara de la pesada carga de lidiar con la depredación parasitaria y permanente del cada vez más inmenso e ineficiente, sector público / estatal.
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Fotografía: realpolitik.
