Por: Miguel Ángel Beltrán Villegas. Rebelión. 27/05/2018
Lo que sigue es un extracto de la entrevista publicada en el libro de reciente aparición Final abierto. 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018), publicado por Revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial*. [Imagen de portada: Video Prensa Popular]
Un argumento de quienes ven con escepticismo las negociaciones recientes con las insurgencias es que, desde hace más de dos siglos, ya desde 1871 con los Comuneros, se han incumplido sistemáticamente este tipo de acuerdos, y que esto definiría un «síndrome del incumplimiento y la traición» por parte del Estado colombiano ¿qué lecciones aporta la historia del país para comprender el momento actual? ¿ve razonable esa prevención?
Miguel Ángel Beltrán**: El «síndrome del incumplimiento y la traición» por parte del Estado colombiano hace parte hoy de un inmenso campo de representaciones colectivas en donde se articulan realidades históricas y modalidades de acción que han estado presentes en los procesos de negociación de los sectores subalternos con el Estado, y donde éste último de manera sistemática ha incumplido con los compromisos suscritos.
El descuartizamiento del líder comunero José Antonio Galán y la ejecución de los principales jefes militares de la insurrección comunera, tras la firma de las llamadas «Capitulaciones de Zipaquirá» pactadas por las autoridades coloniales y los rebeldes, ilustra claramente estas prácticas y, sin duda, no está lejos mutatis mutandis de lo que ha sucedido con el acuerdo firmado en La Habana (Cuba) entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Empecemos por señalar que mientras las FARC ha dado cumplimiento a los acuerdos pactados, haciendo su transición hacia un nuevo partido político, el compromiso adquirido por el Estado de brindar garantías reales y efectivas para la participación y la reincorporación la vida social, política y económica del país de los ex guerrilleros de las FARC no se ha cumplido. Según cifras oficiales más de 50 excombatientes y activistas de la nueva agrupación política han sido asesinados desde la firma del Acuerdo. Situación que guarda similitud con lo acaecido a los líderes guerrilleros liberales que hicieron entrega de armas en 1953, bajo el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, los cuales fueron sistemáticamente asesinados, empezando por Guadalupe Salcedo Unda, uno de los jefes más representativos de la resistencia llanera.
“El verdadero propósito de las élites al promover estos procesos de diálogo y negociación (no sólo con los movimientos insurgentes sino también con las organizaciones sociales que alcanzan un importante grado de movilización) es, antes que dar cauce a las transformaciones políticas y sociales que éstas demandan, neutralizar a las organizaciones y líderes”
Hechos como los anotados anteriormente serían recurrentes en los procesos de paz que se impulsaron en los decenios siguientes. Baste recordar aquí crímenes como el de Jacobo Prías Alape («Charro Negro») en los inicios del Frente Nacional; el exmilitante del M-19 Carlos Toledo Plata en 1984, tras acogerse a la amnistía otorgada por el presidente Belisario Betancur y el de Oscar William Calvo meses después de que como vocero del Ejército Popular de Liberación (EPL) firmara los acuerdos de Cese del Fuego y Diálogo Nacional con este mismo Gobierno; asimismo, el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, pocas semanas después de haber liderado la dejación de armas por parte del M-19 en Santo Domingo (Cauca), en el marco del proceso de paz iniciado por el mandatario de turno Virgilio Barco (1986-1990).
Más recientemente, y a puertas de iniciar los diálogos con la Corriente de Renovación Socialista, la muerte por una patrulla del ejército de Carlos Prada («Enrique Buendía») y Evelio Bolaños («Ricardo González»), cuando se encontraban cumpliendo los preparativos para el traslado al campamento, de los guerrilleros del frente Astolfo González que operaba en Urabá. Siendo una constante la larga cadena de impunidades que, durante decenios ha cobijado a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes.
Por otra parte —y más allá de su alcance— los puntos básicos contemplados por el Acuerdo de la Habana, no se han cumplido. Además de ello, en sucesivas ocasiones han sido modificados por el Congreso, el poder judicial y otros entes gubernamentales, desvirtuando de manera significativa sus contenidos. Esto es válido tanto en los temas de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, como en los aspectos relacionados con la Reforma Rural Integral, la participación política y la solución al problema de las Drogas Ilícitas que a duras penas vienen avanzando; rememorando el ejemplo de los Comuneros donde las autoridades desconocieron por completo los puntos firmados en las capitulaciones se corrobora nuevamente la sistematicidad estos incumplimientos.
Un patrón que vuelve a repetirse en los procesos de paz adelantados desde la segunda mitad del siglo XX y que deja en evidencia cómo el verdadero propósito de las élites, al promover estos procesos de diálogo y negociación (no sólo con los movimientos insurgentes sino también con las organizaciones sociales que alcanzan un importante grado de movilización), es, antes que dar cauce a las transformaciones políticas y sociales que éstas demandan, neutralizar a las organizaciones y líderes que representan una amenaza inmediata a los intereses de las élites gobernantes, sometiéndolos a las lógicas estatales hegemónicas. Lo que en modo alguno invalida la importancia que tienen estos procesos de diálogo en la búsqueda de construcción de una paz con justicia social. Contrario a ello, nos lleva más bien a reflexionar sobre la necesidad de profundizar en los procesos de autonomía y ampliación de la unidad, así como en la comunicación entre los diferentes movimientos populares y la sociedad en su conjunto.
Viendo la historia de Colombia, cada «traición» e incumplimientos por parte de las élites provocó una reedición de organizaciones rebeldes alzadas en armas. En la actualidad es un dato objetivo que se está cumpliendo muy poco de lo acordado en La Habana, y las expectativas a un futuro inmediato parecieran dejar poco espacio a la esperanza. Aun así, la dirigencia de las FARC ha mantenido con firmeza su decisión de abandonar la lucha armada. Si el ELN no llega a un acuerdo de desarme ¿cree factible que ocupe el lugar insurgente que dejaron las FARC, o que surjan nuevos grupos que se planteen la lucha por cambios sociales por medio de las armas argumentando estos incumplimientos, que incluyen la falta de garantías para la vida?
M. A. B.: No obstante que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera proscribió la violencia como «método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política», abriendo así la posibilidad para nuevos espacios de participación, a un año y medio de la firma de los Acuerdos no existen hechos tangibles que nos permitan afirmar que este propósito se va a hacer realidad. Todo lo contrario, pareciera que cada vez nos alejamos más de esta posibilidad, ya que resulta imposible pensar en un escenario de paz, cuando continúa el asesinato y la criminalización sistemática de líderes comunitarios y ex combatientes de las FARC.
“En la medida en estas condiciones de exclusión política y económica —profundizadas por la aplicación del modelo económico neoliberal— permanezcan y el terrorismo de Estado siga siendo una constante, la lucha armada en Colombia mantendrá su vigencia”.
En su reciente informe anual sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia (marzo 2018), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas señala que en el último año cada tres días se ha registrado el asesinato de un líder social o defensor de derechos humanos, lo cual nos advierte que estamos a las puertas de un nuevo genocidio como ocurrió en el pasado con los gaitanistas y los militantes de la Unión Patriótica.
Es claro entonces que hoy en el país no existen garantías para la movilización y el ejercicio de la protesta social, siendo uno de los principales obstáculos para ello, la presencia de los grupos paramilitares cuya actividad persiste bajo nuevas denominaciones, copando antiguos territorios que hicieron parte del control de las FARC y estableciendo nuevas alianzas estratégicas con el fin de adelantar su labor delincuencial bajo la protección tácita o activa de empresarios, funcionarios del Estado y en general representantes de las estructuras de poder político y del Estado. Cabe resaltar que las actividades criminales de estos grupos no constituyen expresiones aisladas o «remanentes» del conflicto, sino que han mantenido siempre estrechos vínculos con el Estado y están profundamente arraigadas en doctrinas contrainsurgentes que persiguen, judicializan y asesinan a todo aquel que piense de manera diferente.
Ahora bien, aunque el numeral 3 del Acuerdo de La Habana (Fin del Conflicto) contempla la desarticulación de organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos criminales, incluyendo las señaladas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, el que éstas persistan, hace parte de los «incumplimientos» y «traiciones» de las élites dirigentes y, por consiguiente, la responsabilidad que éstas han tenido en la prolongación del conflicto armado por más de siete décadas.
En el pasado estas experiencias al conjugarse con otros factores de orden nacional e internacional han generado la reedición de nuevas organizaciones rebeldes armadas. En esta perspectiva, el surgimiento de guerrillas revolucionarias como las FARC, el ELN y el EPL que tuvieron su despegue en el decenio de los sesentas no pueden entenderse sin tener como referentes los frustrados procesos de paz que a la postre posibilitaron la articulación de tradiciones de lucha y espacios de violencia con el liderazgo de antiguos jefes guerrilleros que vieron «traicionadas» sus expectativas de paz. Es el caso de Manuel Marulanda Vélez y Julio Guerra, entre muchos otros.
En ese orden de ideas, el ELN aunque ha expresado su compromiso de buscar una salida política al conflicto colombiano, sin duda viene ocupando el lugar insurgente de las FARC, sin dejar de lado la existencia de grupos disidentes de esta última organización que siguen en armas y aducen haber sido traicionados por sus dirigentes.
Por último quisiera señalar que no obstante los escenarios internacionales han variado sustancialmente en relación con los contextos históricos específicos que en su momento hicieron posible pensar en la lucha armada como una vía para posibilitar las transformaciones políticas y sociales de los pueblos, es importante tener en cuenta que, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, en Colombia la insurgencia armada no surge como una decisión de un grupo de hombres y mujeres que estimulados por la triunfante Revolución Cubana, ven en la lucha armada revolucionaria la vía por excelencia para acceder al poder, sino como respuesta a un conjunto de situaciones objetivas: políticas económicas y sociales, que justifican el derecho a la rebelión. Ahora bien, en la medida en estas condiciones de exclusión política y económica —profundizadas por la aplicación del modelo económico neoliberal— permanezcan y el terrorismo de Estado siga siendo una constante, la lucha armada en Colombia mantendrá su vigencia.
Puede leerse la versión completa de la entrevista en el libro Final abierto. 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018) de venta en línea acá: https://goo.gl/ZvLCKL
Miguel Ángel Beltrán Villegas (Bogotá, 1964) es sociólogo e investigador; fue profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia hasta 2009, año en que fue detenido en México, donde se encontraba realizando un postdoctorado en la Universidad Autónoma de México. Se lo acusó de mantener vínculos con las FARC, aunque en Colombia y en otros países se desarrollaron campañas denunciando que su detención era un claro hecho de persecución política. Tras dos años preso fue puesto en libertad por falta de sustento de los señalamientos en su contra. En la actualidad mantiene el reclamo para que le sea repuesto su cargo de profesor en la Universidad.
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Fotografía: lanzasyletras.org
