Por: Miguel Andrés Brenner. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Febrero de 2021
PROTOCOLO. Hasta no hace mucho se aplicaba a procedimientos rigurosos en un ceremonial (religioso o diplomático, entre otros). Hoy, el término se aplica también a procedimientos referidos a cuestiones sanitarias.
En el caso de la escuela, un protocolo no es suficiente (aunque sí necesario), por la constante disminución del presupuesto educativo desde 2016 a 2019 (en un 35%). Según la Constitución Nacional deben publicitarse los actos de gobierno, sin embargo, en comparación con el “regreso a la presencialidad”, la información del incremento de los dineros públicos que el Estado dedica a la educación brilla por su ausencia.
Por otro lado, es imprescindible la evaluación “escuela por escuela” de las condiciones edilicias, de los instrumentos necesarios, de una organización precisa. Caso contrario, decir que “se aplica el protocolo” puede sonar a “MAGIA” o a una simple expresión de deseo.
Generalmente, las autoridades educativas rehúsan rubricar con su firma lo que declaran con la boca, por las consecuencias jurídicas plausibles. Y no me refiero a la firma del director, que ya de por sí es bastante vapuleado por las políticas educativas. Es la autoridad distrital quien debería firmar, en nombre de las máximas autoridades políticas y, de esa manera, garantizar que se encuentran dadas las condiciones para el funcionamiento de “cada una de las escuelas” del distrito.
No es suficiente un protocolo de manera general, desde el que el Estado se desresponsabiliza por las consecuencias de sus decisiones. Además, ante cualquier consulta que surja de una comunidad educativa, la autoridad distrital debe inmediatamente orientarla, y también bajo la firma de ésta.
Dentro de tal panorama existe un serio vacío, con el riesgo de culpabilizar, de por sí, a docentes y directivos: la disciplina escolar. No existe un protocolo al respecto. Por otro lado, las políticas educativas neoliberales descentralizaron la responsabilidad de aquella en cada escuela, bajo el “pretexto” de un “acuerdo de convivencia”, aunque el mismo sea, más que un acuerdo, un régimen de disciplina, confeccionado en la mayoría de los casos por muy pocos docentes, simulado como participación democrática.
Consideremos que tanto el protocolo en su praxis, como el reinicio de la presencialidad en el 2021, constituyen modelos educativos (“buenos” o “malos” o “mediocres”) que favorecen o no el sentido de lo humano y la responsabilidad por el otro, que redunda en la bondad de los aprendizajes de los alumnos o en su deterioro.
La escuela debe ser un lugar acogedor por la seguridad físico/biológica que ofrece, pero también por la fortaleza espiritual potenciando su sentido, cosa difícilmente lograble en cuanto se encuentre en medio de las turbulentas aguas de una disputa político-partidaria-ideológica.
