Por: Mariano Hermida. 11/09/2021
A partir del 1 de septiembre, según informa la última resolución que actualiza el “Plan Jurisdiccional de regreso seguro a clases presenciales”, Kicillof se ha embarcado en imponer la presencialidad total en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Se trata de cinco millones de alumnos que estudian en 20 mil establecimientos. Esto ocurre al mismo tiempo que las autoridades sanitarias oficiales informan que está circulando de manera comunitaria la variable delta del covid-19. Como lo demuestran todas las experiencias internacionales, será cuestión de días o semanas para que se convierta en el contagio predominante entre la población.
Tomando como base la resolución que aprobó la semana pasada el Consejo Federal de Educación, el gobierno provincial barre las mínimas medidas de cuidado de seguridad e higiene. No sólo reduciendo el distanciamiento social de 1,5 metros a 90 centímetros dentro del aula sino que habilita “la posibilidad de situaciones excepcionales, en las que incluso se puede incorporar más chicos al aula robusteciendo otras medidas de mitigación” (Infobae, 30/8). Según el gobierno, se trata de “garantizar la presencialidad cuidada plena de la sección completa en su jornada habitual” (DGCyE 30/8721). Esto es la asistencia a clases durante todos los días en el horario que se asistía “normalmente”. La pandemia para el gobierno ya sería cosa del pasado.
La inconsistencia de esta medida queda delatada en sus propios fundamentos. El gobierno provincial intenta cubrirse de los futuros rebrotes admitiendo que la situación epidemiológica puede ofrecer “giros impredecibles”, porque la “coyuntura es muy dinámica” (ídem). Lo único “predecible” es que el gobierno está levantando todas las medidas de aislamiento, no sólo en el ámbito educativo, y eso va a hacer estallar la próxima bomba de contagios. Los gobiernos son rehenes de los intereses privados, que han impuesto el levantamiento de todas las medidas de prevención, para seguir acumulando ganancias. En este caso, prevalece el lobby de la educación confesional y privada.
En países como Gran Bretaña e Israel, que superan largamente el 70% de la población con ambas dosis de la vacuna, la variable Delta provocó un aumento sin precedentes de los contagios. En Argentina, que apenas tiene al 30% de su población vacunada con las dos dosis, no es difícil acertar cómo esta presencialidad escolar impactará en los contagios. Así ocurrió cuando la ´segunda ola´, que se disparó con la falaz ´presencialidad segura´. El estado levanta el dedo acusador contra el “adoctrinamiento escolar”, pero obliga a la docencia y a los estudiantes a convivir con un virus mortal en las aulas sin tomar en cuenta ni siquiera su opinión.
Todas estas medidas tienen el aval y el apoyo militante de la dirección provincial del SUTEBA que, al igual que negoció la última paritaria, acordó sin el mandato de sus bases con el gobierno este atropello.
Por su parte, las fracciones del FIT-U que dirigen las seccionales multicolores de SUTEBA, continúan defendido como desde principios de año, que la presencialidad en pandemia se realice, pero con determinadas “condiciones”. En esa línea, por ejemplo, el PO (o) reclama “agrandar las aulas y mejorar la infraestructura” y “el respeto a los protocolos que garanticen una presencialidad cuidada” (Prensa Obrera, 25/8). Al retornar del receso invernal, el gobierno no tuvo que enfrentar ninguna medida de fuerza de los sindicatos y por eso tuvo el terreno despejado para avanzar.
El escenario planteado coloca la necesidad de impulsar una deliberación en cada una de las escuelas, organizar comités de base y de exigir la convocatoria a asambleas en todas las seccionales para rechazar las nuevas medidas del gobierno y preparar medidas de fuerza en defensa de la salud y el salario. El camino lo marca la histórica huelga docente salteña.
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Fotografía: Política obrera
