Por: José Luis Pazos. 03/12/2021
En estos días se anunciaba una nueva iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid -posiblemente no tardarán en seguirla otros del mismo signo político-, que consiste en limitar la capacidad de decisión del profesorado madrileño en el ejercicio de su profesión. Ni es la primera vez que ocurre, ni desafortunadamente será la última. Y ya no sorprenden este tipo de iniciativas desde la derecha de nuestro país -sin entrar en lo que puedan hacer también en otros lugares-, ya que viene de lejos esta manía persecutoria contra el profesorado. Si este artículo lo escribiera un docente, alguien podría pensar que se hace desde el corporativismo, pero no lo soy; yo lo hago desde la sensación de vivir en un constante retorno al pasado. Una cosa es que la derecha sea conservadora, y otra distinta es que siga anclada en el peor de nuestros pasados históricos y no avance de una vez por todas.
El nuevo ataque: contra su libertad para tomar decisiones de forma colegiada
El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, que ha entrado en vigor el pasado 18 de noviembre, desarrolla lo estipulado en la LOE con la nueva redacción dada por la LOMLOE a gran parte de su articulado. En materia de promoción y titulación, tanto en la ESO como en el Bachillerato -etapas donde la derecha ha puesto el foco del nuevo conflicto que quieren provocar-, se deja en manos de los equipos docentes que puedan decidir que haya alumnado que pueda promocionar y titular sin que tenga todas las materias superadas, si se cumple lo estipulado en la norma en esos casos y estos equipos consideran que es adecuada la promoción y la titulación en lugar de decantarse por la repetición y el posible abandono educativo que ésta llega a provocar.
Dicho nuevo conflicto consiste en decirle al profesorado que esas decisiones colegiadas deberán tener el respaldo en la ESO de un mínimo de 2/3 del equipo docente, y en el Bachillerato por al menos 4/5 partes del equipo. Por un lado dicen públicamente que son recomendaciones y por otro publican una resolución que trata de hacer obligatorio parte de este planteamiento de confrontación. Veremos si esto no acaba en los tribunales con un nuevo varapalo judicial para el Gobierno autonómico.
Pero con este posicionamiento consiguen, como mínimo, lo siguiente:
- Dar armas al profesorado que rechace aceptar promociones y titulaciones con materias suspensas, para que hagan en los centros educativos lo que el Gobierno autonómico no puede hacer con una norma propia, mediatizar al resto.
- Intentar vulnerar el planteamiento de evaluación continua y colegiada del alumnado, insistiendo en la evaluación sumativa y rechazando la formativa, siendo esta última la más justa y adecuada.
- Insistir en la teoría del castigo en lugar de apostar por la motivación del alumnado.
- Encontrar un nuevo escenario de enfrentamiento con el Gobierno del Estado, obsesión ya enfermiza y que piensan dará sus frutos electoralmente cuando toque volver a las urnas.
- Y lo que es más grave de todo, dejarle claro al profesorado que no creen en su ejercicio de la profesión, como si esta capacidad de decidir colegiadamente se fuera a convertir en un desmadre porque tuviéramos como docentes a una pandilla de impresentables dispuestos a aprobar a todo el alumnado con independencia de su situación y necesidades.
Repito que no soy docente -añado que no tengo familiares docentes-, pero esta minusvaloración de nuestros docentes me parece inaceptable y debería suponer algo más que una disculpa por parte de los máximos responsables de la educación madrileña. Es más, si fuera la única vez que la derecha les atacara en el ejercicio de su profesión, podría pensarse que es solo una salida del tiesto de alguien que ha desayunado mal o poco ese día y que no estuvo afortunado, pero no, es deliberado y reiterativo.
La LOMCE: dos ejemplos de cómo atacar al profesorado mediante el BOE
La LOMCE fue un despropósito legislativo tan grande que incluso buena parte de la derecha afirmaba que era una mala ley, construida de forma deficiente y con disposiciones lesivas para el derecho a la educación. También en el terreno que nos ocupa estableció un nefasto enfoque ideológico a dos cuestiones que merecen ser destacadas ahora: el papel del profesorado en la gestión y control de los centros educativos, y la enseñanza y evaluación del alumnado.
En cuanto al papel en la gestión y control de los centros, la LOMCE le quitó competencias a los consejos escolares, para por esa vía quitárselas al profesorado, ya que siempre han tenido mayoría en ellos en la toma de decisiones y eso, desde el punto de vista que preocupaba a los responsables de dicha ley educativa, hacía que sus intenciones de maniatar a los centros -a través de las direcciones escolares- no tuvieran un reflejo real en la realidad práctica diaria de muchos de ellos. Quitando las competencias al consejo escolar, se vulneraban los derechos constitucionales de la comunidad educativa -obviamente el profesorado forma parte indisoluble de la misma- y se relegaba también al colectivo docente a un papel secundario de mera comparsa, teniendo más fácil imponer en los centros la visión del responsable político de turno. Pelearse luego con las direcciones escolares que hicieran bien su trabajo y no se dejaran manipular sería otro cantar, pero mucho más sencillo como consecuencia del divide y vencerás.
Y por lo que respecta a la enseñanza y evaluación, sin duda se recordará el listado interminable de estándares de aprendizaje y criterios de evaluación que se configuraron para que el profesorado tuviera que ajustarse a lo que la norma decía que debía enseñarse y cómo debía evaluarse, tan absolutamente concreto todo que el ejercicio de la función docente quedaba absolutamente encorsetada. El currículo escolar se puede configurar de muchas formas, pero cuando se observa qué se debe evaluar y cómo, se tiene claro lo que se tiene que enseñar obligatoriamente. La capacidad de autogestión del profesorado en su quehacer diario quedaba muy limitada en un escenario así.
Pin parental: no parece un ataque al profesorado, pero lo es, y es el de siempre
Desde que la ultraderecha ha decidido salir de su caparazón -ocultarse en un partido más amplio- y lanzar sus consignas sin complejos, pensando que el silencio obligado después de una dictadura de cuarenta años ya no era necesario mantenerlo más, han regresado los intentos no disimulados de condicionar al profesorado para que deje a un lado enseñanzas que puedan hacer más libre al alumnado.
El famoso “pin parental” no es otra cosa. Obedece a esa forma de pensar que tiene la derecha, basada en ver al profesorado como adoctrinadores en contra de sus ideas -y a los libros como peligrosas obras- que pueden abrir los ojos de quienes permanezcan con estos cerrados ante la realidad de la vida y el interés malsano de quienes quieren mantener sus privilegios a costa del esfuerzo y sufrimiento de la mayoría de la sociedad. No les falta razón en ver la educación como la herramienta para la emancipación social.
Pero no les preocuparía esto si no fueran conscientes de que su forma de ver la vida solo se puede mantener sin crítica, forzando para ello la ceguera de la inmensa mayoría de los nuevos integrantes de nuestra sociedad. Su despertar -el del alumnado- pone en peligro sus privilegios y su abuso para mantenerlos. El profesorado -llamado a iluminar la conciencia crítica de su alumnado- se convierte así en un enemigo a domesticar o abatir.
Ya lo hicieron, no les dejemos que ahora lo repitan usando la democracia
Esta derecha -con etiqueta de ultra o sin ella- es heredera de quienes persiguieron, represaliaron y, en muchos casos, acabaron con la vida de un amplísimo grupo de maestras y maestros. No hace tanto tiempo de ello, aunque una buena parte de la sociedad -cada vez mayor- ni lo haya vivido ni lo haya escuchado. Su delito fue formar parte activa del despertar democrático de una sociedad que trataba de dar un salto cualitativo en su historia y enganchar -incluso liderar- el devenir de los pueblos europeos y mundiales. Para ello había que educar a nuestro pueblo, sacándolo de su ignorancia para que pudiera librarse de su esclavitud respecto del poderoso. No tengan duda de que la intención sigue siendo la misma: mantenerlo sujeto ante los privilegios de los privilegiados.
Ahora, cada vez que a la derecha se le llena la boca de la palabra “libertad”, detrás siempre -o casi- existe la intención oculta de cercenarla para la mayoría. Y una sociedad no bien formada, preocupada de lo superfluo y despreocupada de lo importante para sus vidas, asume mensajes simples pensados para ser consumidos sin cuestionar la intencionalidad real de quienes los lancen. No importa que quien te gobierne pueda formar parte de los intereses del poder y que abrace la corrupción de siempre -ahora descubierta en los medios de comunicación pero sin éxito para que acabe definitivamente-, siempre que te diga que tienes derecho a tomarte una cerveza, ir a los toros o al fútbol.
Cuando un responsable político intenta maniatar al profesorado con mensajes -o normativas- que lleven a éste a sentirse cautivo en cuanto a qué enseñar, cómo enseñarlo y cómo evaluarlo, no crean que está pensando en mejorar la educación de las nuevas generaciones, en absoluto, está intentando que el poder siga donde está y que, como dijo un responsable político de la derecha en defensa de la LOCE -ley educativa aprobada por el PP como después la LOMCE en contra de la mayoría- que “a la universidad no llegue el hijo de cualquiera y que la escuela no se democratice”. De eso hablamos cuando defendemos el ejercicio en libertad de la profesión docente, y de su nefasta pérdida cuando dejamos de defenderlo.
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Fotografía: El PUClítico
