Por: Barbara Ester. Celag. 24/09/2017
Estado del arte
Durante su primer año de mandato, Pedro Pablo Kuczynski perdió cuatro ministros, producto de los embates del Congreso con mayoría fujimorista. El primero de ellos fue el ex ministro de Defensa, Mariano González, quien dimitió en noviembre de 2016 luego de ser sospechado por favorecer a su pareja con un ascenso dentro del organismo. Tiempo después sería el ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien sería reemplazado por Marilú Martens. Saavedra promovió una reforma en pos de la igualdad de género, lo que fue abiertamente rechazado por la Iglesia y sectores conservadores. Luego lo sucederían en la lista de ex miembros del gabinete un ministro de Transportes, Martín Vizcarra, quien renunció antes de pasar por la moción de censura y otro de Economía, Alfredo Thorne.
La nueva ministra de Educación, Marilú Martens, a quien la oposición había amenazado con censurar por una controvertida reforma de la carrera magisterial, desató un fuerte rechazo por parte de varios sindicatos de profesores estatales, los cuales promovieron una huelga indefinida. A este hecho se sumó el anuncio oficial de la mayoría de Fuerza Popular, quienes pidieron la censura de la ministra.
La bancada oficialista se ha quejado constantemente de una actitud obstruccionista por parte del fujimorismo -71 de 130 legisladores son del partido de Keiko Fujimori, que perdió las presidenciales de 2016 por un escaso margen-. El corolario de la disparidad de representación en el Legislativo quedó de manifiesto el viernes 15 de septiembre con la negativa a la moción de confianza al gabinete ministerial solicitada por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. El resultado fue de 77 votos en contra, 22 a favor y 16 abstenciones, lo que obligó al presidente a suspender su viaje al Vaticano y a la ONU para armar un nuevo equipo de gobierno. El mandatario dispone de 72 horas para aceptar la renuncia de sus ministros y luego anunciar a sus sustitutos.
Tal y como marca la ley, luego de que el Congreso niega la confianza al gabinete ministerial, éste debe renovarse en su totalidad. Por su parte, los nuevos ministros deberán comparecer ante el Parlamento para ser ratificados. En el caso de que el Legislativo los vuelva a rechazar, el presidente está facultado para cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Quiénes llegarán a concluir su mandato en 2021 se erige como el gran interrogante.
Kuczynski decidió confrontar con el Congreso en un pésimo momento, ya que actualmente su gestión alcanza un 77% de desaprobación. Esto último se debe a la extensa huelga docente, generada por demandas salariales, al pago de la deuda social y la derogación de la Ley de Carrera Pública Magisterial -además de los escándalos de corrupción y la mala gestión de catástrofe ante las inundaciones-. Ante esta coyuntura, la bancada fujimorista supo capitalizar el malestar social y la caída de la imagen de PPK desde mediados de agosto. Finalmente, los congresistas de Fuerza Popular lograron erosionar aún más al Ejecutivo y, al mismo tiempo, capitalizar el cese de la huelga.
La escasa diferencia de votos de las elecciones de 2016, sumado a que Fuerza Popular es la identidad política mayoritaria -a pesar de las vinculaciones al narcotráfico, lavado de dinero, malversación de fondos y prácticas proselitistas durante la campaña presidencial- ponen en jaque la gobernabilidad de PPK. El fujimorismo no necesita generar consensos y espera agazapado el fracaso del oficialismo para, finalmente, lograr una victoria en las urnas. Si bien el recambio de la totalidad del gabinete ministerial ha sido una sorpresa, PPK cuenta con un as bajo la manga: en caso de una nueva censura puede cerrar el Parlamento -si bien lo más probable es que Fuerza Popular vuelva a obtener una victoria en los nuevos comicios-.
La falta de alianzas políticas alternativas, y una clase política que se auto-devora a sí misma, lleva a pensar que la crisis de representación en el país andino no es de fácil solución. La sociedad está dividida y la postura política se posiciona por sí o por no frente al fujimorismo, pero no logra construir identidades alternativas.
Fujimorismo desacatado
El Tribunal Constitucional (TC) falló contra la llamada “Ley Antitránsfuga” hecho que fue cuestionado por los parlamentarios de Fuerza Popular, llegando al punto irrisorio de amenazar con no acatarla. De este modo, la mayoría fujimorista estaría avasallando a dos de las tres instituciones republicanas.
La censura al ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, por parte de la coalición APRA-fujimorismo, ante la cual el Ejecutivo dejó pasar la oportunidad de plantear la cuestión de confianza, fue un grave error político ya que en ese momento su imagen no era tan desfavorable en las encuestas. Hoy, a su imagen negativa debe sumarle la inestabilidad producto de las censuras y las reiteradas interpelaciones. El ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Caterino, aseveró que las intenciones del fujimorismo consisten en provocar un segundo golpe de Estado, que a diferencia de 1992 (Alberto Fujimori), provendría desde el Congreso y no desde el Ejecutivo. En el mismo sentido, calificó la situación política actual como una “crisis constitucional de respeto a las normas”.
¿Quién dijo sistema presidencialista?
El sistema de partidos políticos peruano parece estar muerto, o al menos no presenta signos de gran vitalidad. El histórico APRA, el Partido Nacionalista Peruano –recientemente con sus ex presidente y primera dama en prisión-, la amalgama amorfa de Peruanos Por el Kambio y un Frente Amplio dividido no consiguen consenso ni mayorías, al tiempo que en el Congreso el gran pez fujimorista se los devora. La ola de corrupción, el descrédito y la falta de coaliciones duraderas suponen una ventaja para la bancada fujimorista, la cual lleva las riendas desde el Parlamento.
El fujimorismo se ha mostrado como un excelente tiempista, ha sabido esperar para asestar los golpes en momentos de debilidad y mostrarse como una férrea oposición que socaba legitimidad y gobernabilidad a la vez. El presidente ha sido disminuido mientras la agenda política es marcada por la bancada de Fuerza Popular. Y así como en 1992 Alberto Fujimori imponía su poder disolviendo el Congreso, hoy es su hija quien impone un parlamentarismo avasallante que tiene contra las cuerdas al Ejecutivo.
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Fotografía: Celag
