Por: Revista crisis. 26/10/2024
El Ecuador atraviesa una crisis energética autoinducida sin precedentes. Un año de República Bananera ha demostrado la profundización violenta a manos del clan Noboa de las lógicas de explotación, despojo y desfalco de los fondos públicos. El presidente pretende manejar al país como una sola hacienda privada de su propiedad exclusiva, como en su momento el Congo bajo el yugo brutal del rey belga Leopoldo II. No cabe duda de que el Ecuador, en términos históricos, se encuentra en un momento de inflexión absoluta, además de que las consecuencias en términos sociales, políticos y económicos, son imprevisibles. Tal parece que antes de terminar su pusilánime mandato, el oligarca bananero pretende entregar el sector energético en bandeja de plata para su privatización.
Existe la pretensión de encubrir la intención explícita de la clase empresarial ecuatoriana de de-generar una crisis tan brutal en un sector estratégico tan elemental como la energía, para crear las condiciones propicias para su privatización. Este accionar corresponde a un manual clásico de medidas neoliberales, en las que primero se genera una crisis -normalmente en relación a un derecho o servicio básico, como también a intenciones bélicas- para controlar y direccionar la opinión pública para la aceptación de la medida propuesta por el poder. De tal manera se constituye la doctrina del shock, prevista tanto para escenarios como la aprobación pública de la entrada en guerra de un país que en otras condiciones no habría accedido a ello -usualmente EE.UU.- o la privatización del agua, la electricidad, la gestión de basura, etc. La lista puede extenderse al infinito.
Es así que resulta fundamental rememorar el sueño eterno de la burguesía en el Ecuador y el mundo: privatizar y facturar derechos, mismos que se deforman por medio de la privatización, convirtiéndose en privilegios. En los años 90s, el gobierno de Sixto Durán Ballén instauró condiciones similares -la hora Sixto- para pretender imponer una privatización energética. En términos ideológicos, resulta innegable establecer paralelas con la afamada afirmación: “los ricos nos mean y los medios dicen que llueve”.
En medio del caos autoinducido, la bajeza periodística tan característica de los medios corporativos emprende una campaña de “endulzamiento” de la privatización a ojos de la opinión pública. Así, hace apenas unas semanas resonaba una declaración de la Cámara de Comercio de Quito, en la que se instaba al Gobierno Nacional a “permitir” la iniciativa privada en el sector energético, ya que el Estado resulta “ineficiente e incompetente” para solucionar la crisis. Adicionalmente, la CCQ anunciaba la supuesta dificultad de sostener plazas de empleo bajo condiciones de crisis energética, pretendiendo sacar un doble rédito al argumento en cuestión. Este relato refleja a la perfección la implementación de la doctrina del shock. Desfinanciación, seguida por falta de mantenimiento, adicional a una cruenta campaña de difamación y desprestigio, falla y obsolescencia del servicio público, culminando en la propuesta de una “solución”, con la que ya se contaba desde un principio.
Actualmente, las corporaciones de comunicación se esmeran en pintar el panorama de Perú y Colombia como ejemplos, cuando en ambos países la electricidad es privada, como casi todo servicio que en un inicio fue público. En un ámbito regional, el Ecuador junto con Paraguay cuentan con los precios más bajos de energía eléctrica en toda América Latina, con un promedio de 48 USD por megavatio hora en 2020, cuando el promedio continental se encontraba en 151.64 USD/Mwh. En comparación, el costo de un megavatio hora en Colombia en 2020 era de USD 150. Además de no dar mantenimiento, la República Bananera llegó a desfinanciar a la empresa pública que gestiona el abastecimiento energético -CELEC- retirando un total de USD 400 millones de sus cuentas -en 2023, el monto total retirado por el Estado fue de 57,5 millones-.
La crisis energética, agudizada por una sequía masiva que afecta a la cuenca amazónica en general -sin precedentes, como cada fenómeno intensificado por el cambio climático inducido por el capitalismo-, corresponde al momento histórico de la profundización de las contradicciones entre capital, ser humano y naturaleza. Daniel Noboa ha firmado al menos 5 concesiones mineras desde inicio de su descalabrado mandato: Cascabel -Solgold-, El Guayabo -Torata Mining y Bactech-, La Plata -Atico Mining-, Cóndor -Luminex-Adventus- y Cangrejos -Lumina Gold-. De los proyectos extractivos en operación, tan solo una mina a cielo abierto como Mirador consume el agua diaria equivalente al consumo de un millón ochocientas mil personas o alrededor del 10% de la población total del Ecuador. Pero justamente esta problemática es la que se está evitando mencionar desde el centro del poder político, obviando también el hecho de que Daniel Noboa personalmente tiene intereses y acciones en al menos dos proyectos mineros concesionados en 2024. La clase empresarial gana elecciones para nutrir sus negocios desde el Estado, utilizandolo como su base económica y financiera para enriquecerse. Ya decían Marx y Engels que el Estado no es más que la junta de asuntos internos de la burguesía.
Por su parte, la ineficiencia autoprogramada del gobierno bananero al colocar tecnócratas empresarixs que en su vida han trabajado un solo día, llegaron a la brillante “solución” paliativa de contratar una barcaza para la generación de electricidad a base de la quema masiva de combustible. Esta barcaza que no pudo siquiera estabilizarse en el río Guayas -ya que jamás se hizo un estudio de factibilidad previo- ancló junto a las fábricas de, oh sorpresa, Daniel Noboa y Cía., causando un potencial prejuicio al Estado por los USD 114 millones del alquiler anual de la barcaza, contratada antes de los apagones. En términos francos, el Grupo Nobis se estaría apropiando descaradamente de recursos públicos. Entretanto y frente al fiasco de la barcaza “Emre Bey”, el Gobierno Nacional pretende contratar dos barcazas adicionales, que representarán jugosos contratos para alguna empresa fantasma anónima de propiedad de la oligarquía ecuatoriana. Una de las condiciones centrales del contrato impuesto por la empresa Karpowership fue la inclusión de una cláusula de arbitraje internacional, por medio de la cual esta empresa podría demandar al Estado ecuatoriano, como también la vuelta del Ecuador al arbitraje internacional en 2021, a crédito del banquero del feriado y entonces presidente, Guillermo Lasso.
Por tal razón –y tantos más- la burguesía en el sistema capitalista representa nada más y nada menos que la clase parasitaria. ¿Qué es la burguesía? Una clase que no trabaja para vivir sino amasa su fortuna por medio de la explotación a la clase trabajadora, por medio del robo, la estafa, la usura -Lasso- y la apropiación de recursos públicos, como la energía. En términos generales, la privatización de un sector, servicio u empresa pública supone un acto de redistribución de “abajo hacia arriba”, ya que ocurre una apropiación de fondos, recursos e incluso una vasta red de infraestructura pública hacia manos privadas. Mientras tanto, el gobierno anuncia el incremento de los cortes de luz a nivel nacional de hasta 12 horas para esta tercera semana de octubre, declarando que los apagones continuarán durante meses, al menos hasta inicios de 2025.
Tal es la desfachatez y degeneración política y moral de la República Bananera, que mientras el pueblo no tenía luz, el presidente homenajeaba públicamente a su padre Álvaro Noboa, el pasado 9 de octubre en Guayaquil, condecorándolo como “filántropo” con la Orden de la Gran Cruz.
La clase empresarial, junto a su maquinaria mediática, pretende crear la tormenta perfecta para la privatización de la energía en el Ecuador. En definitiva, Daniel Noboa nos apaga la luz para enriquecer a su clase. La privatización energética será un hecho. Es urgente la organización popular, en cada barrio, cada centro de estudios y trabajo, en cada espacio.
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Fotografía: Revista crisis
