Por: Fábrica de Periodismo. 01/05/2025
Un informe denuncia prácticas de explotación y daños socioambientales por parte de Nestlé y Starbcuks en México, en complicidad con funcionarios públicos.
Nestlé y Starbucks protagonizan una serie de violaciones a los derechos humanos, severos daños ambientales y prácticas de explotación que mantienen a los caficultores mexicanos en un ciclo de pobreza extrema. Esa es la conclusión del informe Explotación y opacidad: La realidad oculta del café mexicano en las cadenas de suministros de Nestlé y Starbucks, realizado por la organizaciones Empower, Coffee Watch y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C.
El reporte detalla cómo tanto Nestlé como Starbucks, a través de sus intermediarios, proveedores y empresas acaparadoras del grano de café, en contubernio con funcionarios del gobierno mexicano, crean las condiciones para generar un flujo constante de millones de kilos de café a bajo costo y mala calidad, afectando a comunidades enteras de campesinos cafetaleros en México que, en un 70%, son población indígena.
Represión policiaca a caficultores
Un ejemplo: en 2023, el precio de un kilo de café cereza era .25 dólares cuando, de acuerdo a los campesinos, para que la producción sea mínimamente sostenible el kilo de grano tendría que valer por lo menos 1.2 dólares.
Este dato recuerda lo ocurrido en enero de 2022: una bodega de café sufrió un incendio en el municipio de Ixhuatlán del Café, en el estado de Veracruz. La bodega pertenecía a la empresa Agroindustrias de México S.A. (AMSA): uno de los principales intermediarios de Nestlé y Starbucks. Los campesinos cafetaleros llevaban meses protestando contra la empresa que se negaba a pagar el precio justo por el kilo de café que ellos producían.
Foto: Alberto Roa, Cuartoscuro
Un año después, la policía estatal detuvo de manera arbitraria al presidente del Consejo Regional del Café, Cirio Ruiz; a la periodista y ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón, y a los productores Crisanto Valiente, Minervo Cantor y Abraham Cabal. Los acusaban de haber incendiado la bodega o de azuzar a sus agremiados para hacerlo.
Pero de acuerdo con el gremio de caficultores, el incendio de la bodega fue ocasionado por la propia empresa para boicotear las protesta, después pagaron a trabajadores de la empresa para presentar falsos testimonios y criminalizar a los campesinos después de que haber negociado un precio justo para el kilo de café de cereza a 19 pesos el kilo. Con el tiempo, la fiscalía local tuvo que reconocer la inocencia de los campesinos encarcelados y regresarles la libertad.
No es la única vez que la policía ha reprimido campesinos cafetaleros. El año pasado, entre y mayo y junio, caficultores del municipio de Totalco protestaron varias veces contra Granjas Carroll, otra de las empresas proveedoras de Starbucks y Nestlé, con un 50% de participación de AMSA. Acusaban a la empresa de acaparar el agua y de contaminarla. El 20 de junio, fueron reprimidos por la policía. Dos campesinos murieron y más de 10 resultaron heridos.
De acuerdo al informe, AMSA cuenta con grupos armado bajos sus órdenes. En Totalco, testigos identificaron que la policía operaba con personas armadas vestidas de civil: paramilitares que resguardan los intereses de la empresa.
Estos son sólo ejemplos de cómo opera la industria del café en México. El informe Explotación y Opacidad relata cómo estos esquemas funcionan con la complicidad del Estado. Por ejemplo: el Plan Nescafé de Nestlé recibió apoyo financiero del gobierno federal, con él se buscaba que los campesinos aceptaran sembrar café robusta: un grano de menor calidad y más barato, que requiere mayor cantidad de agua y un cultivo a pleno sol –sin árboles–, lo cual afecta tanto el bolsillo de los campesinos como el medio ambiente.
El reporte cuestiona la eficacia de los programas de certificación de Starbucks y Nestlé (C.A.F.E. Practices de Starbucks y 4C de Nestlé), supuestamente diseñadas para garantizar prácticas justas y sostenibles que, en los hechos, funcionan para abaratar el precio de las cosechas, acaparar el grano y mantener a los campesinos en un estado de indefensión al grado de tener que usar trabajo infantil para cosechar lo suficiente para subsistir.
Una de las estrategias que usa tanto Nestlé como Starbucks, así como otras comercializadoras, es usar estos programas de responsabilidad social para proveer insumos y servicios agrícolas con las cuales imponen las condiciones de las cosechas: proveen miles de plantas “mejoradas”, determinan qué fertilizantes usar y qué insecticidas con el pretexto de apoyar a los caficultores.
En realidad, las organizaciones de caficultores denuncian que, con esta estrategia, Nestlé y Starbucks promueven la siembra de cafés de mala calidad, que se pueda producir en masa y con un bajísimo precio en el mercado. Esto deja a los campesinos atados a un ciclo de pobreza, generando además daños irreparables en el medio ambiente.
Nestlé y Starbucks: una política de “puertas giratorias”
Otra de las denuncias que incluye el informe es la falta de transparencia y la política de “puertas giratorias” en los acuerdo entre Nestlé, Starbucs y el Estado mexicano.
Instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), así como los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) han proporcionado un significativo apoyo financiero a Nestlé y Starbucks, sin que las condiciones de estas asignaciones y el uso de los recursos sean claros, lo cual incluso ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación. Esto “sugiere una captura del Estado por intereses corporativos”.
Esto se vuelve más claro en casos de complicidad como el de Santiago Argüello, el cual denuncia el informe como protagonista de un conflicto de interés. Desde 2017, Argüello es director general de Fomento a la Agricultura en la SADER. Antes de trabajar en una institución pública, Argüello trabajó en ECOM Agroindustrial Corp. Limited como manager de la cadena de suministro en Chiapas y después estuvo a cargó de la división de café en México; también fue coordinador de programas de Conservation Internacional, una ONG estadounidense que, en colaboración con Starbucks, lanzó su programa de certificación de grano de café.
“La transición de Argüello de CI a ECOM y luego a un cargo federal es un caso de puertas giratorias, que pone sobre la mesa un posible caso de conflicto de interés o influencias indebidas en el proceso de certificación de Starbucks y CI, así como los procesos regulatorios de ECOM –que a través de AMSA es la mayor proveedora de Nestlé en México–“, detalla el informe.
Mientras que Brian Niccol, el CEO de Starbucks, gana mensualmente unos 10 millones de dólares y el CEO de Nestlé, Lauren Freixe, gana mensualmente un millón de dólares, un trabajador de café en México difícilmente gana más de 106 dólares al mes.
“Esta investigación revela abusos que requieren una investigación urgente por parte de las nuevas autoridades mexicanas y, en algunos casos, debería servir de advertencia para las autoridades de países consumidores de café como Francia y Alemania, donde están en vigor nuevas leyes de responsabilidad corporativa. Si las autoridades corroboran nuestros hallazgos, entonces Nestlé y Starbucks deberían rendir cuentas por sus prácticas”, dijo Etelle Higonnet, directora de la organización Coffee Watch. “Además, deberíamos poner fin a los sistemas de certificación que mantienen atrapados a los caficultores en la pobreza extrema y que hacen caso omiso de graves violaciones de los derechos humanos”, añadió.
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Fotografía: Fabrica de periodismo
