Por: ELISA CRUZ RUEDA Y ARTEMIA FABRE ZARANDONA. 01/10/2022
La Asociación Civil Diálogo y Movimiento (DIMO) creó el Diplomado de Formación de Intérpretes en Lenguas Indígenas para mejorar las herramientas de la profesión y la calidad del acceso a la justicia. La capacitación y profesionalización de traductores resulta fundamental para poder evitar problemáticas cotidianas que atraviesan las personas indígenas, sobre todo, en conflicto con la ley penal: desde no entender las acusaciones y no comunicarse correctamente ante los jueces, hasta no obtener una debida defensa.
La ausencia de una política pública dirigida a la formación de docentes para capacitar intérpretes en lenguas indígenas ha hecho que la Asociación Civil Diálogo y Movimiento (DIMO) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) creara el Diplomado de Formación de Intérpretes en Lenguas Indígenas para el sistema penal en el estado de Campeche. Los resultados de la iniciativa están a la vista: se acreditaron 22 intérpretes en seis lenguas indígenas, maya peninsular, maya chol, maya tostsil, mam, Ixil y ke´kchi. Todas lenguas que se hablan en el estado de Campeche.
Con la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el INALI cambió su mirada y pasó a considerar que no es la instancia adecuada para formar intérpretes ni formadores ya que no cuenta con los recursos necesarios. La institución ahora señala que esas son competencias de las asociaciones y las instituciones académicas. Como respuesta, Diálogo y Movimiento impulsó la colaboración con otras instituciones para incidir en políticas públicas que transformen los quehaceres de las universidades y de las organizaciones sociales. El objetivo es promover los espacios de formación para personas indígenas, sobre todo, de aquellas que llevan a cabo una labor de suma importancia como es la interpretación intercultural en espacios oficiales y el sistema de justicia mexicano, garantizando el derecho a un debido proceso.
En la evaluación final, los diplomantes deben realizar un examen y presentar una clase bilingüe en la que exponen uno de los temas vistos durante la cursada. Foto: Antonio Col
Formación de formadores en lenguas indígenas
En el contexto planteado, este Diplomado tiene como horizonte promover una verdadera interculturalidad y multiplicar la profesionalización y capacitación a través de la formación de formadores de intérpretes en lenguas indígenas. Este reto implica generar formas, mecanismos y profesionalización alternativas, y mejorar la calidad de la interpretación en lenguas indígenas. El objetivo es apuntalar la presencia de este sector tan importante en México, ya que es una de las garantías en el acceso a la justicia jurisdiccional y un paso hacia la justicia social.
De esta manera, del 17 de marzo al 18 de junio de 2022 se llevó a cabo este diplomado auspiciado por la Fundación Kellogg y con el reconocimiento académico del Centro Universitario Comunal de Valles Centrales de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO). Junto a DIMO construyeron una sinergia para reflexionar sobre nuevas alternativas para la docencia y sobre cómo subsanar la desigualdad y la exclusión de la diversidad cultural. El eje rector de la cooperación es la búsqueda de la equidad, la calidad y el profesionalismo de los intérpretes.
El diplomado incluyó la participación permanente de cuatro docentes formados en lenguas indígenas: dos docentes de tzeltal, uno de maya peninsular y uno de chol. Estos docentes son lingüistas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán (CEDECHY). También se contó con profesoras y profesores invitados del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET) y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Con todos ellos, se desarrollaron competencias y habilidades para revisar y adecuar planes y programas de estudio que contemplaran la diferencia cultural, los contenidos culturalmente pertinentes y la más alta calidad en la enseñanza. El trabajo pedagógico quedó bajo la coordinación académica de la Dra. Elisa Cruz Rueda, docente de la Universidad Autónoma de Chiapas y consultora de la International Work Group for Indigenous Affairs y la Dra. Artemia Fabre Zarandona, Presidenta de DIMO. Como apertura del Módulo de Pluralismo Jurídico, el magistrado en retiro Pablo Monroy Gómez brindó una conferencia magistral.
Los integrantes del Comité Académico, reconocidos por su formación y sus trayectorias, son los responsables de que el Diplomado mantenga un nivel elevado. Foto: Elisa Cruz Rueda
Participantes del diplomado
Las personas que tomaron el diplomado son hablantes de lenguas indígenas de la familia mayense: chol, tseltal y maya peninsular. La mayoría ya cuenta con una trayectoria como intérprete en el sistema de justicia (sobre todo, en materia penal), el área de salud y el sistema educativo. En el proceso de selección de los y las diplomantes, se tomó en cuenta que tuvieran un compromiso con sus pueblos y comunidades, y que se hayan dedicado a la enseñanza, la interpretación y la traducción de sus lenguas.
La intención del Diplomado es proporcionar más herramientas y conocimientos con validez oficial que les permita a los intérpretes acceder a mejores condiciones de empleo en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Esto es relevante ya que muchas dependencias no cuentan con un área de intérpretes permanente (como estipula la normativa internacional de derechos humanos) y prefieren “contratar” los servicios de personas hablantes de las lenguas que no están preparadas en el lenguaje técnico jurídico. En algunos casos, incluso llegan a pagarles menos del salario base estipulado por el mismo Estado.
Estas circunstancias vulneran el debido proceso al que deben someterse las personas indígenas: no pueden comunicarse en sus lenguas, no entienden las acusaciones en su contra, no se dan a entender correctamente ante los jueces y, en consecuencia, no logran obtener una debida defensa. Todas estas dificultades ponen en riesgo el derecho al debido acceso a la justicia y, pone en entredicho la debida diligencia en la investigación de los delitos. De igual forma, este Diplomado se implementó para que las personas participantes estén debidamente preparadas para brindar un servicio digno como intérpretes de personas indígenas y, sobre todo, ante las y los jueces.
Bajo una modalidad virtual y con una duración de 224 horas, el Diplomados cuenta con el siguiente plan de estudios: interculturalidad e identidad profesional; racismo y pueblos indígenas en México; intérpretes y traductores de lenguas indígenas frente al racismo institucional; perspectiva de género; prácticas de traducción; pluralismo jurídico; sistemas de justicia en México; la interpretación como profesión y mecanismo para el ejercicio de derechos; y profesionalización docente. Para poder cumplir con la cursada virtual, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca proporcionó conectividad y asistencia técnica.
Desayuno antes de la evaluación final. Los momentos fuera de clase son espacios de confraternización y construcción de lazos que trascenderán a la formación. Foto: Ramón Chan
Reflexiones finales
Una vez finalizada la cursada, las y los diplomantes coincidieron en que es necesario impulsar una Red Peninsular de Intérpretes para posicionarse frente a las instituciones del Poder Judicial y del Ejecutivo en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La unidad es indispensable para hacerse escuchar y ser tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas, y para dignificar su trabajo en la administración pública, tanto municipal como estatal. A su vez, la Red Peninsular sería una herramienta para visibilizar la diversidad cultural, luchar por los derechos de las personas indígenas y, sobre todo, defender sus derechos lingüísticos.
El reto de formar intérpretes no es menor ya que el Estado mexicano terceriza sus obligaciones respecto a la justicia social en las Organizaciones de la Sociedad Civil. Ante la falta de recursos, el gobierno ya no promueve los concursos para proyectos, al mismo tiempo que cuestiona cada vez más a las organizaciones que trabajan con esta temática.
En ocasiones, el gobierno mexicano ha impulsado políticas de apoyos directos a las organizaciones y personas indígenas. Sin embargo, muchas veces los pueblos indígenas no tienen acceso a las convocatorias o bien no están suficientemente organizados para exigir esos recursos. Este es el caso de las personas intérpretes. Así los hechos, en México se da una triste paradoja: ante más reconocimiento de derechos, más violencia y más violación de derechos.
Elisa Cruz Rueda es abogada y antropóloga. Actualmente se desempeña como profesora de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Artemia Fabre Zarandona es Doctora en ciencias antropológicas con especialización en antropología jurídica y de la religión. Presidenta de Diálogo y Movimiento A.C. Investigadora invitada por el Grupo de Trabajo de CLACSO «Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos”.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: IWGIA
