Por: Antonio Heras. La Jornada. 01/02/2018
José Luis Pozo, quien acudió a documentar en fotografía la manifestación del movimiento Mexicali Resiste por la instalación del ducto de agua potable para la compañía cervecera Constellation Brands en el ejido El Choropo fue detenido, encarcelado y enfrenta un juicio por los delitos de lesiones agravadas contra servidores públicos y policías.
El ingeniero por la Universidad Autónoma de Baja California y estudiante de su segunda carrera en la Facultad de Artes, que labora en una maquiladora para pagar sus gastos, fue detenido la tarde del martes 16 de enero durante la confrontación entre policías y activistas.
Pozo es uno de los seis detenidos en esa jornada y uno de los dos que permanecen en prisión preventiva dictada por la jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio, Dora Leticia Contreras. La audiencia de vinculación a proceso de Pozo y de Francisco Javier Guillén, un universitario que integra el colectivo Baja California Resiste, se realizará la mañana de este martes 26 de enero.
Ese día, su esposa Silvia Díaz le tomó una fotografía que circula en redes sociales donde se advierte a Pozo en cuclillas frente al cerco de policías antimotines que resguardan la máquina retroexcavadora que realizaba zanjas para la instalación del ducto hacia la planta cervecera que suministrará agua.
“Somos familia pacífica. No formamos parte de Mexicali Resiste, apoyamos la defensa del agua por conciencia y por compromiso con la ciudad donde nacimos”, advierte Esther Pozo, quien por su parte señala que su hermano es inocente de la agresión a policías y que los videos registran su detención.
Distintas versiones señalan que el estudiante de artes plásticas retrocedió una vez que tomó las fotografías pero al ver que el operador de la retroexcavadora avanzó contra la valla ciudadana que pretendía contener su avance, y en la que se encontraba otra de sus hermanas, reaccionó y le lanzó un par de piedras.
Después lo detuvieron los policías que les molestó que les estuviera tomando fotos tan de cerca, considera Esther, quien inició una campaña para que liberen a José Luis, a quien define como un “pan de Dios”; es decir, una persona tranquila.
Frente a la cárcel de Mexicali, que alberga también a juzgados locales, y en redes sociales, hay protestas en contra de la jueza Contreras pues pasó por alto el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, según el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de Control la prisión preventiva cuando no se garantice la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad en homicidio, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción y tráfico de menores y delitos contra la salud.
Familiares de los detenidos exigen su liberación y los considera presos políticos mientras que al magistrado Salvador Juan Ortiz, presidente del Poder Judicial de Baja California, le piden iniciar una investigación del proceso, fallo e historial ético de la juzgadora.
En el documento entregado al juez estatal se asienta que las familias Pozo y Guillen están horrorizadas porque un hijo, hermano y esposo estén enfrentando un proceso penal que los puede llevar a una sentencia de prisión por una detención plagada de irregularidades, violando sus Derechos Humanos, sometiéndolos de una manera por demás agresiva, atentando contra su salud física y moral, cuando solamente ejercían su derecho de manifestarse contra la empresa Constellation Brands.
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Fotografía: Cuartoscuro
