Por: Revista Crisis. 15/09/2020
Desde hace más de dos meses que el Estado ecuatoriano no ha cancelado los salarios de maestras y maestros del sector público, acto que no solo implica una incosntitucionalidad, sino que precariza la vida de lxs maestrxs y sus famiilias. La respuesta a las demandas legitimas por el cumplimiento del derecho al salario, estipulado en el Art. 328, la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, se han limitado al agradecimiento. Colocando a lxs maestrxs en un imaginario de heróes y heroínas de la patria, cuando en realidad son lxs trabajadorxs que han sostenido el derecho a la edicación con sus propios medios materiales, y con sus propios recursos pedagógicos, sin ningún respaldo del ministerio correspondiente.
En varias ciudades del país, lxs maestrxs de varias organizaciones, se han dado cita en las calles para reclamar su derecho al pago de sueldos, ya con dos meses de atraso, así como la no desvinculación de compaleras y compañeros del magisterio, y la no reducción de sueldos. En la ciudad de quito, hoy 1 de septiembre, se diron cita, mastros y maestras de la Red de Maestros por le Revoluvión Educativa, en un plantón a las afueras de la Plataforma Gubernamental Norte.
El país se encuentra atravezando una de las crisis múltiples más brutales que haya visto en su historia reciente. Entre los sectores que más han sufrido la crisis, está el de la educación en todos sus niveles. Después de intentos de reducción de presupuesto desde el Ministerio de Finanzas, que tuvo que ser frenado por la Corte Constitucional; finalmente estos recortes se materializaron por medio de la aprobación de la Ley de Finanzas Públicas. Ahora que ha comenzado un nuevo ciclo escolar en la sierra, miles de maestrxs vuelven a las clases impagxs; y miles de niñas, niños y adolescentes se enfrentan a la deserción escolar al no tener posibilidades de acceso a internet adecuado para la educación en línea.
Este martes en la tarde, se dictó un fallo judicial favorable a la acción de protección que se propuso por parte de la Defensoría del Pueblo, obligando al pago inmediato de los salarios de lxs servidorxs públicxs.
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Fotografía: Revista Crisis