Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza. Columna: CORTOCIRCUITOS. 08/12/2021
La lucha contra la corrupción no es una consigna, es una práctica política e institucional; al menos cuando se toma en serio y no se usa para atacar al adversario o construir una representación social. Cuando es de verdad, implica un conjunto de estrategias legales, administrativas, políticas y organizativas, porque la corrupción no es un error, un dislate, una exageración o una equivocación pasajera, es algo peor: es una práctica política, un modo de institucionalización, en el sentido clásico, es decir, de conformación de reglas de juego que favorecen y mantienen la corrupción; pero también es una modalidad de los procesos de subjetivación -no es solo un individuo corrupto, sino un conjunto de prácticas, saberes e instituciones que impulsan la corrupción-.
Por eso insistimos, cuando se toma en serio la lucha contra la corrupción, cuando se propone no solo develar los hechos y prácticas corruptas, el proceso es conflictivo, difícil; no se trata nada más de hacer denuncias, sino actuar en consecuencia hasta donde los recursos legales lo permitan, hasta donde las redes de apoyo y solidaridad lo impulsen y garanticen. Es una lucha difícil, no basta con tener evidencias para sostenerla, hay que lograr que se reconozcan, que se puedan mostrar, que sean relevantes y sobre todo, que permitan finalmente hacer modificaciones de fondo para evitar, desterrar e inhibir las prácticas corrompidas de las organizaciones educativas.
Es una lucha difícil porque se afectan intereses, modos de vida, reglas escritas y no escritas, no sólo en las instituciones educativas sino en los entornos políticos, desde la escuela hasta la federación, no solo en las instituciones, sino también en los sindicatos, en las asociaciones de padres de familia, en los dirigentes, en los mismos agentes educativos, desde los maestros y trabajadores no docentes hasta alumnos y miembros de comunidades, según la dimensión y las particularidades que asuman las prácticas y los saberes corruptos.
Eso es lo que está ocurriendo en la UACM hoy mismo, pero no es algo nuevo. El 11 de octubre, en el proceso de revisión contractual con el sindicato de esa casa de estudios, la rectora Tania Hogla Rodríguez Mora y un grupo de funcionarios universitarios, entre ellos la abogada general, recibieron amenazas de muerte.[1] No quedó ahí. El 1 de diciembre, los periódicos informaron de una nueva escalada de amenazas a la rectora, a la abogada general, Mtra. Paulina Jaime Muguiro, e incluso a la madre de esta última.
Literalmente nos advierten que le bajemos, señaló Rodríguez Mora, quien agregó que el trabajo que se ha realizado desde la oficina de la abogada general tiene como propósito cuidar los intereses y bienes de la universidad.
¿Es a eso a lo que hay que bajarle? ¿Esa es la razón que ha desatado esta respuesta violenta, preguntó Tania Rodríguez, quien subrayó que su administración continuará velando por los intereses de la universidad y que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la FGJ por esta nueva oleada de amenazas. Puntualizó que se puede configurar el delito de violencia política de genero, toda vez que las afectadas son mujeres.[2]
El contexto en el que se realizaron las amenazas lo dice todo:
La representación jurídica de la universidad ha presentado 13 denuncias penales y administrativas ante la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de la Contraloría locales por desvío de recursos, uso ilegal de atribuciones y facultades, contratos irregulares de obra y peculado, así como una ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos fiscales.
Aunado a ello, ha interpuesto seis amparos por la contratación irregular de personal y están en proceso 14 juicios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para terminar relaciones de trabajo que están fuera de la norma de la universidad.[3]
La lucha contra la corrupción no es solo levantar denuncias, implica enfrentar conflictos políticos y legales, pero, sobre todo, defender un perfil del tipo de universidad y de educación que se perfila. La UACM lo sabe muy bien; en sus 20 años de existencia, ha logrado definir un proyecto académico e institucional novedoso, si bien en permanente cambio y perfeccionamiento. Si esto ha sido posible es gracias a las luchas políticas y académicas sostenidas por su comunidad, lo conseguido no ha sido por la gracia de autoridades o el permiso de funcionarios y representantes partidarios, sino por la lucha de sus trabajadores y estudiantes.
En esta ocasión, las amenazas solo muestran las resistencias de sectores afectados por las acciones de justicia y decencia universitaria, emprendidas por la voluntad de una comunidad que se constituye y se encuentra a sí misma luchando contra la corrupción, los intereses enquistados y los compromisos políticos de diverso orden.
Toda nuestra solidaridad con Tania, los y las consejeras académicas, los y las funcionarias y la comunidad uacemita. Autonomía, educación y libertad. ¡Arriba, arriba, la Autónoma de la Ciudad!
Fotografía: lasillarota
[1] Redacción Somos el medio (11 de octubre de 2021) Denuncia rectora amenazas de muerte contra funcionarias universitarias: UACM. Recuperado de: https://www.somoselmedio.com/2021/10/11/denuncia-rectora-amenazas-de-muerte-contra-funcionarias-universitarias/
[2]Cruz, A. (1 de diciembre de 2021) Rectora de la UACM denuncia nuevas amenazas contra ella y la abogada general. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/capital/039n2cap
[3] Idem.
