Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza. Profesores investigadores de UPN Ajusco. Columna: CORTOCIRCUITOS. 23/04/2025
A la maestra Gaby con cariño
(te lo debíamos)
Desde varios días circula en redes sociales magisteriales una petición lanzada en change org por Perla Xóchitl González Mireles, docente de primaria en Nuevo León, mediante la cual invita a otros docentes y ciudadanos en general a apoyar la Ley Tere. La parte sustantiva de la petición es la siguiente:
Esta propuesta de ley busca establecer sanciones a quienes presenten denuncias falsas, disuadiendo las acusaciones y protegiendo la carrera de nuestros dedicados docentes.
El derecho a la reparación del daño para los docentes afectados es otro aspecto crucial que esta ley pretende manejar. Propone implementar medidas compensatorias que pueden ayudar a restaurar la dignidad y prestigio profesional dañado.
Además, esta ley estipula la implementación de protocolos de protección y acompañamiento para proporcionar apoyo emocional y legal a los docentes durante los procesos legales. Es esto, la garantía del debido proceso, lo que considero el aspecto más crítico y personalmente conmovedor de esta ley.
Distintos medios, articulistas, youtubers y docentes de distintos niveles han hecho eco de la propuesta. El propio titular de la SEP comentó que le llamaba mucho la atención el apoyo unánime que ha recibido, “quiere decir que algo está pasando” (Apoyo a docentes en caso de padres de familia que sean violentos). Consideró como muy grave el hecho de que los padres de familia culpen a los docentes de cuanto le ocurre a sus hijos en la escuela, sin embargo, atribuyó el asunto a la falta de comunicación y corresponsabilidad. Reconoció la necesidad de revisar el apoyo jurídico que la SEP ofrece a los docentes en estos casos.
El caso invita a mirar más allá del escándalo mediático, por dos motivos: se trata de una demanda que esta vez se ha posicionado en la conversación pública con la clara exigencia de elaborar una ley como una forma de protección a los y las docentes. Por otro lado, porque el sector magisterial se encuentra a escasos días de una movilización nacional de gran alcance.
La pregunta que nos hacemos es: ¿una ley como la que se propone es suficiente para enfrentar la compleja problemática detrás de este lamentable caso? Para responderla, procederemos a desmenuzar los hechos, desbrozando la maleza del ruido mediático que con frecuencia nos impide ver lo que hay detrás.
Los hechos
El 14 de marzo, un medio local informó que un grupo de madres de familia se habían manifestado a las afueras de un plantel de nivel preescolar en San Juan del Río, Querétaro, esto debido a la ausencia constante de una maestra, razón por la cual sus hijos no tenían clases. Portando carteles con consignas como “Si no hay maestra ¿para qué exigen cuota?”, las manifestantes mostraron un oficio dirigido a la Unidad de Servicios para la Educación Baica en el estado de Querétaro (USEBEQ) con un sello de recibido del 10 de febrero, en el que demandaban que las ausencias fuesen cubiertas por una suplente (https://www.facebook.com/ZonaRadio1053).
Semanas antes, la directora del plantel les informó que la docente tenía plenamente justificadas sus ausencias por motivos de salud, contaba con los justificantes e incapacidades médicas emitidas por la institución de salud correspondiente.
Repentinamente, el caso dio un vuelco inesperado. El 18 de marzo, al concluir las clases, los padres se concentraron nuevamente en el exterior de la escuela a la que también arribó la policía municipal, supuestamente para custodiar el lugar; las madres declararon que la maestra maltrataba a los niños, amenazándolos con encerrarlos si se portaban mal (Denuncian malos tratos a infantes de preescolar). Dos días después, pidieron apoyo psicológico para sus hijos (Padres de niños maltratados piden ayuda psicológica).
El 03 de abril, la maestra fue detenida; seis días después, luego de una maratónica audiencia, fue vinculada a proceso (Vinculan a Proceso a Maestra por presunto caso de violencia). Compañeras maestras y madres de familia que la conocían, montaron guardia afuera de las instalaciones de la fiscalía para expresar su apoyo y exigir justicia para la maestra Tere. Un día después fue liberada para continuar el proceso penal en libertad (Liberan a la profesora Tere).
Las señales de una compleja problemática
La descripción de los hechos y el modo en que fueron desarrollándose, permite identificar varias aristas problemáticas. Desde luego, la primera y más evidente es que ante una acusación grave, las y los docentes se encuentran en total desprotección institucional y jurídica.
En estas circunstancias, las demandas puntuales de la iniciativa ciudadana conocida como Ley Tere, son pertinentes y parecen necesarias: sancionar a quienes presenten denuncias falsas, establecer medidas de reparación del daño y protocolos de protección y acompañamiento para proporcionar apoyo legal y emocional, así como garantizar el debido proceso a maestras y maestros.
Sin embargo, privilegiar las formas jurídicas por encima de otras opciones, mantiene el problema dentro del marco de la judicialización creciente que caracteriza las relaciones en las escuelas. Cuando los protocolos fallan -lo cual sucede a menudo-, demandar ha ganado terreno como la solución para dirimir conflictos.
Para romper esta tendencia, resulta necesario ampliar la mirada, identificando otras aristas problemáticas. A partir de los hechos, identificamos las siguientes:
- Influencia de las redes sociales y medios de comunicación. Si bien permiten dar a conocer situaciones que de otra manera pasarían desapercibidas, al mismo tiempo son el vehículo para amplificar rápidamente verdades a medias y acusaciones falsas. Así ocurrió en este caso, donde los medios locales se mostraron más interesados en la nota que en dar cuenta de los hechos.
- Inacción y omisión del sistema educativo estatal y autoridades intermedias. La USEBEQ ya conocía el caso, se comprometió a enviar a una suplente pero no cumplió. Cabe recordar que las escuelas no tienen la atribución de contratar docentes, tampoco relevarlos ni nombrar suplentes; los directores se las arreglan como pueden con el personal que tienen. No obstante, en el ir y venir de informaciones sesgadas, este detalle pasó desapercibido.
- Administrar en lugar de resolver los problemas es común en el sistema educativo. Mover a los docentes a otro centro de trabajo es la típica respuesta, que no solución, cuando se presentan denuncias, sean fundadas o no; el presente caso no es la excepción. En un artículo reciente, su autor comenta: “Las propias autoridades educativas habían avalado que la docente actuó conforme a la ley, solicitando incluso su reubicación temporal para no afectar el desarrollo del grupo, respetando siempre sus derechos laborales y de salud” (La urgente ley Tere).
- De trabajadores de la educación a servidores públicos. La figura docente ha sido objeto de transformaciones históricas; la más reciente se deriva de las reformas a la administración pública que han caracterizado a los docentes como servidores públicos. En esa calidad, se les aplican una multiplicidad de normativas; basta ver el fundamento de los
- Violencia e inseguridad escolar. La necesidad de protección a las y los docentes no se reduce a las acusaciones falsas; comprende todos aquellos eventos que ponen en riesgo su vida. Es el caso de quienes trabajan en zonas bajo control de grupos delincuenciales, en escuelas a las que se tienen que desplazar por caminos inseguros, donde se les cobra derecho de piso, por mencionar algunos casos, sin contar la violencia institucionalizada, la omisión ante denuncias de acoso por parte de un sistema educativo que ejerce violencias de distinto tipo hacia las y los trabajadores de la educación.
- Sindicatos omisos. La protección a los derechos de trabajadores de la educación es una si no es que la obligación principal de los sindicatos. Hasta ahora, como ya es costumbre, el SNTE ha guardado silencio cómplice frente a la problemática aquí abordada, quizá esperando el momento de aprovechar políticamente el asunto. A diferencia del sindicalismo oficial, dentro del magisterio disidente se han pronunciado algunos grupos. Uno es el Magisterio Mexiquense, en cuya cuenta de Facebook ha expresado abiertamente su apoyo a la iniciativa ciudadana #Ley Tere. En el post informan que han expuesto ante diversas autoridades del Gobierno del Estado de México y del Congreso, la necesidad de protección a los y las maestras. En el mismo sentido se ha pronunciado el Movimiento de Bases en Defensa del ISSSTE de Zacatecas, (Apoya Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac la “Ley Tere”).
Ante la proximidad de una movilización magisterial nacional de gran envergadura, ¿no sería éste un buen momento para exigir mejores condiciones de trabajo, especialmente seguridad, protección y respeto a la dignidad magisterial, comenzando por las administraciones y autoridades educativas?
Colofón: pensar el problema más allá de la ley
Existen numerosos análisis y estudios sobre las reformas educativas neoliberales de las últimas décadas; no obstante, son pocos los dedicados a estudiar a profundidad sus efectos subjetivos.
Las aristas problemáticas del caso de la maestra Tere antes mencionadas, remiten a estos efectos; medidas como la evaluación docente basada en el mérito y la aplicación de la normalidad mínima entre otras, debilitaron significativamente los lazos gremiales entre docentes al tiempo que instalaron y profundizaron la lógica del esfuerzo individual.
En el texto Anatomía política de la reforma educativa advertíamos sobre estos efectos; individualismo, derechos confiscados, prohibido enfermarse, comunidades divididas, tejido social roto. La mayoría de estos rasgos están presentes en este caso. Pero también está presente su antídoto: la acción colectiva solidaria de quienes montaron guardia afuera de la fiscalía. Éste tipo de respuesta ha resultado efectiva como mecanismo de protección en casos similares (Denunció acoso, resultó acosador).
Proponer y aprobar nuevas leyes que protejan al magisterio frente a acusaciones falsas, es sin duda necesario; hace tiempo que se viene incubando como una demanda de las y los docentes. Pero también hay que decirlo: es insuficiente, además de riesgoso, podría dar lugar a la multiplicación de iniciativas como la de Roberto Zataraín Leal, diputado por Morena en el congreso de Puebla, quien propuso reformas al Código Penal del Estado para “imponer de uno a dos años de cárcel a quien, siendo profesor, directivo o autoridad, cause, permita o aliente, violencia física o psicológica a un estudiante menor de edad” (Congreso de Puebla analizará sancionar con cárcel a docentes que permitan bullying).
Por más ciudadanas que sean, las leyes nunca serán suficientes para resolver la multiplicidad de conflictos inherentes a la vida en común en las escuelas. Las leyes no reparan lazos debilitados o francamente rotos entre grupos y personas, tampoco restablecen vínculos ni sanean por sí mismas las relaciones envenenadas por un neoliberalismo educativo enquistado en nuestras mentes y almas. Reconocerlo y aceptarlo es parte del problema, pero también de la solución.
Fotografía: Tomada de change org
