Por: Héctor Estrada.Contrapoder. 09/02/2017
Al igual que lo sucedido con las supuestas facturas “infladas”, el tema de la administración y/o arrendamiento de la Torre Chiapas, sacado a flote recientemente tras el desalojo y detención de los empresarios que se manifestaban en ese complejo, ha destapado una serie de dudas sobre posibles irregularidades en torno a la operación y el manejo de los recursos públicos asignados a dicho inmueble.
El escándalo se desató hace una semana cuando el comunicado oficial del Gobierno de Chiapas puntualizó que la orden de desalojo y aprensión contra los empresarios manifestantes se había desencadenado tras la denuncia interpuesta por la “Sociedad Operadora de la Torre Chiapas”, acusando el delito de “despojo agravado”; lo que supondría que legalmente el complejo sigue bajo administración de privados.
Y es que, la figura del delito de “despojo agravado” sólo pude configurarse cuando el ilícito se comete en propiedad privada. A diferencia de cuando éste se comete en un edificio público, únicamente se configura como simple “despojo”. Por eso, las deducciones apuntan a que la administración y operación del complejo podrían encontrarse todavía en manos de terceros (no directamente de la Secretaría de Hacienda).
Sin embargo, las dudas comienzan a acrecentarse después de desempolvar documentos oficiales que demuestran que la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas S.A. de C.V. habría desaparecido formalmente desde hace más de tres años y medio. Así lo demuestra el Decreto de extinción 260, publicado en el Diario Oficial del Estado de Chiapas, con fecha del 17 de septiembre de 2013.
El resolutivo aprobado por el Congreso de Chiapas es claro: la Sociedad Operadora dejó de existir desde ese año, contemplando la liquidación del personal que ahí laboraba, y otorgándole (desde esa fecha) a la Secretaría de Hacienda estatal el control absoluto de “la administración, mantenimiento y operación de la denominada Torre Chiapas y sus anexos, ubicados en Tuxtla Gutiérrez”.
Entonces ¿Quién fue el denunciante en el caso del desalojo y detención aplicada al grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO)? ¿Existe una figura homónima que se ha tenido en plena secrecía o de plano la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas sigue trabajando pese al decreto de extinción?
A los cuestionamientos anteriores se suman diversas dudas que tienen que ver con la asignación y manejo del presupuesto para la operación del inmueble. En 2016 se autorizó un recurso estatal de nueve millones 358 mil pesos para “la administración y operación de la Torre Chiapas”, no obstante, únicamente se utilizó un millón 290 mil pesos del monto total. El resto, según la Cuenta Pública, fue redistribuido hacia otros rubros no especificados.
Más allá de los rumores que aseguran que el complejo de la Torre Chiapas sigue en manos de privados, mediante modalidades legaloides traposas, será importante que la Secretaría de Hacienda en Chiapas aclare quién o quiénes administran y operan actualmente el imponente complejo, que costó al pueblo de Chiapas la cantidad exorbitante de 142 mil millones de pesos, durante la administración de Juan Sabines Guerrero.
Tal parece que al secretario de Hacienda en la entidad, Humberto Pedrero Moreno, se le están acumulando los problemas que requieren de pronta aclaración o solución. El asunto de la Torre Chiapas es un expediente incómodo que había permanecido en el silencio durante los últimos años y que, la imprudencia gubernamental, ha traído nuevamente al escarnio público para explicación de dudas razonables.
Fuente: http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/columnas/3284-he62
Fotografía: vialibre
