Por: Jorge Zepeda Patterson. PERCEPCIÓN. 09/10/2020
Los usos y costumbres impusieron entre la clase política un código de facto: inmunidad presidencial. Un mandatario protegía a los anteriores, independientemente del partido al que pertenecieran, porque la obediencia a este precepto era también la garantía de su futura inmunidad. López Obrador lo ha roto y ahora quiere asegurarse de que el sistema judicial también lo haga.
En un mundo perfecto resulta absurdo organizar una consulta para saber si el pueblo desea que se castiguen los delitos cometidos por sus gobernantes. Incluso en uno imperfecto tal ejercicio sería ocioso, pero no en México en donde la ley camina o no camina en función de otras razones: por lo general el poder y la riqueza, o la falta de ellas. Es comprensible la molestia de muchos juristas, intelectuales y politólogos que consideran una soberana payasada y un espectáculo de circo consultar lo obvio. Un desgaste de tiempo y recursos inadmisibles en un país con tantas carencias como el nuestro, se ha dicho. Afirman que la ley ya contempla la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes, por lo cual no se requiere el permiso de los ciudadanos para hacerlo. Y, en efecto, la ley ya lo contempla, pero la realidad no.
El problema es que en nuestro país las leyes no escritas siempre se han impuesto a las leyes escritas cuando se trata de la impunidad de las élites. Denuncias en contra de los mandatarios han existido, pero no pasan del papel. Para no ir más lejos, el escándalo de Odebrecht, a partir de la confesión de los propios dueños, exhibió evidentes actos de corrupción en las altas esferas de varios países de América Latina, México incluido. En todos los casos se tradujo en investigaciones penales que, incluso, alcanzaron a expresidentes y ministros de Estado, salvo en el caso de nuestro país.
Los usos y costumbres impusieron entre la clase política un código de facto: inmunidad presidencial. Un mandatario protegía a los anteriores, independientemente del partido al que pertenecieran, porque la obediencia a este precepto era también la garantía de su futura inmunidad. López Obrador lo ha roto y ahora quiere asegurarse de que el sistema judicial también lo haga.
El resultado de la consulta popular carece de una obligación concomitante y en eso los críticos tienen razón. Para efectos formales no cambia nada, pero para efectos prácticos cambia todo. El hecho mismo de que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte haya votado a favor de la consulta envía un poderoso mensaje a los jueces: termina el veto presidencial. Y una vez que la consulta se realice y arroje un resultado categórico (y no nos engañemos, el resultado será apabullante) habrá una presión decisiva sobre el aparato judicial para que lleve estas denuncias hasta las últimas consecuencias legales.
Las razones para que el Presidente haya impulsado este proyecto y los motivos por los cuales los ministros lo aprobaron pueden ser objeto de toda suerte de interpretaciones. Por lo que toca a AMLO la lógica es obvia. Llevar a los tribunales a un expresidente tiene un impacto mediático brutal y arrojará una ganancia política significativa. Todos sabíamos que era un as bajo la manga que el Presidente utilizaría en algún momento durante su sexenio: un “rómpase en caso de emergencia”. Y tal cual, el malestar provocado por la pandemia y las penurias económicas han anticipado el uso de esta opción política. La contracción económica y la escasez de recursos hacen imposible que el Gobierno de la 4T esté en condiciones de cumplir muchas de las expectativas que generó entre sus votantes. Pero López Obrador puede al menos satisfacer uno de los reclamos más profundos de los ofendidos por tantos años de impunidad: hacer morder el polvo, por fin, a “los responsables de los males del pueblo”. Y, mejor aún, gracias a la movilización del propio pueblo a través de una consulta. Un Gobierno que en nombre de los de abajo puede hacer caer a los que se consideraban intocables adquiere un prestigio popular evidente y, por lo demás, muy necesitado en momentos en que comienza a flaquear el apoyo. Y difícilmente puede condenarse al Presidente por esta estrategia. Asume que sus adversarios están en posesión de muchos recursos económicos y una poderosa maquinaria mediática que opera en su contra. Consecuentemente entiende que su deber es mantener los niveles de aprobación que le permitan seguir trabajando por sus banderas. Lo dice una y otra vez: mientras el pueblo me apoye seguiré adelante.
Los motivos de la Corte son más difíciles de precisar. De entrada el voto dividido da cuenta del carácter controvertido de su decisión. Algunos interpretan el cambio de la pregunta que habrá de someterse a consulta como una respuesta hábil y salomónica a la presión del Ejecutivo. Les permite darle trámite pero la deslactosan con una formulación inofensiva. Al eliminar los nombres de los expresidente queda como una consulta de perogrullo, pero consulta al fin. No es lo que esperaba López Obrador, aunque le servirá. Si se pudo hacer una rifa del avión sin avión, también se podrá hacer una consulta sobre los crímenes de los expresidentes sin el nombre de los expresidentes.
Por lo demás, a estas alturas de la disputa está claro que sin importar la naturaleza del tema que se atraviese en el horizonte, habrá reacciones opuestas y apasionadas. No hay chile que les acomode, EPN dixit. Sea la estrategia contra la pandemia, el combate al huachicol, el tratado de aguas con Estados Unidos o terminar con los fideicomisos; todo desencadena adjetivos definitivos y extremos a favor y en contra. Y esto de la consulta no ha sido la excepción.
Y, sin embargo, más allá del inevitable y exacerbado debate, algo ha cambiado. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto dormirán intranquilos a partir de este fin de semana. Y para muchos eso es ya, de entrada, una buena noticia.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: PERCEPCIÓN.
