Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza. 22/12/2018
Una Iniciativa de reforma constitucional es parte de un dispositivo de gobierno. Se trata de la regulación de las interacciones educativas, con objetivos particulares, que se ejercen sobre objetos específicos, con medios, mecanismos y procedimientos adecuados, realizados por organismos específicos. Ese es el método general para analizar las relaciones de gobierno: formulación de problema, identificación de los objetos de intervención, definición de objetivos, elección de los medios de acción y determinación de los agentes y organismos responsables.
Se dirá que no es la única. Es cierto. Hay otras, basadas en las doctrinas del derecho, en la teología, la antropología de las decisiones, el análisis del discurso y muchas más. Nosotrxs queremos destacar el análisis político, el de las relaciones de poder, entendido como la conducción de conductas (Foucault).
Para eso, repetimos, se trata de
- Formular el problema, es decir, las dificultades que aparecen, se reconocen, se articulan, nombran y tratan de resolver;
- Identificar los blancos de intervención, es decir, los objetos que se van a intervenir, que pueden ser conductas, aspiraciones, cuerpos, mentes, corazones, expectativas, saberes, aptitudes, tierras, aires, etc;
- Definir los objetivos y efectos buscados;
- Determinar los medios de acción;
- Reconocer los organismos responsables.
Podríamos abundar más en esta orientación teórica y metodológica. Dejémosla ahí para no aburrir. Se trata de mostrar los instrumentos del análisis, no de hacer comentarios a autores o vanagloriarse con el conocimiento de textos y citas de autoridad.[1]
Preferimos mejor detenernos en las cuestiones metodológicas, como lo harían los técnicos cuando las usan para analizar las situaciones, definir los problemas, las dificultades, arreglarlas o desmontarlas. En el caso de Cortocircuitos: desmontar los dispositivos para interrumpir, hacer saltar, interrumpir, hacer estallar las redes del poder.
Empecemos, como se dice, por el principio. ¿Cuál es el problema o los problemas que plantea la reforma a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
La exposición de motivos procede por partes. Aun cuando la retórica es parte sustancial de los discursos del poder, pocas veces se hace a partir de grandes narrativas, como en este caso. Recordemos, una meta-narrativa es un discurso totalizador, que abarca todo, que explica todo y es consistente consigo mismo, auto-referencial dicen los que saben de esto. Ese es el papel que juega el relato de la IV Transformación Nacional.
La Iniciativa comienza justamente así. El primer párrafo es la gran historia de las transformaciones nacionales, que inician con la Independencia, que aportó el gran valor de la Libertad. La segunda, la Reforma, cuando se crean las instituciones que consolidaron la Nación, el régimen de la Legalidad. La tercera, la Revolución, que proclamó la Igualdad mediante la instauración de los derechos sociales como sustrato de la convivencia colectiva. Y aquí comienzan los problemas, pues la igualdad es solo formal: “las desigualdades reales que padecemos los mexicanos han impedido la realización de nuestro ser nacional”. Dejemos de lado, por ahora, esa alienación del ser nacional y detengámonos en la cuestión de las desigualdades reales, que son el problema fundamental de nuestro tiempo y hacen indispensable la IV Transformación Nacional, a partir de un nuevo valor: la Equidad.
¿Cuáles son las desigualdades que forman el lastre de la convivencia colectiva? La Iniciativa lo dice claramente: económicas, sociales, culturales y regionales. Combatirlas, dice la iniciativa,
“es tarea ingente de la que depende nuestra viabilidad como Nación. La libertad, la legalidad, la igualdad y la equidad no pueden existir en un ambiente carente de educación. Si el pueblo desconoce sus derechos no puede defenderlos y si no adquiere las habilidades y conocimientos que le permitan su desarrollo personal y colectivo, se encuentra imposibilitado para llevar una vida digna la cual constituye el objetivo supremo de nuestro orden constitucional” (p.2).
La gran narrativa de la IV transformación se acompaña también con otro conjunto que podríamos llamar coyuntural, derivado de la reforma constitucional de 2013, la reforma neoliberal o reforma del Pacto por México.
En este punto, la Iniciativa procede secuencialmente. Tres son los pasos argumentales:
- “La visión del Poder Ejecutivo a mi cargo es que se debe priorizar el diálogo ante cualquier otro mecanismo de imposición de estructuras normativas que no obtengan el impacto deseado ante la ciudadanía. De igual forma, se considera que el uso de la fuerza y la imposición, no es la forma idónea para la construcción de los grandes acuerdos que necesita el país para lograr la verdadera transformación del sector educativo de México”…
- “El Ejecutivo a mi cargo considera un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia y pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de diferentes culturas, regiones, costumbres y otros factores que inciden en la educación, los cuales no pueden ser medidos a través de programas computacionales que solo registran uno de los muchos aspectos que deben ser tomados en consideración para impartir una educación de excelencia y la preparación de quienes la imparten”… (subrayado y negritas en el original).
- …”La mencionada reforma se proyectó como el parteaguas en la educación de México, con el fin de fortalecer el derecho constitucional a recibir una formación integral que transformara la realidad de nuestro país, sin detrimento de los logros y derechos laborales obtenidos por las y los maestros de México. Desafortunadamente, en la aplicación de la Reforma Educativa han existido expresiones fuertes de rechazo por dicho sector, en virtud de considerar que el nuevo esquema de evaluación resulta retroactivo en su perjuicio, toda vez que la autoridad educativa podría privar al docente de su plaza laboral sin absolutamente ninguna responsabilidad a través de una evaluación estandarizada que no toma en consideración los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos…Se ha observado que las expresiones de descontento hacia la “Reforma Educativa”, han tenido como consecuencia que exista resistencia a la aplicación de la misma por parte de los docentes, y que estos se adhieren a los procesos de evaluación de su desempeño, de promoción, reconocimiento y permanencia que establece la ley de una forma no participativa, generando que el objeto por el que la misma fue aprobada, no cumpla con los impactos deseados en el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes que es nuestra propiedad”.
La Iniciativa de AMLO, en consecuencia, formula una problematización articulada por dos cuestiones: por una parte, las múltiples desigualdades sociales que laceran la vida individual y lastran el destino nacional; por otra, los problemas de implementación de la reforma educativa de 2013, derivados de la imposición de una norma por vías no dialógicas, por una estrategia evaluadora estandarizada que no tomó en consideración los contextos regionales y culturales, por las resistencias a la misma reforma que hacían que no se cumpliera cabalmente con los impactos deseados en el aprendizaje de los niños.
La Iniciativa, entonces, articula cuestiones estructurales de la IV Transformación, como son las desigualdades sociales, con los problemas de implementación de la reforma educativa precedente, sobre todo, diríase única y exclusivamente, en las afectaciones laborales al magisterio, y sus efectos contraproducentes en el aprendizaje escolar.
En un doble movimiento, la Iniciativa de la IV Transformación Nacional problematiza la desigualdad social con problemas de implementación de la reforma precedente, para encontrar cómo se reproducen los problemas de aprendizaje debido a los mecanismos utilizados para pretendidamente elevar su calidad.
La particularidad de la Iniciativa, en lo relativo a su problematización, se advierte más claramente cuando se compara con la del pacto por México:
Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa. Ésta existe en la medida en que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental. Así como en la medida en que las niñas y niños tengan una alimentación suficiente, conforme a los estándares internacionales de nutrición sana, y garantía de acceso a la salud; e igualmente se cuente con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico para su formación…
La evaluación educativa, instituida como parte de esa búsqueda de transformación, ha contribuido a un mejor conocimiento de nuestro sistema educativo y ha proporcionado nuevos elementos que permiten entender con mayor claridad lo mucho que hay por hacer para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Las evaluaciones internacionales en las que nuestro país ha participado, han hecho posible la comparación de nuestra realidad con las de otras naciones. Los retos son especialmente serios en la atención a los alumnos que provienen de hogares en condiciones de pobreza (Ejecutivo Federal, 2012).
No hay en la iniciativa de reforma constitucional de 2012, ninguna ubicación histórica trascendente, solo la retórica consabida de la importancia de la educación; lo que hay, de manera reiterada, es la problematización de los estándares de aprendizaje, de los signos rojos en los resultados de las pruebas nacionales e internacionales. De ahí se identifica un problema: la deficiente calidad en la educación mexicana, su definición como máximo logro de aprendizaje, los factores que inciden sobre ella y la elección del más importante: el desempeño docente, luego transformado en idoneidad, y de ahí la deriva estratégica: el dispositivo evaluador, sus fases, sus procedimientos, sus objetivos, el o los organismos responsables, las modificaciones institucionales, organizativas, normativas que produce, etc.
En resumen, la iniciativa de 2012 tenía una serie racional muy clara:
El problema: la calidad deficiente, observada por resultados en pruebas internacionales.
Las causas: las prácticas indebidas e inmorales que sufrían los maestros por el régimen corporativo.
La estrategia: el dispositivo evaluador, con cuatro tipos y varias fases, articuladas por el concepto de idoneidad.
El organismo responsable: un instituto autónomo, el INEE.[2]
Esta serie se acompañaba además, de una problematización vuelta sentido común de la época, con las campañas de desprestigio al magisterio (documental De Panzazo) y campañas mediáticas encabezadas por opinólogos, comentaristas, académicos, etc.
Si se observa, las problematizaciones que formulan las iniciativas de 2012 y 2018 no pueden ser más diferentes. He aquí un listado inicial de sus contrastes:
- La de 2012 se focaliza en los problemas de calidad, definidos por los resultados de estándares internacionales. La de 2018, por los problemas estructurales de la desigualdad social múltiple, y los coyunturales derivados de la implementación de la reforma anterior, de sus contrahechos y límites estructurales al estar basada en la imposición y en la desvalorización y castigo del magisterio.
- La de 2012 resulta de un proceso de negociación también focalizada, con agentes empresariales, académicos, ONG’s nacionales e internacionales, la Coalición Ciudadana por la Calidad de la Educación. La de 2018 después de una convocatoria a foros nacionales, después de compromisos de campaña con distintas fuerzas magisteriales, sociales y políticas.
- La de 2012 era parte de un programa de transformaciones estructurales conceptualmente dirigidas por la racionalidad neoliberal; la de 2018 pretende formar parte de un movimiento de resistencia contra las reformas neoliberales, organizado gubernamentalmente por la Coalición Juntos Haremos Historia, con responsabilidades en el Poder Ejecutivo y mayoría simple en el Poder legislativo federal, además de movimientos sociales, regionales, culturales y políticos.
- La reforma de 2012 continuaba los programas de reconfiguración neoliberal del país, de las instituciones, de la subjetividad de docentes estudiantes y funcionarios; la de 2018 forma parte, o debería formar parte de una crítica gubernamental y una redirección de los procesos educativos, a partir de la ubicación de las desigualdades y los efectos causados en el aprendizaje y en los docentes, de las iniciativas neoliberales.
Para resumir: los problemas planteados en la Iniciativa de reforma a los artículos 3º. 31 y 73 constitucionales, enviada por el presidente Andrés Manuel López obrador a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2018 son de dos tipos: los de la lucha contra las desigualdades, una lucha histórica, que da fundamento y destino a la IV Transformación nacional; y los problemas derivados de la implementación de la reforma neoliberal de 2012-2013.
Analizar las estrategias de solución, los conceptos involucrados, los objetos de intervención elegidos y los objetivos, es el siguiente paso del análisis. Pero esa es otra historia, será el tema de otro Cortocircuito.
Referencias
[1] Quien quiera hacerlo, aquí hay algunos elementos. El sujeto y el poder
[2] Para analizar la producción legislativa de la reforma de la reforma de EPN y su racionalidad neoliberal, véanse nuestros libros Los poderes percutidos y Anatomía política de la reforma educativa
