Por: Lucía Melgar Palacios. 07/11/2023
A un año de que termine el sexenio, es indudable que el engaño, la falacia y, en general, el discurso mentiroso han sido centrales en la estrategia comunicativa del titular del Ejecutivo y, con menos habilidad, de su gabinete.
Nos hemos acostumbrado tanto a la negación o minimización de los hechos y a la descalificación del mensajero, que puede parecer irrelevante reiterarlo. La nueva “versión oficial” sobre las atrocidades cometidas en Iguala en 2014, los ataques al fiscal especial Gómez Trejo tras sus revelaciones en entrevista con John Gibler, la terca negativa presidencial a reconocer la gravedad de la violencia extrema y sus dañinos efectos en el país, rebasan, sin embargo, el grado mínimo de respeto y consideración hacia el dolor ajeno que merecen las víctimas.
La mentira y el engaño forman parte de la política, pero la sistemática manipulación de la realidad, a costa de la seguridad, la salud física y mental, la capacidad misma de actuar de las personas sobrevivientes de violencia y de la propia ciudadanía, daña la convivencia social y la democracia; pone en peligro el presente y el futuro. Los problemas que no se resuelven, se agravan; las expectativas frustradas se convierten en desesperanza; al trauma de la violencia se añade el de la negación de justicia; se agudizan la impotencia y la rabia.
En su ensayo “Mentir en la política” (1972), Hannah Arendt abordaba la publicación de los Papeles del Pentágono, como un ejemplo de los peligros y límites de la construcción de una realidad alterna, de teorías y “escenarios” hipotéticos, a costa del análisis de los hechos en el terreno y del contexto histórico y social del sureste asiático, con el fin de manipular a la opinión pública y de “vender” al mundo una “buena imagen” de Estados Unidos.
Además de señalar cómo se tomaron decisiones desastrosas con base en hipótesis falsas y sesgos ideológicos, y como el afán de ocultar los errores contribuyó a una brutal escalada en Vietnam, la autora de Crisis de la República advierte que el engaño puede llevar al autoengaño y a un encadenamiento de mentiras que puede obstaculizar la capacidad de actuar – de manera eficaz, con base en hechos comprobables. Considera también que la política de la mentira puede parecer, pero no es absoluta porque no pueden negarse todo el tiempo todos los hechos. Es decir, habría que destruir todos los indicios y documentos, y a todos los testigos, lo cual ni los regímenes totalitarios lograron.
Como contrapeso a esta tendencia, Arednt apunta a la independencia del Legislativo (suponiéndolo capaz de informarse) respecto del Ejecutivo y a la existencia de una “prensa libre y no corrupta” que informe a la sociedad de modo que ésta pueda conocer los hechos y cuestionar las versiones oficiales.
La libertad de información es en efecto para ella una “libertad política” fundamental para la libertad de opinión, esencial para la vida democrática (como lo demostró el movimiento pacifista en EU). En este mismo sentido, la integridad de al menos un funcionario (Ellsberg y Russo, en este caso), capaz de arriesgarse y hacer públicos informes clasificados como “secretos” contribuye también a la preservación de estos derechos y de la democracia.
Aunque el recurso a la mentira y al engaño se ha sofisticado y espectacularizado desde entonces, se basa en las mismas premisas, enfrenta límites semejantes -aunque quizá menos evidentes- y representa peligros mayores en cuanto la supervivencia del mundo está en vilo.
Seguir negando en México los daños al medio ambiente, la corrupción gubernamental y su impacto social, la persistencia de la pobreza y las desigualdades, la exacerbación de la violencia extrema, con tal de preservar una fantasía ideológica de “bienestar” y “paz social”, pone en riesgo nuestra sostentabilidad ecológica, económica y humana. Por eso es imprescindible defender de ataques indignos a periodistas y sobrevivientes, a quienes buscan la verdad.
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Fotografía: Cimacnoticias.
