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Cualquier balance, análisis o valoración sobre la línea política de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación -4T-, ha de partir de la situación catastrófica provocada por 18 años de guerra en México que aún no termina.
Que no tengamos a un narco como presidente de México ya es un enorme avance. El esfuerzo de López Obrador por rescatar Petróleos Mexicanos, PEMEX, saqueado sistemáticamente y a conciencia durante al menos tres sexenios, merece el mayor reconocimiento. Pero hay contradicciones que no se justifican y que tienen el peso de grandes piedras amarradas a compromisos y enredos políticos, que pudieran devenir en una Transformación de cuarta.
Tener en puestos claves del gabinete a expriistas como Alfonso Durazo Montaño (actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana) que fue secretario particular del expresidente panista Vicente Fox (2000-2006) es una de esas contradicciones de peso.
El combate a la corrupción es una, la principal, de las banderas que la 4T luce. Este eje de trabajo es peligroso y complejo porque se trata de enfrentarse a una estructura mafiosa enquistada en el Estado mexicano que involucra empresarios, políticos, fiscales y jueces.
La línea de trabajo para investigar y denunciar los delitos de corrupción la traza Santiago Nieto, Unidad de Inteligencia Financiera, (643 mexicanos investigados por un monto total de 3,329 millones de pesos) [1], pero la línea se tuerce y atora en quien tiene que perseguir y castigar los delitos cuando Alejandro Gertz Manero, Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico en 1976 a través de la Operación Cóndor y actual Fiscal general de la República, rechaza más del 90% de las denuncias presentadas por la UIF.
El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, es un empresario del grupo Monterrey, vinculado a grupos católicos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, fundó la empresa Pulsar Internacional que expandió sus intereses hacia la biotecnología y la producción de semillas. En Tapachula, Chiapas, es propietario de la empresa Agromod con laboratorios de producción de plantas tropicales, y dueño también de Seminis, productora de semillas de hortalizas, que llegó a controlar el 22% del mercado internacional de semillas; trabajó también para Monsanto. Alfonso Romo es el coordinador del megaproyecto conocido como Tren Maya.
“Unos muertos de hambre”
En conferencia de prensa el pasado 4 de marzo, Alfonso Romo calificó de “muertos de hambre” a los ejidatarios de Chiapas y la península de Yucatán, donde se proyectan o realizan ya trabajos de reforestación y uso de agua impulsados por empresas de las que él fue accionista. “¿Saben como están las poblaciones? Preguntó a los periodistas en forma retórica, para responder: “Están muertas de hambre…”, “tenemos tecnología que con 10 mil pesos por hectárea le cambia el valor a la tierra… para convertir suelos improductivos a productivos. Lo que hace la naturaleza en 200 años, lo hacemos en dos. [2][3].
Xpujil, en Calakmul, estado de Campeche detiene el Tren Maya
Mediante un juicio de amparo, campesinos de Xpujil obtuvieron la suspensión en esa parte del territorio, de las futuras obras del megaproyecto conocido como Tren Maya. La abogada Elisa Cruz Rueda, explicó en rueda de prensa celebrada en el local del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FrayBa, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que el pasado 6 de enero presentaron la demanda de amparo y el 14 de febrero les otorgaron la suspensión provisional confirmada el 3 de marzo con una suspensión definitiva.
Cruz Rueda explicó “cuando nos otorgaron la suspensión definitiva la jueza dijo que no se cancela el proyecto sino que solo sería en la parte del territorio en el que viven los 19 solicitantes del amparo, por lo que dijimos que no estamos conformes pues es sólo una pequeña parte y no todo el proyecto como se solicitó.
Actualmente están elaborando el recurso de revisión en contra de esa suspensión limitada ya que consideran que se trata de un proyecto integral y que cancelando una pequeña parte no se garantizan los derechos de los solicitantes; es necesario suspender todo el proyecto.
En el acto celebrado en el local del FrayBa, representantes de la coordinadora de derechos humanos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas entregaron a dos representantes del Consejo Indígena y Popular de Xpujil, Calakmul, 12 mil 124 firmas recolectadas durante diez días en 15 municipios de Chiapas para respaldar el juicio de amparo y en solidaridad con la lucha de Xpujil. Consideraron que con el llamado Proceso de Consulta Indígena y Jornada De Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya, se violentó su derecho y nuestro derecho a la libre determinación, como expresión de la autonomía.
Así mismo se dio lectura del documento dirigido al Pueblo de México, al Poder judicial de la Federación y a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas exigiendo respeto al ejercicio de la libre determinación como personas y pueblos indígenas ya que se nos quiere imponer la construcción de la llamada supercarretera San Cristóbal-Palenque, pasando por encima de nuestros derechos fundamentales: integridad de nuestras tierras y territorios, a no ser desplazados en nuestras formas de organización y producción, y de nuestras comunidades y a participar y decidir con información cabal, plena y certera.
Con el tema del megaproyecto Tren Maya hay que recordar que oficialmente está reconocido y denominado como proyecto de Reordenamiento Territorial y que, de llevarse a cabo, el territorio maya de Chiapas y península de Yucatán sufrirá una transformación radical en versión desarrollo ultracapitalista, esto es, lo que la naturaleza hizo en millones de años el capital lo destrozará en dos o tres.
También no está de más recordar que México sigue en guerra.
Notas:
1.- Revista EXPANSION 9 de septiembre 2019
2.- La Jornada 4 de marzo Israel Rodriguez – POLITICA –
3.- La Jornada 14 marzo Silvia Ribeiro -OPINION –
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Fotografía: Salva la Selva.
