Por: Alain Garrigou. 08/11/2021
Los sondeos electorales se han convertido en una forma de para-institución que carece de toda regulación, pero que, sin embargo, ejerce una enorme influencia sobre la configuración de la política. Sus resultados modifican la economía del voto, reduciendo la parte de la convicción y aumentado el cálculo utilitario.
La campaña para las elecciones presidenciales francesas del año próximo comenzó explícitamente en septiembre de 2021. Una vez más, el ritmo de las encuestas se ha acelerado. En primer lugar, han asumido el proceso de selección de candidatos actuando como primarias mediáticas, junto con, o en competencia con, las primarias o internas de los partidos. En una segunda fase, acompañarán la carrera de los candidatos a la presidencia entregando puntuaciones intermedias. Los protagonistas de este espectáculo mediático-político se han instalado en todas las plataformas. Al aire, los resultados del “último sondeo” suelen comenzar con la expresión: “es sólo un sondeo que debe tomarse con precaución”; luego el encuestador de turno ironiza con que “hoy todo debe tomarse con precaución”, y ríe.
Sin embargo, sería un error tomarlo a la ligera. Hay muchas experiencias en el pasado de elecciones marcadas por la influencia de las encuestas: desde el hundimiento de Jacques Chaban Delmas en 1974, pasando por la candidatura de Balladur en 1995, impulsada por sus encuestas como primer ministro, hasta las operaciones de candidatos inesperados como Ségolène Royal en 2006, o la decisión de François Hollande de no volver a presentarse. Sin excederse en la enumeración, es difícil ignorar que los sondeos electorales se han convertido en una forma de para-institución ausente de la Constitución y esencialmente de toda regulación, que configura la política en Francia y en otros países.
Artefactos creados
Estos sondeos electorales se refieren principalmente a la intención de voto. Hay otras, conocidas como encuestas “del día de la votación” o “posteriores a la votación”, que son útiles para el análisis pero que, por definición, no son informativas porque, obviamente, no cambian el pasado. Sin embargo, la intención de voto no se refiere a lo mismo en diferentes momentos de la campaña. Al principio, la mayoría de las veces no existen. También se dice que tienen un bajo grado de realidad. Al menos en general es así. ¿Cómo podría ser de otro modo si no se conocen todos los candidatos? Por lo tanto, los cálculos políticos se basan en datos disponibles de forma desigual o, en gran medida, inexistentes. La baja fiabilidad del instrumento resulta un defecto secundario. Y sin embargo, es uno más. ¿Y qué podemos decir de las encuestas sobre las segundas vueltas que oponen dúos que son por definición hipotéticos y a veces imposibles cuando no se ha jugado la primera vuelta? Hacen que la elección electoral parezca un juego, lo que ciertamente no ayuda a fomentar la sinceridad que cabría esperar de los encuestados.
La situación ha empeorado. Según un extraño entrecruzamiento, la intención de voto existe cada vez menos porque las afiliaciones a los partidos han disminuido. También es curioso descubrir que en un momento en el que el voto está menos determinado por una afiliación partidista de larga duración –“ser” radical, socialista, liberal, de izquierda o de derecha–, en un momento en el que el voto predeterminado por una identidad estable está disminuyendo, las encuestas sobre la intención de voto avanzan. Como mucho, estas intenciones indican una preferencia, primaria o secundaria. Por supuesto, los encuestadores sostienen que son más fiables a medida que se acercan las elecciones. A pesar de algunos fiascos históricos, esto se ha verificado en su origen, con el famoso precedente de las elecciones presidenciales estadounidenses de 1936, cuando George H. Gallup predijo el éxito de Franklin D. Roosevelt. ¿El hecho de que las encuestas predigan quién va a ganar unas horas antes de las elecciones es suficiente para justificar su omnipresencia el resto del tiempo? Los medios de comunicación no parecen tener la paciencia de esperar unas horas para conocer el resultado real de la votación.
Por lo tanto, las encuestas electorales crean un artefacto, ya que no se hablaría, y sobre todo no se mediría, la intención de voto si no hubiera encuestas. Se producen no sólo porque las intenciones de voto son desiguales, y a menudo no existen, sino también por el método con el que se producen. Hoy en día, el 75% de los sondeos se realizan online, utilizando una población de encuestas conocida como acces panel, es decir, varias decenas de miles de internautas consultados regularmente por los institutos a través de empresas subcontratadas. Esto se hace con el incentivo de una recompensa, cada vez más modesta pero más interesante a medida que se suman las ganancias. En cierto modo, hemos redescubierto así los principios del voto pagado, en contra del principio del voto libre que se supone que sustenta la democracia. Por el momento, ¿creemos que los encuestados interrogados en cualquier momento del día, varios meses antes de las elecciones, se plantean realmente la cuestión de la elección de una papeleta? Las encuestas lo han registrado tan bien que las preguntas comienzan con la forma condicional: “Si las próximas elecciones presidenciales se celebraran el próximo domingo…”. El procedimiento, que se supone que “pone la situación en perspectiva”, funciona como un recordatorio de la situación ficticia de la encuesta. No ofrece una papeleta de voto, sino una casilla para rellenar.
El negocio está, pues, bien asentado en este triángulo de intereses entre los políticos, que han perdido en parte el contacto con los ciudadanos y lo suplantan con las cifras que predicen su futuro como una bola de cristal, los medios de comunicación, necesitados de espectáculo y que articulan la política en torno a una competencia a menudo comparada con una carrera de caballos, y los encuestadores que combinan los papeles de comerciante, comentarista y asesor. ¿Vale la pena el espectáculo propuesto? Se pueden encontrar ventajas si se tiene en cuenta que la competencia mantenida por las noticias diarias de los sondeos despierta estímulos como cualquier otra competencia deportiva. De ser así, la participación caería aún más sin las encuestas. Pero tal vez empujan a la gente hacia la desvinculación política a través de la saturación de los medios de comunicación.
Es cierto, por otra parte, que la publicación de las intenciones de voto acentúa la abstención al disuadir mecánicamente de votar a candidatos muy marginales. ¿Qué sentido tiene votar si sólo sirve para dar testimonio pero no contribuye al resultado esencial de las elecciones? Irónicamente, también contribuyen a su propia pérdida de fiabilidad, ya que el alto nivel de abstención reduce la parte útil de los encuestados –los que se declaran “seguros de votar” –, tanto porque la muestra es muy reducida como porque, según un sesgo legitimista bien conocido pero poco tenido en cuenta, esta pregunta preliminar muestra que hay más personas seguras de votar que votantes. Sean cuales sean los errores, el espectáculo debe continuar.
La publicación de las intenciones de voto acentúa la abstención al disuadir mecánicamente de votar a candidatos muy marginales.
Hablando de un sistema parainstitucional, ¿podemos sorprendernos de que se confíe los sondeos a empresas privadas, es decir, empresas comerciales con ánimo de lucro? Esto exige un control, siempre que no se confíe únicamente en el mercado autorregulado. Esta fue la elección que hizo la ley francesa del 19 de julio de 1977 (con la prohibición de publicar encuestas 48 horas antes de las elecciones y la creación de la comisión electoral). Aunque en su momento la calificaron de “ley canallesca”, algunos encuestadores empezaron a defenderla cuando llegó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley aprobado por el Senado en 2012 con el objetivo, entre otras cosas, de prohibir cualquier remuneración a los encuestadores. Bajo su influencia, Nicolas Sarkozy impuso un veto presidencial, disfrazado de rechazo por la comisión de leyes de la Asamblea Nacional. Las elecciones presidenciales eran inminentes. El control público se dificultó aún más cuando se concedió el secreto industrial a las encuestas mediante una sentencia del Conseil d’Etat del 8 de febrero de 2012. En otras palabras, en todos los puntos técnicos –ajustes, composición de la muestra, correcciones, etc.– así como en otros –la decisión del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2012– dificultó aún más el seguimiento de las encuestas por parte del público. En otras palabras, en todos los puntos técnicos –ajustes, composición de la muestra, correcciones, etc. –, así como en otros –la identidad del patrocinador real– los encuestadores están protegidos por el secreto en nombre de la competencia comercial. Salvo la publicación de los márgenes de incertidumbre, obligación que generalmente no se respeta, los encuestadores no tienen ninguna obligación de publicar sus datos.
Podríamos elaborar una larga lista de los diversos efectos de las encuestas de intención de voto: configuran las elecciones favoreciendo a los candidatos más conocidos –las primeras intenciones de voto tienen así una gran repercusión mediática–, llevando a la gente a elegir candidatos o a renunciar a ellos basándose en pseudoestudios, empujando a los votantes a calcular, con más o menos habilidad, cuál es el voto más juicioso, cómo no va a “perder” su voto en un candidato sin posibilidades de ganar, y renunciando a votar “por nada”. Toda la economía del voto se modifica reduciendo la parte de convicción del voto y tirando hacia un cálculo utilitario. En este caso, no es sólo a los profesionales de la política a los que hay que atribuir la desconfianza electoral, sino a los propios votantes que están, volens nolens, embarcados en un mecanismo utilitario de competencia democrática. Obligados a admitir esta influencia, los encuestadores replican que todo el mundo está sujeto a ella, como si fuera comparable a la influencia interpersonal, o a la que ejercen las empresas económicas y las fortunas privadas, claramente comprometidas en la lucha por el poder.
Moldear el futuro
Por tanto, hay que situar la intención de voto en la economía de las elecciones. En este caso, estas “intenciones” son información producida por los seres humanos con fines que pueden moldear el futuro y a menudo están diseñadas para ello. Estos artefactos son similares a los “pseudoeventos” analizados por Daniel Boorstin. No son el mismo tipo de acontecimiento que la erupción de un volcán, un conflicto internacional o un acontecimiento feliz en una familia real, acontecimientos que no se fabrican como información útil y planificada. Al menos no esencialmente. Su realidad en sí misma es incierta, y en este sentido se asemejan a las noticias falsas que se han vuelto endémicas. La diferencia, sin embargo, y en esto radica su ambigüedad, es que pueden hacerse realidad cuando se materializan con votos. En definitiva, se trata de una información desigual o alternativamente exacta o inexacta. ¿No debería esta naturaleza híbrida llevarnos a hablar de “true fake news” o, ya que el término inglés fake news ha invadido el francés, de true forged news? Noticias que son más “fabricadas” que verdaderas o falsas, ya que la evaluación de las ficciones no entra en un régimen de verdad.
* Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Paris-Ouest Nanterre – La Défense. Autor de Mourir pour des idées (Les Belles Lettres, París, 2010).
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur
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