Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza. 27/09/2018
Hace unos días se cumplió el primer aniversario del sismo del 19 de septiembre de 2017. La devastación no solo fue material, también social y emocional. Personas de la tercera edad, familias enteras, mujeres embarazadas y jubiladas, pensionados y enfermos que antes tenían un techo, se encuentran literalmente en la calle desde hace doce meses; la reconstrucción sigue pendiente, las heridas aún no cierran.
Un caso ejemplar de esta devastación es el de las escuelas. Desde hace doce meses un número desconocido de alumnos toman clases en condiciones deplorables e indignas por los cuatro costados.
¿Cuál es la relevancia del tema?, ¿qué importancia tiene saber, más allá de la efeméride, qué es lo que ha ocurrido con la reconstrucción escolar? Más aún, ¿qué tiene que ver el desastre provocado por un fenómeno natural con la autonomía de gestión de las escuelas, establecida en el marco jurídico vigente?
Además de interpelar a la memoria como forma de contrarrestar el olvido, decidimos abordar la situación en que se encuentran las escuelas afectadas por los sismos del 2017, para mostrar cómo es que un acontecimiento inesperado puede ser políticamente aprovechado para acelerar determinados procesos. La falta de respuestas a la reconstrucción escolar, exhibe con claridad la racionalidad subyacente a la autonomía de gestión propuesta por la reforma educativa.
Comencemos con una aproximación a las dimensiones del desastre. Según el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2018, el total de escuelas con daño grave fueron 210 distribuidas como sigue: 4 en Chiapas; 9 en Cd. de México; 12 de Guerrero; 3 de Hidalgo; 35 del Estado de México; 41 de Morelos; 28 de Oaxaca; 77 de Puebla; 1 de Tlaxcala (Listado de planteles en datos abiertos reportados por los estados). Repetimos, son únicamente las reportadas con daño grave; si a estas cifras le sumamos las clasificadas con daño severo a moderado y con daño menor, el panorama del desastre se magnifica; si en este momento se realizara otro censo escolar, el estado de la infraestructura que se reportó en el 2013, sería aún más sombrío.
Solo en Oaxaca y Chiapas, existen 1567 escuelas en las que ni siquiera se han iniciado los trabajos, supuestamente por la falta de fondos (A un año del sismo, escuelas de Chiapas y Oaxaca sin reconstruir). En Puebla, donde resultaron dañadas 1614 escuelas y se demolieron 20 por ciento, empresarios de la construcción que como buenos samaritanos se vieron favorecidos para participar en las obras, advirtieron que la reconstrucción demoraría un año; dicen que será aproximadamente hasta octubre que se concluyan los trabajos (Tardará seis meses más la reconstrucción de escuelas)
En la Ciudad de México, de los 1,900 planteles que resultaron dañados, aún faltan 52 de rehabilitar; significa que un número desconocido de alumnos continúan reubicados, es decir, tomando clases en instalaciones prestadas, hacinados, en condiciones por demás deplorables. Eso sí, muy ufanas, las autoridades anunciaron que en el actual ciclo escolar, 25 escuelas regresaron a sus sedes originales “utilizando parcialmente la infraestructura del plantel…” (Seguirán sin clases 52 escuelas afectadas por los sismos). Es decir, regresan pero estudiarán en carpas o en aulas prefabricadas, instaladas dentro de su propia escuela, sacrificando espacios que antes utilizaban para jugar, correr, distraerse, tomar clase de educación física, realizar festivales, entre otras actividades.
Como suele ocurrir, la información es parcial e incompleta, las cifras oficiales no coinciden con las de otras fuentes. Por ejemplo, tanto en el sitio oficial del INIFED como en el Mapa de escuelas públicas afectadas, se mencionan nueve escuelas con daño grave, pero la segunda fuente, actualizada al 28 de agosto pasado, agrega detalles sobre el número de alumnos, el monto y procedencia de los fondos para su reconstrucción. Por la parte gubernamental, tenemos al FONDEN, Seguros de Infraestructura, Escuelas al CIEN, Programa de la Reforma Educativa gobiernos estatales y extranjeros; por la parte privada, Fundaciones como BBVA, Slim, IENOVA, Telefónica, Teletón, Televisa, Adopta una escuela, entre otras.
Supuestamente, de esas nueve escuelas, ocho ya fueron reconstruidas y reiniciaron sus actividades este ciclo (Listas, 8 de 9 escuelas con daños en los sismos, dicen); habría que corroborarlo in situ, no vaya a ser uno de esos típicos casos de lucimiento en los que solo importa dar la nota.
Hasta ahora, las autoridades parecen haber estado más ocupadas en esconder, alterar, escatimar o soltar a cuentagotas los recursos y la información demandada por los ciudadanos (INAI ordena dar lista de 20 escuelas dañadas en la CDMX). A la fecha, no existe un censo actualizado sobre el estado de los planteles, el monto del financiamiento, el destino de los recursos así como el avance de la reconstrucción. El INIFED maneja información parcial, y el SIGED, que con tanta diligencia contabiliza mensualmente el número de maestros y tipos de plazas, no ha incorporado información actualizada sobre las escuelas.
Ante la indolencia oficial, organizaciones privadas se han erigido como genuinas interesadas en la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos destinados a la reconstrucción. En junio de este año, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) publicó en su página oficial información que deja al descubierto las inconsistencias de la información oficial (Los datos de la reconstrucción escolar tras los sismos de septiembre de 2017).
Las declaraciones de las autoridades son de antología, ya no sabe uno si reír o llorar. El 20 de julio de este año, la SEP reportó un avance del 98% en las reparaciones en escuelas de la Ciudad de México (SEP reporta avance de 98% de escuelas afectadas por sismos en CDMX; dos meses después, el todavía secretario de educación Otto Granados, volvió a mencionar exactamente el mismo porcentaje de avance, y agregó ufano, que eso se debe a que en la Ciudad de México, la SEP es responsable del sistema educativo. “En el resto de la república nosotros no somos los responsables de la ejecución, son los gobiernos estatales” (Evaluación docente no se detiene).
Por un lado, el gobierno federal traspasa la responsabilidad de la reconstrucción escolar a los gobiernos estatales, mientras que por otro crea un programa de financiamiento de infraestructura escolar (los CIEN) que generará un endeudamiento creciente en las finanzas estatales, al anteponer la transferencia de recursos públicos a manos de particulares. Y si los estados ven mermados sus recursos, ¿quién y cómo solventará otra contingencia de la magnitud del 19S-17?
Más allá de los escenarios futuros que se miran negros, la respuesta oficial a la reconstrucción y reparación de las escuelas, ha sido la confusión, el ocultamiento de información sobre los recursos, la danza de las cifras. Esto no es una casualidad, tampoco un mero descuido de algunos funcionarios incompetentes; es un patrón institucional que se repite una y otra vez; los afectados reciben el mismo tipo de respuestas en todas partes: silencio e indiferencia, cuando no maltrato.
Pues bien, esta es la situación que priva a nivel macro sistémico; da cuenta de otro tema que por el momento no es posible tratar aquí: la gobernanza corporativa. Veamos ahora lo que ocurre a nivel escolar.
Para empezar, las familias, los maestros y los alumnos continúan batallando con los daños del sismo y sus secuelas. No se necesita ser sabio ni mucho menos tener una bola de cristal para darse cuenta de que el desastre escolar rebasa por mucho un asunto de infraestructura dañada. Las afectaciones trascienden las carencias materiales, han atravesado y trastocado la totalidad de la vida escolar: horarios, espacios, rutinas, actividades, pero sobre todo, vínculos y relaciones.
Muchas comunidades se fracturaron, no lograron ponerse de acuerdo; por ejemplo, en una escuela de Tláhuac, donde se instalaron aulas temporales sobre piso de tierra, los padres de un grupo aportaron recursos para poner un piso distinto, poner cortinas y decorar el aula; todos los demás grupos toman clases en la polvareda; esto ha sido una fuente de conflictos varios. Pero también está la otra cara de la moneda; otras comunidades se fortalecieron, lograron definir una demanda común y se cohesionaron a partir de ella.
El hecho es que desde hace un año, las escuelas, las familias y los alumnos, están lidiando con el trauma, con las secuelas afectivas y sociales del temblor, han enfrentado la situación como han podido, generalmente sin apoyo alguno. Si bien no han sido documentadas sistemáticamente, las estrategias y modos de gestionar el desastre han sido múltiples, al igual que su alcance. Algunas comunidades recurrieron a la protesta, se movilizaron, maestros y padres cerraron calles y clausuraron simbólicamente dependencias públicas; otras optaron por desembolsar recursos económicos, aportar trabajo en especie, bienes materiales, también enviaron escritos a diferentes autoridades dentro y fuera del sistema educativo (Las historias escolares que comenzaron con el terremoto) Hubo quien recurrió a las solicitudes de información para conocer el origen, monto y destino de los recursos públicos; pronto descubrieron que el sistema de transparencia que tanto nos cuesta, no es más que un laberinto tortuoso; como nos confió una profesional que conoce por dentro el sistema, “es más fácil responder (con cualquier pretexto) que hacer una solicitud de información”.
Los meses inmediatos posteriores al sismo, las escuelas fueron noticia diaria; a medida que avanzó el año, fueron cayendo en el olvido, pero los problemas siguieron, siguen y seguirán ahí. Durante el tiempo transcurrido, han ocurrido muchas cosas, la reubicación y el hacinamiento, se viven como un despojo de espacios. Indudablemente, aquí las principales afectadas son las niñas, los niños y jóvenes de carne y hueso, esos a los que los reformadores tanto apelan cada vez que alguien se atreve a proponer la cancelación de la reforma educativa. Sus voces no han sido escuchadas, seguramente tienen mucho que decir y reclamar.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la autonomía de gestión? Recordemos primero qué es lo que establece el nuevo marco jurídico al respecto.
Para empezar, en el tercer párrafo del artículo 3° vigente, dice: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa………garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
La redacción es horrenda, deliberadamente ambigua, pero aquí no se menciona explícitamente a la autonomía de gestión. Sin embargo, en el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso a del Decreto de Reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, se menciona que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para:
“Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta” (Decreto por el que se reforman los artículos 3° y 73).
En cumplimiento de este mandato, los legisladores incorporaron la autonomía de gestión ni más ni menos que en la Sección 3 de la LGE, “Del financiamiento a la educación”, específicamente en el artículo 28 bis que dice: Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.
La fracción III de este mismo artículo señala como uno de los objetivos de la autonomía de gestión lo siguiente:
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. (Ley General de Educación)
Como se desprende del texto legal, el sentido que la reforma educativa le ha otorgado a la autonomía de gestión es de orden material y funcional; se espera que sean las propias escuelas, con los directores gerentes a la cabeza, las que asuman la responsabilidad de solventar las carencias materiales, los problemas de infraestructura y las dificultades de operación cotidiana; No podían decirlo en el artículo 3°, el principio de gratuidad aún se mantiene, al menos en la letra.
La actitud gubernamental evidencia que para las autoridades educativas, las secuelas del sismo no son más que meros problemas de operación que deberán resolver las propias comunidades, que para eso fueron dotadas de autonomía, está consignada en la ley.
Ante el desastre, el abandono, la indiferencia y negligencia oficial potenció la racionalidad del “hágalo usted mismo” implícita en la autonomía de gestión, mostrándola como lo que es: un instrumento regulador de prácticas, rutinas y procedimientos de auto-responsabilización para obtener o aportar recursos materiales, reparar y dar mantenimiento a la infraestructura escolar, además de vigilar internamente su uso y destino. Del manejo de los millones de pesos procedentes de recursos públicos y donativos no deben preocuparse, de eso se encargan los funcionarios de alto nivel; he ahí el mensaje.
Evidentemente, la autonomía de gestión está endilgando a las escuelas, todos aquéllos problemas que afectan el funcionamiento escolar cotidiano, incluidos los generados por el sismo. En los términos de la LGE y los lineamientos para elaborar programas de gestión, son eso, problemas de operación.
¡Hágalo usted mismo! Parece anuncio, pero resume bien el verdadero significado de la autonomía de gestión; el sismo lo que hizo fue desnudarlo. Ojalá nos equivoquemos, pero de continuar por esta ruta, es muy probable que el año próximo, cuando se cumpla el segundo aniversario de la tragedia, veamos de nuevo la misma película: padres, maestros, directores, alumnos reclamando una reparación que no llega. O peor aún, que el hágalo usted mismo se haya naturalizado a tal punto, que ya nadie reclame ni exija nada.
Si esto es ahora, preparémonos para el agravamiento del desastre. De continuar los CIEN endeudando a los estados, los recursos para infraestructura se reducirán drásticamente, las familias terminarán por hacerse cargo completamente de la escuela pública, y si no pueden, ahí estarán los particulares, listos para hacer negocios.
Después de todo, esa ha sido la típica estrategia neoliberal: primero se destruyen los bienes públicos sumiéndolos en el abandono, después se denuncia incompetencia y despilfarro, luego vienen los empresarios al rescate. De ahí a la charterizacion, solo hay un paso.
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