Por: ARTICLE 19. 25/11/2017
El Diario de Juárez y su directora editorial, Rocío Gallegos, son blanco de una campaña de desprestigio y estigmatización por parte del gobierno estatal de Chihuahua.
El último de estos episodios comenzó el 9 de noviembre de 2017 cuando El Diario de Juárez, al igual que otros medios de la región, publicó un video donde una mujer, amagada por presuntos integrantes de un grupo delictivo, declaró que el presidente Municipal de Madera, Chihuahua y el gobernador del estado, Javier Corral, protegían a un grupo del crimen organizado.
Dicha publicación generó una reacción por parte del gobierno estatal donde se señala al Diario y a su directora editorial, Rocío Gallegos, de tratar de presionar a la administración actual a través de publicaciones en su contra a cambio de “carretadas de dinero”.
Aún cuando El Diario de Juárez no fue el único medio que publicó el video antes citado, la respuesta del gobernador en redes se dirigió a este y a Rocío Gallegos exclusivamente, tal como se aprecia en la siguiente publicación:
Al respecto, el mismo 9 de noviembre de 2017 el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo, lamentó que el Diario de Juárez se convirtiera en “portavoz del crimen organizado” al publicar el video donde se señala al gobernador y al presidente municipal de Madera.
Además, señaló dicha publicación como una manera de contribuir a la estrategia de la delincuencia ya que “buscan generar confusión y desinformación entre la sociedad, ante los golpes propinados a los enemigos de la paz”[1]
En entrevista con ARTICLE 19, Gallegos expresó sobre el tema: “La administración de Javier Corral ha ido contra el Diario, contra los reporteros y contra mi persona ya que todo lo que publicamos lo ven como un intento de extorsión y difunden esas versiones desde las redes sociales de funcionarios de gobierno del estado o la misma Coordinación de Comunicación Social. Me preocupa el acoso constante, el golpeteo, la criminalización, la descalificación desde el gobierno, desde el propio gobernador y la gente que trabaja con él.. Respecto al contenido del video que publicamos no hubo respuesta, desde el gobierno estatal se centraron en irse contra nosotros.”
Previamente, el 6 de noviembre de 2017, el gobernador Corral dirigió un mensaje hacia El Diario de Juárez donde, además de desmentir la nota “Vacaciones con cargo al erario” acusa al medio de tratar de extorsionarlo a través de la publicación de trabajos donde se le cuestiona.
Como antecedente a este hecho,a principios de mayo de este año fue filtrada a medios de comunicación la existencia de una lista de periodistas incómodos proveniente de la Coordinación de Comunicación Social donde se incluye al Diario de Juárez y a varios de sus integrantes (incluída Gallegos).Dicha lista, dirigida a personal y funcionarios del gobierno estatal, advierte el evitar caer en exceso de confianza con los medios ahí descritos, además de señalar a varios de ellos por manipular información o pedir recursos a cambio de coberturas favorables.
Ante el hostigamiento constante, Gallegos ha decidido establecer una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de dejar constancia del constante hostigamiento al que ella y su medio se han visto sometidos.
Por los hechos antes citados, desde ARTICLE 19 condenamos el clima de hostilidad hacia los medios de comunicación en Chihuahua y en especial la actual campaña de desprestigio y criminalización en contra de El Diario de Juárez y Rocío Gallegos, su directora editorial. En un contexto como el de Chihuahua, donde están por cumplirse 8 meses del asesinato de Miroslava Breach y 11 meses del asesinato de Jesús Rodríguez, es preocupante que se registren hechos de agresión a la prensa donde sean funcionarios locales los principales instigadores.
Es primordial mencionar que las acciones de desprestigio y criminalización realizadas por el gobierno de Chihuahua contravienen lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos Caso Ríos y otros y el Caso Perozo y otros[1] respecto a que, en un contexto de inestabilidad e inseguridad, señalar a integrantes de la prensa o medios como voceros o colaboradores de los grupos del crimen organizado contribuye a aumentar gravemente su vulnerabilidad frente al riesgo.
Además, es necesario que el gobierno estatal de Chihuahua tenga en cuenta que su carácter como autoridad les exige un umbral de tolerancia a la crítica mayor que el de las y los ciudadanos comunes. Es preocupante además, que la actitud hostil del gobernador Corral hacia las publicaciones que no favorecen al gobierno estatal, ha encontrado replica entre los trabajadores de la administración pública, quienes hacen eco y respaldo de estas prácticas, como ha sido el caso del titular de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Por esto, desde ARTICLE 19 exigimos al gobierno estatal de Chihuahua y a su Coordinación de Comunicación Social, abstenerse de continuar desprestigiando y criminalizando la labor de Gallegos y el Diario de Juárez, o de cualquier otro medio de comunicación . Del mismo modo, recordamos al gobierno estatal que en su calidad de garante del derecho a la libertad de expresión, en particular de ejercicio periodístico en la región tiene que proteger y generar el ambiente y las condiciones necesarias para la labor de investigar y difundir información.
En efecto, el respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión no se circunscribe a todas aquellas ideas, opiniones o informaciones que resulten bien recibidas o con las que concuerden los funcionarios estatales, sino también a las que puedan resultar incomodas, estridentes, chocantes y hasta ofensivas para los funcionarios públicos. Este es el aspecto medular del debate democrático el cual debe ser desinhibido, crítico, robusto y plural.
Además, instamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que, investiguen los hechos y actúen en la medida de sus atribuciones.
Del mismo modo, urgimos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que conozca del caso y haga lo necesario para proteger la labor del Diario de Juárez y sus integrantes.
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Fotografía: Agencia Cuartoscuro
