Por: Tlachinollan. 14/10/2021
Con problemas graves, como la falta de agua en las colonias de los municipios más grandes del estado; los focos de infección acumulados por la basura, que se ha transformado en un negocio redondo para políticos y empresarios; la ausencia de policías municipales por la recisión de contratos, falta de pagos o por las disputas internas sobre quiénes tomarán las riendas de la seguridad; la multiplicidad de obras inconclusas y mal hechas por parte de los contratitas de los gobiernos municipales salientes, así como adeudos millonarios a trabajadores y proveedores. Deudas impagables que se acumulan cada año y cada trienio para salir a flote de los quebrantos financieros recurrentes. Malestares y protestas de la población por los compromisos incumplidos y por la defraudación financiera de los ediles que han dejado las arcas vacías, marcan la tónica de la transición de los gobiernos municipales.
Es un diagnóstico catastrófico que cada trienio se complejiza en todos los municipios del estado, porque en lugar de resolver los problemas más agudos que enfrenta la población, los nuevos gobernantes, que toman las riendas de los ayuntamientos, tienen como principal objetivo; recuperar el dinero gastado en la campaña; afianzar en los principales cargos al primer círculo de amigos y amigas, para asegurar que todos los recursos financieros queden bajo control. Establecer acuerdos bajo la mesa con los grupos que financiaron las campañas. Asegurar los mejores dividendos que genera la obra pública con dueños de constructoras que han aprendido a realizar grandes negocios con trabajos de mala calidad. No hay intención de darle continuidad a los pocos esfuerzos que la población realiza al involucrarse en la planeación y programación de obras, que pueden detonar un mejor impacto en zonas depauperadas. Tampoco se tiene una visión de largo plazo para sentar las bases de un plan de desarrollo más equitativo, sostenible e incluyente.
El estilo de los gobiernos de cualquier cuño, es ejercer el poder de forma patrimonialista, facciosa y mercantilista. Todos los enroques están pensados para colocar a gente que les asegure buenos dividendos en la administración de los recursos públicos. Se trata de colocar a quienes dieron ejemplo de lealtad y compromiso con el candidato ganador. No hay medias tintas, se van los que perdieron, sin importar cómo realizaron su trabajo. Todo se concentra en el nuevo gobernante que impone un estilo propio para ejercer el poder. Por lo mismo, la escenografía que se diseña debe focalizarse en el lucimiento personal, para mostrar el rostro generoso y condescendiente del nuevo gobernante, en las redes sociales. Sus eventos están pensados para lograr un efecto meramente mediático, inmediatista y superfluo.
Los ayuntamientos son las minitas de oro que, en un estado tan pobre y violento como Guerrero, ha engendrado una clase política corrupta y pendenciera, que se colude con los grupos de poder vinculados al crimen organizado. Este escenario truculento es un terreno fértil para hacer más redituable el negocio de la politiquería. Ostentar un cargo público es asegurar un futuro promisorio, porque pasas a formar parte del círculo de los privilegiados, que aprenden a desviar millones de pesos para negocios privados. Se vuelven expertos en las mañas para engañar con mejor estilo a la gente; se rodean de personajes que pululan en los ayuntamientos para saber cómo obtener mejores dividendos con el manejo de los recursos públicos. También les dan tips para que sepan pactar y negociar con personajes de viejo cuño que saben cómo sortear los problemas por malos manejos financieros.
La impunidad que impera en la entidad, está marcada por la opacidad con la que actúan las autoridades. La ausencia en la rendición de cuentas es la norma con la que se desempeñan todos los funcionarios públicos; hay una sincronía en los tres poderes del estado para no afectar intereses macroeconómicos y encubrir a delincuentes de cuello blanco. El compadrazgo político forma parte de las alianzas más efectivas para escalar en los cargos públicos y para asegurar protección en los negocios mal habidos. En esta carrera política se aprenden rápido los códigos ocultos para robar sin dejar huella y para legalizar lo que es ilegal.
A pesar de que existen leyes y procedimientos jurídicos y administrativos para la entrega recepción, los gobiernos que salen se las ingenian para proporcionar información vacua, sin contenido ni sustancia sobre el estado que guarda cada secretaría o dependencia gubernamental. Todo se reduce a un mero formalismo administrativo, que no va al fondo de los problemas. El primer gran desafío del nuevo gobierno es conocer a detalle lo que recibe de la administración saliente. Hay una gran responsabilidad pública de informar con veracidad a la sociedad lo que ha recibido, para saber qué acciones tiene que emprender. Tiene la obligación de informar de qué tamaño son los problemas que enfrentamos y de qué manera se atenderán, para no generar expectativas de que la situación mejorará en lo inmediato. Tiene que asumirse con realismo lo que estamos padeciendo, que es una crisis generalizada que se expresa en los bajos índices de desarrollo, en el desempleo y la falta de opciones para revertir las condiciones alarmantes de pobreza extrema. El clima de violencia e inseguridad es un problema que se ha agudizado por la colusión que se ha dado entre los actores del estado con la diversidad de grupos de la delincuencia organizada. En los últimos años la delincuencia organizada ha adquirido mucho poder por los pactos de impunidad que se mantienen intocables, y que son garantía de protección para quienes ejercen la violencia y mantienen el control dentro de los gobiernos municipales. Hay una estructura de poder que se ha anquilosado por décadas, sin que exista el compromiso de desmontar esta red de intereses creados por grupos políticos que se han apropiado de las mismas instituciones. Hay cotos de poder inamovibles al grado que las mismas autoridades corren peligro si se atreven a realizar cambios y a depurar las instituciones donde se ha arraigado la corrupción y se ha institucionalizado el pago de los servicios. Hay mafias que tienen bajo su control varias dependencias públicas que han creado clientelas políticas a cambio de prebendas.
En esta coyuntura política hay varios municipios donde la violencia ha reaparecido como expresión de la disputa por el poder municipal. Por el control de las plazas y para mantenerse dentro de la estructura gubernamental. No solo son los reacomodos de los grupos políticos, también hay un rejuego de poderes fácticos que están moviendo sus hilos para no perder sus espacios ni sus negocios. Como ciudadanos y ciudadanas que luchamos para que impere la ley y se aplique la justicia, enfrentamos graves riesgos por la porosidad de las instituciones, la debilidad de los gobiernos municipales y su permeabilidad con el crimen organizado. Para afianzarse en el cargo los presidentes municipales optan por establecer compromisos con los grupos que actúan en la penumbra de la ilegalidad. Saben que ellos son capaces de imponer la ley del fuego contra quienes catalogan como enemigos o perciben que son actores incómodos que impedirán que prosperen los negocios ilícitos. Esta plaga se ha expandido, por no decir generalizado, en todos los municipios del estado. En cada municipalidad hay controles impuestos por grupos de la delincuencia. Son imperceptibles cuando tienen el monopolio del poder, sin embargo, si surgen expresiones legitimas de la población que cuestionan el actuar de la autoridad municipal, aparecen para causar temor. Se asumen como el poder fáctico que se encarga de imponer el orden y de someter a una población que protesta con el terror de sus armas. No permitirán que se trastoquen intereses económicos por una causa social, porque no hay nada más importante que asegurar los negocios de quienes dieron dinero para ganar el municipio.
Hay luces y sombras que se vislumbran en este medio sexenio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Hay una gran aceptación por el modo de implementar una política social orientada a revertir los rezagos sociales en regiones empobrecidas. También la lucha contra la corrupción se ha focalizado contra funcionarios de alto nivel que causaron graves daños al erario público. Ya no se tolera que los grandes empresarios se les exente del pago de impuestos, más bien, se les ha obligado a cubrir con sus obligaciones fiscales. Aunque no todos acatan el nuevo código de conducta del gobierno de la cuarta transformación, ya no se permiten gastos suntuosos. Los mismos sueldos de la alta burocracia ya no deben ser estratosféricos. No obstante, estos esfuerzos la población mayoritariamente pobre todavía reciente los estragos del hambre y la falta de empleos remunerados en las mismas comunidades donde viven. La migración es un fenómeno creciente y forzado. Es un problema que causa estragos a las familias por la discriminación, el racismo y la explotación de los patrones. La violencia y la inseguridad se ha incrementado a pesar de las cifras oficiales de que han disminuido los homicidios. La proliferación de las organizaciones criminales es un indicador de que sigue imperando la impunidad y que el poder de las armas en manos de la delincuencia es la amenaza más grande que padecemos. La creación de la guardia nacional está muy lejos de resolver los problemas que enfrentamos en las diferentes regiones del estado. Es un cuerpo de elite que nunca será un policía cercano a la población, tampoco acudirá en auxilio de las comunidades que están asediadas y son desplazadas por el crimen organizado. Las familias que han perdido a sus seres queridos debido a la incursión violenta de los grupos de la delincuencia, son las víctimas que no han encontrado el auxilio, mucho menos la protección de la guardia nacional. Con las arcas vacías y la omnipresencia de la delincuencia, el escenario Guerrerense vislumbra tormentas.
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
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Fotografía: Tlachinollan
