Por: Jorge Ivan Peña Rodríguez. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, UNAM. 28/05/2020
A raíz de la de la aprobación de la reforma energética de 2013, impulsada desde la agenda del “Pacto por México”, se generaron y legalizaron procesos legales que permitieron a empresas, en su mayoría extranjeras, explotar y controlar territorios de comunidades sin mayor problema; así lo registró el Centro de Análisis y Documentación. Es decir, se legalizó e impulsó el despojo de tierras y recursos naturales que en gran medida pertenecen a pueblos originarios, todo en nombre de un llamado “desarrollo sustentable” que resultó ser más un negocio al amparo del pueblo, que un beneficio real para la nación.
En 2019 Leopoldo Mendívil López publicó en el Periódico Regeneración parte de la experiencia de Juchitán, Oaxaca, en donde más de mil 899 molinos de viento, de entre 30 y 80 metros de altura, comparten algo con los habitantes del lugar: el territorio y el aire. Como lo refiere Mendívil López, México tiene una geografía privilegiada, la localidad de “La Ventosa” es un ejemplo de ello. Hasta ahí llegó Iberdrola, una empresa de origen español. Sí, esa Iberdrola que ha sido señalada en España por vender energía eléctrica a sobrecostos y cuyo presidente, de acuerdo con el partido político PODEMOS, tiene un ingreso de 43 mil euros al día. Al consejo de administración de dicha empresa se incorporó Georgina Kessel, exsecretaria de energía en el desgobierno de Calderón. Andrés Manuel no se equivoca cuando expresa que el tema de las energías limpias está plagado de irregularidades y de contratos leoninos.
Las empresas de energías limpias no suelen vender electricidad a las comunidades aledañas a sus instalaciones, ocupan la red de almacenaje y distribución de la Comisión Federal de Electricidad, a quien, por cierto, venden no solo energía sino también Certificados de Energías Limpias (CELs), porque la reforma peñista estableció, en términos simples, que solo las empresas “nuevas” o “repotenciadas” podían emitir estos certificados. En otras palabras, las 60 hidroeléctricas de la CFE que generan electricidad limpia, tenían que pagar cantidades millonarias para comprar CELs a particulares, lo que se traduce en erogaciones que impactan en el servicio y, de alguna u otra forma, en el bolsillo del consumidor. Más aún, se traduce en una clara intención de desmantelar y llevar a la quiebra a la CFE y con ello poner en clara vulnerabilidad nuestra soberanía energética, lo que es, o debería de ser, considerado un acto de traición a la patria.
Si al negocio de los CELs, de los cuales la CFE tenía que comprar 13 millones con un valor de 18 dólares cada uno, le agregamos que quienes los vendían no pagaban el costo para asegurar el flujo continuo en la red eléctrica, ya que existen momentos del día en que los paneles solares y las grandes turbinas, por las condiciones del propio clima, dejan de producir energía; además, si añadimos que empresas como Iberdrola están instaladas en territorios sin previa consulta a los pueblos, obtenemos que fue acertada la decisión del presidente Andrés Manuel de emitir el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, el cual, para tranquilidad de los defensores del gran capital, no cancela ningún contrato previo ni se expropia alguna planta (#Chale).
Defender la soberanía energética, valorar y reconocer a los pueblos originarios que ocupan territorios benditos, es parte del proceso de trasformación por el que votamos millones de mexicanas y mexicanos. Claro que se tiene que cumplir la meta de transitar a energías limpias y renovables, pero tiene que ser con la rectoría del Estado o por lo menos no contra él. Como lo dijo Andrés Manuel, somos millones quienes no estamos en contra de las energías limpias, estamos en contra de la corrupción y de los negocios turbios que se hacen en nombre del desarrollo sustentable. Estamos en contra del despojo de la tierra, de la alteración, paradójicamente, de los ecosistemas; estamos a favor de soberanía energética, de que a los habitantes de comunidades originarias se les consulte sobre el uso de sus recursos naturales, que sean partícipes del trabajo y de los beneficios de las empresas a las que aprueben su instalación.
“¿Acaso los niños mexicanos del istmo están destinados a ser sólo empleados de segunda clase en las empresas que saquen la electricidad de su aire?” L.M.L.
Fotografía: The New York Times.
