Por: Michael R. Krätke. 27/05/2021
¿Reconstrucción de la UE después del covid? ¿Política climática? Ninguna de las dos cosas será posible sin una nueva política de endeudamiento.
¡Adiós, viejas certezas! Las falsedades más creídas de la política alemana son ahora puestas a prueba. El Tribunal Constitucional Federal ha rechazado el recurso de urgencia del fundador de la AfD, Bernd Lucke, contra el fondo de reconstrucción por el covid de la UE. Lucke y sus consortes presentaron una demanda contra el rumbo hacia la “unión de la deuda”. Permitir a la UE iniciar préstamos iba demasiado lejos.
No hace mucho, Angela Merkel también juró: eurobonos, préstamos comunitarios de toda la UE, ¡por encima de mi cadáver! Pero ahora ha sucedido. La UE asumirá varios cientos de miles de millones de euros en deuda propia para financiar el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros. Será una deuda de la que responderán conjuntamente todos los estados miembros. Da igual como se llame, esa deuda no puede financiarse y, lo que es más importante, no puede refinanciarse sin bonos de la UE. Los mercados internacionales de bonos clamarán por estos títulos. Los bonos del Tesoro de EE.UU. conseguirán por fin competencia. Y la UE será un poco más soberana.
El Tribunal Constitucional Federal ha evitado a la canciller, a su ministro de economía y a toda la República Federal el ridículo de bloquear, como Estado miembro más rico de la UE, esta acción solidaria. En su lugar, ha impuesto condiciones para calmar los temores de los ciudadanos propietarios de Alemania ante la “unión de la deuda”: deuda comunitaria sí, pero sólo en caso de emergencia, como excepción absoluta. Después del covid, nunca más.
Los jueces constitucionales no son economistas. En el mejor de los casos, son contemporáneos razonablemente ilustrados que, al menos, intuyen lo que se nos avecina. Que esta pandemia, por ejemplo, no será la última. O que la lucha contra el cambio climático será cada vez más cara cuanto más se posponga en el futuro. Por eso está claro: la UE tendrá que seguir endeudándose en el futuro, sencillamente porque para los mercados financieros es un deudor mucho mejor que cualquiera de los estados miembros por separado.
Gracias a la nueva administración estadounidense, la UE ha ganado un poco de ambición en materia de política climática. Pero no será suficiente. Los objetivos climáticos oficiales son ahora ya demasiado bajos. Hay razones para dudar de que se apliquen rápidamente, aunque incluso los políticos de la CDU se están dando cuenta de que la ventana de oportunidad para unas contramedidas exitosas se está cerrando cada vez más rápido. Ya se vislumbran varios puntos de inflexión, y una vez alcanzados no habrá como detenerlos.
Se nos acaba el tiempo. Los largos plazos de transición para el abandono del carbón, por ejemplo, son un puro lujo, aunque los políticos estatales y locales lo vean de otra manera por miedo a los votantes. Las grandes empresas que se oponen pueden ser expropiadas e indemnizadas, al igual que cualquier pequeño propietario de una casa que se interponga en el camino en la construcción de una autopista. Se puede y se debe ayudar a los mineros desempleados, aunque eso cueste. En resumen: los costes de las diversas reconversiones y transformaciones que se producirán en los próximos diez o quince años superarán con creces los costes de la pandemia. La protección del clima no es algo que pueda hacerse a nivel nacional y eso ya se sabe. Si la UE no actúa como un todo, sin tener en consideración las fronteras nacionales, no avanzaremos con suficiente rapidez en la transición hacia una economía neutra en carbono. A nivel mundial, esto sólo puede lograrse si la UE, Estados Unidos y China van en cabeza.
Los guardianes del grial cambian de posición
Conviene que el FMI, el Banco Mundial y la OCDE también se muevan. Y cómo. Los antiguos guardianes de la ideología de la austeridad han cambiado de táctica y, a partir de ahora, las viejas falsedades ya no valen. En tiempos de crisis no hay que ahorrar, sino arreglárselas, y hacerlo con inversiones públicas que señalen el camino al sector privado o abran nuevas vías. Para ello, el Estado debe movilizar fondos, es decir, recaudar y aumentar los impuestos, y distribuir la carga fiscal de forma más justa.
Los impuestos injustos, resultado de décadas de recortes fiscales erróneos, bloquean la salida de la crisis. Contra esto, un impuesto sobre las altas y las más altas fortunas ayudaría, como existe en muchos países capitalistas del mundo. Para que este impuesto aporte dinero a las arcas del Estado, es decir, para llegar donde está el dinero, tendrá que ser algo más que una mera política simbólica. Ya sea como impuesto ordinario, como impuesto único sobre el capital para fines específicos o como ambos, las dificultades técnicas, en cualquier caso, no deben servir de pretexto para prescindir del impuesto sobre el patrimonio, como ocurre en Alemania.
Recién llegada al cargo, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, ha ido más allá. Es la primera persona en este cargo que pide un impuesto mínimo global sobre los beneficios de las grandes empresas. Esta es la única manera de reducir la competencia fiscal entre los Estados nacionales, que sólo beneficia a las multinacionales. Lo que Yellen y varios de sus colegas ministros de finanzas están planeando no es otra cosa que un desafío a los paraísos fiscales de este mundo.
El resultado depende de cuántos Estados nacionales, de cuya benévola complicidad viven los paraísos fiscales, sigan su ejemplo. Y sobre cómo se comportarán los paraísos fiscales dentro o alrededor de la UE. Luxemburgo, Irlanda, los Países Bajos, Suiza, sin olvidar al Reino Unido, quien siempre ha sido el protector de un variopinto grupo de paraísos fiscales que no existirían sin la intervención británica y a los que se les tiene que bajar los humos de su supuesta soberanía a costa de sus vecinos. Es hora de una política fiscal coordinada internacionalmente y regulada en acuerdos multilaterales.
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Fotografía: Sin permiso
