Por: Tlachinollan. 01/06/2020
- El Congreso del Estado debe responder a este desafío dictaminando la iniciativa presentada por la Comisión de Asuntos Indígenas.
- Los cálculos políticos de las legisladores y legisladores no pueden pisotear derechos.
Tlapa, Guerrero a 19 de mayo del año 2020.- Preocupa al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan la dilación de los Diputados que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero para dictaminar la iniciativa de Ley presentada por la Comisión de Asuntos Indígenas. No vemos motivos ni fundamentos válidos para postergar indefinidamente su discusión y aprobación.
El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano es una demanda histórica por la que han dado la vida los pueblos de Guerrero. Ante la reiterada negativa de gobiernos neocoloniales han sido orillados a ejercer sus derechos de facto, como ejemplarmente lo ha hecho la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), al ejercer los sistemas normativos de los Pueblos Mephaá, Na Savi, Naua y Afromexicano que brinda seguridad, justicia y reeducación a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica. Orgullosamente podemos decir que en estas regiones la seguridad es un bien tangible, en una entidad desbordada por la violencia irracional que imponen los grupos de la delincuencia organizada.
En contrapartida, la postura obtusa de algunas autoridades, han criminalizado, perseguido y encarcelado a las autoridades indígenas que velan por los derechos del pueblo. Es preocupante que la clase política ignore el marco constitucional e internacional que ha reconocido ampliamente los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano. Es más, varios organismos internacionales, jurisdiccionales y autónomos han instado al Congreso del Estado a legislar para reconocer los derechos y armonizar el marco jurídico estatal.
Ante esta lucha secular la Comisión de Asuntos indígenas del Congreso del Estado y los pueblos indígenas y Afromexicano, así como organizaciones sociales y derechos humanos, iniciamos un movimiento inédito que se concretó en un parlamento abierto y 10 foros de consulta realizados en varias regiones indígenas y municipios Afromexicanos del Estado. El gran logro de esta concertación social y política ha sido la elaboración de una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Guerrero, que se encuentra en estudio en la Junta de Coordinación Política, que ha sido insensible para atender el reclamo de los Pueblos.
Como se puede colegir no encontramos motivos de fondo ni fundamentos jurídicos válidos para postergar la aprobación de esta reforma. Han sido más bien posturas mezquinas de algunos legisladores y legisladoras que con su visión corta y racista se niegan a atender una demanda histórica de los Pueblos, de contar con un marco jurídico constitucional y legal que reconozca sus derechos. Para ello existen recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos y resoluciones de distintos Tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan al poder legislativo local a armonizar el marco jurídico local. Es inconcebible que ante un movimiento tan creativo que han protagonizados los Pueblos indígenas y el Pueblo Afromexicano para impulsar transformaciones sociales en nuestro país y nuestro estado, quede trunco esta corriente de pensamiento jurídico innovador por los intereses electoreros y partidistas de un grupo de legisladores y legisladoras que no están a la altura de los grandes desafíos que enfrentamos en Guerrero.
En esta visión mezquina su verdadera pretensión es evitar que los Pueblos indígenas y Afromexicano participen eligiendo a sus autoridades a través de sus sistemas normativo, ya que la reforma permitiría que cerca del 40% de municipios con fuerte presencia de población indígena y Afromexicana ejerza sus derechos políticos a través de sus sistemas normativos.
Lamentamos esta visión crasa que tienen los legisladores locales, porque la reforma además de incorporar los más altos estándares de protección de los derechos de los Pueblos indígenas, es un esfuerzo innovador que tendrá un impacto nacional. La reforma protege el derecho a la tierra y territorio, a la educación, salud y alimentación con perspectiva intercultural, a la comunicación, acceso al presupuesto público para su desarrollo y a la conservación de su ciencia y artes, es por lo tanto, una reforma integral.
Obstruir el debate y aprobación de la iniciativa de Ley es apostarle al descarrilamiento legal y legítimo construido a pulso por los Pueblos indígenas y Afromexicano con el fin supremo del reconocimiento de sus derechos. Los legisladores locales exhiben su visión neocolonial, monocultural, racista y excluyente y privilegian sus intereses electoreros y partidistas por encima del reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicano, que son imprescindibles para forjar un Estado cimentado en los derechos humanos y colectivos.
En estos momentos en que el pico de la pandemia está mostrando las grandes debilidades de un sistema económico y político basado en la ganancia y no en la protección de los derechos, hoy los Pueblos indígenas y Afromexicano, además de mostrar capacidad para implementar medidas preventivas eficaces, con los doce municipios que no tienen contagio de Covid-19, están dando la batalla para luchar contra el oprobio y exigir la aprobación inmediata de la iniciativa de Ley para saldar la deuda histórica de quienes han gobernado de espaldas al pueblo.
Por todo lo anterior solicitamos a los Diputados de la junta de Coordinación Política y a todos los que integran la actual legislatura a probar de inmediato la iniciativa de ley presentada que condensa las aspiraciones más altas de los Pueblos indígenas y Afromexicano y además constituye una deuda histórica de los gobiernos.
ATENTAMENTE
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
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Fotografía: Tlachinollan.
