Por: Mariángeles Guerrero y Roxana Sposaro. 31/10/2024
Los jueces hicieron coincidir las audiencias de las causas contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Winkul Mapu, a las que acusan por “usurpación” en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. Los juicios llegan tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Desde el inicio de este año, otras tres comunidades fueron condenadas o judicializadas bajo la misma acusación para desconocer el derecho sobre sus territorios.
Cobertura colaborativa conjunta de Tierra Viva e Infoterritorial
Una serie de procesos judiciales avanzan contra el Pueblo Mapuche en Río Negro, en Argentina. Esta semana se inició con las audiencias del juicio oral por supuesta usurpación de tierras contra la Lof Quemquemtrew, que cerró su etapa de alegatos este jueves y espera sentencia para el miércoles 2 de octubre. Este jueves también comenzaron las audiencias contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, llevados al banquillo con otra acusación de usurpación, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes. Ambas causas fueron iniciadas tras la recuperación de tierras por parte de las comunidades y en ambos casos lamentaron homicidios: Elías Garay, en 2021 (a manos del empleado de un empresario forestal en Cuesta del Ternero), y Rafael Nahuel, en 2017, a manos de la Prefectura Naval en Villa Mascardi.
En paralelo, el Poder Judicial rionegrino sigue avanzando contra otras comunidades en el marco de otras disputas territoriales con empresarios. Se trata de los casos de las comunidades Coronado Inalef, Millapi y Che Buenuleo, ubicadas en parajes cercanos a El Bolsón y Bariloche. Los tres casos con denuncias también por usurpación, a pesar de que las comunidades cuentan con títulos y el derecho ancestral sobre los territorios.
Criminalización de la Lof Quemquemtrew
El Juzgado de Bariloche fue el escenario, entre el martes y el jueves, del juicio por “usurpación” de diez hectáreas en el paraje Cuesta del Ternero (a 20 kilómetros de El Bolsón). Se acusa a seis personas vinculadas al Lof Quemquemtrew. Aunque solo tres de las personas imputadas estaban en la comunidad durante el operativo policial, en septiembre de 2021.
La causa fue impulsada por el empresario forestal Rolando Rocco. Los fiscales, Francisco Arrien y Betiana Cendón, y la estrategia de Rocco apuntan a la condena y al desalojo de la comunidad. El abogado del empresario forestal, Ernesto Saavedra, agregó en las audiencias que intentarán demostrar que la ocupación se hizo con “actos de violencia”, como la rotura de tranqueras. La jueza a cargo es Romina Martini y anunció la lectura de la sentencia el próximo miércoles 2 de octubre.
En la primera audiencia del juicio, Rocco declaró por Zoom, con el argumento de su avanzada edad y de un reciente trasplante de hígado. También declaró de forma virtual su empleado, Martin Feilberg, condenado junto a Diego Ravasio, en diciembre 2022, por el homicidio del joven mapuche Elías Garay. Esa decisión fue revisada en junio de 2023, cuando el Tribunal de Impugnaciones provincial dejó firme la condena por homicidio contra Ravasio y anuló la de Feilberg, ordenando un nuevo juicio por su participación en el crimen. Su testimonio en el caso por “usurpación” busca respaldar la estrategia de su jefe de demostrar la posesión y la tenencia sobre las tierras.
Las diez hectáreas en disputa se encuentran en una zona de 2500 hectáreas otorgadas por el gobierno de Río Negro a Rocco en la década del 80 para explotación forestal. La comunidad mapuche sostiene que el empresario no es el titular de esas tierras y que nunca las habitó. En Río Negro, para poseer tierras fiscales, se debe vivir en ellas.
Foto: Roxana Sposaro
El empresario argumenta que las diez hectáreas reclamadas por la Lof Quemquemtrew son parte de las tierras que él utiliza para el monocultivo de pinos. La comunidad mapuche señala que sólo hay bosque nativo. Y recuerdan que el pino implantado no es una especie nativa, que es altamente combustible y que es el principal acelerante de los incendios forestales.
En el inicio de la segunda jornada de audiencias, desde la lof lamentaron: “Escuchamos mucha frivolidad de la parte querellante por cómo se refirieron al asesinato de nuestro lamién (hermano) Elías. Ojalá todas las imprecisiones que tuvieron puedan ser tenidas en cuenta por la jueza. Ellos quieren demostrar que hubo una usurpación, cuando, en verdad, llegamos a un territorio totalmente abandonado”.
Romina Jones, una de las imputadas e integrante de Lof Quemquemtrew, expresó: “Rolando Rocco nunca tuvo en regla nada. No es el dueño del territorio, estaba abandonado, no tenía un alambre en pie. Rocco incumple, está en falta. No hay usurpación porque no hay plantación de pinos, no hay una vivienda y era un lugar en abandono. Pero la Justicia, la mayoría de las veces, se maneja por las presiones del poder político y de los empresarios”.
Reivindicación territorial, crimen e intentos de desalojos
La reivindicación territorial en la zona de Cuesta del Ternero comenzó el 18 de septiembre de 2021. Cuando la comunidad inició la recuperación, la Policía de Río Negro instaló en la base del cerro un retén del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate. A través de él, impidió el acceso de personas, alimentos y abrigo para los comuneros. Esto generó un acampe humanitario sostenido por el Pueblo Mapuche, vecinos y organizaciones sociales. El mismo duró hasta mediados de noviembre de ese año.
Pero el 21 de noviembre, pocos días después de levantado el acampe, los dos empleados de Rocco ingresaron al territorio con el permiso de la policía y asesinaron a Elías Garay. Además, hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera.
A fines de diciembre de ese año, el juez de Garantías Gregor Joos ratificó el fallo que ordenaba el desalojo de la Lof Quemquemtrew. Pese a esto, la comunidad logró un acuerdo privado con el empresario y la convivencia pacífica con sus empleados. No obstante, Rocco, en el marco de una situación regresiva en lo que refiere a los derechos de las comunidades indígenas, reimpulsó el juicio por usurpación, dejando caer el acuerdo entre partes y reactivó la orden de desalojo.
Foto: Roxana Sposaro
Desde la comunidad, se solicitó en reiteradas ocasiones la intervención del gobierno de Río Negro (durante la gobernación de Arabela Carreras y la actual de Alberto Wereltineck) y la creación de una mesa de diálogo para dar una solución política al conflicto. No obtuvieron respuestas.
La abogada de la comunidad, Andrea Reile, anticipó al inicio de las audiencias la presentación de documentación pública demostrando que no hubo afectación de la actividad económica de Rocco por parte de la comunidad. Y recordó: “Cuesta de Ternero siempre fue ocupado por comunidades indígenas, por el Pueblo Mapuche. Se utilizó de diversas maneras, ya sea para las trashumancias, para el pastoreo, para las reuniones, para las celebraciones, para las actividades. Siempre fue un lugar de actividad cultural, espiritual y religiosa mapuche”.
Sobre esta causa, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, afirmó: “Hay una complicidad muy enorme por parte del gobierno provincial junto con el sector empresarial. Las decisiones del Poder Judicial vienen siendo marcadas por ese alineamiento. Reivindicar no es usurpar”.
La Lof Lafken Winkul Mapu también a juicio
También este jueves se inició el juicio contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, acusados de “usurpación” de tierras ubicadas en Villa Mascardi (en cercanías de Bariloche). La Gremial de Abogadas y Abogados representa a los ocho integrantes de la comunidad mapuche. El juicio se desarrolla durante hoy y los días 27 y 30 de septiembre en el Escuadrón N° 34 de Gendarmería, ubicado en Bariloche. El magistrado a cargo es el juez federal de General Roca y subrogante en Bariloche, Hugo Greca.
En la primera jornada se registró un importante operativo de gendarmes en inmediaciones del lugar. Ya en la audiencia, el Juez hizo lugar a un pedido de la defensa y de la Fiscalía para sobreseer a la machi Betiana Colhuan Nahuel, ya que era menor cuando ocurrieron los supuestos hechos que se imputan a los acusados.
La fecha de inicio del juicio se definió pocos días después de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara un acuerdo conciliatorio firmado entre Parques Nacionales y la comunidad. El acuerdo se había alcanzado tras un largo proceso desde la recuperación de tierras donde, en 2017, asesinaron a Rafael Nahuel.
Foto: Roxana Sposaro
Camino al juicio, el juez Greca —el mismo que había homologado el acuerdo entre la comunidad y Parques Nacionales— ordenó, el 10 de septiembre, la detención preventiva de dos de las mujeres mapuches judicializadas: Luciana Jaramillo y Romina Rosas para “garantizar su presencia” en el juicio. Jaramillo fue detenida por agentes de la Policía Federal mientras estaba en la oficina de la Dirección de Género y Diversidad en Cushamen (Chubut). Fue trasladada a la Unidad Operacional de Seguridad preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche. Romina Rosas, al enterarse del pedido de detención, se presentó espontáneamente en el Escuadrón 35 de Gendarmería en El Bolsón para notificarse.
El reclamo por la libertad de Jaramillo, y para que se dé marcha atrás con el pedido de detención de Rosas, se viralizó rápidamente en redes sociales. Ambas ya habían estado detenidas junto a la machi Betiana Colhuan Nahuel y Celeste Ardaiz Guenumil durante ocho meses. Fue tras un operativo represivo en octubre de 2022, cuando el gobierno del Frente de Todos creó el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi. Rosas, que había tenido que dar a luz en prisión, está embarazada de seis meses y corrió el riesgo de ser nuevamente apresada.
El 5 de septiembre pasado, Gonzalo Fabián Coña (también imputado en este juicio y presente durante el asesinato de Nahuel) se presentó voluntariamente en el Juzgado de Las Heras (Santa Cruz). El momento fue grabado por quien lo acompañaba, para evitar noticias falsas acerca de ese suceso. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad se difundió la detención como el resultado de un exitoso operativo de esa cartera.
“Un entramado perverso entre el poder judicial, político y empresarial”
Las asambleas socioambientales de Río Negro, nucleadas en la coordinadora Curru Leufu, denunciaron “la persecución, el hostigamiento y las múltiples violencias ejercidas por el Estado Nacional” contra las comunidades mapuches-tehuelches. “Vemos con preocupación cómo se vienen ejerciendo prácticas discriminatorias, violatorias del estado de derecho que, a través de un entramado perverso entre el Poder Judicial, político y empresarial distorsionan la ley para ocupar territorios legítimamente habitados por comunidades originarias y se apropian de los bienes comunes”, señalaron.
También apuntaron a los medios de comunicación, que “promueven discursos de odio y el racismo vuelve a instalarse endureciendo los corazones”. Y resaltan que, en 18 años de vigencia de la Ley 26.160, en Río Negro se han completado sólo 64 carpetas técnicas de relevamiento territorial, de un total de 190 comunidades registradas.
La asambleas denunciaron el accionar del gobierno de Juntos Somos Río Negro desde diciembre de 2023, cuando la Legislatura de esa provincia aprobó las modificaciones a la Ley de Tierras Fiscales y los cambios en el Código de Procedimiento Minero. En julio, fue la primera provincia que adhirió al RIGI. En paralelo, el comunicado indica como el Ejecutivo Nacional busca modificar la Ley de Seguridad Interna para “dar vía libre e impunidad para que el Ejército reprima en calles y territorios”.
La persecución judicial contra el Pueblo Mapuche como política de gobierno
La reactivación de las causas judiciales contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Lafken Winkul Mapu no son hechos aislados. La Lof Coronado Inalef, comunidad mapuche ubicada en Rinconada de Inalef, en el paraje Mallín Ahogado (El Bolsón), denuncia el despojo de su territorio en favor de intereses inmobiliarios. Las tierras, de una extensión de siete hectáreas, son reclamadas por una familia oriunda de la zona, de apellido Sepúlveda. El juez de Garantías de Bariloche, Juan Pablo Laurence, dispuso en febrero que los integrantes de la comunidad abandonen de forma voluntaria el predio que ocupan, desde abril de 2023, en reclamo de sus derechos ancestrales.
En marzo, cuando se cumplió el plazo voluntario, la defensora pública, Natalia Araya, presentó en nombre de la comunidad un recurso extraordinario para frenar el desalojo, que fue aceptado y elevado al Tribunal de Impugnación provincial para definir la situación. En tanto, el juicio por usurpación continúa y el 30 de septiembre habrá una nueva audiencia.
En paralelo, el 11 de agosto pasado, la Policía de Río Negro realizó un violento operativo en la vivienda del mapuche Juan Carlos Villa en Rinconada de Inalef. Sin mostrar ninguna orden de allanamiento, el policía Adrián Lamadrid persiguió a Villa, le disparó en el cuello y luego lo remató en el piso, según denunció la Coordinadora del Parlamente Mapuche-Tehuelche. Lamadrid hirió con otro disparo a Emanuel Villa, hijo de Carlos, cuando ya estaba esposado en el piso.
Foto: Alex Dukal / LUAN – Colectiva fotográfica
Tras el crimen de Villa, la Coordinadora del Parlamente Mapuche-Tehuelche resaltó la posición tomada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien ordenó dar “todo el asesoramiento legal necesario” al policía Lamadrid, quien fue detenido y luego dejado en libertad por el juez Víctor Gangarrossa, bajo el argumento de que el fusilamiento fue en defensa propia. “¿El objetivo será despejar las tierras de la Rinconada Inalef para el avance inmobiliario?”, advirtió la Coordinadora.
En febrero, cuando se ordenó el desalojo de la comunidad en Mallín Ahogado, también se emitió una medida cautelar contra Sergio Marín, de 83 años, lonko de la Lof Millapi en Paso de los Molles, ubicada a cien kilómetros de Bariloche. La medida fue en favor del empresario Juan Enrique Saint Antonin —integrante de la Sociedad Rural de Bariloche— quien desde 2015 se presenta como dueño del valle donde la lof realizada la veranada de sus animales. La medida judicial dictó la prohibición de acercamiento del lonko al predio en disputa, que fije domicilio en Bariloche y que se someta a tres visitas semanales de maneras aleatorias de la policía provincial.
La resolución fue firmada por el juez Marcelo Alvarez Melinger. A Marín lo acusaron de los delitos de “daños, usurpación y desobediencia”; y hasta la actualidad no puede acercarse a su territorio, a pesar de que en 2007, el Superior Tribunal de Justicia provincial ya se había manifestado a favor de otorgarle el título de propiedad. En 2011, la Corte Suprema de Justicia había confirmado el derecho a la propiedad de ese territorio que les asiste como ocupantes preexistentes. Sin embargo, la nueva causa por usurpación en contra de la comunidad avanza: la última decisión judicial fue prorrogar la etapa de investigación.
Por otro lado, en julio, el Tribunal de Juicio de Bariloche compuesto por Romina Martini, Ignacio Gandolfi y Víctor Gangarrossa —el mismo que liberó al policía que mató al mapuche Villa— condenó a cinco miembros de la comunidad mapuche Buenuleo a 15 meses de prisión en suspenso por el delito de usurpación de tierras y ordenó el desalojo inmediato de las 92 hectáreas conocidas como “Pampa de Buenuleo”, al pie del Cerro Ventana en Bariloche.
En la causa intervino la fiscal Betiana Cendón, la misma que actúa en la causa contra la Lof Quemquemtrew. Tras el fallo judicial, el 16 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) emitió la Resolución 44/2024. La misma dejó sin efecto las resoluciones N° 159/2022 y N°151/2023, que reconocían la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo.
Edición: Nahuel Lag
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Fotografía: Avispa
