Por: Denali DeGraf. 15/06/2025
El Tribunal Federal de General Roca condenó a a penas de hasta dos años y medio de prisión en suspenso a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Es el segundo juicio que atraviesan les integrantes tras los desalojos y militarización de sus territorios.
El lunes 26 de mayo finalizó el segundo juicio a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, y de nuevo el veredicto fue en contra de la comunidad mapuche. El juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral Federal de Gral. Roca, condenó a Betiana Colhuán Nahuel, Celeste Ardaiz Guenumil, Matías Santana, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Yessica Bonnefoi por el delito de usurpación con despojo. Las últimas tres ya fueron condenadas en el juicio anterior, que finalizó en octubre del año pasado.
La Gremial de Abogados/as, quien llevó adelante la defensa de la comunidad, expresó en un comunicado: “El resultado era más que cantado: Jueces, fiscales y querellas con la ideología del racismo y bancando los intereses de los latifundistas y las grandes empresas fueron llevando el proceso judicial a este final anunciado. Cómo dijimos y reiteramos: las sentencias contra los pueblos originarios se firman en los despachos judiciales pero se redactan en otros lados.”
En esta instancia el juez rechazó los pedidos de la defensa de absolver a Betiana Colhuán Nahuel por haber sido menor de edad en el momento que se inició la recuperación y de anular la causa por someter a las mismas personas por segunda vez respecto a los mismos hechos. Y si bien aplicó penas menores que las que pidieron la fiscalía y los querellantes – habían pedido hasta cuatro años de prisión efectiva- declaró culpable a todas las personas imputadas. Las penas aplicadas van de dos años y dos meses hasta tres años (salvo la pena de Ardaiz Guenumil que fue de un año por estar imputada en menos hechos), siempre de prisión en suspenso. Pero para las tres que ya tienen condena por el juicio anterior, en el caso de que queden firmes ambas sentencias tras las apelaciones, se sumarán las penas y podrían ir presas.
Matías Santana, quien estuvo detenido por más de un año (primero unos meses en la cárcel de Esquel y luego en detención domiciliaria en Bariloche) dijo a Presentes: “Lo que nosotros venimos denunciando es que nos condenaron sin prueba. No hay ni una prueba, no hay nada, nada que a nosotros nos vincule con los hechos que nos imputaron, entonces ¿qué pasó? Por eso lo hicieron todo escondido.” Se refiere a que el tribunal había anunciado que el juicio se transmitía en vivo, como suelen hacer en los juicios federales, pero en la primera audiencia dieron vuelta la medida y la prensa no tuvo acceso a los testimonios de testigos.
“Restringieron todo porque ellos sabían que no tenían nada. Antes por lo menos los fiscales hacían un esfuerzo para poder condenarte. Hoy es como que basta con acusar a una persona y traer a dos o tres que digan ‘sí, me parece que fueron, pero no estoy seguro’ y con eso basta. Es como un llamado a la atención en realidad para toda la sociedad porque no es sólo lo que nos pasa a nosotros los mapuches sino que está pasando a nivel sociedad.”
“Está claro que es una sentencia politica. El juez no podía dejar sin condenar a nadie. No pueden dejar de condenar esto, porque es la manera que tienen de afirmarse en sus proyectos y de enfrentarse a la lucha del pueblo mapuche, reprimiendo, castigando, persiguiendo”, dijo a Presentes Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados.
Territorio militarizado
Desde que la comunidad fue desalojada en octubre del 2022 por un Comando Unificado armado por el entonces Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el territorio ha quedado en manos de las fuerzas de seguridad, pero el rewe, el espacio ceremonial, se mantiene intacto por orden de la jueza que intervino en el desalojo. En esta instancia, la querella por Parques Nacionales pidió la remoción de todos los elementos ceremoniales de ese lugar, pero el juez Silva rechazó el pedido porque no le competía a él resolver ese conflicto.
Cabe recordar que tras ese operativo, cuatro de las mujeres mapuche hoy condenadas pasaron ocho meses en detención domiciliaria. Representantes de varias otras comunidades se reunieron con el presidente Alberto Fernández y abrieron una mesa de diálogo que tras varias reuniones culminó en un acuerdo firmado entre la comunidad y el estado. Con ese acuerdo, las dos causas tendrían que quedar sin efecto, pero el gobierno saliente de Fernández se negó a implementar lo que había firmado, y la administración actual directamente lo anuló.
Frente al avance de la represión estatal, Matías Santana afirma, “Creo que la alternativa que a nosotros nos queda es crear una organización comunitaria de verdad, empezar a sembrar estos pequeños granitos de arena que vamos dejando, en términos de que se puede vivir en comunidad, es necesario vivir en comunidad, es necesario volver a recuperar valores que hoy ni el Estado ni el sistema lo tiene, para poder dejar una humanidad un poco más limpia, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, por más que nos desguacen y por más que desarmen, la invitación es constantemente a organizarnos, a plantearnos de que realmente es necesario y es una obligación combatir a este sistema.”
Por su parte, en su declaración previa a la sentencia, Celeste Ardaiz Guenumil expresó: “Nosotros lo único que hacemos es defender la vida, defender nuestros derechos fundamentales como pueblo, para existir… Jamás han querido que nosotros tengamos un pensamiento político, social donde planteemos nuestra filosofía de vida y que podamos existir con nuestra cosmovisión.”
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Fotografía: Agencia presentes. Ana Fornaro
