Por: Open democracy. 10/12/2022
La 15ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15) es una ocasión para denunciar el plan 30×30 de áreas protegidas
La 15ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15) es una ocasión para denunciar el plan 30×30 de áreas protegidas
Destacadas ONG, incluidas Survival International y Amnistía Internacional, han publicado una declaración conjunta a las puertas de la15ª Conferencia de las Partes sobre la Diversidad Biológica que se lleva a cabo en Montreal del 7 al 19 de diciembre (COP15), denunciando la negociación del plan para la creación de Áreas Protegidas en el 30% de la Tierra para 2030 (“30×30”).
En la declaración las organizaciones advierten que “sin una revisión rigurosa, el llamado objetivo 30×30 devastará la vida de los pueblos indígenas”.
Continúan diciendo que también “será enormemente destructivo para otras comunidades dependientes de la tierra para su subsistencia, al tiempo que desviará la atención de los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad y el colapso climático”.
Además de Survival y Amnistía, los otros firmantes son Minority Rights Group International y Rainforest Foundation UK.
La declaración describe una preocupación clave: “lo más probable es que las Áreas Protegidas de carácter excluyente constituyan la mayor parte del objetivo [30×30]”. Tales Áreas, “que son el objetivo principal de los esfuerzos de conservación liderados por Occidente, han dado lugar a expulsiones masivas, hambre, mala salud y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones y torturas en los continentes africano y asiático”.
El Marco Global de Biodiversidad debe reconocer los derechos de comunidades dependientes de la tierra para su subsistencia a ser protegidas frente expulsiones forzosas
Las organizaciones hacen un llamado para que cualquier objetivo de conservación incluido como parte de un nuevo Marco Global de Biodiversidad se concentre en “dar prioridad al reconocimiento y protección de los sistemas de tenencia territorial colectiva y consuetudinaria de los pueblos indígenas” y “reconocer los derechos de otras comunidades dependientes de la tierra para su subsistencia a ser protegidas frente expulsiones forzosas”, entre otras demandas.
Fiore Longo, directora de la campaña para descolonizar la conservación de la naturaleza de Survival, ha declarado: “La idea de que el 30×30 es un medio eficaz para proteger la biodiversidad no tiene base científica. La única razón por la que todavía se está discutiendo en las negociaciones es porque la industria de la conservación presiona con fuerza en su favor, ya que ve la oportunidad de duplicar la cantidad de tierra bajo su control. Si sigue adelante, constituirá el mayor robo de tierras de la historia y despojará de su sustento a millones de personas. Si los gobiernos tienen verdadera voluntad en la protección de la biodiversidad, la respuesta es simple: reconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
En la citada declaración, las ONGs piden a los Estados “que reconsideren urgentemente la propuesta de convertir el 30 % del planeta en “Áreas Protegidas”, que se adoptará en la 15ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre en Montreal.
Sin una revisión rigurosa, el llamado objetivo 30×30 devastará la vida de los pueblos indígenas y será enormemente destructivo para otras comunidades dependientes de la tierra para su subsistencia, al tiempo que desviará la atención de los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad y el colapso climático.
En abril de 2021, 250 organizaciones indígenas, ONG y académicos se unieron para expresar su preocupación por la propuesta de duplicar la superficie de las Áreas Protegidas en el Marco Global de Biodiversidad (GBF) posterior a 2020 de la ONU. Las Áreas Protegidas, que son el objetivo principal de los esfuerzos de conservación liderados por Occidente, han dado lugar a expulsiones masivas, hambre, mala salud y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones y torturas en los continentes africano y asiático.
Posteriormente, muchos expresaron su preocupación por el costo humano del 30×30 y por cómo la expansión de la red de Áreas Protegidas podría conducir a muchas más violaciones de derechos humanos y otros impactos negativos para millones de personas que son las menos responsables de la pérdida de biodiversidad y la crisis climática.
Dado que el 80 % de la biodiversidad del mundo se encuentra en las tierras de los pueblos indígenas, la mejor manera de conservar los ecosistemas es proteger los derechos de quienes viven y dependen de ellos
Ha habido mucho debate infructuoso respecto a la incorporación de los derechos humanos y territoriales en el GBF y discusión sobre el papel de “otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas” (OECM, por sus siglas en inglés) para alcanzar el objetivo. Sin embargo, si bien los OECM permiten la inclusión de territorios administrados por pueblos indígenas, lo más probable es que las Áreas Protegidas de carácter excluyente constituyan la mayor parte del objetivo [30×30] en ausencia de protecciones mucho más robustas para las comunidades. Muy al contrario, las revisiones recientes al borrador del GBF parecen revertir estas protecciones al degradar el lenguaje sobre derechos de una parte integral del objetivo monitoreado a una mera “guía” relegada a un anexo.
El 30 % es, además, un número arbitrario que carece de respaldo científico sólido6 . Hay poca evidencia de que las Áreas Protegidas existentes hayan protegido con éxito los ecosistemas y, por lo tanto, deban expandirse, y el objetivo se establece sin una evaluación de sus impactos sociales. La evidencia también es clara en que detener el colapso ecológico requiere mucho más que una red global ampliada de Áreas Protegidas, y se necesita un enfoque mucho más ambicioso que limite impulsores determinantes de la pérdida de biodiversidad como el consumo excesivo. Observamos que otras partes clave del GBF, como la Meta 15, destinada a abordar estos factores determinantes, se han rebajado progresivamente en sucesivos borradores de texto.
Dado que el 80 % de la biodiversidad del mundo se encuentra en las tierras de los pueblos indígenas, la evidencia es clara: la mejor manera de conservar los ecosistemas es proteger los derechos de quienes viven y dependen de ellos.
Por lo tanto, coincidimos en que se requiere un enfoque fundamentalmente distinto para cualquier objetivo de conservación, que debería:
- Dar prioridad al reconocimiento y protección de los sistemas de tenencia territorial colectiva y consuetudinaria de los pueblos indígenas, garantizando sus derechos a la tierra, los recursos, la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado, tal como lo exigen los acuerdos internacionales de derechos humanos.
- Reconocer los derechos de otras comunidades dependientes de la tierra para su subsistencia a ser protegidas frente expulsiones forzosas, a disfrutar de un nivel de vida adecuado y a ser consultadas sobre cualquier decisión que afecte a sus derechos.
- Centrarse en asegurar que todas las especies y ecosistemas amenazados estén adecuadamente protegidos, en lugar de simplemente aumentar las Áreas Protegidas.
- Abordar adecuadamente los impulsores subyacentes de la pérdida de biodiversidad.”
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Fotografía: open democracy