El máximo responsable policial del caso Ayotzinapa, en el punto de mira de la fiscalía

A medida que se acerca el segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el acontecimiento que con más profundidad ha atravesado política y emocionalmente a México durante los últimos años, se suceden los movimientos en el interior de la Fiscalía federal (PGR). El máximo responsable policial del caso, Tomas Zerón, presentó la semana pasada su renuncia. Ahora, un diario digital mexicano revela que la PGR, de la que dependía Zerón, acusa formalmente al alto mando de cometer graves irregularidades en su visita al lugar en que fueron encontrados los restos del único cadáver que hasta ahora ha sido identificado.

La Fiscalía ya había abierto una investigación para esclarecer si Zerón o sus agentes «cometieron algún delito durante las diligencias y poder establecer responsabilidades”. El desencadenante del expediente fue un vídeo presentado por el grupo de expertos internacionales (GIEI) que durante año y medio estuvo trabajado de manera paralela sobre el terreno. Las imágenes muestran al responsable policial junto con un grupo de peritos en un momento clave de las indagaciones: el descubrimiento en el río San Juan -en las inmediaciones del basurero de Cocula, donde presuntamente fueron incinerados los estudiantes- de los restos del normalista Alexander Mora, la prueba material sobre la que ha pivotado la versión oficial del caso.

Junto a las confesiones de más de un centenar de detenidos, la tesis de la fiscalía es que la noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de los narcos, pertenecientes al cartel Guerreros Unidos y aliados con el alcalde de Iguala y su policía municipal, confundieron a los estudiantes con miembros del grupo rival Los Rojos. Los sicarios habrían ejecutado a los muchachos para después incinerar los cadáveres en un basurero y lanzar sus restos al río del muncipio vecino de Cocula, ambos en Guerrero, un Estado lastrado por la pobreza y el crimen organizado.

Tanto los familiares de las víctimas como los expertos internacionales han cuestionado desde el inicio la consistencia de esta versión. Tras la presentación del vídeo, el GIEI, que fue elevando el pulso de sus cuestionamientos hasta acabar su mandato con un demoledor informe contra la credibilidad de las autoridades mexicanas a quienes acusan de dilatar, obstruir y evitar una investigación, exigió a la PGR que integrara el material audiovisual en el expediente y que retirara a Zerón del caso, acusándole poco menos que de «preparar” la escena.

La respuesta de la Fiscalía fue encomendar a la Visitaduría General abrir una investigación interna. Y su conclusión es que el equipo de Zerón “actuó sin respetar las formalidades legales en materia de registro de cadena de custodia, así como omitió haber asegurado debidamente el lugar de los hallazgos”, según los documentos publicados por Aristegui Noticias.

La imagen muestran también cómo uno de los inculpados, Agustín García Reyes, El Chereje, fue llevado al lugar del hallazgo de los restos humanos un día antes de que este supuestamente tuviese lugar. El informe de la Fiscalía certifica que se vulneraron los derechos del detenido al “no contar con la presencia y asistencia de su defensor en esos actos de investigación”.

La salida de Zerón fue interpretada en principio como una concesión o una muestra de entendimiento con los familiares, que habían exigido su dimisión desde que el vídeo se hizo público. Su nombramiento como nuevo alto cargo en Interior no ha facilitado la descompresión. Los padres, que llevan meses acampados frente a la sede de la PGR, dejaron claro que no reanudarán el diálogo con la procuradora, Arely Gómez, hasta que se resuelva el expediente a Zerón, que aún debe superar un par de escalones administrativos.