Por: Gerardo Villagrán del Corral – CLAE. 04/09/2022
El caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa fue un crimen de Estado con un encubrimiento al más alto nivel y a casi ocho años de los hechos no hay indicios para afirmar que los 43 normalistas desaparecidos estén vivos, señala el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, documento de 103 páginas más ocho anexos.
Esas son las conclusiones preliminares del informe que se presentó ayer en Palacio Nacional, primero a las familias, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente ante la opinión pública: lo ocurrido fue un crimen de Estado; no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos, y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, podrían haber actuado para impedir la desaparición y asesinato de los jóvenes.
Unos 33 exfuncionarios públicos tienen ahora órdenes de aprehensión por presumírseles algún grado de responsabilidad en los hechos, incluida la creación de la llamada verdad histórica, una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, construida por la extinta Procuraduría General de la República, donde se ocultó la verdad de la masacre, se alteraron las escenas del crimen, y se ocultaron los vínculos de autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
La versión oficial difundida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, fue una afrenta equiparable a la agresión que tuvo lugar en Iguala, no sólo porque impidió al entorno de las víctimas conocer el paradero de sus seres queridos, sino por encubrir las responsabilidades de funcionarios se cometió toda suerte de ilícitos, desde la tortura para obtener confesiones falsas hasta la alteración de las escenas del crimen.
Al desviar las indagatorias de su propósito legítimo, se propició una pérdida catastrófica de indicios vitales para el esclarecimiento de los hechos, como lo muestra el que a la fecha han muerto o sido ejecutadas 26 personas consideradas claves para obtener información, entre ellas integrantes de bandas criminales o sus familiares, pero también activistas, funcionarios y políticos que proporcionaban orientaciones sobre lo ocurrido.
El aspecto central del reporte, entregado a los padres de las víctimas antes de hacerlo público, reside en documentar, más allá de toda duda, que las más altas autoridades federales, estatales y municipales supieron en todo momento (en tiempo real) lo que estaba pasando y no hicieron nada para detener el curso de los acontecimientos.
Es tal omisión lo que configura el crimen de Estado, más allá de la participación directa de autoridades como los policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes ayudaron a integrantes de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sólo permitió que se perpetraran las atrocidades de la noche del 26 de septiembre de 2014, sino que permaneció impávida pese a que uno de los jóvenes desaparecidos, Julio César López Patolzin, era un soldado infiltrado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos para informar acerca de las actividades políticas de los estudiantes.
El abandono de López Patolzin supone una violación a los protocolos de la propia Sedena y en este caso selló la suerte del resto de los normalistas, motivos de sobra para que comparezca el entonces comandante del 27 Batallón con sede en Iguala, teniente Marcos Macías Barbosa.
La principal línea hallada por la actual comisión apunta, a diferencia de la versión del pasado, que los normalistas no fueron incinerados juntos en el basurero de Cocula, pues se les separó al menos en tres grupos en la salida de la terminal de autobuses de Iguala, Guerrero. Operaron por lo menos tres células, seis grupos y un mando central en la tarea de la desaparición, en donde fueron trasladados a distintos puntos.
La llamada verdad histórica fue el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder, la cual se fundó en una llamada del propietario de una tienda cerca de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personas que fueron liberadas por un juez en Tamaulipas, en dos diligencias firmadas por una agente de la Fiscalía federal que se encontraba en el mismo lugar y en la misma hora en Guerrero y en Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes.
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Se registraron actos de tortura por lo menos a 77 personas por funcionarios públicos de distintas áreas de gobierno, lo que ha quedado plenamente acreditado con las 50 horas de videos que entregó el Centro Nacional de Inteligencia de la fiscalía. Dos de esos videos son públicos, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación.
La verdad histórica de Peña Nieto también fue aniquilada gracias a que se obtuvieron videos de los sobrevuelos de drones de la Secretaría de Marina que se realizaron en las fechas de los crímenes por la zona, y que la dependencia entregó a la comisión, en los cuales se detectó la intervención de autoridades en el basurero de Cocula, para sembrar evidencia.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien preside la comisión investigadora, creada por orden de López Obrador, señaló que “Lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas claves”.
Catorce de ellas eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de (otro grupo delictivo) Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y gente que venía proporcionando información, como Mario Casarrubias Salgado, que encabezada Guerreros Unidos y había iniciado la colaboración con esta Comisión.
El informe y la comparecencia pública dan cuenta de una voluntad oficial para desentrañar la verdad, así como de avances significativos en las investigaciones y en la deconstrucción de la trama de encubrimiento tejida el sexenio pasado. Pero aún falta conocer el paradero de los 43 jóvenes y que se dé paso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición, para poder cerrar una de las heridas más hondas infligidas a la sociedad mexicana en el pasado reciente.
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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Fotografía: Sur y sur
