Por: Florencia Brizuela González. 11/04/2024
Los cuerpos de seguridad del Estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas.
Hace unos días se conocía un nuevo episodio de violencia policial contra dos hombres afrodescendientes, esta vez en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Por las redes sociales se difundía un video donde se veía a dos policías nacionales golpearlos brutalmente. Este caso de violencia policial no es un hecho aislado, sino que, como denuncian colectivos antirracistas y migrantes, se trata de una práctica sistemática desarrollada a lo largo del Reino de España, amparada por las políticas racistas del Estado y del Gobierno. Violencias que se ejercen en las calles, en las estaciones de trenes y metros, en los centros de internamiento para extranjeros, en las comisarias, en las prisiones, en las fronteras… todas bajo la mirada indiferente de una sociedad que las normaliza.
Por su parte, en las últimas semanas el gobierno dizque feminista del reino iniciaba otro capítulo de su campaña contra las trabajadoras sexuales. Esta vez con una proposición de ley orgánica tendiente a modificar el Código Penal para prohibir el proxenetismo “en todas sus formas”. Estas iniciativas, mal llamadas abolicionistas, constituyen un nuevo intento de perseguir a las trabajadoras sexuales colocándolas en situaciones de mayor vulnerabilidad al continuar negándoles el reconocimiento de sus derechos y profundizar la criminalización que ya enfrentan.
Todas sabemos que cuando el Código Penal está involucrado, uno de los garantes de su cumplimiento es la policía. Entonces surge la pregunta urgente de por qué el feminismo blanco hegemónico está obsesionado con dotar de mayor poder y legitimidad a cuerpos de seguridad del Estado que de manera sistemática violentan a personas migrantes y racializadas. ¿¿Por qué esa fe en que el Código Penal y la policía?? ¿¿De dónde surge?? Esta pregunta la podríamos hacer extensiva a las estrategias desarrolladas para enfrentar las violencias machistas ante el monopolio que tiene en la actualidad el sistema penal y policial.
Podríamos encontrar posibles respuestas haciendo genealogías que revelen la estrecha relación entre los pactos de supremacía racial blanca y la protección a determinado tipo de mujeres (blancas, cis, burguesas, heterosexuales, capaces, etcétera). Distintas autoras han señalado que el racismo es constitutivo del feminismo blanco: no se trata una deriva incomprensible sino que late en su propia génesis al asumir los fundamentos del proyecto civilizatorio moderno colonial. Esto explicaría que feministas del PSOE, entre otras, se sientan legitimadas y preocupadas por “salvar” a otras mujeres, generalmente migrantes y racializadas, mientras que despliegan políticas que persiguen, violentan y desestructuran a sus comunidades.
Françoise Vergès señala, en este sentido, que en el norte global se ha desarrollado un feminismo civilizador al que no le molestan las políticas securitarias o imperialistas. Advierte que, por una parte, existe una inflación de los discursos sobre la protección de las mujeres y, por otra, medidas y leyes que aumentan brutalmente la precariedad y la violencia institucional. Señala que no se trata de una paradoja, sino que es el resultado de elecciones políticas que trazan una frontera entre las mujeres que tienen derecho a la protección y de las que son excluidas de esta. Porque en el ámbito español, aunque quieran convencernos que se tratan de políticas tendientes a proteger a las trabajadoras sexuales, lejos de ello, las criminalizan y les niegan sus derechos.
Así, desde una perspectiva feminista antirracista y anticolonial los cuerpos de seguridad del estado jamás serán un aliado porque son los mismos que históricamente han ejercido y ejercen violencia hacia las comunidades migrantes y racializadas, tanto mujeres como hombres, personas trans y disidencias sexuales. Siguiendo a Elsa Dorlin surge la pregunta sobre qué razones tendríamos las mujeres para encomendar nuestra defensa al Estado, al Código Penal y a la policía, si son quienes precisamente golpean a nuestros compañeros, a nuestras comunidades y a todas aquellas personas que se atreven a enfrentar a este sistema racista, capitalista y patriarcal.
Frente al dolor y la rabia ante la impunidad policial, es urgente organizarnos colectivamente para defendernos y generar horizontes que vayan más allá de las coordenadas que el modelo actual y quienes creen en él nos ofrecen.
Este artículo fue publicado originalmente en catalán en La Directa.
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Fotografía: pikaramagazine
