El libreto del “lawfare” contra Rafael Correa.

Con el golpe judicial que pretende encarcelar al ex-presidente Rafael Correa, el Gobierno ecuatoriano demuestra la urgencia (casi desesperación) para impedir que el ex-mandatario regrese a presentarse como candidato a las elecciones municipales del 2019. También para evitar que siga al frente de la reorganización del movimiento ciudadano antineoliberal que se viene gestando tras el vertiginoso giro a la derecha de Lenin Moreno. Están apelando a una guerra judicial sin cuartel, mostrando el rostro autoritario y antidemocrático del presidente. La presión de la derecha en lo interno y de los EE.UU. desde lo externo, le obligó a quitarse su máscara amable y de izquierdas, inservible para aplicar a fondo el proceso de regeneración neoliberal y de sumisión a los EE.UU., que contiene medidas políticas y económicas que llevarán al Ecuador de regreso al pasado neoliberal[1].

El sumario judicial por el cual se acusa a Rafael Correa es realmente kafkiano. El proceso de lawfare que se desarrolla en Ecuador tiene ribetes particulares porque el Gobierno tuvo que torcer la institucionalidad judicial existente (para algunos, de forma ilegal). La captura del Consejo de Participación (CPCC) designado por Moreno -a partir del referéndum- fue un paso esencial para el cambio en la institucionalidad judicial y el desarrollo de la persecución judicial a Correa. El CPCC, en tan sólo tres meses, ha destituido al fiscal general y al presidente del Consejo de la Judicatura, abriendo el camino para que el Gobierno, apoyado por las bancadas de derecha, le quitara el fuero presidencial a Correa, con una dudosa acción de la Asamblea Nacional[2].

Moreno y las élites ecuatorianas están yendo por todo, como lo demuestra la destrucción de las instituciones para garantizar la condena de Correa, en un proceso judicial construido sobre las mismas burdas bases de sospechas, testigos falsos e inexistencia de pruebas, que en Brasil tienen preso al ex-presidente Lula -por la supuesta posesión de un inmueble, que nunca ha estado registrado a su nombre ni de sus familiares-, que en Argentina sustentan la causa por “traición a la patria” contra la ex-presidenta Cristina Fernández.

Es una guerra judicial con múltiples objetivos[3]: deslegitimar la gestión gubernamental de Correa, impedir su retorno a la política, acabar con su imagen pública, y aplazar -o tratar de impedir- una crisis de gobernabilidad -previsible, en la medida en que se acerquen las próximas elecciones en el 2019 de Gobiernos seccionales y del poderoso CPCC-.[4]

Claves del proceso

Desde el año pasado, recién asumido el actual presidente, el relato de Gobierno ha sido luchar contra la corrupción para limpiar “la pesada herencia” del “correísmo”. Mediante aproximaciones sucesivas fue acercándose a deslegitimar a Rafael Correa, con procesos judiciales a militantes de Alianza País, en especial, contra funcionarios y ex-funcionarios gubernamentales. Usaron la patente de corso creada a partir de la mega-causa mediática de las coimas de Odebrecht para apresar al vicepresidente Jorge Glas y amedrentar a partidarios de Correa. El objetivo: derribar los obstáculos a la convocatoria del referéndum legalizador del mandato neoliberal -que se realizó el pasado mes de febrero-, lo que le permitió a Moreno designar a su conveniencia al CPCC y acabar con la figura de la reelección presidencial[5].

Logradas la primera purga de funcionarios -en la que cayó el vicepresidente Glas-, y la construcción del relato de la corrupción del Gobierno de Correa, Moreno pasó a la fase acelerada de quiebre institucional, con el nombramiento de personas de su confianza en el CPCC. Desde allí instrumentaron la captura total del Poder Judicial, al destituir al fiscal Carlos Baca y al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y a otros cuatro consejeros vocales[6]. Acciones destituyentes que le permitieron a Moreno tener atrapado al Poder Judicial para amedrentar y enlodar públicamente a las fuerzas antineoliberales.

El paso siguiente fue torcer el reglamento del Poder Legislativo para -con una operación política- lograr que la Asamblea Nacional se declare incompetente para tratar el “caso Balda”, decisión que fue interpretada por la Justicia ordinaria como la vía libre para enjuiciar al ex-presidente. Le quitaron el fuero presidencial de facto sin que haya sido discutido y decidido por mayorías cualificadas como lo exige la ley -después de intentarlo sin éxito un día antes en una sesión extraordinaria, citada por la presidencia de la Asamblea-.

Algunos escenarios posibles

Rafael Correa no está derrotado. El rechazo a la persecución en su contra empezó a crecer con la movilización del 5 de julio pasado, que desbordó las calles de Quito para exigir al Gobierno el cese de la operación judicial. Un sector importante de la ciudadanía lo apoya, como quedó demostrado en el referéndum, pues cerca del 36 % del electorado lo apoyó. A esta base correísta se irán sumando otros sectores, afectados por el giro neoliberal del Gobierno -así no se identifiquen con el ex-presidente- puesto que las medidas de “austeridad” y el incierto plan económico del Gobierno terminarán rompiendo la quietud (y cierta complacencia) que mantienen las centrales de trabajadores y el movimiento social.

Se prepara el escenario de las elecciones municipales y del Consejo de Participación, donde medirán fuerzas Moreno y Correa. Será un momento de confrontación en los territorios, que puede empezar a decantar la disputa política que destrozó el movimiento Alianza País, una puja en favor o en contra del neoliberalismo. Estas elecciones elección pueden hacer surgir una nueva fuerza ciudadana que se proponga tomar el control de estratégicos espacios electorales que reconfiguren el mapa político ecuatoriano.

Podrían también mostrar el efecto electoral de la campaña anticorreísta (judicial y mediática), que puede ser contrario a los objetivos de Moreno. Existen ejemplos cercanos de ello: en Brasil, un Lula preso es el candidato preferido por la ciudadanía para ser elegido nuevamente como presidente, y en Argentina existe un repunte en la intención de voto para Cristina Fernández. La persecución judicial es dañina contra personas, pero no definitiva para acabar con proyectos en disputa.

Es un escenario incierto para Lenin Moreno, pues no está claro que la campaña delawfare desatada en contra de Correa y los sectores antineoliberales -realizada al límite de la ilegalidad y la ficción- impidan una crisis de gobernabilidad liderada y desatada por los intereses de poder de la derecha de Lasso y Nebot. En definitiva, éstos no gustan de Moreno, aunque les esté sirviendo de intermediador y normalizador de las relaciones entre el Gobierno y el poder oligárquico. La derecha quiere asumir directamente las riendas del Gobierno.

A Lenin Moreno se le agota el recurso mediático de “la pesada herencia”, y debe empezar a mostrar obras de Gobierno. Tendrán cada vez menos efecto las denuncias en contra de Correa y sus aliados; se empezarán a imponer la realidad económica y política, sin una fuerte coalición de Gobierno y con una ecléctica propuesta de planes a ejecutar. Si los temas de orientación de la economía y política ecuatorianas se ponen en el centro de la agenda de discusión, a Moreno se le habrá acabado el tiempo de gobernar usando el espejo retrovisor.

El ex-presidente Correa tiene credibilidad en la comunidad internacional; ha suscitado respaldos del progresismo en todo el mundo, y su condición de estadista se impone sobre la virulencia con que está siendo tratado por Lenin Moreno. La población ecuatoriana no olvidará los diez años de cambios democráticos y de progreso económico logrados por la Revolución Ciudadana, que hizo reflotar un país trabajador, pujante y con potencialidades autónomas del poder extranjero y de las corporaciones bananeras que le gobernaron anteriormente.

Parece que viene la hora de la confrontación política real: a favor o en contra del neoliberalismo, que desplazará la astuta estrategia del ensañamiento personal -efectivo a corto plazo- en contra de los ex-presidentes progresistas, pero no lo suficientemente definitivo para acabar con el propósito de justicia social de amplios sectores ciudadanos.