Por: Carlos Sandy. 10/11/2019
La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en México fue a través del voto de más de 30 millones de mexicanos en las pasadas elecciones del mes de Julio del 2018, algo inédito en el país. Con su lema de la Cuarta Transformación de la República y a través de estos meses de transición AMLO demostró su interés y decisión de cambiar el régimen económico prevaleciente en el país, de combatir la corrupción, de administrar los recursos públicos en forma eficiente y austera y de recomponer la administración pública federal.
A partir del día primero de diciembre que tomó el poder, sus decisiones han sido polémicas tales como la cancelación del aeropuerto, la contra reforma educativa, sus diversos programas sociales, su política de austeridad y así como sus proyectos sexenales como la refinería de dos bocas y el tren maya. Estos hechos han propiciado que los inversionistas privados especulen sobre su tipo y forma de gobierno. Sin duda no será fácil realizar una transición democrática empeñada en combatir la corrupción. Pondrá a prueba a las instituciones sobre las que recae la propia existencia de la república.
Lograr el bienestar de los mexicanos es sin duda la apuesta más esperanzadora de un pueblo cansado de los escándalos de corrupción y de la creciente inseguridad de todas las regiones del país. AMLO ha encontrado resistencia de los poderes financieros nacionales e internacionales, acostumbrados a hacer negocios bajo un modelo neoliberal y con sombra de la corrupción. El mayor reto de AMLO será afianzar su proyecto de gobierno y de nación bajo una estabilidad económica que le permita ir gradualmente implementando la transición a un modelo económico estabilizador como el mismo lo menciona. Su proyecto de social-democracia está siendo cuestionado por el bajo crecimiento económico. Deberá generar un crecimiento económico y una estabilidad económica con una inflación controlada. Nada puede ser por decreto, ni el aumento de los salarios, ni la generación de empleo, ni bajar los niveles de inseguridad.
El bono democrático con el que llega al poder es muy alto, así como las expectativas de un pueblo cansado de promesas de los gobernantes y con el sentimiento de ser traicionado cada sexenio. México sin duda es un país democrático y defenderá su democracia. Los recuerdos de las grandes crisis económicas del México moderno en los 70s y en los 90s aún permanecen en la memoria de varias generaciones y con el deseo de no repetirse nunca más. AMLO deberá ir con paso lento pero seguro, paso a paso, transformando la administración pública del país, con un gobierno fuerte, respaldado por un congreso mayoritario, erradicando la corrupción en las altas esferas del gobierno y en la sociedad, controlando la inseguridad que tanto daño le ha hecho al país, propiciando crecimiento y estabilidad económica. México es un país de esperanzas y oportunidades, ahora le corresponde a AMLO responder a la confianza de millones de mexicanos.
Las reformas emprendidas por AMLO conllevan acelerar un control político principalmente sobre los organismos descentralizados, autónomos y de regulación. La renuncia reciente del director del CONEVAL es una muestra de esto. Pareciera una receta Chomskyana para realizar la separación del poder político del poder económico. Es válido cuando se pretende borrar todo vestigio de un viejo régimen corrupto.
En la administración pública las políticas aplicadas se conceptualizan como “la forma en la que el Estado atiende las necesidades de la sociedad. Están relacionadas con la toma de decisiones que se traduce en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios, inclusive contempla la no acción”. Implican unas acciones del Gobierno (inputs) para atender a la ciudadanía. Este accionar tiene el interés de obtener resultados específicos (outputs) que llegarán a tener un impacto determinado en la ciudadanía (outcoms). (1) (Roth Deubel, OCTUBRE 2009 CARACAS).
México es un país intercultural, con una economía emergente, con más de 120 millones de habitantes y con un crecimiento económico en los últimos sexenios de un poco más del 2% (2) (INEGI, 2015) Esta situación ha generado un crecimiento exponencial de la pobreza, con índices cercanos al 50% de la población. Si consideramos unos 120 millones de habitantes, entonces casi “56.5 millones de habitantes se encuentran en la pobreza”.(3) (CONEVAL, 2016). Las políticas públicas aplicadas por los gobiernos hasta la fecha no han dado resultados, mucho menos han podido disminuir la pobreza en México. La corrupción y la falta de políticas públicas transexenales han contribuido a mantener esta problemática de dimensión social, desencadenando otros problemas sociales como la inseguridad, el desempleo y la falta de movilidad social.
La administración pública debe generar resultados que impacten en la movilidad social en nuestro país, este fenómeno es medible. Impacta en el desarrollo de cada región y representa un indicador de la distribución de los niveles de pobreza y riqueza. Indica la brecha que existe entre ambos, entre las generaciones, entre regiones y personas. Nos indica si los que nacen pobres se mantienen en ese status durante toda su vida o si los ricos se hacen más ricos en cada generación. Sin duda las acciones emprendidas por el presidente para la recomposición de la administración pública son necesarias.
El crecimiento de una alta burguesía insertada en el gobierno era ya insostenible. Los altos sueldos devengados en el pasado nos hacían ver a un gobierno rico en contraste con un pueblo pobre. Es un acierto de su gobierno tomar esas acciones.
Estado a través del Gobierno debe actuar con responsabilidad, generar las condiciones propicias para generar una movilidad social positiva, disminuyendo los niveles de pobreza, fortaleciendo una sociedad de clase media, evitando que la brecha entre pobres y ricos crezca más condenando a la nación a un subdesarrollo perenne o permanente por generaciones, sin crecimiento económico.
Estudios al respecto nos indican que en el norte del país se encuentra un 53% de los pobres y en el sur del país un 83%. Pareciera que es destino manifiesto que el nacer pobre te condena a serlo toda tu vida, que la escasez de oportunidades te hará vivir en la pobreza permanentemente o que la pobreza sea una maldita herencia de tu origen social. (4) (CEEY, 2019)
El Estado es responsable del bienestar de su pueblo, pero también de las políticas públicas que aplique la administración federal, políticas que deben generar condiciones para la resolución de la problemática social. Ese es el reto de un presidente que goza de la popularidad como López Obrador.
Maria Graciela Mendíaz nos dice: “El Estado debe construir nuevas políticas públicas que se constituyan como ámbitos de mediación entre la sociedad y el mercado. Mediación que debe ser entendida como distribución de ingresos, oportunidades y capacidades a la mayoría de la ciudadanía.” (5) (Mendíaz, 2004) El sistema económico dominante influye sin duda en las características de cada política pública implementada, contribuye en la construcción o destrucción de una sociedad. Luego entonces será responsabilidad de cada gobierno la creación, implementación y evaluación de cada política pública decidida desde las instancias gubernamentales.
El Estado como el gran tutor es responsable del futuro de una nación y de su pueblo, de su existencia misma, así lo comprende López Obrador. Sin embargo existen ejemplos a través de la historia de casos de Estados autodestructivos por la aplicación de políticas públicas erróneas y suicidas. El nacer pobre no debe ser sentencia social, tampoco herencia condenatoria para todos los descendientes de cada individuo. Qué hacer entonces? Cómo combatir este flagelo social? Complicada respuesta sin duda. Sin embargo existe un camino que el Estado debe recorrer y se llaman políticas públicas, considerándolas como la forma más pura de ejercer el poder político para bienestar de un pueblo. La implementación de las políticas públicas lleva la voluntad soberana de un pueblo, dirigida hacia la satisfacción de sus necesidades sociales, económicas y políticas. Es el camino para lograr su evolución y desarrollo.
México necesita políticas públicas transexenales, políticas públicas de Estado, aplicadas para superar el problema de la pobreza y de la movilidad social instaurada como un derecho social considerando que el nace pobre no debe permanecer en ese status toda su vida, debiendo tener movilidad social y ser tutelado por el Estado para tal efecto.
En nuestro país estamos en una etapa de transición en el gobierno. El presidente ha decidido recomponer una administración pública federal infestada de corrupción, de altos sueldos, de negocios truculentos y de resultados negativos en el combate de la pobreza y del crecimiento económico. La nuevas políticas públicas todavía llevan un corto tiempo de aplicación y aún no son medibles, sin embargo deberán estar evaluadas en forma sistemática..
Alberto Jiménez Merino nos dice” Existe una percepción generalizada entre la población acerca de que los gobiernos van y vienen, los sexenios se pasan y las cosas siguen igual o peor en muchas áreas del desarrollo local y nacional” (6). (Merino, 2018)
Sin embargo en la pasada administración del sexenio anterior se aplicaron políticas públicas diseñadas para el combate a la pobreza las cuales sin duda no dieron los resultados esperados. La Cruzada del Hambre (7) PNDD 2012-2018 fue una de ellas, al parecer solo fue un show mediático, invitando incluso al ex presidente de Brasil Lula Da Silva para dar el banderazo inicial en alguna comunidad de Chiapas. Envuelta con un velo de corrupción según la investigación de la estafa maestra la ya desaparecida Secretaria de Desarrollo Social manejó un millonario presupuesto para la aplicación de ésta política social, actualmente se encuentra bajo un proceso judicial. Actualmente se creó la Secretaria del Bienestar para implementar los programas sociales del nuevo gobierno. Entre los nuevos programas sociales la movilidad social debe estar considerada como un derecho. La concepción de la movilidad social debe transmutar de ser un efecto a ser un derecho social. Los legisladores deben tomar cartas en este asunto de interés social. Como entender a la movilidad social como un derecho? Si entendemos a la movilidad social como la capacidad del individuo de superar la escala social a partir del entorno de su nacimiento, podemos entender que si alguien nace pobre luchará por salir de esa condición social, escalando hasta alcanzar un nivel de bienestar social, efecto que será generacional, rompiendo con esa cadena de pobreza de nacer pobre y ser pobre toda su vida. El análisis es a partir de la sociología y la filosofía. Nacer pobre no debe ser algo condenatorio.
El Estado debe tutelar este derecho y aplicar políticas sociales dirigidas para combatir este flagelo social. El Estado debe evolucionar en este aspecto. La movilidad debe ser un derecho social, equiparable al derecho a la vida.
Noam Chomsky nos dice que: “todos los Estados independientemente de la forma en la que ejercen el poder son democracia para la clase dominante y dictadura para la clase sometida y dominada. (8) (Chomsky, 2017).
Otra secretaria nueva es la del “para devolverle al pueblo lo robado”, algo que suena muy populista y tal vez lo es, sin embargo es válida si la intención del presidente de acelerar la utilización de recursos incautados o expropiados por consecuencia de la realización de actividades licitas o corruptas conlleva un beneficio para el pueblo. Sin duda representará un ejemplo de combate a la corrupción y una medida de lo que sucede con los bienes de quien utiliza su posición política para incrementar su patrimonio o de quienes se dedican a la delincuencia organizada.
Andrés Manuel López Obrador ha sido durante toda su vida política un luchador social, su visión económica está basada en el desarrollo económico más que en el crecimiento económico, en la división de los poderes económicos y políticos, en darle prioridad a los pobres, en querer propiciar un desarrollo sustentable en las regiones más pobres del país como el sureste mexicano. Podrá ser criticado en sus formas, pero en el fondo tiene la razón y es fundamentada al decir que un gobierno rico no puede existir mientras exista un gobierno pobre.
La cuarta transformación de la república como ha llamado a su movimiento social el presidente López Obrador representa una oportunidad de sentar las bases para moralizar al país, para combatir la corrupción, combatir la inseguridad, para reconciliar los intereses de los mexicanos, para acrecentar un nacionalismo bien entendido en todos los aspectos, para rescatar en una empresa como Pemex y para recomponer una administración pública federal llena de corrupción, oligarca y alejada del pueblo, para realizar las reformas pendientes como la de pensiones de los trabajadores del ISSSTE.
