Por: Guillermo Osorno. The New York Times. 19/06/2017
CIUDAD DE MÉXICO — La noticia de que el gobierno mexicano podría estar usando el software Pegasus, una tecnología especial destinada al combate de grupos criminales, para espiar e intimidar a defensores de derechos humanos, líderes anticorrupción y periodistas es un ejemplo de cómo el régimen autoritario nunca se fue de este país.
El asunto es particularmente grave en el contexto de violencia contra la prensa. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio periodístico. Solo en este año han asesinado a seis periodistas. Casi la totalidad de los 106 asesinatos de periodistas desde el año 2000 a la fecha ha permanecido impune.
El asesinato hace poco más de un mes de Javier Valdez, un periodista conocido y valiente, fundador del semanario Riodoce, ha vulnerado como nunca antes al gremio y ha levantado enormes cuestionamientos sobre la capacidad, pero sobre todo la voluntad del Estado mexicano de ofrecer alguna protección efectiva. Las revelaciones de espionaje a periodistas solo abonan a la idea de que, más que proteger a la prensa, el gobierno mexicano la mira como un grupo disidente o, de plano, como un enemigo.
De acuerdo con la investigación de The New York Times, dos periodistas de alto perfil han sido víctimas de ataques cibernéticos; uno de ellos es Carlos Loret de Mola, que tiene un noticiero televisivo en las mañanas y una influyente columna en el periódico El Universal; la otra es la popular conductora de radio Carmen Aristegui. Ella y su equipo publicaron a finales de 2014 una investigación que señalaba cómo la elegante casa de la primera dama había sido financiada por uno de los principales constructores de obra pública de México.
En cualquier otro país, Carmen Aristegui habría recibido premios por su investigación. En México, los periodistas de su equipo fueron cesados por supuestas violaciones del contrato laboral. Ella amenazó con renunciar si no reinstalaban a sus colegas y luego fue despedida. Más tarde fue objeto de demandas judiciales.
A partir de 2015, Carmen Aristegui comenzó a recibir mensajes de texto desde números desconocidos pidiendo que hiciera clic en un vínculo que, por ejemplo, le advertía que podía ser encarcelada. Los mensajes comenzaron a llegar también al número de teléfono de su hijo. Si el receptor de estos mensajes hace clic, el sistema de espionaje se infiltra en el teléfono y permite monitorear todas las actividades del celular.
Pero además, la página web de Aristegui Noticias ha sido intervenida un par de veces y a finales del año pasado unos asaltantes entraron a su oficina para robar una computadora. A pesar de que las cámaras captaron sus caras y ellos dejaron huellas por todos lados nadie ha sido detenido.
Unas horas después de la publicación del reportaje de The New York Times, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, junto con las organizaciones Artículo 19 y Social TIC, presentaron un informe que documentaba 76 casos más de intento de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos: según el informe, Loret de Mola fue objeto de estas acciones cuando investigaba sobre la ejecución arbitraria de 22 personas en Tanhuato, Michoacán; otros periodistas del equipo de Aristegui también habrían sido espiados, y dos periodistas más de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes de texto luego de la publicación de una investigación que revelaba la corrupción del gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Este hostigamiento a la prensa pertenece al mismo patrón de lo que sucede cotidianamente a cientos de periodistas en el país. De acuerdo con los datos, además de los grupos criminales, los propios representantes del gobierno son la principal fuente de amenaza al gremio. La intimidación viene sobre todo de alcaldes y policías.
Hay otras formas de amago gubernamental más sutiles: las autoridades no solo no investigan los asesinatos de los periodistas, sino que normalmente niegan que el asesinato haya tenido que ver con el ejercicio periodístico, incluso antes de que comience la investigación. También sucede que los periodistas asesinados son objeto de campañas de difamación que se gestionan por medio de filtraciones de su vida privada en las páginas de la prensa cercana al régimen.
El espionaje, pues, es solo una forma nueva y sofisticada de algo que sucede desde hace varios años. Tiene un efecto igualmente silenciador, pues el periodista no solo se da cuenta de que ha sido atacado, sino que la información que se obtiene por esta vía ilegal es privada y puede ser usada como chantaje, además de que pone en riesgo a las fuentes involucradas.
Cabe preguntarse qué se puede hacer si el gobierno es al mismo tiempo juez y parte del problema. Luego de su débil respuesta a los cuestionamientos sobre corrupción y complicidad con el crimen organizado que provocaron los casos de la Casa Blanca de Peña Nieto y la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, existe la impresión de que no hay verdaderos mecanismos de verdad y justicia en México.
Algo parecido sucede con los casos de periodistas asesinados. Ante la incapacidad del gobierno de ofrecer protección efectiva, más de 350 periodistas de todo el país se reunieron recientemente en el Palacio Postal de Ciudad de México a discutir una agenda de medidas urgentes para combatir la violencia. Por su parte, hace un mes, dueños de los medios que normalmente no se pronuncian sobre estos temas publicaron un desplegado condenando la violencia y llamando también a una reflexión colectiva que aún no se celebra.
Luego de tres días de discusión e intercambio, quedó clara la necesidad de que los periodistas se procuren una organización por medio de redes de solidaridad estatales y nacionales que establezca al mismo tiempo vínculos internacionales, una organización que pueda explicar mejor a la sociedad que cuando se amenaza, espía o mata a un periodista se atenta contra el derecho de libertad de expresión en México. En fin, es lo mejor que se puede hacer por ahora que la institucionalidad del Estado está socavada y que el gobierno mira al periodismo como su adversario.
