Por: José Luis Pazos. 11/05/2021
Los defensores de lo que se ha denominado PIN parental lanzan un discurso dirigido a las madres y padres del alumnado -en el fondo, a toda la sociedad- sobre la necesidad de implantarlo para evitar una serie de males perversos que dicen querer combatir con esta medida. La mayoría se posiciona con indiferencia ante ella, pensando que nunca llegará a ser una realidad porque la consideran tan absurda que la ven irrealizable. Pero puede que se equivoquen y una buena prueba de ello es quién estará desde ahora al frente de la educación en un territorio autonómico como el de Murcia.
Por supuesto, habrá personas que estén de acuerdo con el discurso y otras -como es mi caso- que rechazamos tanto la medida como los argumentos que se usan para defenderla. Lo que parece del todo incuestionable es que, más allá de las frases grandilocuentes de quienes lo impulsan, normalmente ligadas con una visión sesgada y manipulada del concepto libertad, a la inmensa mayoría de la sociedad le falta información necesaria y clara sobre lo que está detrás de la propuesta y lo que realmente significa.
Se le ha dado un nombre rimbombante, asociándola a los filtros que se tienen para el acceso a determinados contenidos audiovisuales y a los propios dispositivos tecnológicos, evitando así el término veto, pero en el fondo toda la sociedad sabe que se trata de vetar conocimientos que se consideren molestos por quienes quieran ejercer ese veto. De hecho, al concretar la propuesta -según sus propias palabras-, el veto parental consiste en obligar a que “se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívico morales o sexuales”, sin el cual, sus hijos e hijas no podrán participar de las mismas.
Suelen hablar de actividades extraescolares, para rebajar el rechazo que la propuesta genera, aunque de forma bastante frecuente también incluyen en sus discursos las actividades complementarias. En realidad, lo que buscan es vetar el propio currículo escolar y ese es su objetivo principal.
Y es que hablar de que las madres y padres puedan vetar actividades extraescolares es absurdo; no hace falta que veten aquello que eligen libremente para complementar como les plazca la educación integral de sus hijas e hijos. Si una actividad no les convence, es suficiente con no apuntarles.
Pero hablar de las actividades complementarias es otra cosa, porque son obligatorias y evaluables, al formar parte del currículo escolar. También es cierto que la mayoría de los proponentes seguramente tienen una confusión generada por la tergiversación interesada que se realiza en la red privada -concertada o no-, donde las actividades complementarias están vendidas a las familias casi como si fueran extraescolares que se deben pagar y se pueden elegir o rechazar.
Tampoco la red pública está exenta de estos pagos para sufragar los costes de la realización de actividades complementarias -traslados en autobuses, entradas a establecimientos a visitar, y otros-, quedando los menores sin acudir a las mismas si no pagan esos costes -algo deplorable-, por lo que las actividades se pueden realmente rechazar por esta vía.
En el fondo se trata de rechazar lo que es ideológicamente molesto
Como sus proponentes dicen, el veto parental busca poder rechazar actividades que tengan contenidos de valores éticos, sociales, cívico morales o sexuales. No hace falta darle muchas vueltas para entender que dentro de estos cuatro bloques se puede encontrar afectado la mayoría del currículo escolar actual. Es más, con un razonamiento incluso rebuscado, se puede cuestionar cualquier contenido que, a priori, parezca salvado. Afirmo que no quedaría alguno fuera de la posible lupa.
Es decir, que los proponentes quieren decidir a la carta lo que se les enseña a sus hijas e hijos en los centros educativos, rechazando lo que a cada uno le pueda parecer molesto según su propia visión de la vida. Y esto, que cada madre y padre tuviera su propio menú educativo, supondría la demolición del derecho a la educación de los menores porque las personas que ejercen la docencia estarían vetados a dar cualquier conocimiento ya que, al educar en grupos, la superposición de los vetos existentes para cada menor devendría en una imposibilidad material para poder enseñar.
De lo anterior cabe extraer una conclusión, el veto parental es un ataque directo a la libertad de cátedra de los docentes, derecho fundamental que les corresponde como manifestación de la verdadera libertad de enseñanza -no de la tergiversación que sobre este concepto sufrimos históricamente- y del ejercicio de su libertad de expresión, que se concreta en la posibilidad que tienen estos de exponer la materia que deban impartir con arreglo a sus propias convicciones. Por supuesto, con plena sujeción al Estado de Derecho.
Lo único que se conseguiría con el veto parental es cercenar el derecho a una educación integral
El derecho a la educación no es de las familias, es de los menores. Y esto lo afirmo formando parte de una familia, con hijo e hija que han pasado por las etapas de escolarización obligatoria y continúan su formación -ahora universitaria-, y habiendo sido representante de las familias en todas las instancias educativas existentes en nuestro país. Es decir, que me considero informado y, por ello, plenamente consciente de lo que asevero con rotundidad: el derecho a la educación no nos corresponde a las familias sino que es totalmente de los menores. Que debamos garantizar que su derecho se puede ejercer con plenitud mientras que son menores y, por tanto, limitados para defenderlo en su propio nombre, no puede darnos la potestad para cercenarlo en tanto que no sean mayores de edad y se libren de nuestro yugo.
Esta es la diferencia sustancial entre las organizaciones estatales representativas que defienden que el derecho a la educación es del menor -Ceapa, junto con todas las organizaciones que están integradas o coinciden en planteamientos con ella- o que es de la familia -Concapa, y quienes se identifican con sus postulados-, como he dicho en reiteradas ocasiones. No le quito legitimidad a sus planteamientos y defiendo su derecho a plantearlos democráticamente, pero los considero errados y fuera de una interpretación correcta de los mandatos constitucionales, según mi visión.
Para mí, la educación integral de una persona debe llevar consigo la libertad para construir su propia personalidad, liberándose de las ataduras previas por su origen de nacimiento o cualquier otra situación familiar y social del entorno en el que nace y se desarrolla. Es decir, que la educación le debe permitir cuestionar toda la información que recibe y decidir su propia interpretación de la vida, incluyendo esto la posibilidad de que piense y actúe de forma distinta a como lo hagan sus progenitores.
Pero lo que los proponentes del veto parental están reivindicando en realidad es que las madres y los padres -para ellos prioritariamente estos últimos- puedan amoldar a sus hijos e hijas a su imagen y semejanza, para que sean casi clones suyos que defiendan en el futuro los mismos postulados que ellos sostienen en el presente. En mi opinión, es un abuso en el ejercicio de la patria potestad, que no puede ser legalmente aceptado, y que incluso ellos combaten cuando no les gusta lo que otras familias hacen con sus descendientes. Porque, quienes quieren imponer su visión de la vida rechazan el derecho de otros para hacer lo mismo si no caminan en igual sentido que ellos. Es una cuestión de comportamiento democrático deficiente, por no decirlo de una forma aún más grave.
Como es irrealizable, porque es ilegal, sólo se busca la autocensura y el blindaje de comportamientos autoritarios
Que es irrealizable desde un punto de vista legal lo saben los proponentes. Una medida que ataca el derecho a la educación integral, la libertad de cátedra y la verdadera libertad de enseñanza, entre otros derechos fundamentales, no puede tener un pronunciamiento favorable de los tribunales de este país, ni de los europeos. Por eso, cuando tengan la oportunidad de llevarlo a una norma legal, será recurrida y -me sorprendería lo contrario- anulada mediante sentencia judicial.
Pero con el discurso permanente sobre este asunto y la amenaza constante hacia quienes se atrevan a impartir conocimientos que ellos puedan considerar nocivos, tratan de legitimar comportamientos autoritarios de censura sobre los contenidos, algo que algunas personas intentan hacer valiéndose de sus posiciones de poder -siquiera temporales-, y que quienes ejerzan la docencia se autocensuren por miedo a ser señaladas y sufrir por ello un calvario con ataques constantes que les hagan insufrible el ejercicio de una profesión que han elegido libremente ejercer.
Así que, como padre rechazo el veto parental -PIN parental- y seguiré luchando para que nunca sea una realidad. Porque el derecho de los menores a tener la vida que quieran tener debe prevalecer sobre las imposiciones que sus madres y padres quieran ejercer sobre ellas y ellos. Porque los docentes no se merecen que les quiten la ilusión por su profesión ni la libertad para ejercerla. Y porque la sociedad necesita dejar atrás definitivamente postulados ideológicos anclados en el pasado no democrático y construir un futuro de libertad en donde cada quien sea lo que quiera y piense lo que considere oportuno, y respete que los demás tengan una visión de la vida distinta a la suya y la puedan vivir como consideren dentro de los cauces que tratan de garantizar la existencia de una verdadera democracia.
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Fotografía: El diario de la educación
