Por: Francesco María Cricchio. 05/05/2023
Eduardo Mendúa, uno de los líderes de la comunidad Cofán Dureno, fue asesinado el 26 de febrero de 12 tiros. Fue en el jardín de su casa, en la comunidad de A’i Cofán Dureno, provincia de Sucumbíos, región amazónica al noroeste del país. Este es otro asesinato manchado por los intereses petroleros que trastornan el equilibrio y la vida de los pueblos indígenas que habitan esas tierras desde hace más de 50 años. Mendúa regresaba de una reunión con la CONAIE, la mayor organización de nacionalidades indígenas de Ecuador, de la que era responsable de las comunicaciones internacionales.
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“ Tendrán que pasar por encima de nuestro cadáver, porque para nosotros Cofán, la extracción de petróleo es en sí misma sinónimo de muerte”.
Eduardo Mendua
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La defensa de la Amazonía pierde uno de sus rostros más representativos: Eduardo, junto a otros activistas, se había opuesto enérgicamente a las actividades de la estatal petrolera PetroEcuador, que pretendía instalar 30 pozos petroleros más en la comunidad de Cofán Dureno, cerca de de Lago Agrio. El área en la que se deben realizar las operaciones sigue siendo selva virgen no contaminada: por lo tanto, el extractivismo tendría consecuencias ambientales devastadoras. La concesión había sido aprobada por el estado, pero no por las comunidades, que se habían opuesto rotundamente a pesar de que nunca fueron consultadas.
El extractivismo trae contaminación, muerte y división interna a las comunidades. Este es el mensaje que se desprende de la mayoría de los testimonios emitidos por integrantes de Dureno, a la que PetroEcuador ya había ingresado en el pasado, provocando enfrentamientos y conflictos y dividiendo a las familias desde adentro. De hecho, son las propias empresas petroleras las que se dan cuenta de lo fuerte que es una población unida por una causa común: esto es especialmente cierto en el contexto ecuatoriano, donde las movilizaciones de las nacionalidades indígenas -los llamados Paros– siempre han sido capaces de llamar la atención de los medios internacionales, a menudo paralizando a todo el país. Además, los numerosos eventos y talleres organizados por ONG ambientalistas activas en las zonas de extracción han hecho que muchas comunidades sean autónomas e independientes para defenderse de los frecuentes intentos de engaño de las instituciones.
Ante esta situación, la estrategia del gobierno es, por tanto, más sutil: apalancándose en el altísimo índice de pobreza que caracteriza a la región (el 70% de la población de las regiones amazónicas ecuatorianas se encuentra bajo la línea de pobreza extrema), promete desarrollo económico y social. a miembros individuales de la comunidad, sobornándolos ofreciéndoles grandes sumas de dinero. De esta forma, una vez obtenido el pase, las empresas pueden demostrar que actúan apoyadas en el consenso de la comunidad. Estos últimos, mientras tanto, se encontrarán divididos desde dentro, por lo tanto, incapaces de reagruparse y formar un frente común.
El conflicto en Dureno
La comunidad de Cofán Dureno es el ejemplo perfecto para ver cómo se aplica en la práctica el paradigma de acción antes descrito. Ya había sufrido los efectos de la extracción petrolera: en 1972 se había perforado en varios puntos el llamado “Bloque 57” y se había abierto uno de los pozos más importantes en pleno territorio de la comunidad. El pozo fue cerrado en 1992 y reabierto en 2012, luego de negociaciones en las que la comunidad, según algunos de los administradores, participó y dio su consentimiento. En los años siguientes, durante el gobierno de Rafael Correa, se amplió la comunidad, con un proyecto que implicó la construcción de viviendas dotadas de energía eléctrica: parte de los ingresos por la extracción del crudo se destinaron a su construcción.
Las fricciones que caracterizan a las dos facciones que conforman la comunidad de Dureno son, por tanto, de larga data y habían permanecido latentes hasta mediados del año pasado, cuando PetroEcuador anunció su plan de abrir tres grandes plataformas en la zona de la denominada Dureno. reserva, un área de bosque virgen, para un total de 30 pozos nuevos. En esa oportunidad, se activó la guardia indígena contra la extracción, denominada Erisun, bloqueando el camino de acceso a la reserva y deteniendo la maquinaria de la estatal petrolera. A principios de enero la tensión había aumentado exponencialmente, dando lugar a enfrentamientos abiertos entre la resistencia comunitaria y las fuerzas armadas, provocando varios heridos en ambas facciones. Tras los hechos, el presidente de la comunidad, Silverio Criollo había denunciado cómo “los autodenominados administradores habían interrumpido ilegalmente las obras públicas que realizaba la petrolera”, ordenando a los opositores “poner fin de inmediato a la ocupación de la vía”. Criollo, quien representa el frente a favor de la extracción, también parece haber firmado acuerdos con PetroEcuador a cambio de dinero, que luego redistribuiría entre sus seguidores en la comunidad. El propio Silverio afirma que Eduardo Mendúa nunca había asistido a las reuniones auspiciadas por el gobierno para buscar un acuerdo común sobre perforaciones. El plazo era la primera semana de marzo, por lo que se piensa que PetroEcuador presionó a Silverio para resolver los conflictos internos, garantizando la construcción de las 3 plataformas.
Es por las razones que acabamos de explicar que, cuando se le pide que trate de identificar las fuentes del conflicto, Andrés Tapia, director de CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía), responde sin dudar: “Es importante entender que aquí lo que que genera conflicto es única y exclusivamente la presencia de PetroEcuador en el territorio de Cofán Dureno. Nada más que esto provocó la hostilidad que condujo a la muerte de Eduardo”.
El petróleo en el contexto ecuatoriano
En la historia de la Amazonía ecuatoriana hay un antes y un después1964. Este es el año en que se inicia la exploración sísmica por parte de la empresa estadounidense Texaco (ahora Chevron), para luego iniciar la minería tres años después. Las operaciones se prolongaron durante más de 20 años y el resultado es una de las mayores catástrofes medioambientales jamás conocidas. Los números son despiadados, pero no dan idea de la gravedad de lo sucedido: 60 mil millones de litros de agua tóxica vertida a la selva y a los cursos de agua, 650 mil barriles de crudo dispersos en el ambiente y más de 800” piscinas” de residuos de aceite abandonados en el ecosistema. La población Cofán, que antes ascendía a unos 4.000, había sido expulsada de sus tierras y diezmada. Otras dos comunidades indígenas, los Tetete y los Sansahuari, fueron completamente aniquiladas por la llegada de los colonos y las enfermedades que trajo la contaminación.
Al mismo tiempo, la presidencia de Guillermo Lasso ha incrementado exponencialmente la tensión sobre las comunidades indígenas, declarando reiteradamente su intención de duplicar la extracción petrolera a nivel nacional. Todo ello mediante la anulación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución ecuatoriana, así como de los derechos de los pueblos indígenas. Entre estos también encontramos el derecho a ser consultados antes de poder iniciar cualquier tipo de obra en su territorio.
La lucha continúa
Al día siguiente del asesinato de Mendúa, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, emitió un comunicado en el que señaló que “el gobierno y PetroEcuador son responsables de este crimen”, ya que el conflicto con las petroleras en la comunidad de Cofán Dureno siempre está financiado por actores. fuera de la comunidad”, los mismos actores que provocaron la explosión. Incluso, el presidente Guillermo Lasso expresó “la solidaridad con la familia de Eduardo Mendúa y con la CONAIE”, asegurando que “este crimen no quedará impune” y agregó que “la búsqueda para llevar a los culpables ante la justicia continúa incesante”. La paradoja es clara: la justicia a la que se les debe garantizar es con toda probabilidad la misma que ordenó el asesinato de Eduardo.
Hoy, ante otro crimen de Estado, es más claro que nunca que la lucha de Eduardo continúa. Numerosos líderes de la comunidad de Dureno junto a la CONAIE y otras organizaciones activas en las regiones amazónicas han manifestado su rechazo definitivo a cualquier tipo de operación que pretenda realizar PetroEcuador en el territorio. Hace unos días, la guardia indígena confirmó, a través de un mensaje en las redes sociales, que la resistencia continuará hasta que PetroEcuador abandone definitivamente a la comunidad.
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“ Es ecocidio, si entran las petroleras se va a extinguir la cultura Cofán. Sería el fin de una cultura viva, y eso no puede suceder. Sería un crimen de Estado, el mismo Estado que nos está matando a través del extractivismo”
Eduardo Mendua
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Fotografía: A planeta
