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Por: Raúl Prada Alcoreza. 07/07/2023

Volvamos al principio de la economía política, recordar que el capitalismo es un mundo de mercancías, de producción, distribución, circulación y consumo de mercancías. Esto es lo primero, entonces lo que se viene en llamar droga, estupefacientes, narcóticos, corresponde, desde la perspectiva de la economía, a un tipo particular de mercancías. Son mercancías porque están destinadas al mercado, ingresan al mercado, concurren y circulan en el mercado; en el mercado se encuentran estas mercancías y pasan al consumo. Hay todo un sistema de distribución de estas mercancías. En relación a la primera premisa de este ensayo, de que el capitalismo es un mundo de mercancías, no hay que olvidar que las drogas, estupefacientes, narcóticos, son mercancías, entonces, en consecuencia la cocaína es una mercancía.

La pregunta obvia es: ¿Por qué estas mercancías son penadas? Por lo tanto: ¿Por qué hay mercancías que son prohibidas? Sobre todo cuando se trata de la perspectiva liberal, cuando, se supone, se establece el libre mercado, la concurrencia del libre mercado, donde no puede haber prohibiciones de la circulación de mercancías. Al respecto, es el Estado el que prohíbe y pena la circulación de mercancías. Por ejemplo, el Estado puede plantearse una política proteccionista. ¿Tiene sentido establecer una política de aranceles o de prohibición de mercancías, que vienen del exterior a la nación, a la geografía política de la nación? El Estado puede aplicar una política proteccionista, en este sentido podemos hablar de un Estado proteccionista. Ahora bien, ¿podemos ampliar este criterio del proteccionismo a las prohibiciones de estas mercancías consideradas drogas, estupefacientes, narcóticos?

La arquitectura del encierro, la vigilancia y el disciplinamiento

Se habla de un Estado proteccionista cuando defiende la producción y la industria nacional frente a la competencia extranjera, que puede vender mercancías a más bajos precios, esta es la razón de los aranceles. Un Estado puede no mantener permanentemente el proteccionismo, puede combinar con políticas abiertas de libre mercado, abrirse a la competencia con las mercancías extranjeras. Se dice que todo depende de la fortaleza de la industria nacional.

En estas consideraciones tenemos un problema; si el modo de producción capitalista es mundial, no puede pensarse de otra manera, el contexto de su funcionamiento tiene que ver con el sistema mundo capitalista, entonces ¿cómo se explica el proteccionismo nacional? Así mismo, por otro lado, cómo se explica el libre mercado a escala nacional, teniendo en cuenta el contexto del sistema mundo capitalista? Tendríamos que suponer que en el sistema mundo capitalista se da lugar a la competencia entre economías nacionales, una competencia por los mercados nacionales e internacionales. Si esto se acepta ¿que impacto tiene esta competencia en la economía nacional? Se entiende, en lo que se refiere a la industria nacional, que produce mercancías, que se producen, por lo tanto, también en las economías de otras naciones. En este caso, se entiende lo que pasa cuando las mercancías importadas no se producen en la economía nacional. De aquí se entiende la propuesta de la sustitución de importaciones, es decir, se proyecta el desarrollo de la industria nacional. En este etapa corresponde proteger a la naciente industria nacional. Entonces podemos entender la relatividad de los conceptos de proteccionismo y libre mercado, que parecen opuestos.

Hay un concepto mayor que el concepto de proteccionismo. El concepto de proteccionismo se circunscribe al campo económico, sobre todo a la relación entre Estado y economía; en cambio el concepto mayor, del que hablamos, abarca varios campos sociales o todos los niveles, los planos de intensidad, del campo social. El concepto del que hablamos es defender la sociedad. En sentido estricto puede circunscribirse el concepto a las formaciones discursivas jurídicas y políticas. El concepto de defender la sociedad corresponde a la sociedad moderna, emerge de la definición de la amenaza social, de la amenaza a la sociedad, es decir, de la definición del enemigo social, el delincuente; entonces, estamos hablando del momento en que se despliega y se desenvuelve el diagrama de poder disciplinario, que tiene que ver con el modo de producción capitalista. Cuando el cuerpo es fragmentado en partes, para actuar en el mismo, en sjus dinámicas corporales, incidiendo comportamientos que tienen que ver con su anatomía corporal de tal manera que se logra el disciplinamiento y la adecuación del cuerpo al modo de producción capitalista. Se construyen instituciones de encierro, sobretodo instituciones que tienen que ver con el manejo minucioso del cuerpo, como la escuela, como el cuartel y otras instituciones de encierro y de disciplinamiento. La arquitectura referencial de estas instituciones es la cárcel.  El cuadro del encierro, correspondiente a la pérdida de libertad, es decir, a un manejo del espacio, que da lugar al encierro,  también a la vigilancia del encerrado, del delincuente. Estamos hablando de una conexión entre la arquitectura de la cárcel y el discurso jurídico, entre una arquitectura que encierra y vigila y una formación discursiva que define al delincuente.

El criterio mayor en uso es defender a la sociedad, que comprende defender a la población, al pueblo, a la gente, al ciudadano. En lo que respecta a la protección política, jurídica y policial, no solamente de la amenaza social, en general, sino de una amenaza específica, relativa a los tráfico ilícitos, se trata de defender la sociedad del consumo dañino para su salud, además de defenderla de las organizaciones criminales inmiscuidas en el delito y el crimen del narcotráfico. Este diferente comportamiento del Estado, respecto al mercado o al libre mercado, nos muestra en primer lugar, comportamientos de los campos políticos y económicos de manera diferencial. De esta apreciación provisional, de inicio, podemos sacar una conclusión, también provisional, que nos dice que el comportamiento económico es diferente al comportamiento político.

Respecto a la política, es decir, respecto al Estado, las drogas, los estupefacientes, los narcóticos, no son considerados como mercancías, son sustancias controladas, prohibidas y peligrosas para la población; su producción, su circulación y su consumo van a ser penados,  los que se ocupan de la producción, de la distribución, de la circulación y del consumo de estas sustancias van a ser perseguidos. De manera muy clara esto acontece en lo que hemos venido llamar el orden mundial, contexto donde se han establecido disposiciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, que abarcan no solamente su prohibición, sino también el control del tráfico, el control de los recursos que mueven los tráficos, su producción, su distribución y su consumo, sobre todo el control de su distribución y la pesquisa del encubrimiento de esta producción, de esta distribución y de esta circulación, sobre todo de la acumulación de estos recursos, de las ganancias de estos recursos y de las organizaciones implicadas en sus tráficos.

A partir de estas primeras consideraciones sobre la relación entre economía política y narcotráfico, desde la perspectiva del Estado, se distingue economía lícita de economía ilícita. Si entendemos como economía esa parte de la producción, distribución, circulación y consumo de las drogas. Es el Estado el que distingue estas economías, la lícita de la ilícita. Cuando lo hace establece lo que se puede producir y lo que no se puede producir, lo que puede circular y lo que no puede circular, lo que se puede distribuir y lo que no se puede distribuir, lo que se puede consumir y lo que no se puede consumir. Lo mismo ocurre a nivel internacional; en realidad, primero comienza esta distinción a nivel internacional. Se han creado organismos y dispositivos para cumplir con las determinaciones del orden mundial; respecto a este tipo de tráficos los estados han asumido ese compromiso con las organizaciones internacionales.

La tercera pregunta tiene que ver con el por qué funciona de manera distinta la política y la economía,  por qué el Estado tiene determinadas políticas económicas respecto al campo económico, particularmente a lo que se nombra como economía ilícita. Aparentemente se puede entender o sobreentender, por los mismos argumentos del Estado, que se tratan de sustancias que afectan a la salud de la población, que se trata de una economía ilícita y, por lo tanto, que está escondida, encubierta, oculta y que actúa contra las leyes. Empero, desde una perspectiva amplia, que vea los dos campos, el campo económico y el campo político, que vea de manera abierta el funcionamiento del mundo de las mercancías y lo distinga del funcionamiento del mundo político, que todavía no lo hemos definido. Hemos definido el capitalismo como el mundo de las mercancías, qué es el mundo político. ¿Qué es mundo político en la modernidad, qué es el mundo político en la era del capitalismo? Esto lo dejaremos para después, aquí, por el momento, lo que nos interesa, en principio, es precisamente responder las preguntas hechas con anterioridad. Ciertamente, no vamos a poder responder a estas preguntas sin haber resuelto lo que acabamos de plantear como pregunta, qué es el mundo político, sin embargo, de manera improvisada, vamos a movernos en la evaluación de la argumentación estatal y la argumentación del orden mundial, respecto a las prohibiciones y a la lucha contra el narcotráfico.

El mayor concepto en uso, de manera explícita o de manera implícita, es el de defender la sociedad; implica, obviamente, defender a la población. Sabemos que hay diferentes connotaciones cuando se habla de sociedad y cuando se habla de población, también cuando se habla de pueblo; tenemos que entender que hay otra connotación que tiene que ver con defender al pueblo, pero, en términos generales, globales, el principal argumento es defender a la sociedad, que contiene a los otros conceptos y connotaciones. Este es el argumento que considera Michel Foucault en un libro que titula precisamente Defender  la sociedad, que corresponde a sus cursos, entre 1975 y 1976, en el Colegio de Francia[1]. Este libro y estos cursos son ilustrativos respecto a las genealogías del poder, sobre todo cuando se establece el diagrama de poder disciplinario, que corresponde al modo de producción capitalista y a la sociedad moderna. A partir de un momento, cuando se da lugar al establecimiento de la cárcel, cuando se define a los delincuentes, cuando se establece una relación entre el espacio de la cárcel y el discurso jurídico, cuando se define el contenido discursivo de delincuente como una amenaza para la sociedad, se pasa a todo un conglomerado de operativos en la defensa de la sociedad.

En defensa de la sociedad es el enunciado de la argumentación de la sociedad disciplinaria y de la sociedad disciplinada, que establece los cuadros, es decir, el espacio y la arquitectura de las instituciones del encierro, así como conforma la formación discursiva jurídica que define al delincuente y define al enemigo de la sociedad. Este es el criterio jurídico y político de la sociedad moderna, que se propone como objetivo implícito garantizar la acumulación ampliada de capital, es decir, garantizar la producción, la productividad, el mercado y la realización de la ganancia. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo este postulado se convierte en un enunciado operativo, en la lucha contra el narcotráfico, definiendo un enemigo muy singular, que es el narcotraficante? Se entiende que la especificación del delincuente, la clasificación de la delincuencia y del delincuente, en todas sus tonalidades, así como en las nuevas formas de la delincuencia, sostengan esta ampliación o está singularización correspondiente a la definición del enemigo de la sociedad. Se puede entender también que, como se trata de una sociedad disciplinaria y una de sociedad que debe estar disciplinada, los comportamientos que suponen los tráficos ilícitos resultan no disciplinarios, incluso puede considerarse de antidisciplinarios, que dan lugar a comportamientos que rompen con lo que busca el diagrama de poder disciplinario, la constitución de sujetos aptos para la producción, la distribución, la circulación y el consumo de mercancías. Empero, el problema, como lo hicimos notar a un principio, es que la producción ilícita corresponde a una ampliación y a una particularidad de la producción de mercancías; lo mismo ocurre con la circulación ilícita, la distribución ilícita y el consumo ilícito, que corresponden a circulaciones, distribuciones y consumos particulares, cuya singularización es perversa. Sin embargo, no dejan de ser ni producción, ni ditribución, ni circulación, ni consumo, forman parte del mundo de las mercancías. Hay pues una contradicción inherente en esta lucha contra el narcotráfico, que tiene que ver, básicamente, con una contradicción en el postulado del mercado libre del sistema mundo capitalista. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción? Sabemos que algo que contradice al libre cambio, a la libertad de mercado, es el monopolio, la conformación de monopolios, a través, precisamente, de la interacción misma del mercado o de las dinámicas del mercado. Esta contradicción es inherente al sistema mundo capitalista. De alguna manera la jurisdicción capitalista o burguesa, propiamente dicha, tiene conciencia de esta contradicción;  ha construido leyes antimonopólicas, que, ciertamente, no se realizan, no se efectivizan, porque el monopolio termina imponiéndose. Conocemos sus genealogías hasta llegar a los grandes monopolios, a los oligopolios, por lo tanto, parece que esta es la suerte misma del funcionamiento del sistema mundo capitalista y de la sociedad mercado.

Pregunta: ¿El problema no es tanto el tráfico, que llaman ilícito, como los monopolios, que se conforman de manera inmediata en los espacios de los circuitos del tráfico ilícito, es decir del espacio que controlan las organizaciones denominadas criminales o del crimen organizado, más conocidas como cárteles? Otra pregunta: ¿Esta contradicción mencionada muestra, de manera patente, no solamente la conciencia de la contradicción, sino también el miedo a las consecuencias de las dinámicas mismas del mercado. ¿Sólo se activa la conciencia moral cuando se llega a el desarrollo, el desenvolvimiento de estos tráficos llamados ilícitos? Una tercera pregunta: ¿Esto implica volver a la conciencia culpable, que expresa, patéticamente, una culpabilidad acumulada y sólo actúa cuando las mismas dinámicas del capitalismo de las sociedades de mercado llevan a consecuencias desmesuradas cómo es la de los tráficos ilícitos? Una cuarta pregunta: ¿No se trata de una actitud o gesto teatral, que encubre, en realidad, las consecuencias mismas, perversas, de las dinámicas del capitalismo?

No es fácil responder a estas preguntas, de todas maneras, estas preguntas nos dan un mapa de posibilidades, mapa en el cual debemos encontrar las “lógicas”, por así decirlo, de estas genealogías del poder.

¿Qué relación hay entre poder, genealogía de poder, y genealogía económica? Sólo la economía, como disciplina académica, particularmente como economía política, considera a la economía como un campo autónomo, cuando no lo es. El campo económico pertenece al campo social, que es un entreverado y entrelazamientos de campos, entre ellos, el campo económico, el campo cultural, el campo escolar, el campo simbólico y otros más. La genealogía económica no nace pues como economía pura, la economía pura sólo existe en la cabeza de los economistas; no hay economía pura, hay un campo económico que forma parte de las dinámicas sociales. La interpretación última de la economía o primordial de la economía tiene que ver precisamente con el sustrato social, con el entrelazamiento social, con el entrelazamiento de distintas dinámicas, de distintas prácticas y estrategias sociales, entre ellas lo que modernamente se ha llamado economía. Entonces, la economía, en principio, definida como producción, distribución, circulación y consumo, corresponde a relaciones y prácticas sociales, que tienen que ver con la sobrevivencia, también tienen que ver con estrategia sociales y sobre todo con formas de organización social. Al respecto, considerando las estructuras de larga duración, tenemos que preguntarnos sobre la genealogía del equivalente general, de la moneda; preguntarnos qué es lo que ha generado la moneda, ¿es el intercambio, un poco antes que el intercambio, el trueque, que tiene que ver con una previa forma del intercambio? ¿O fue el tributo, la necesidad de hacer más operativo el tributo, ya no en especies, sino en moneda, moneda acuñada en oro, plata y en cobre? Si es lo segundo, se ve, de una manera más clara y evidente, la relación entre poder y economía, podemos decir entonces que la economía es un producto del poder. En cambio, si es lo primero, el intercambio, hacer operativo el intercambio a través de un equivalente general, que evalue el valor de los bienes de intercambio, la relación entre poder y economía se hace más mediada, mediatizada, porque, en este caso, tendríamos que preguntarnos en qué momento del intercambio nace el poder como tal, la dominación, que desde nuestro punto de vista comienza con la instauración de la deuda infinita, es decir el tributo, por lo tanto el nacimiento del Estado antiguo. Esto sólo puede ser respondido por investigaciones arqueológicas, antropológicas, sociológicas y sobretodo históricas. Sin responder a lo que fue primero o la causa inicial del equivalente general, podemos acordar que, en todo caso, aquí interesa el nacimiento del Estado y su vinculación con la moneda a través del tributo, también, por lo tanto, su vinculación con el intercambio, que es una forma, precisamente, de realizar el cambio, es decir lo que se conoce como mercado antiguo.

Haciendo una disgresión podemos anotar que tanto las leyes contra el monopolio como las leyes vinculadas a la lucha contra el narcotráfico han fracasado. Las dinámicas del capitalismo han seguido su curso hacia el monopolio y hacia los cárteles. Es en este fracaso en el que debemos encontrar la clave para entender las contradicciones inherentes a la sociedad capitalista. La sociedad capitalista no puede defenderse y deshacerse de las consecuencias y los desenlace de sus propias dinámicas.

Sacando consecuencias de lo que hemos dicho antes, en términos de elucubraciones teóricas, podemos decir lo siguiente: Si se trata de la consecuencia en la lucha contra el narcotráfico, no puede ser sino de disposiciones y dispositivos radicales, que alcancen la raíz del problema o la matriz de la cuestión.  Eso significa que no puede haber una lucha contra el narcotráfico consecuente si no son radicalmente dispositivos y disposiciones contra capitalistas y anticapitalistas. Pero como esto no puede ocurrir en el contexto del sistema mundo capitalista y del sistema mundo moderno, en el orden mundial y en los Estado nación, entonces las leyes contra el narcotráfico se quedan, por así decirlo, a mitad del camino; es decir, no logran llegar a su meta, porque para realizarse tienen que ser leyes anticapitalistas, en otras palabras, contra el mercado mismo, contra el intercambio mismo, sobre todo contra el equivalente general, contra la valorización y la acumulación de capital.

Milton Friedman propuso la legalización para contrarrestar e el monopolio de los cárteles del narcotráfico, sin embargo, como hemos anotado antes, ninguna liberación del mercado puede, a la larga, resolver el problema, puesto que las dinámicas mismas del mercado y las dinámicas mismas del capitalismo llevan al monopolio. Esta contradicción y el problema mismo, que se quiere atacar, el narcotráfico, no se resuelven con los consejos de Miltón Freedman.

Sólo puede resolverse el problema en cuestión si se llega la raíz del problema, que consiste no solamente en esta representación perversa de los bienes producidos como mercancías, sino en el fetichismo de la valorización, en la ilusión de la riqueza, de la acumulación, medida como capital. En consecuencia, también tiene que ver con el problema de la ilusión del poder, del fetichismo del poder, de los fetiches de los dispositivos del poder. La lucha contra el narcotráfico sólo puede ser consecuente si se la asume de manera radical, contra el poder, si se efectivizan las contragenealogías del contrapoder y si efectivizan las contragenealogías de la lucha contra la acumulación del capital.

Las rejillas descriptivas y analíticas

Hay una debilidad notoria en las descripciones, los análisis e interpretaciones de los hechos y de las acciones que incumben a la lucha contra el narcotráfico; corresponden a recortes de realidad, no solamente encuadrados, sino supuestamente aislados, en espacios y campos supuestamente autónomos. En unos casos se limitan al seguimiento del desarrollo jurídico respecto a la temática en cuestión, al tratamiento del problema, a la pesquisa de la suceción de las aseveraciones y argumentaciones de un discurso, que busca definir, de manera cada vez más específica, al delincuente en cuestión, que puede llegar a ser calificado como terrorista. Por ahí va la calificación de narcoterrorismo. De modo distinto se puede buscar el amortiguamiento del castigo y de la pena, haciendo hincapié más bien en la prevención, en los efectos del consumo, dando oportunidad a negociaciones. Dando lugar a la restricción continua de la producción, distribución, circulación y consumo de la economía política de lo ilícito.

En otras palabras estas descripciones y análisis aludidos está muy lejos de una percepción integral de la problemática en cuestión, lo que ayudaría, por lo menos, en principio, a la comprensión y al entendimiento de la complejidad del asunto. Esta percepción integral ayuda a visualizar el entrelazamiento de lo que sucede, esto supone, en contraste con la mirada analítica, que que se trata de campos entrelazados, que, en dan lugar su mutuo reforzamiento, al efecto de irradiación y transformación constante de una realidad amenazante.

Atendiendo a las conclusiones de estas investigaciones mencionadas, descriptivas y analíticas, podemos decir, en contraste, con ellas, que no se trata de un mejoramiento de los dispositivos jurídicos y políticos, que están encargados a resolver la problemática; tampoco se trata del mejoramiento de los dispositivos y agenciamientos de interdicción, es decir del incremento de la represión, así como tampoco se trata del control o la vigilancia, la restricción mayúscula de las prácticas y los espacios donde se desarrolla la economía política del narcotráfico. Se trata, por el contrario, de encontrar la raíces y las matrices de la problemática en cuestión; por lo tanto, de atacar a las raíces y a las matrices resta problemática. Las raíces y las matrices esta problemática se encuentran en la sociedad misma, de donde ha emergido el problema. Se trata de caracterizar, de manera clara, el tipo de sociedad problematizada, definir el perfil afectado de la sociedad perturbada, de configurar la composición de sociedad donde ha emergido el problema en cuestión.

Sin embargo, a pesar de esta crítica enunciada, se puede obtener de las descripciones y análisis datos y cuadros, discursos y enunciados, que pueden usarse en la conformación de una percepción integral del problema tratado. Con este ánimo vamos a retomar un lectura histórica de las investigaciones descriptivas y análiticas sobre la lucha contra el narcotráfico.

Historia y actualidad de la economía política de la cocaína

Comenzaremos con la materia prima de la cocaína, la denominada hoja de coca excedentaria. Ana María Lema escribe, en Profesión cocalero, historia de la defensa de la coca (Siglos XVI-XX)[2],haciendo una retrospección histórica, lo siguiente:

1.- Hoy en día no hace falta presentar a los productores de coca. Fuera de constituir, numéricamente, el sector productivo agrícola más importante del país, se trata también del sector cuya capacidad de lucha por la defensa de sus actividades es más notoria que la de cualquier otro.

2.- La lucha de los cocaleros está actualmente enmarcada en un contexto que va más allá del tema de la coca, ya que está íntimamente relacionada con la problemática del narcotráfico. La elaboración de sulfato y de clorhidrato de cocaína se realiza en base a la producción nacional de coca, notoriamente excedentaria en relación a las necesidades reales del país. Al ser la coca la materia prima y el punto de partida de un largo proceso -que no queremos evocar aquí-, se convierte también en el primer blanco de los nuevos mosqueteros de fines del siglo xx.

3.- Pese al establecimiento oficial (Ley 1008) de una diferenciación entre la coca destinada al uso tradicional y la coca destinada a usos ilícitos, que ha dado lugar a una clasificación, bastante arbitraria por cierto, de las zonas de producción de la hoja, las primeras víctimas de la lucha contra el narcotráfico son los propios productores de coca en su conjunto.

4.- ¿Quiénes son ellos? Ex-colonos y descendientes de campesinos que recibieron parcelas o sayañas después de la Reforma Agraria de 1953, en las llamadas «zonas tradicionales», colonizadores en busca del desarrollo y, últimamente, ex-mineros relocalizados a la fuerza, en pos de un medio de supervivencia. En síntesis, campesinos, de estirpe campesina o convertidos de último momento, pero campesinos, trabajadores del campo, que cultivan la tierra y viven directamente de sus frutos.

5.- Eso no fue siempre así. Hasta mediados de los años 50, la gran mayoría de los productores de coca no era campesina, sino hacendada o pequeños propietarios que utilizaban la mano de obra que, en el futuro, asumiría personalmente la producción de la coca. Es decir, que el productor de coca, tal como lo enfocamos, no es tanto el dueño de los cocales como el que los cultiva directamente, con los pies en la tierra, y que también se enfrenta con los obstáculos que surgen a lo largo de la historia del cultivo de la coca. Sin embargo, hasta mediados de este siglo, fueron los dueños de los cocales los que dejaron el testimonio de su lucha por la defensa de la coca, quizás con un empeño similar al de los productores actuales, al tener que defender sus intereses, es decir, su fuente de ingresos.

6.- ¿Por qué hablar de defensa? ¿Acaso el despliegue de ataques contra la coca no es algo que se ha desarrollado recientemente, con el «boom» del narcotráfico? ¿Existieron, en otros momentos, argumentos sin relación con la producción de drogas, que llegaron a cuestionar la propia producción de coca?

7.- En diferentes momentos de su historia, la coca ha sido objeto de ataques por parte de distintos sectores de la sociedad, ataques que intentaron desembocar sea en la reducción o desaparición de los cultivos, sea un control más estrecho de los mismos.

Durante la gestión de gobierno de Jaime Paz Zamora se desplegó la consigna de que la coca no es cocaína; a partir de esta afirmación política se buscaba la despenalización de la hoja de coca, manteniendo la penalización sobre la cocaína. Por otra parte, teniendo en cuenta las políticas de interdicción se buscó amortiguarlas diferenciando la coca tradicional de la coca excedentaria. La primera está destinada al acullico y a los usos medicinales, ceremoniales y rituales, en tanto que la segunda está destinada a su uso como materia prima en la industria de la cocaína. Ambas disquisiciones y distinciones ya nos muestran la composición compleja y problemática del circuito coca-cocaína. En los Recorridos de la coca[3] nos aproximamos al análisis estructural de la problemática visualizando la hoja de coca como un orden de relaciones. Desde entonces hasta ahora la cuestión es asumida desde la perspectiva de la complejidad.

Empero, lo que nos ocupa por el momento es hacer una revisión de las pesquisas analíticas de la problemática a partir de las miradas disciplinarias, que interpretan a partir de las rejillas teóricas, propias de la división del trabajo moderno de los saberes de las ciencias sociales y humanas.

Siguiendo el repaso histórico e iniciando con apuntes someros, podemos recuperar las siguientes anotaciones, que corresponden, mas bien, a reportes periodísticos y pedagógicos:

“La década de los años ochenta marcó un hecho de trascendencia histórica dramática y determinante para la realidad social, económica y moral del país; el crecimiento espectacular del narcotráfico como negocio de insospechada expansión.

Si bien este fenómeno comenzó a darse al comienzo de los años setenta, tiempo en el que comenzaron a crecer los grupos que conformaron verdaderas mafias, fue realmente en los años ochenta y particularmente durante el gobierno de Luis García Meza, cuando se produjo la verdadera expansión del negocio, protegido incluso por el poder ejecutivo. Varios organismos internacionales y miembros del propio congreso de los Estados Unidos acusaron formalmente a Luis Arce Gómez ministró de García Meza de estar involucrado en operaciones de tráfico de drogas. Otros ministros y funcionarios (caso Ariel Coca y Norberto Salomón) fueron también implicados en casos de narcotráfico.

El cultivo tradicional de coca en la zona de los Yungas de La Paz para consumo tradicional de campesinos y mineros, comenzó a expandirse por esos años al norte de Santa Cruz, al departamento del Beni y, finalmente (a mediados de los ochenta), a la zona del Chapare en Cochabamba. Se estima que en Bolivia se producían en 1985 más de 103.000 toneladas de coca, más del 80% destinadas a la fabricación de cocaína. Cerca de 200.000 personas estaban involucradas en el narcotráfico, ya sea por cultivo, pisado para fabricación de pasta básica, o directamente narcotráfico. Se calcula que casi un 10 % de la población estaba directa o indirectamente vinculada a la economía del narcotráfico, que de acuerdo a estimaciones variables movía en 1985 entre 600 y 3.000 millones de dólares al año.

En 1950 había en Bolivia 2.929 productores de hoja de coca para el consumo tradicional (Yungas). En 1987 ese número se había incrementado a 61.641 productores, siendo evidente que la evolución del consumo tradicional no determinó crecimiento alguno que no fuera el vegetativo. En 1960 la superficie cultivada de coca en Bolivia era de 3.300 hectáreas.

La protección que se le dio al narcotráfico en este período consolidó una industria ilegal que creció incesantemente hasta bien avanzados los años noventa. Fue recién a partir de 1993, que las políticas de erradicación comenzaron a dar algunos resultados. En este período los productores bolivianos se aliaron con los canales de Colombia, que en algún momento controlaron el circuito de producción desde Bolivia hasta Estados Unidos.

En 1975 el tambor de coca (100 libras) costaba 180 dólares, en 1980, 600 $us, en 1983 llegó a su pico, 800 $us por tambor, mientras que a partir de 1989 cayó a un promedio de entre 50 y 100 $us por tambor. El jornal de los pisacocas cayó de 15 dólares en 1980 a 20 bolivianos (algo más de 7 dólares) en 1989. En 1980 se producía alrededor de 450 toneladas de pasta base y 110 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esa producción llegó en 1990 a 1.167 toneladas de pasta y 265 toneladas de cocaína.

El problema del narcotráfico fue, sin duda, uno de los más agobiantes y graves que afrontó el país, pues minó su estructura moral, incrementando vertiginosamente la corrupción. Influyó además de modo importante sobre nuestra economía. Se estima que en 1980 la coca representaba el 12 % del PIB, ese porcentaje cayó en 1993 al 2,7 % del PIB, lo que marca una disminución progresiva del impacto de la economía ilegal de la coca sobre la economía global del país. El problema adicional con el que se cerraba el círculo negativo fue el espacio abierto para el consumo interno que comenzó a ser peligroso en los años ochenta y noventa.

El problema debió encararse de manera multilateral en la medida en que el circuito del narcotráfico tiene dos puntas, la producción y el consumo. En cualquier economía, mientras haya en algún lugar alguien dispuesto a pagar por un producto, siempre habrá alguien dispuesto a producirlo. En el camino se da un círculo de intermediación que enriquece a la mafia y genera crimen y violencia sin límites. Esta realidad tardó en ser reconocida por los Estados Unidos, que al principio pretendía endilgarles toda la responsabilidad a los productores”[4].

Este apunte pedagógico corresponde, por así decirlo, visto desde la perspectiva actual, a una fase del desenvolvimiento de los circuitos de la coca y de la relación coca-cocaína, todavía controlable y manejable por los recursos incipientes de un Estado nación subalterno. Nos ayuda a distinguir de lo que viene después, las siguientes fases, mucho más problemática y amenazantes.

Un balance somero de las consecuencia del narcotráfico la da la siguiente nota periodística:

“El narcotráfico no es nuevo, sin embargo parecería que se está popularizando y creciendo debido a las crecientes incautaciones, ya que el narcotráfico es visto como vía para conseguir el sueño de ser poderoso y millonario.

El narcotráfico ha impactado profundamente, por lo que las asociaciones delictivas cuentan con gran aceptación, principalmente entre jóvenes, (de tendencias) delincuenciales que emulan poder, dinero, armas y excesos. No obstante, otra gran parte de la población lo rechaza, en muchos casos con la censura y otros la ignoran. Una sensación de poder y control que puede llegarse a presumir de ella con intimidaciones y amenazas las cuales llega a cumplir por medio de otras personas a su disposición si es un caso muy extremo puede cumplirlas el propio jefe.

El narcotráfico es una de las actividades ilícitas que tiene una relación muy amplia entre otros delitos: tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, entre otras.

Esto significa que un país que tenga una alta actividad de narcotraficantes tendrá una gran debilidad en cuanto a la seguridad de sus habitantes como de sus instituciones.

Los problemas que surgen del narcotráfico son muy graves, por un lado, el daño social que produce a los ciudadanos y que termina en la muerte, la destrucción de las familias, así como de la economía de los países, aunque para los que producen drogas significa un gran negocio, la verdad es que ese dinero no paga impuestos, fomenta la corrupción de las instituciones.

La falta de educación, empleo y conciencia social son algunas de las principales causas por las que las personas ingresan al negocio del narcotráfico. Para lograr sus objetivos, el narcotráfico requiere sobornar a las autoridades, lo cual, naturalmente tiene un efecto destructivo sobre las instituciones de un Estado.

El narcotráfico es el tráfico de drogas ilícitas. Esto produce cosas tales como la dependencia.

El problema de las drogas ha alcanzado proporciones de enfermedad con que nos enfrentamos en la actualidad.

El enlace del actual problema de los narcotraficantes, va más allá de la represión y de las cuestiones de salud pública, pues hace una amenaza para el orden económico y social en el mundo entero.

Las acciones meramente represivas aligeran el peso de la lucha contra el narcotráfico sobre sus consecuencias y víctimas antes que sobre sus causas y orígenes propiciatorios”[5].

Este balance somero nos ayuda a tener una idea de los efectos y las consecuencias del narcotráfico en la sociedad, incluso de las predisposiciones y los prejuicios sobre sus prácticas e incidencias. Pretende diferenciar víctimas y protagonistas del delitos. Así mismo comienza a cuestionar los límites de la represión, vislumbrando tibiamente las causas del fracaso de la lucha contra el narcotráfico.

En una nota periodística sobre Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado, Ayda Levy Martínez, escribe:

“Bautizado por la prensa internacional como «el Rey de la Cocaína», Roberto Suárez Gómez fue durante años el mayor proveedor de droga de Pablo Escobar y del cártel de Medellín. Desde sus laboratorios en la amazonia boliviana llegó a exportar dos toneladas de droga a diario para sus socios del cártel, y también a Europa y a Estados Unidos en una operación conjunta con la CIA. Esta gran corporación, que gozaba de la protección de altos mandatarios internacionales, así como de militares y gobernantes bolivianos, fue conocida como «la General Motors del narcotráfico».

Ayda Levy, viuda de Roberto Suárez, narra sus vivencias y las revelaciones que le hizo el productor de la droga más pura del mundo. La memoria implacable de la autora va desvelando la financiación de golpes de estado, el involucramiento de Klaus Barbie, «el Carnicero de Lyon», la implicación directa de Roberto Calvi, «el Banquero de Dios», la negociación de las rutas con el general Noriega y con el gobierno cubano, y el plan acordado con el coronel Oliver North para financiar a la contra nicaragüense con el producto de la venta de cocaína en Estados Unidos.

Roberto Suárez, «el Robin Hood de Bolivia» según la revista Time, y uno de los hombres más buscado por la DEA, intentó salvar a su país de la miseria y pagar la deuda externa boliviana. Desengañado, decidió entregarse a las autoridades y, tras cumplir una breve condena, murió en libertad”[6].

En el libro citado, que tiene carácter testimonial, por lo tanto, por así decirlo, subjetivo, se da cuenta de una historia más cercana al dramatismo de los hechos, de las instituciones involucradas y de los eventos políticos de corrosión y corrupción. El interés de su lectura radica en los datos, devenidos de la experiencia individual, que deben ser contrastados.

Otra anotación, esta vez, correspondiente a una investigación académica, evalúa El papel de Bolivia dentro de los esquemas del tráfico de cocaína. Mariano Bartolomé y Vicente Ventura Barreiro exponen un análisis sucinto:

“Tema

La ubicación geográfica de Bolivia y su permeabilidad fronteriza, más que su producción, son los factores con mayor incidencia en su papel dentro de los esquemas internacionales del tráfico de cocaína.

Resumen

Bolivia integra, junto con Colombia y Perú, el reducido grupo de países en los cuales se produce la cocaína que se consume en todo el planeta. La elaboración local de ese estupefaciente se sustenta básicamente en las plantaciones de coca situadas en las regiones de los Yungas y el Chapare, aunque también se nutre de hojas y pasta base de origen peruano.

Sin embargo, la clave de la importancia boliviana en esta actividad criminal radica más en la ubicación del país y las crecientes dificultades para controlar de manera efectiva las fronteras, que exhiben un alto grado de porosidad. Estos elementos interactúan para constituir al país en una pieza clave en el trasiego de cocaína a las naciones vecinas, sea para abastecer a la demanda doméstica o para su reenvío a mercados de consumo en ultramar. Las modalidades de tráfico son múltiples y complejas, e involucran a organizaciones criminales exógenas que interactúan con grupos autóctonos.

Análisis

Desde que comenzó a elaborarse cocaína hace casi un siglo, Bolivia ocupa un lugar de preponderancia en materia de producción y tráfico ilícitos de ese estupefaciente. Junto a Perú y Colombia, la nación altiplánica completa la troika de productores de cocaína a partir del procesamiento de materia prima procedente, en este caso, no sólo de plantaciones locales, sino también de cultivos peruanos. Por otro lado, desde la perspectiva de una “geopolítica de las drogas”, de acuerdo al académico francés Alain Labrousse, constituye una pieza fundamental en las redes transnacionales de tráfico que llevan ese producto a mercados de consumo situados tanto en el continente como en ultramar, a partir de la conjunción de dos factores: por un lado, su posición geográfica; y, por otro, la porosidad de sus fronteras.

En este sentido, conviene recordar que Bolivia tiene una extensión fronteriza de 6.834 km lineales con Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile. En su mayor parte la frontera exhibe un alto grado de vulnerabilidad, con más de una treintena de puntos particularmente críticos por su empleo constante por parte de los flujos criminales transfronterizos, según admitió el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el marco de una reunión de países del Cono Sur sobre Seguridad de Fronteras, celebrada en Brasilia en noviembre de 2016. Esa notoria vulnerabilidad ha motivado al Poder Ejecutivo a utilizar las instituciones militares para atenuar la capitalización de la porosidad fronteriza por parte de organizaciones ilegales. Esas tareas de control, junto con el empleo en labores de erradicación manual, sintetizan el papel actual de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.

La cocaína que Bolivia trafica hacia el exterior procede tanto del procesamiento de la coca oriunda de las plantaciones locales situadas en su mayoría en Yungas y el Chapare, como de envíos provenientes de Perú (desde donde puede haber venido como clorhidrato, o en la forma de pasta base para su posterior refinamiento), y en mucho menor medida desde Colombia. En materia de procesamiento, estudios indican que más del 80% de los productores bolivianos tienen hasta dos pozas de maceración, con capacidad de producción de hasta 4kg semanales de PBC.

El presidente de la República, Evo Morales, es precisamente un dirigente cocalero de la región del Chapare. Su particular postura sobre la cuestión de la coca, ampliando los límites de la superficie cultivable tolerada, hasta 22.000 hectáreas de acuerdo a la ley vigente, es objeto de grandes controversias. Desde el Poder Ejecutivo se defiende un modelo de erradicación consensuada de cultivos excedentarios, susceptibles de ser empleados en la elaboración de cocaína, basado en el diálogo con los sectores agrícolas, alegando que de esta forma se evita la violencia y se preserva la paz social.

Diferentes sectores opositores, en cambio, insisten en que la postura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) fomenta la producción de cocaína desde el momento en que la demanda legal doméstica de coca podría satisfacerse plenamente con aproximadamente 14.000 hectáreas cultivadas. En esta línea, se ha alegado con cierta frecuencia que el Gobierno se encuentra permeado por la criminalidad, e incluso que ésta lo maneja a su antojo. Un ejemplo de estos embates tuvo lugar en octubre del año 2017 a raíz de la detención en Brasil del traficante boliviano Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, hijo de una importante dirigente del MAS de la región de Beni, con media tonelada de cocaína en su poder. En esos momentos, un pronunciamiento de la fuerza opositora Unión Nacional (UN) sostenía que “el gobierno de Evo Morales resulta a esta altura de la historia prisionero del narcotráfico”, agregando que “la fuerza de los cocaleros del Chapare, proveedores principales del narcotráfico, ha logrado digitar el horizonte estratégico del gobierno”.

En suelo boliviano se registra una importante presencia de organizaciones extranjeras dotadas de cuantiosos recursos económicos que controlan prácticamente en su totalidad el negocio del tráfico de cocaína hacia el exterior. Estas organizaciones criminales toman decisiones de nivel estratégico en sus lugares de origen mientras que en Bolivia únicamente se deciden cuestiones de tipo táctico. Además, su capacidad económica les ha permitido en el país altiplánico penetrar y cooptar diversas entidades de la sociedad civil que han contribuido a su legitimación. La presencia de organizaciones foráneas se constata en el hecho de que, solamente entre mayo de 2018 y los primeros días de julio de 2019, fueron detenidos en el país más de una decena de capos criminales extranjeros, el último de ellos el italiano Paolo Lumia, de la mafia siciliana.

Teniendo en cuenta diferentes trabajos, un listado de esas organizaciones incluye a las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho; la Federación de Sinaloa y los Zetas, de México; el peruano Sendero Luminoso; e incluso mafias rusas. También se indica una fuerte presencia de actores subestatales colombianos como el Cártel del Norte del Valle; diversos grupos paramilitares devenidos en Bandas Criminales (BACRIM), entre ellos las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), Los Rastrojos y Los Urabeños; y, finalmente, elementos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del país homónimo. De todo este conjunto de actores, cada vez con mayor nitidez se destaca el PCC, que ha dejado de comprar cocaína al por mayor y distribuirla dentro de su país, para negociar en forma directa con los productores de cocaína bolivianos (y también peruanos), integrándose a la cadena de suministro de ese estupefaciente.

Por su parte, los grupos criminales domésticos parecen estar relegados a un segundo orden, manteniendo una relación de subordinación a las organizaciones foráneas. Es cierto que en los últimos tiempos se han detenido a importantes narcotraficantes locales, cuyas operaciones se articulaban con redes internacionales de tráfico y que se valían de importantes vinculaciones en el mundo de la política y el poder judicial. Sin duda, los casos más resonantes de los últimos tiempos son los de Pedro Montenegro Paz y Mayerling Castedo (miembro del clan familiar Candia-Castedo), capturados en mayo y junio de 2019 respectivamente. Aun así, desde la desarticulación del cártel de William Rosales Suárez, el “Rey de la Cocaína”, a comienzos de la presente década, no se destaca con nitidez ninguna organización o cártel autóctono de primera línea.

En buena medida, los grupos locales responderían a la estructura de clanes familiares, con un alto grado de organización. Los principales activos de estos clanes son la confianza y la lealtad que proporcionan los lazos de sangre entre sus miembros, cimentando una unidad que es fundamental frente a un entorno que se presenta peligroso, sea por organizaciones rivales o por las instituciones estatales.

Operando de manera articulada, junto a los clanes locales subordinados, las organizaciones criminales foráneas trasiegan cocaína local, o procedente de Perú, hacia las naciones limítrofes. Los destinos externos prioritarios son Brasil, Argentina y Paraguay, aunque en los últimos años Chile aumentó su importancia. Las modalidades del tráfico desde y hacia el exterior son heterogéneas e incluyen medios aéreos, terrestres y lacustres.

El despliegue en el territorio de Bolivia de las entidades criminales, tanto extranjeras como autóctonas, se orienta hacia los territorios orientales del país, especialmente el departamento de Santa Cruz. Esa unidad política constituye el epicentro del tráfico ilícito de drogas en Bolivia, albergando dentro de sus límites instalaciones de refinamiento, acopio y comercialización. Incluso, siempre se sostuvo que en suelo cruceño se concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos para la producción de ese estupefaciente, fuera de Colombia, aunque en los últimos tiempos el departamento de Cochabamba cobró una gran importancia en este sentido. Santa Cruz además alberga más de una decena de escuelas de aviación donde se forman los pilotos de los aviones que se emplean para el trasiego de drogas a través de los llamados “narcovuelos”. El coste total de esos cursos rondaría los 25.000 dólares, cifra que puede saldarse con la ganancia que producen unos pocos vuelos ilegales.

El principal motivo que subyace a la alta concentración en suelo cruceño de laboratorios de procesamiento, sitios de acopio y distribución e incluso academias de aviación, es la proximidad geográfica con Brasil, con quien comparte una extensa frontera, difícil de controlar. El gigante sudamericano también constituye una importante pieza en los esquemas de las drogas ilegales en América del Sur: por un lado, es el segundo mercado nacional de cocaína a nivel mundial, con un consumo estimado de casi 100 toneladas anuales por más de 2 millones de personas; por otra parte, a través de su vasto territorio se trafica cocaína que suele tener a Europa como destino final, y que es enviada por vía marítima o aérea, siendo usuales las rutas hacia la región de África Occidental y, en particular, Angola y Guinea.

En lo referente a rutas de tráfico, el ingreso de droga desde Perú para su posterior reexportación estaría controlado por una veintena de clanes familiares peruanos, también llamados “cárteles criollos”. Hace ya dos años se hizo público que en Bolivia habían instalado sus cuarteles generales al menos seis narcotraficantes peruanos de alta jerarquía, entre ellos Clever Bernardo Ambrosio (alias “Chila”) y Reyna Gozme La Fuente (alias “Reyna”); hasta el momento de la redacción de este análisis, ninguno de ellos habría sido detenido.

Cerca del 35% de la producción peruana total de cocaína ingresa a Bolivia totalmente elaborada, o como pasta base, para transformarse en clorhidrato en laboratorios locales. Ese volumen representa más de la mitad de la cocaína producida en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la región más productiva de Perú en este rubro ilegal, con cerca del 60% del total nacional.

La droga peruana ingresa a Bolivia por vías terrestre y aérea. En el primer caso las rutas se orientan a las localidades de Desaguadero, Copacabana, Puerto Acosta y Pelechuco en el departamento de La Paz, y Cobija, Filadelfia y Puerto Gonzalo Moreno en el departamento de Pando. Específicamente a través de esta última unidad política ingresa la mayor cantidad de cocaína con destino a Brasil.

Respecto a la vía aérea, Bolivia recibiría aproximadamente el 95% de los “narcovuelos” que despegan desde Perú, empleándose aeronaves que suelen estar matriculadas en Bolivia y transportan, en cada viaje, un promedio de 300 a 350 kg de cocaína, aunque esa carga puede llegar a los 500 kg. La mayoría de estos vuelos aterrizan en pistas clandestinas del departamento de Beni, donde la presencia criminal sería por lo demás intensa, particularmente en las localidades de Magdalena, San Ramón, San Joaquín, San Borja, Trinidad, Santa Ana del Yacuma y Guayaramerín. Esas pistas suelen ser denominadas “puntos intermedios” o “medias”, pues allí los aviones se aprovisionan de combustible antes de seguir camino a su destino final, muchas veces en países limítrofes.

La exportación de droga desde Bolivia revela, como ya se anticipó, diferentes modalidades. Por vía aérea se emplean vuelos comerciales internacionales en los cuales el estupefaciente viaja disimulado en envíos de correo, equipaje e incluso en el cuerpo de los pasajeros, sea adherida externamente o en su interior. También se recurre a aeronaves particulares legales, que se desvían de sus vuelos aprobados por la autoridad pertinente para cometer ilícitos, y a los ya mencionados “narcovuelos”.

El tráfico de droga por vía aérea incluye la modalidad conocida como “lluvia de cocaína”, “lluvia blanca” o “bombardeo de drogas”, consistente en el lanzamiento de los cargamentos desde el aire por aeronaves que se desplazan a escasa velocidad y a una altura no superior a los 15 metros. Los paquetes son arrojados en regiones inhóspitas y poco transitadas, o zonas de cultivo situadas en fincas privadas, siendo habitual el empleo de dispositivos de localización que permiten su rápida recuperación por parte de miembros de la red, que se desplazan por tierra.

A modo de ejemplo, para dimensionar de mejor manera el volumen del tráfico a través de “narcovuelos”, conviene consignar que una reciente investigación periodística determinó que solamente desde pistas ubicadas en el departamento de Beni despegan cotidianamente un promedio de 30 aviones hacia las naciones limítrofes, transportando cada uno de ellos hasta media tonelada de cocaína.

El trasiego por vía fluvial apela a la cuenca del lago Titicaca y su red de afluentes que se extienden hasta las áreas fronterizas del país, utilizando lanchas y barcazas. Finalmente, el tráfico terrestre se vale de camiones de carga, autobuses internacionales y vehículos particulares, en muchos casos dotados de compartimientos ocultos donde se esconde la droga. La red vial empleada prioriza los caminos secundarios y sendas, poco usados por el tránsito usual.

Analizando el tráfico por aire, en lo que hace a Brasil, los “narcovuelos” parten desde los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz, todos ellos ya mencionados. En el caso del Beni, las localidades involucradas son las identificadas en un párrafo anterior, mientras en La Paz se destacarían algunos núcleos urbanos septentrionales: Apolo, Ixiamas y Rurrenabaque, entre otras. Respecto al caso cruceño, existen referencias a la importancia de algunos puntos ubicados en la provincia de Ichilo, entre ellos San Germán, Kilómetro 7, Buenavista y Santa Fe de Yapacaní.

En el caso de Paraguay el espacio aéreo es vulnerado en la zona noroccidental del Chaco por pequeñas avionetas procedentes de los departamentos de Beni y Tarija, difíciles de detectar debido a la carencia de radares. Se han detectado pistas clandestinas incluso en el Parque Nacional Paso Bravo y reservas ecológicas paraguayas, donde se registran vastas extensiones de tierra despobladas. Desde allí, la cocaína se traslada hacia el oriente paraguayo, por vía aérea, o a través de la carretera Transchaco. Respecto a Argentina, en sus territorios septentrionales, hasta el norte de la provincia de Santiago del Estero, se encuentra ubicada la gran mayoría de las aproximadamente 1.500 pistas de aterrizaje irregulares (un millar declaradas ante la Administración Nacional de Aviación Civil pero no habilitadas para operar, más 500 clandestinas), que utilizan los “narcovuelos” procedentes del vecino país.

El tráfico de drogas por tierra a Brasil se efectúa desde los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni. Existen nueve pasos fronterizos particularmente vulnerables a esa actividad criminal: Bolpebra, Cobija, Puerto Evo y Villa Bella, en Pando; Guayaramerín y Bella Vista, en Beni; y San Matías, Arroyo-Concepción y Puerto Quijarro, en Santa Cruz. Estos puntos se complementan con decenas de pasos ilegales, donde el control es virtualmente nulo. En cuanto a Paraguay, hay trasiego carretero a través del paso fronterizo de Villa Montes, siendo un dato de interés el carácter bidireccional del tráfico: por la misma vía, ingresa a Bolivia marihuana paraguaya.

En lo que hace al tráfico por vía terrestre hacia Argentina, son empleados los pasos fronterizos oficiales Villazón-La Quiaca, Bermejo-Aguas Blancas y Yacuiba/Pocitos-Salvador Mazza. El primero colinda con la provincia argentina de Jujuy mientras los dos restantes lo hacen con la provincia de Salta. Al mismo tiempo se registran decenas de pasos ilegales que son empleados de manera intensiva por los traficantes, cuya vigilancia y control son extremadamente difíciles por parte de las autoridades gubernamentales. A modo de ejemplo, el eje Yacuiba/Pocitos-Salvador Mazza se encuentra rodeado de cerros cubiertos de una espesa vegetación subtropical, con gran cantidad de arroyos y cañadas que atraviesan el límite binacional.

En estos casos, además del empleo de vehículos de carga, particulares o de transporte de pasajeros, se observa un uso intensivo de las llamadas “mulas” (o “capsuleros”): personas que pueden llegar a ingerir hasta un kg de cocaína, distribuido en un centenar de cápsulas. En el reclutamiento de las “mulas” incide el conocimiento previo (personal o a través de vínculos familiares) y la falta de antecedentes penales, así como desfavorables situaciones socioeconómicas y laborales. También se subcontrata a “bagayeros”, ciudadanos de la zona de bajos recursos económicos dedicados habitualmente al contrabando en las ciudades de frontera, en función de sus ventajas comparativas y competitivas frente a otras organizaciones delictivas foráneas.

De acuerdo con las autoridades judiciales argentinas, solamente en la zona fronteriza cercana a la ciudad salteña de Orán, aproximadamente 5.000 habitantes argentinos y bolivianos ejercen funciones de “bagayeros”, mientras un 30% de la población local vive del negocio del contrabando de diferentes bienes, incluidas personas. Precisamente en esta localidad se pudo constatar, hace un lustro, el enorme poder corrosivo que estaban ejerciendo las drogas procedentes de Bolivia sobre las instituciones republicanas, cuando fue detenido el juez federal con sede en el lugar, acusado de dejar libre a narcotraficantes a cambio de coimas.

Cerrando la descripción de los tráficos terrestres desde Bolivia, aunque parte de la droga procedente de esa nación ingresa a Chile a través del territorio argentino, también lo hace de manera directa valiéndose de la existencia de más de un centenar de pasos fronterizos clandestinos. Es necesario recordar en este punto que desde Chile procede aproximadamente el 70% de la mercadería que ingresa de contrabando a Bolivia, a través de pasos ilegales que, en sentido inverso, pueden emplearse para trasegar droga. Buena parte de esos pasos ilegales se concentran alrededor de Pisiga, Tambo Quemado, Sabaya, Todos Santos, Huachacalla y el Salar de Uyuni. Se ha indicado que la principal ruta utilizada para el tráfico de cocaína desde Bolivia a Chile discurre desde Santa Cruz a Oruro y de allí a Colchane, ciudad altiplánica donde se enlaza con la red de carreteras locales.

En términos comparativos con los modos terrestre y aéreo, el tráfico de drogas desde Bolivia hacia sus países limítrofes por vía fluvial tiene una menor importancia. No obstante, existen casos relevantes, por ejemplo, el del río Bermejo, que opera de límite natural entre la ciudad boliviana del mismo nombre y Aguas Blancas en Argentina. Su control presenta una extrema dificultad, pues permanentemente es atravesado por gran cantidad de barcazas denominadas “chalanas” que vinculan ambos márgenes sin pasar por la autoridad fronteriza. La dificultad del control aumenta en épocas en que disminuye su caudal el río Bermejo, pues puede ser atravesado a pie, permitiendo portar mercaderías de diferentes volúmenes. También se destaca el rol papel que desempeñan Puerto Quijarro y Puerto Suárez, localidades bolivianas ribereñas del río Paraguay; de ambos puntos parten embarcaciones que transportan hacia el sur la cocaína que cruza la frontera y es descargada en puntos clandestinos o los puertos fluviales Bahía Negra, Vallemí, Concepción, Antequera y Puerto Rosario, ya en cercanías de la frontera con Argentina.

Conclusiones

A modo de reflexión, puede concluirse que cada vez es más notorio que la clave de la importancia de Bolivia dentro de los esquemas contemporáneos del tráfico de drogas ilegales radica menos en su papel de productor que en su papel como distribuidor. In extenso, más allá de constituir actualmente el tercer productor de cocaína a nivel mundial, a partir de coca de procedencia local y de pasta base del VRAEM peruano, Bolivia capitaliza su posición geográfica y la permeabilidad de sus fronteras, que no ha sido subsanada a pesar del empleo del instrumento militar en esa tarea. Así, el país se consolida como un nodo clave desde donde fluyen grandes cantidades de ese estupefaciente hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Aunque estas cuatro naciones constituyen importantes eslabones en las cadenas de tráfico a destinos de ultramar, las dos primeras –y en especial Brasil– cuentan además con vastos y lucrativos mercados de consumo domésticos.

La constitución del país en una pieza fundamental dentro de los esquemas de distribución de drogas por medios primordialmente aéreos y terrestres, y subsidiariamente por vías fluviales, es a la vez causa y consecuencia de la presencia del PCC – que se encamina a consolidarse como la organización criminal más importante de América del Sur –  y otras organizaciones foráneas en el territorio nacional, que articulan con clanes familiares locales estructurados en base a lazos de sangre. Todas las características referidas confirman la naturaleza singular del caso boliviano dentro del universo de la criminalidad regional y, consecuentemente, la conveniencia de su seguimiento permanente”[7].

Esta investigación académica nos ofrece otra perspectiva, más elaborada, que permite armar una descripción minuciosa de las composiciones de las formas del narcotráfico, de sus geografía política, de la extensión transfronteriza e internacional, de los distintos contextos, locales, nacionales y regionales, así como del distinto tratamiento político y jurídico. Además contamos con la identificación de las organizaciones involucradas, de la relación de los dispositivos nacionales y los cárteles internacionales. Esta descripción y análisis ayuda a avizorar los componentes de la problemática, sus dinámicas, aunque sea solo de una manera clasificatoria.

Otra investigación académica corresponde al análisis de Jörg Stippel y Juan Enrique Serrano Moreno, en La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, los autores exponen una evaluación de la lucha contra el narcotráfico; en resumen dicen:

“El estudio de las políticas en materia de control de drogas en Bolivia es un objeto de vital relevancia para entender la evolución política del país desde la vuelta de la democracia en 1982. La Ley 1008 de 1988 reforzó la militarización de la política criminal inspirada en la doctrina de la seguridad nacional y la amalgama entre cultivo, consumo y narcotráfico impuestos por las Convenciones de la ONU para el control de drogas. Los conflictos sociales y políticos que siguieron en defensa del cultivo de coca favorecieron la movilización de organizaciones campesinas que terminaron por llevar al poder al MAS en 2006. Este artículo analiza la construcción de una política anti-narcotráfico militarizada e impuesta desde el exterior y su posterior desmantelamiento en nombre de la soberanía nacional y la prevención del consumo a partir del análisis del derecho positivo, datos estadísticos, informes y prensa[8].

Dicen que:

“A grandes rasgos, en Bolivia la política antidrogas ha transitado desde el paradigma del prohibicionismo y de la “guerra total” contra las drogas, a una de jure y de facto descriminalización, para llegar finalmente a una regulación y despenalización parcial. La nueva política criminal se construyó desde 2006 a partir de la disociación entre cultivo, consumo y tráfico de la hoja de coca. Al contrario que en otros países, el debate público no se concentró en el derecho al consumo de drogas – Recht auf Rausch – o el rol del Estado en la protección de la salud pública. Los actores convirtieron la lucha para la legalización de la hoja de coca en una cuestión de identidad y soberanía nacional. Paralelo a ello, el gobierno comenzó a cambiar el discurso público sobre drogas poniendo el acento en la prevención a través de una nueva institucionalidad pública especializada. El presente trabajo analiza el desarrollo de la política anti-drogas que permitió este cambio de paradigma, así como las tensiones diplomáticas ocasionadas por ello entre Bolivia y la comunidad internacional”.

Los autores mencionados consideran que se dio una imposición de la política criminal antidrogas, la Convención Única de 1961. Se abre el camino hacia la Convención de 1988; al respecto dicen:

“Si nos fijamos en el texto de la Convención de 1988 se confirma la orientación represiva. A diferencia de la Convención Única de 1961, ya no se teme por la salud física y moral de la humanidad, sino la Convención de 1988 pone en primer lugar la preocupación por “la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”. La respuesta prevista en la Convención de 1988 es la criminalización. Eso hace entendible la crítica de Laserna, cuando opina que, en la Convención de 1988, el argumento de la seguridad del Estado está por encima de la del individuo o la sociedad. La orientación represiva queda a su vez en evidencia cuando la Convención pide que se impongan sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. La primera sanción que menciona es “la pena de prisión u otras formas de privación de libertad” y en segundo lugar habla de “sanciones pecuniarias y el decomiso”. El mensaje es claro: la cárcel debe resolver el problema de las drogas”.

Pasamos a la Ley 1008 de 1988:

“En materia procesal, la Ley 1008 creó juzgados especiales de sustancias controladas y fiscales de sustancias controladas. Las causas ante los juzgados especiales se podían tramitar en base a las diligencias de Policía Judicial levantadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. No era necesario seguir el procedimiento ordinario que contemplaba una fase de instrucción y sumario. Cuando los juzgados de sustancias controladas abrían una causa por cualquier delito contemplado en la Ley 1008, tenían que disponer la detención de los procesados. En la misma lógica, la ley estipula que en procesos sobre sustancias controladas, no procede el beneficio de la libertad provisional. Para terminar en la cárcel bastaba entonces el hecho de abrir una causa por la Ley 1008, aunque se tratara de la posesión de, por ejemplo, 2 gramos o 1.000 kilos de marihuana o cocaína. En estos casos se presumía la responsabilidad de la persona denunciada. Las cifras de detención preventiva analizadas en el último apartado del presente artículo dan cuenta de ello.

La Ley 1008, en la parte procesal, limitaba drásticamente el derecho a la defensa, restringiendo la presentación de excepciones prejudiciales (como un desafuero) como cuestiones previas, y aún peor estipulando que las diligencias de la policía “tienen carácter de prueba preconstituida”. Es decir la jueza o el juez tenían que aceptar como prueba incuestionable los informes de la policía donde constaba “con clara especificación la identificación del o de los implicados” y el “día, lugar y circunstancias”. Laserna indica que en base a estas normas, incluso cuando los policías no ratificaban sus informes, o cuando estos estaban incompletos o deficientes, las juezas y los jueces tenían que creer en sus contenidos. Vemos que uno de los aspectos más evidentes donde la Ley 1008 vulnera el ordenamiento constitucional es la vulneración del principio de presunción de inocencia y de defensa previstos en la Constitución vigente en ese momento”.

Después viene la reaparición de la “doctrina de seguridad nacional”:

“Durante el gobierno de Banzer-Quiroga, el “Plan Ciudadela” de 2000 habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de prevención de la delincuencia en apoyo de la policía nacional. En ese momento comienza a generalizarse la militarización de la política criminal. Lo que antes solo tenía relevancia en materia de lucha contra el narcotráfico, ahora se extiende a toda la política criminal del gobierno. Esto provocó una dependencia del sendero en el Estado como lo muestra el hecho que Evo Morales mantuviera la decisión de involucrar a las fuerzas armadas en actividades de seguridad interna. En este sentido, el art. 1 del Decreto Supremo 354 del 6 de noviembre de 2009 dispone expresamente que “las Fuerzas Armadas del Estado, apoyen en forma coordinada las acciones de la Policía Boliviana en la prevención de la delincuencia y preservación de la seguridad ciudadana”. Lo interesante es que se restringía inicialmente el ámbito de aplicación de esta norma a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del departamento de Santa Cruz marcado por tensiones secesionistas.

Lo que cambió en la conceptualización inicial de la seguridad ciudadana en el gobierno de Banzer-Quiroga en comparación con la “doctrina de seguridad nacional” fue la identidad del enemigo. Ya no es el comunismo, sino el ciudadano que se opone al orden establecido y el “delincuente”. Para este enfoque de política criminal la violencia no es excepcional, sino fundacional. El orden público no se mantiene en base a un contrato social o la legitimidad de la ley, sino en base a la violencia. La historia reciente muestra que esa receta represiva no funcionó en el caso boliviano. Cuando las protestas sociales se agudizaron y fueron reprimidas de manera sangrienta por el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003), al presidente no le quedó otra opción que huir del país”.

Siguiendo la secuencia histórica de la metamorfosis de estas política contra el narcotráfico, pasamos a la militarización de la política criminal:

“La militarización se profundizó en los siguientes años y gobiernos. El presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) estrechó los lazos diplomáticos y militares con el gabinete de George Bush. La Declaración de Cartagena de 1990, firmada por los jefes de Estado Jaime Paz Zamora, George Bush, Virgilio Barco Vargas (Colombia) y Alan García (Perú) contempla la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. En primer lugar, reconoce que “la represión del tráfico de drogas ilícitas es una cuestión, en su esencia de carácter policial”. No obstante, arguye que “ante su magnitud y las diferentes facetas que presenta (…) las Fuerzas Armadas de cada uno de los países (…) también pueden tomar parte”. Pero no son sólo las Fuerzas Armadas de cada país en su país pues el convenio permite que “las partes podrán establecer los debidos entendimientos bilaterales y multilaterales de cooperación, de conformidad con sus intereses, necesidades y prelaciones”. Estas previsiones actualizan lo que la Convención de 1988 reconoce como “cooperación internacional.

De esta relación entre los gobiernos nace el Anexo III de la Ley 1008 “sobre la necesidad de militarizar la lucha contra el narcotráfico”. Una legislación que fue “ocultada al país” en palabras del historiador Mesa Gisbert nombrado presidente de la República en 2003 y por tanto un testigo privilegiado de estos hechos. En efecto, desconocemos tanto la fecha real de adopción del anexo como su contenido. Se trata de una “norma secreta” que vulnera unos de los principios generales más elementales del Estado de derecho consistente en la necesaria publicación de una norma para su entrada en vigor. Este ocultamiento muestra una clara voluntad del gobierno de evitar el debate y cuestionamiento público de la ley criticable por la pérdida de soberanía que implicaba. El siguiente gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997) ideó el plan “opción cero” pensado para eliminar la totalidad de cultivos de coca utilizados para el narcotráfico para el que se buscó el respaldo de la comunidad financiera internacional”.

Según los analistas mencionados, en las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma – aunque ya se tiene un antecedente durante la gestión de gobierno de Carlos Meza – se inicia lo que denominan una política de descriminalización, donde se da lugar al reconocimiento del “cato de coca”, dando pasos a la nueva institucionalidad antinarcótica:

“En marzo de 2006, el nuevo gobierno crea un Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral a cargo de “proponer, coordinar e implementar políticas de industrialización, comercialización, uso benéfico medicinal, cultural y exportación legal de la hoja de coca” y de “formular e implementar políticas de desarrollo integral y sostenible de las regiones productoras de coca”.

En 2007, el CONALTID publica su “Estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca 2007-2010” donde se esboza el cambio de paradigma de la nueva política anti-narcotráfico. Morales explica en la presentación del informe: “planteamos la estabilidad y control de los cultivos de coca en un rango que permita niveles dignos de sobrevivencia para los productores cocaleros”. La institución alega que es necesario acabar con las políticas “impuestas desde afuera” para poder “reducir el potencial de producción de cocaína en Bolivia a través de medidas de control social de las culturas, interdicción del narcotráfico y acciones de prevención”. Con la nueva estrategia, CONALTID no propone legalizar directamente el “cato” de coca si no “racionalizar, estabilizar y controlar la producción de hoja de coca a un nivel sostenible”. Estrategia a implementar con participación social siendo el cato la “base de la racionalización”. El CONALTID considera así (como) un tercio de una cancha de fútbol que permite seguridad y previsibilidad a los productores, y bases para la acción concertada.

La nueva estrategia generó inquietud en algunos organismos internacionales que temían que Bolivia incumpliera las convenciones internacionales en la materia. La JIFE en 2008 “recuerda” al Gobierno de Bolivia la prohibición por el derecho internacional del “consumo de la hoja de coca sin la extracción previa de sus principales alcaloides activos, incluida la cocaína, a menos que sea con fines terapéuticos”.

En este contexto se da la expulsión de la DEA:

“Otro hito en el proceso de nacionalización de la política anti-narcótica fue la expulsión de la DEA, organismo percibido como el brazo derecho de la embajada de Estados Unidos. A fines del 2008, Evo Morales suspendió todas las actividades de la DEA en Bolivia acusándoles de apoyar actividades subversivas contra su gobierno que promovían un “golpe civil” en Bolivia según sus propias palabras. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la posterior expulsión de todo el personal de la DEA en 2009 comprometía seriamente las posibilidades de Bolivia de dirigir operaciones antinarcóticos. En 2014, el presidente Barack Obama adoptó el decreto que identifica a Bolivia como uno de los países que en mayor medida producen o permiten el tránsito de drogas ilícitas. El presidente Morales alegó a su vez que la DEA “se quedaba con el 50% de la cocaína” para financiar actividades ilegales y que además directa o indirectamente “protegía al narcotráfico”.

Curiosamente con la expulsión de la DEA no terminó definitivamente la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico. Según el Departamento del Estado de los Estados Unidos, la asistencia no finalizó hasta diciembre del 2013. De ser cierto, la cooperación se prolongó medio año tras la decisión del gobierno de Morales de expulsar, en mayo del 2013, a la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos, USAID, acusándoles de seguir conspirando contra su gobierno^. El gobierno boliviano evitó así afectar operaciones en curso.

Esta política podría parecer contradictoria. El gobierno acusó a una agencia de cooperación de otro Estado de conspirar en su contra pero le permitió concluir que los proyectos que se encontraban en plena ejecución. No obstante, la expulsión de la DEA se presentó a la opinión pública como la ruptura definitiva con la política criminal trasplantada, iniciada con la aprobación de la Ley 1008. Desde ese momento Bolivia se independizó formal y simbólicamente de cualquier injerencia externa en sus políticas antinarcóticos nacionales. Se trataba realmente de una señal casi más fuerte que la consagración de la hoja de coca en la propia Constitución del Estado”.

Los autores consideran que se debe contemplar una ruta hacía una política de despenalización, teniendo en cuenta lo que califican como una victoria diplomática del gobierno de Evo Morales en Convención Internacional de Lucha contra las Drogas:

“En principio la Convención Única de 1961 permitía que un Estado firmante autorizara la masticación de la hoja de coca en su territorio. No obstante la normativa estipula una reserva temporal al determinar que “la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”, plazo que vencía en 1989. Tras la aprobación de la nueva Constitución en 2009, que reconoce en su artículo 384 la hoja de coca como parte de la cultura, esta exigencia quedó en el limbo jurídico.

Para poder volver a ratificar la convención, Bolivia recurrió a otra posibilidad que ofrece la Convención de 1961 que permite la autorización por los Estados firmantes de “reservas distintas”. La norma no estipula un límite en cuanto a los contenidos de estas reservas. Se regula únicamente un procedimiento para su aprobación que establece que la reserva queda autorizada si dentro de los 12 meses, a contar de la comunicación formal, no ha habido objeción de un tercio de los Estados.

Habría sido necesario que una tercera parte de los Estados parte de la Convención – 61 de los 183 – objetaran la reserva de Bolivia. Al expirar la fecha límite para presentar objeciones el 10 de enero de 2013, el gobierno boliviano se apuntó una victoria diplomática, pues tan solo 15 países, entre ellos los Estados Unidos, se opusieron a la reserva. Los comentarios oficiales de la Convención Única de 1962 arrojan luz sobre la estrategia del gobierno boliviano pues indican que un Estado que ya haya ratificado la Convención no puede recurrir al procedimiento de autorización de reserva descrito previamente. Por ello era indispensable salirse primero para reingresar con la reserva adoptada. La re-adhesión de Bolivia entró en vigor el 10 de febrero de 2013. Este episodio de la historia reciente de Bolivia demuestra, que las Convenciones pueden ser modificadas incluso teniendo la voluntad de los Estados Unidos en contra”.

Los autores proponen un cambio de paradigma, basado en el consumo como problema de salud pública:

“Tras la legalización del “cato” de coca en 2003 durante el gobierno de Mesa Gisbert, con el primer gobierno de Morales operó un cambio de paradigma que deja atrás los tiempos de la “guerra contra el narcotráfico”. Existe, al menos en el discurso oficial, un mayor énfasis en la reducción de la demanda y así en el tratamiento y la prevención de la drogodependencia. A pesar de este desarrollo positivo, la investigadora boliviana Gloria Achá critica que la práctica aún no coincide con el discurso oficial. Opina que el consumo de drogas sigue siendo abordado, tanto por el Estado como por la sociedad, con “un enfoque represivo y autoritario, que simplifica la realidad, y que asume a la represión penal y al castigo como medios idóneos para resolver la problemática vinculada al consumo de sustancias psicoactivas”. En efecto, el cambio del discurso oficial que acompaña la legalización del uso de la hoja de coca y la regulación de su producción, no equivale a la superación de la prohibición en materia de drogas. Aún no es evidente que camino va a seguir la política de drogas en Bolivia después de décadas de represión”.

Una vez hecha la descripción, la evaluación y el análisis de las políticas de la lucha contra el narcotráfico, los analistas pasan a considerar la Ley General de Coca:

“El más reciente hito de la política criminal boliviana es la promulgación de la Ley General de la Coca en marzo del 2017. La normativa es innovadora en varias áreas. Los principios resaltan la decisión asumida en la Constitución, declarando la coca como “planta milenaria, originaria y tradicional con cualidades benéficas para el pueblo boliviano”. Como si el legislador quisiera enviar un mensaje a la JIFE, el mismo artículo resalta que la coca “en su estado natural no es estupefaciente”. Para poner énfasis en el arraigo cultural de la coca, se habla de los métodos ancestrales que se usan para su producción “en convivencia armónica con la Madre Tierra”. Otro principio se refiere a la coca como recurso natural estratégico que contribuye, entre otros, a la soberanía alimentaria. Contrario a la visión de las Convenciones internacionales, la hoja de coca es percibida como elemento que aporta a la salud.

La ley estipula varias formas de uso de la hoja de coca: la masticación – acullicu, pijcheo, coqueo o boleo -, el uso para fines rituales, medicinales, alimenticios, investigativos e industriales. En cuanto a la producción, la normativa crea zonas autorizadas y zonas no autorizadas de producción de la hoja de coca. Para su fiscalización reconoce y dice querer promover el control social comunitario sobre la producción de la coca, igual indica que ese no debe ser sustitutivo al control y fiscalización del Estado.

La mayor diferencia en relación a la legislación anterior, es la respuesta prevista para infracciones a las normas sobre producción, porte, comercialización y transporte de la hoja de coca. Estipula que la inobservancia de las normas acarrea sanciones administrativas, no penales. A pesar de ello, la regulación permite que otras normas establezcan otras sanciones. Si bien la Ley General de la Coca no deroga las normas penales de la Ley 1008, deja en claro que cuando se trata de cualquier conducta relacionada a la hoja de coca, la respuesta a infracción no debe ser penal”.

El ensayo, basado en un seguimiento académico de las políticas de lucha contra el narcotráfico en Bolivia, supone un cambio de “paradigma” en lo que respecta a estas políticas, que denomina nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. No queda claro dónde se sustenta esta interpretación, salvo en lo que respecta a la descriminalización y despenalización relativas, sobre todo discursivas, ya que la misma investigadora Gloria Achá critica la persistencia en práctica represiva. Dice que el consumo de drogas sigue siendo abordado, tanto por el Estado como por la sociedad, con “un enfoque represivo y autoritario, que simplifica la realidad, y que asume a la represión penal y al castigo como medios idóneos para resolver la problemática vinculada al consumo de sustancias psicoactivas”. Ciertamente se puede considerar la expulsión de la DEA y la conformación de una institución nacional (CONALTID) que sustituya las funciones en el país de la DEA como una característica de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, esto es más retórica que real, pues en los hechos la Ley 1008 ha seguido operando, implícita y explícitamente, en las prácticas policiales, militares, judiciales y políticas, en lo que respecta al tratamiento gubernamental y estatal de la problemática en cuestión.

Lo interesante del ensayo radica en el seguimiento de las metamorfosis, imperceptibles y perceptibles, de la política contra el narcotráfico, desde su ingreso, la Convención de 1961, pasando por la militarización, después por la suspensión de los derechos civiles y políticos, constitucionales, con la Ley 1008, para abrirse a una descriminalización y despenalización relativas, más retóricas que efectivas, consiguiendo una victoria perentoria con el reconocimiento de los usos y costumbres del consumo de la coca. Sin embargo, no deja de ser insostenible hablar de cambio de «paradigma», incluso de nacionalización de la política contra el narcotráfico. En efecto, en la práctica, el ejercicio de la política represiva ha seguido su curso fáctico. Por otra parte, la dependencia respecto a los prejuicios de los organismos internacionales se ha mantenido, a pesar de la retórica, profundizándose, en cambio, la subordinación creciente del gobierno y del Estado a las estructuras del lado oscuro del poder.

La actualidad del narcotráfico

El narcotráfico sigue vivo y coleando, como dice el refrán popular. Está lejos de desaparecer, es más, se incrementa y crece de manera desmesurada. Si sigue funcionando no solamente se constata el fracaso de la lucha contra el narcotráfico sino su inutilidad, incluso que ya forma parte de la reproducción del lado oscuro de la economía y del lado oscuro del poder. La pregunta lógica es: ¿Por qué ocurre esto, por qué el narcotráfico se reproduce y campea? La impresión del sentido común es que los gobernantes, los funcionarios encargados de la lucha contra el narcotráfico, los dispositivos de emergencia del Estado, el ejército y la policía, los gobernantes, los «representantes del pueblo», los congresistas, los partidos políticos, los jueces, fiscales y magistrados, están comprometidos. No solo atravesados, corroídos y corrompidos por el narcotráfico, sino controlados, cooptado por las formas paralelas del poder del lado oscuro de la economía y de las dominaciones perversas.

Empero, no bastan las certezas del sentido común, es indispensable saber cómo funcionan los engranajes, la maquinaria, las estructuras y el sistema mismo implicado en el narcotráfico. Por otra parte, la hipótesis económicas de que el narcotráfico genera mucho dinero y el dinero mueve el mundo, es un hipótesis que más responde al imaginario de las ilusiones del poder que aportar una comprensión y a un entendimiento del fenómeno. En todo caso, ya que hemos hablado de eso, qué clase de economía política es esta relativa al narcotráfico, qué clase de estructuras y diagramas de poder son las que lo componen, cuáles son las cartografías políticas perversas de control territorial que despliegan las organizaciones y cárteles involucrados.

Para tal efecto vamos a lanzar algunas hipótesis interpretativas, que, deben ser obviamente contrastadas por la investigación “científica”. Antes daremos a conocer un sugerente ensayo de Franciso Thoumi, profesor de Florida Internacional University, FIU, quien cuestiona las hipótesis del sentido común y del sentido académico en boga sobre la economía política del narcotráfico.

Francisco Thoumi en  La economía política de las drogas ilegales en los Andes escribe un sugerente ensayo donde cuestiona las hipótesis del sentido común sobre la economía política de las drogas.

Primero cuestiona la hipótesis económica neoclásica de que cuando hay demanda hay oferta. Dice que esta afirmación se presenta frecuentemente como argumento contundente para explicar la producción de drogas ilegales. La evidencia empírica, sin embargo, no es tan clara como los proponentes del argumento anterior quisieran. No hay duda que la demanda juega un papel importante en todo mercado, pero la oferta también lo juega. En los mercados de cualquier producto hay épocas en que la demanda dinamiza el mercado y hay otras en que la oferta lo hace. El caso de la cocaína es interesante. Desde finales de los años sesenta hasta principios de los ochenta, la demanda indujo la producción de cocaína. Sin embargo, desde ese entonces la oferta creció rápidamente generando una disminución de precios. Los empresarios ilegales, siguiendo los comportamientos de cualquier buen capitalista, buscaron diversificar productos y mercados. Así́ surgió el «crack» y se empezaron a abrir los mercados europeos y más recientemente los brasileños y los del Cono Sur. Durante los años noventa las drogas ilegales en Colombia tienen una causalidad aún más compleja. Desde principios de los noventa la demanda por cocaína en Estados Unidos ha permanecido relativamente estable, alrededor de 300 a 350 toneladas por año. Simultáneamente la producción mundial ha aumentado sustancialmente y Colombia pasó de producir cocaína principalmente con base y pasta importadas a ser el principal productor mundial de coca. El crecimiento de los plantíos de coca en Colombia no ha tenido nada que ver con aumentos en la demanda mundial de cocaína, sino ha sido el resultado de una serie de desarrollos en Colombia, Bolivia y Perú.

En Colombia, el Estado se ha debilitado de manera notable, la violencia rural ha generado grandes desplazamientos campesinos y las guerrillas y organizaciones paramilitares han acentuado su control sobre amplias zonas del país. En Perú el gobierno de Fujimori desarrolló una política represiva basada en derribar algunos aviones dedicados al narcotráfico, lo cual dificultó mucho la salida de la pasta y base de cocaína de ese país. En Bolivia, a partir de 1998 el gobierno del general Bánzer implementó una agresiva erradicación forzosa. Estos fenómenos se combinaron para producir grandes reducciones en la producción de coca en Bolivia y Perú́ y grandes aumentos en Colombia.

La experiencia con los cultivos de amapola y la producción de opio es semejante. Su crecimiento tampoco ha estado relacionado con el crecimiento de la demanda en Estados Unidos sino con fenómenos internos de Colombia. Estados Unidos es un mercado relativamente pequeño de heroína en el mundo que estaba siendo abastecido por México y el Lejano Oriente. Las organizaciones traficantes colombianas usaron los canales utilizados para exportar cocaína para conquistar una parte importante del mercado estadounidense de heroína. De hecho, la destrucción de los grandes carteles de la droga y la proliferación de organizaciones pequeñas o «cartelitos» facilitó este desarrollo porque en Estados Unidos la heroína se consume en volúmenes mucho menores que la cocaína y tiene un precio mucho más alto, lo que la hace mucho más atractiva para pequeñas organizaciones traficantes.

Colombia es hoy el único país del mundo que produce las tres drogas ilegales más importantes basadas en la agricultura (marihuana, cocaína y heroína) en cantidades sustanciales. ¿Por qué se da este fenómeno? Si cuando hay demanda hay oferta, ¿por qué Colombia puede responder tan exitosamente a demandas ilegales pero no a demandas legales? Para responder estas preguntas es necesario explorar las bases de la ventaja competitiva en drogas ilegales.

A la pregunta de ¿por qué unos países producen drogas ilegales y otros no? El autor responde que hay cuatro razones comúnmente citadas para explicar la presencia de las drogas ilegales en una economía: pobreza, desigualdad, crisis económicas y corrupción. Sin embargo, ninguno de estos factores está relacionado directamente con las drogas ilegales.

Entre los países andinos, Colombia es menos pobre que Bolivia, Ecuador y Perú y fue el que concentró el narcotráfico. Las zonas donde las mafias se localizaron no eran las más pobres del país. Los cultivos ilícitos se han desarrollado en zonas pobres, pero muchos campesinos pobres no han desarrollado esos cultivos y una proporción importante de las cosechas ilegales han crecido en cultivos comerciales de tamaño relativamente grande. En Bolivia la principal zona cocalera (el Chapare) es la zona rural con mejor infraestructura y servicios del país y los cocaleros no provienen de las zonas rurales más pobres.

La desigualdad es muy grande en todos los países subdesarrollados y las comparaciones entre países y regiones son muy difíciles de hacer. Por un lado, los datos son débiles por su misma naturaleza, además, las medidas estadísticas de la desigualdad no proporcionan mucha información importante. Otro problema surge del hecho que la desigualdad y la pobreza no cambian sustancialmente de año en año mientras que la participación de los países en la industria ilegal sí lo ha hecho. Las medidas de desigualdad son muy semejantes entre muchos países, lo cual, unido a las deficiencias innatas en las medidas, indica que no es posible mostrar que la desigualdad es causa de los cultivos ilegales o el narcotráfico.

Las crisis económicas tampoco están estadísticamente relacionadas con la industria ilegal. Es notable que durante los años ochenta todos los países de la América Latina y el Caribe, excepto Colombia, experimentaron la gran crisis de la deuda, mientras que el narcotráfico se concentró en Colombia. De hecho, Colombia fue el único país de la región en que el ingreso nacional no cayó en ningún año entre 1945 y 1999. Es cierto que en los años ochenta algunas regiones colombianas experimentaron problemas económicos, pero éstos fueron mucho más suaves que los del resto del continente.

La corrupción es otra de las causas generalmente aceptadas del narcotráfico. Esta es otra variable muy difícil de medir y posiblemente sea útil diferenciar varios tipos de corrupción. Sin embargo, muchos gobiernos latinoamericanos han sido tachados de ser mucho más corruptos que el colombiano, y en esos países el narcotráfico y los cultivos ilegales no han sido importantes.

Lo anterior no implica que la pobreza, desigualdad, crisis y corrupción no jueguen un papel en el desarrollo de los cultivos e industria de drogas ilegales. Sin embargo, lo cierto es que la relación entre estas y aquellas no es directa. En muchas ocasiones los factores mencionados han actuado más como detonantes de las actividades ilegales que como causas fundamentales. La pregunta que es necesario hacerse es ¿por qué dichos factores son detonantes en algunas situaciones y no en otras? En otras palabras, ¿qué condiciones en la sociedad hacen que en una situación dada, la pobreza, la desigualdad, crisis económicas y corrupción lleven a las drogas y en cuáles no?

La geografía económica de las drogas ilegales proporciona claves importantes para entender las causas de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. La diferencia entre las distribuciones espaciales de las actividades legales e ilegales es notable. Al considerar cualquier producto agrícola legal como el café, el trigo, el banano, etc., se encuentra que todo país que puede producir lo hace. Al contemplar las industrias livianas como los muebles de madera, los jabones y las confecciones, se encuentra lo mismo: todos los que pueden producir lo hacen. El contraste con la coca, amapola, cocaína y heroína es notable; a pesar de la gran rentabilidad y de la disponibilidad de recursos adecuados, la mayoría de los países que pueden producir, comerciar o traficar estos productos no lo hacen. En efecto, este cuadro presenta una paradoja interesante: la rentabilidad de las actividades ilegales puede explicar por qué un individuo participa en ellas, pero no porqué un país está involucrado y otro no.

Cabe entonces preguntar ¿qué se requiere para producir ilegalmente que no es necesario para producir artículos legales? La respuesta es bastante simple:

1. a) Comerciar insumos ilegales que frecuentemente son sustancias cuyos mercados son regulados y controlados por los gobiernos y las convenciones internacionales, los cuales deben ser contrabandeados u obtenidos en mercados negros.
2. b) Sembrar, cuidar y cosechar sembradíos ilegales.
3. c) Desarrollar sistemas de manufactura de drogas clandestinos.
4. d) Vender productos ilegalmente en los mercados internos de los países en que hay producción ilegal de drogas.
5. e) Contrabandear el producto final para sacarlo del país.
6. f) Desarrollar redes de mercadeo ilegal en el extranjero.
7. g) Transportar el dinero obtenido ilegalmente cruzando fronteras internacionales y cambiar estos fondos de una moneda a otra sin revelar su origen.
8. h) Lavar e invertir los fondos obtenidos ilegalmente y luego manejar los portafolios de capital ilegalmente obtenido.

Primero, para llevar a cabo exitosamente estas tareas es necesario tener destrezas ilegales especiales requeridas para desarrollar organizaciones comerciales ilegales, redes de apoyo dentro de la sociedad para proteger el negocio ilegal de los esfuerzos de las instituciones policiales y judiciales, y sistemas de resolución de conflictos dentro de las organizaciones criminales. Se requiere, además, estar dispuestos a violar las leyes y apelar a la violencia si fuere necesario.

Las destrezas ilegales son necesarias para desarrollar actividades económicas en muchos países, pero no son destrezas productivas o factores de producción (para usar la jerga económica), es decir, no son parte de la «receta» física para producir bienes y servicios y no son factores de la producción. Además, en algunos casos, pueden contribuir al bienestar social, pero en otros simplemente generan rentas y se convierten en una carga social.

Las destrezas ilegales son útiles cuando las características del entorno institucional en el que opera una firma (las reglas impuestas por las instituciones) las hacen útiles. En el fondo, estas destrezas son utilizadas para violar reglas impuestas por el Estado al comportamiento económico. Puede ser posible argumentar que muchas de estas leyes y reglas crean obstáculos a la producción y al desarrollo económico y que violarlas contribuye al bienestar social o que estas destrezas «engrasan la maquinaria gubernamental» para poder producir. Aun así, no son factores de la producción sino comportamientos en respuesta a entornos legales e institucionales específicos.

Segundo, en muchos casos las destrezas ilegales contribuyen a aumentar la violencia, corrupción y otras actividades ilegales que aumentan los riesgos de las actividades económicas, los costos en seguridad de los negocios y son perjudiciales al desarrollo económico. La violencia es factor clave en los secuestros y extorsiones que son equivalentes a altos impuestos aleatorios cobrados solo para permitir que la actividad económica continúe.

Tercero, el valor de las destrezas ilegales puede ser creado, aumentado, disminuido o destruido por cambios legales o institucionales. El establecimiento y, 13 años más tarde, la eliminación de la prohibición a las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, el proteccionismo que prevaleció en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y la apertura de sus economías desde finales de los años ochenta, son buenos ejemplos de políticas gubernamentales que aumentan o disminuyen el valor de las destrezas ilegales.

Comprender por qué unos países desarrollaron destrezas ilegales en un grado mucho mayor que otros es un prerrequisito para entender el desarrollo de la industria de drogas ilegales en América Latina y el Caribe. Para lograr esta meta es necesario entender qué características sociales promueven las actividades ilegales.

En principio, estas destrezas se desarrollan en países con diversas características, las cuales vale la pena explorar. Entre ellas sugiero considerar algunas como:

1. a) Un Estado que no controle su territorio.
2. b) Un país en que el Estado no representa la totalidad de los grupos sociales y en el que la lealtad primaria de parte de su gente no es hacia el país como un todo, sino a su etnia, raza, religión, partido político, etc.
3. c) Un Estado que no proporcione medios de resolución de conflictos y en el que la justicia funcione de manera imparcial.
4. d) Un país en el que las instituciones sociales externas al Estado como la familia, religión, escuela, generen y hagan cumplir normas cívicas que restrinjan el comportamiento individual.

Una conclusión importante de este enfoque es que las drogas ilegales surgen como consecuencia de problemas sociales graves. Es decir, son sintomáticas de dichos problemas. Por eso, la solución al «problema de las drogas» no es cuestión de políticas tradicionales, sino requiere cambios estructurales en la sociedad. Esto no implica que las políticas represivas haya que eliminarlas y que sea necesario liberalizar totalmente los mercados de drogas psicoactivas. Esto solo implica que las políticas solas no podrán resolver el problema. Cuando un enfermo requiere cirugía eso no implica que no se le recete aspirina. Solo implica que no se puede esperar que la aspirina lo cure[9].

Hipótesis sobre la economía política del narcotráfico

La economía política del narcotráfico funciona de una manera simétrica a la economía política institucional, la relativa a la producción distribución, circulación y consumo de mercancías no prohibidas. Se puede decir que no es la demanda, en este caso, la que genera la oferta sino, al contrario, es la oferta perversa la que genera la demanda viciosa. Las condiciones de posibilidad históricas, políticas, económicas y culturales de la economía política del narcotráfico no son las mismas que las condiciones de posibilidad de la economía política institucional. En este caso no se trata de la separación indispensable entre productores no propietarios y propietarios no productores, es decir, entre trabajadores y burgueses, sino se trata de la separación pérfida entre productores de sustancias prohibidas y consumidores de estas sustancias, que se convierten en víctimas de este consumo, que los destruye corporalmente. No se trata tampoco de la separación entre valor de uso y valor de cambio, como ocurre en la economía política formal, sino entre el valor de uso de la mercancía viciosa y el valor formal de la prohibición, si se quiere, el valor coercitivo de la criminalización del consumo, la circulación, la distribución y la producción de la sustancia prohibida. El valor del uso, es decir, el consumo de la sustancia prohibida, puede adquirir un valor de cambio muy grande, desmesurado, debido al deseo implícito y a la dependencia corporal del consumo de esta sustancia. La prohibición y la criminalización del consumo de esta sustancia se convierte en la invitación a quebrar la ley,  la regla y  la norma, que hay que infringir. En consecuencia, podemos hablar de la desvalorización de la prohibición misma, de la ley, de la norma, de la regla, por lo tanto, en contraste, se trata de la valoración perversa del consumo vicioso.

Cómo se puede ver el desenvolvimiento de la valorización es turbado o perturbado por el contexto de relaciones y prácticas paralelas, que se dan en los espacios opacos y ocultos de la economía política del narcotráfico.

Para que se dé, se despliegue y desenvuelva la economía política del narcotráfico es indispensable que exista un saber, unas técnicas, unas destrezas alteradas, es decir, una una acumulación originaria, heredada de cualidades secretas, en el manejo de las transgresiones. En otras palabras, podemos decir que tiene que darse la tendencia a las predisposición a transgredir las leyes, las reglas, las normas, las instituciones estatales.

Al respecto, hay que situarse en las tradiciones y las herencias, devenidas de formas de organización alternativas al Estado, pero que, esta vez, no tienen que ver ni con la comunidad, ni con la autogestión, ni con el autogobierno, sino, mas bien, con el espejo perverso del Estado, el espejo perverso de las dominaciones institucionales, el espejo perverso del terrorismo de Estado, que es practicado, en este caso, como terrorismo de las mafias.

Se trata de la simulación, pero no festiva, sino, mas bien, bizarra, del mundo institucional. No se trata ciertamente, de ninguna manera, de una rebelión, sino, al contrario, de sometimiento, pero pervertido. Es un reforzamiento del poder, de las dominaciones, incluso del Estado mismo, pero, desde la alteración perversa de sus funcionamientos. Es el lado monstruoso del Estado, el monstruo que se oculta en los sótanos y en los pasillos, que sale de las sombras o se mueve en las sombras, sobretodo de noche.

La rebelión, como sabemos, supone la crítica del poder, de las formas de poder, de las polimorfas formas de las dominaciones, de los funcionamientos y de su institucionalidad. Es el desborde del contrapoder, que corresponde a la acción y actividad creativa. En cambio, en la economía política del narcotráfico estamos ante una nueva inhibición, nuevas cohibiciones, logradas por formas violentas, coercitivas, represivas, relativas a un terrorismo paralelo al terrorismo de Estado.

También podemos decir que estamos ante una burguesía mafiosa, hermana temida y deshonrosa de la burguesía institucionalizada, en la sociedad formal. En consecuencia, estamos ante una concomitancia y una complicidad entre Estado y crimen organizado, entre formas institucionalizada del poder y formas del lado oscuro del poder.

De aquí se puede entender que la lucha contra el narcotráfico no tiene como objetivo hacer desaparecer radicalmente el narcotráfico, sino contenerlo y controlarlo, incluso reforzarlo en momentos de crisis. Se ha dicho que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado, sin embargo no es correcto decir esto, puesto que el objetivo no es destruir el narcotráfico, sino ocultarlo en el sótano y usarlo en las orgías perversas de la casa solariega.

Conclusiones

Llama a la atencion que la denominada lucha contra el narcotráfico sea efectivamente una guerra contra el narcotráfico, una guerra declarada. El problema radica en este desplazamiento del diagrama disciplinario, que tiene como núcleo a la cárcel y tiene como desenvolvimiento el panoptismo, hacia un diagrama de la guerra, es decir, de la violencia desatada contra el enemigo declarado; por lo tanto, uno de los objetivos es la aniquilación del enemigo, otro objetivo es la captura del enemigo, sin pasar por el debido juicio, en otras palabras, se suspenden los derechos civiles y políticos.

Otra cosa que llama la atención, en esta guerra contra el narcotráfico, es que no se busca la solución del problema, no se va hacia las raíces y hacia las matrices del problema o del fenómeno en cuestión, sino que se busca, en principio, prioritariamente, su represión, secundariamente su control y su contención. Sorprendentemente el otro objetivo es la apropiación y desviación de la acumulación indebida de la economía política del narcotráfico.

Se tiene la impresión de que se ha retrocedido del panoptismo, de la arquitectura de la cárcel y del discurso jurídico penal, a un discurso beligerante, encargado de “legitimar” las acciones bélicas. También se ha perdido la perspetiva de la solución del problema, sino que se busca principalmente a destrucción mediante el desplazamiento de los mecanismos de la guerra. Sin embargo, no se trata de lo que nos dan como representación estas impresiones y llamadas de atención, sino de comprender el desplazamiento mismo de la concepción jurídica y política sobre el problema en cuestión.

Podemos decir que la problemática del narcotráfico, de los tráficos ilícitos, de la economía política de la cocaína, ya no tiene que ver con una concepción jurídica penal, con la arquitectura de la cárcel y con el panoptismo, ya no se trata de definir al delincuente, sino que nos hemos desplazado a otros contextos jurídicos, políticos, culturales y económicos. Estos contextos tienen que ver con una guerra, que, obviamente, no es una guerra entre Estado nación, tampoco se trata de una guerra imperialista, ni una guerra interimperial. Por otra parte, no se trata de una guerra civil, si bien se parece a una guerra interna, dentro de la geografía política del Estado nación, sino se trata de otra guerra, que, en parte, tiene sus raíces y algunas similitudes, empero notorias diferencias, con la conocida guerra contra el comunismo, que se dio lugar en la segunda mitad del siglo XX. Se ha dicho que después de la caída del muro de Berlín y de los estados del socialismo real de la Europa oriental, estamos ante una nueva invención del enemigo, que ya no es el comunismo, sino un enemigo de un perfil ambiguo, que puede ser el señalado como terrorista moderno, contemporáneo, el narcoterrorista. Yendo más lejos, acercándonos a lo que vamos a decir después, el enemigo puede ser definido como sospechoso de conspiración. Cuando llegamos aquí nos damos cuenta que se trata, en conjunto, en el contexto mayor, no en el contexto específico de la llamada la lucha contra el narcotráfico, sino en un contexto mayúsculo, que contiene a este contexto menor, de una guerra no declarada a las sociedades y a los pueblos, desde la maquinaria del poder y los mecanismos punitivos del Estado. Se trata de una guerra del Estado nación y del orden mundial contra los pueblos, que son sospechosos de conspiración.

Obviamente hay una diferencia entre el contexto de la lucha contra el narcotráfico, que es el contexto menor, del que hemos hablado, y el contexto mayor de la guerra no declarada del Estado nación y de el orden mundial contra las sociedades y los pueblos. En el contexto mayor tenemos como evidencia los hechos y los eventos que tienen que ver con la persecución a las organizaciones de los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales defensoras de la vida, a los defensores ambientalistas y a los activistas ecologistas. Lo que ocurre en México respecto a la desbordada y demoledora decisión estatal y gubernamental de la construcción del “Tren Maya” es sintomático de lo que hemos llamado el contexto mayor. En este caso, ya hay una guerra declarada del Estado y del gobierno mexicano, bajo la gestión de AMLO, contra a las naciones y pueblos indígenas mexicanos.

En cambio, en contraste, en el contexto menor, llama la atención el comportamiento sinuoso de la gestión de gobierno de AMLO, pues el mismo presidente ha declarado que los narcotraficantes tienen derechos humanos. En consecuencia, en el contexto menor de la lucha contra el narcotráfico se tiene, mas bien, una connivencia del gobierno con los cárteles. ¿Cómo explicar este comportamiento, esta conducta contradictoria, en los casos de los dos contextos diferenciados?

Ciertamente el desplazamiento de los diagramas, de poder heredados de la modernidad, incluyendo el diagrama de poder del control, de la modernidad tardía, y el diagrama de poder del panoptimo planetario reciente, tiene que ver con lo que ocurre en el contexto mayor de la guerra declarada del orden mundial y de los Estado nación contra los pueblos del mundo. Sin embargo, da lugar a comportamientos diferenciales entre perfiles del enemigo diferentes. Una cosa es atacar al enemigo declarado narcotraficante y otra cosa es combatir al enemigo declarado como sospechoso de conspiración. En el primer caso, a pesar de que ya se ha producido un desplazamiento desde la mirada jurídica penal, desde la arquitectura de la cárcel y del panoptismo hacia la concepción misma de la guerra, el delincuente narcotraficante puede ser encubierto y terminar siendo cómplice de las estrategias de poder  y de las estructuras de poder gubernamentales. No ocurre lo mismo en el caso del perfil ambiguo del sospechoso conspirador, puesto que en la medida que es ambiguo, borroso, incluso nebuloso, además de indeterminado, el enemigo sospechoso de conspiración no es cómplice, no es susceptible de complicidad, tampoco de concomitancia; no es sujeto de negociación, sino que tiene que ser aniquilado o, por lo menos, sometido. Al respecto, se ha desplegado toda una maquinaria de dispositivos, de disposiciones y de agenciamientos concretos de poder, económicos y políticos, además de policiales y militares, con el objeto de ocasionar el ecocidio, el etnocidio y el genocidio dilatado. Esto porque la materia y objeto de poder es la vida; la vida debe ser capturada, reducida e incorporada a la demoledora maquinaria de la reproducción de poder mundial.

Por otra parte, avanzando a otra conclusión, debemos recordar que hemos usado el concepto de economía política como metáfora, cuando hablamos de economía política del narcotráfico, también lo dijimos cuando hablamos, de una manera más restringida, de economía política de la cocaína. Estas figuras de economía política específicas están contenidas en la configuración del concepto de economía política y, en consecuencia, se pueden ampliar los alcances de la crítica de la economía política. Lo dijimos cuando hablamos de la crítica de la economía política generalizada [10], también podemos desplegar una crítica de la economía política del narcotráfico y, de manera más específica, una crítica de la economía política de la cocaína. Esto se puede hacer y se lo ha hecho, pero debemos no solo recordar que se trata de usos metafóricos del concepto de economía política, incluso el concepto mismo de economía política fue puesto en cuestión ya por Karl Marx, cuando definió la economía como ideología, es decir, como discurso de legitimación de la explotación de la fuerza de trabajo. En consecuencia, no usamos tampoco el concepto de economía política aceptando la veracidad de este concepto, sino en el sentido mismo que Marx le atribuyó a la economía política, como ideología. Una ideología sostenida en la separación entre valor de uso y valor de cambio, separación que corresponde a la diferenciación entre productores no propietarios y propietarios no productores, entre el proletariado y la burguesía. Por lo tanto cuando hablamos de economía política del narcotráfico y economía política de la cocaína, de manera más específica, usamos el concepto en el sentido del fetichismo de la mercancía, además de considerar los mecanismos de separación que conforma la maquinaria destructiva de estas economías políticas específicas.

Recuperando lo que dijimos en la crítica de la economía política generalizada, ahora, nuevamente, decimos que no hay una economía política como tal, como campo autónomo, separado de otros campos sociales, sino que tenemos genealogías de economías políticas, que se encuentran atravesadas en el conglomerado de economías políticas; a este conglomerado dinámico hemos llamado economía política generalizada. Espesor de planos de intensidad, que contiene varios planos de intensidad entrelazados, entre ellos, la economía política. Hablamos de economía política generalizada y de su genealogía, atendiendo al nacimiento mismo de esta genealogía de la economía política generalizada, que tiene que ver, primordialmente, con la antigua separación entre cuerpo y alma; valorizando el alma y desvalorizando el cuerpo. Esta economía política primordial corresponde a la religión monoteísta, que se ha dado lugar, históricamente, en tres versiones, la religión hebrea, la religión cristiana y la religión musulmana; las religiones del desierto. Siguiendo no necesariamente la secuencia, puesto que no es lineal el decurso, sino, mas bien, complejo, hemos sugerido que se da lugar la economía política de género, que separa y diferencia hombre de mujer, valorizando al hombre y desvalorizando a la mujer. Con esto hemos establecido, teóricamente, el mecanismo y los engranajes de las máquinas despóticas del patriarcalismo, que van a derivar en la asunción de la encarnación simbólica del poder en el cuerpo del déspota; después, mediante desplazamientos de conquistas territoriales, se va a dar lugar a lo que se conoce como imperio antiguo. Todo esto tiene que ver con la deuda infinita la inscripción de la deuda infinita, que corresponde al tributo al gran déspota, que se convierte en propietario de todas las tierras. A partir de ese momento exige tributo, hablamos del nacimiento del Estado antiguo.

También hablamos de de la economía política colonial, que separa y diferencia hombre blanco de hombre de color, desvalorizando al hombre de color y valorizando al hombre blanco. En realidad no existe el hombre blanco, todos los humanos tienen color, sino es un ideal de la civilización, un fetiche de la civilización moderna, correspondiente al sistema mundo capitalista.

De esta manera, en el desenvolvimiento de estas economías políticas y sus genealogías, pasamos a la síntesis de las economías políticas particulares y sus genealogía, que corresponde a la economía política restringida, conocida como tal, economía política; enunciada como tal a partir de una disciplina académica, que se llama economía. Es aquí donde se dan las conocidas separaciones y diferenciaciones de la que habla Marx en la crítica de la economía política y en El Capital.

Por lo tanto, volviendo a recordar, cuando usamos el concepto de economía política lo hacemos de manera crítica, para deconstruir las formaciones discursivas en torno a esta composición y para buscar la diseminación institucional de las maquinarias de destrucción del modo de producción capitalista.

Volviendo a lo que nos compete, a la economía política del lado oscuro del poder, vamos a la tercera conclusión, que tiene que ver con lo que ya dijimos varias veces, en otros ensayos, exposiciones y escritos, que el lado oscuro del poder ya ha tomado el lado institucional del poder, de tal manera que la máquina institucional del poder se ha convertido en una máscara del verdadero rostro del poder, que corresponde al lado oscuro de las dominaciones.

Una cuarta conclusión tiene que ver con la constatación empírica no solamente del fracaso de la lucha contra el narcotráfico, sino de que la lucha contra el narcotráfico forma parte de la reproducción misma de la lado oscuro del poder.

Notas

[1] Michel Foucault: Defender la Sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). Fondo de Cultura económica; Buenos Aires 2000.

[2] Ana María Lema escribe, en Profesión cocalero, historia de la defensa de la coca (Siglos XVI-XX). https://books.openedition.org/ifea/2321#:~:text=El%20cultivo%20de%20la%20coca,en%20yungas%20secos%20pero%20insalubres.

[3] Raúl Prada Alcoreza: Fragmentos territoriales. También genealogía del poder. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/fragmentos_territoriales_5.https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/genealog__a_del_poder_2.

[4] El narcotráfico. Educa: https://www.educa.com.bo/la-nacion-sin-rumbo-1978-1982/el-narcotrafico#:~:text=Si%20bien%20este%20fenómeno%20comenzó,expansión%20del%20negocio%2C%20protegido%20incluso.

[5] Narcotráfico y efectos: https://www.opinion.com.bo/articulo/opini-oacute-n/narcotrafico-y-efectos/20121010211500434552.html#:~:text=La%20falta%20de%20educación%2C%20empleo,las%20instituciones%20de%20un%20Estado.

[6][6] Ayda Levy Martínez:  Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado. https://editorial.tirant.com/es/libro/mi-vida-con-roberto-suarez-gomez-y-el-nacimiento-del-primer-narcoestado-9788499922539#:~:text=Roberto%20Suárez%2C%20«el%20Robin%20Hood,pagar%20la%20deuda%20externa%20boliviana.

[7] Mariano Bartolomé y Vicente Ventura Barreiro: El papel de Bolivia dentro de los esquemas del tráfico de cocaína. Mariano Bartolomé: Graduado y doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador universitario en niveles de grado y posgrado, y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador (USAL), Argentina. Vicente Ventura BarreiroAbogado, máster en Administración y Derecho de la Seguridad Pública, y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (USAL), Argentina. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-papel-de-bolivia-dentro-de-los-esquemas-del-trafico-de-cocaina/.

[8]  Jörg Stippel y Juan Enrique Serrano Moreno: La nacionalización de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992018000100264.

[9] Francisco Thoumi: La economía política de las drogas ilegales en los Andes. Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales. Numero 4. UASB/CEN. Auto 2002.

[10] Raúl Prada Alcoreza: Crítica de la economía política generalizada. 

Crítica de la economía política generalizada
https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/cr__tica_de_la_econom__a_pol__tica_

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Fotografía: pradaraul