Por: Leopoldo Maldonado. 26/04/2025
La crítica pública no es sinónimo de “ataque”, sino de compromiso con una democracia más madura. Defender la información, garantizar la transparencia y proteger a quienes informan es, al final, defender el derecho de toda persona a saber, a decidir y a participar.
En México, hablar de libertad de expresión es hablar de un campo de disputa del Estado, de los medios, de la sociedad civil y de la ciudadanía. El reciente informe de Artículo 19, Barreras Informativas, nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en este terreno, así como sobre la oportunidad de mejorar los canales institucionales, proteger a quienes ejercen el periodismo y consolidar una democracia más sólida.
Durante 2024 se documentaron 639 agresiones contra periodistas en todo el país. Cinco de ellos fueron asesinados. Prácticamente la mitad fueron cometidas por autoridades (45 por ciento). Más allá del número, lo preocupante es que estas agresiones siguen ocurriendo con frecuencia y, en muchos casos, sin consecuencias claras para los responsables. La cifra de una agresión cada 14 horas no puede pasarse por alto. Son historias y testimonios de miedo, frustración, dolor y autocensura como forma de protegerse ante la violencia permanente.
No se trata únicamente de los medios o de los periodistas, cuya labor de por sí es esencial. Se trata del derecho de todas las personas a recibir información veraz y oportuna. Cada obstáculo que enfrenta la libertad de expresión debilita también la capacidad de la ciudadanía para participar activamente en los asuntos públicos.
Por ello, este informe es un llamado a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, mejorar la coordinación institucional y garantizar que las críticas o cuestionamientos a la prensa no deriven en estigmatización.
Uno de los temas más debatidos ha sido la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Independientemente del diagnóstico institucional que motivó esta decisión, es importante que los nuevos mecanismos garanticen el mismo o un mayor nivel de acceso a la información pública. El panorama no es halagüeño. Las causales de reserva en la nueva Ley de Transparencia se han aumentado, mientras que los mecanismos de acceso a la información se centralizan en la figura del Ejecutivo Federal.
Por otro lado, el avance de la digitalización gubernamental, que busca eficiencia y cobertura, también abre nuevas conversaciones sobre privacidad y vigilancia. Plataformas mal operadas o adquisiciones tecnológicas sin suficiente supervisión pueden generar desconfianza. A esto se suma una preocupación señalada en el propio informe el marco legal actual en materia de seguridad e inteligencia ha creado una infraestructura tecnológica que, sin los debidos contrapesos, podría representar riesgos para los derechos humanos.
Frente a este panorama, urge avanzar hacia soluciones. El informe propone fortalecer una política pública de protección a periodistas que se enfoque en la prevención, la justicia y la reparación. Esta no es una tarea exclusiva del Gobierno, sino una meta en la que pueden converger instituciones, sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía.
También es necesario revisar cómo estamos construyendo la memoria y la verdad en un país donde se han cometido hechos atroces desde los últimos 60 años. El informe llama la atención sobre la importancia de reconocer de forma integral hechos de violaciones graves a derechos humanos del pasado y del presente. La construcción de justicia pasa, inevitablemente, por el reconocimiento del dolor de las víctimas y trabajar en conjunto con ellas y para ellas con el fin de revertir la impunidad.
Finalmente, uno de los puntos más sensibles es el debilitamiento institucional en temas clave como la procuración de justicia y la protección de derechos humanos. La FEADLE, por ejemplo, abrió solo 84 investigaciones en todo 2024 (en contraste con cientos de agresiones documentadas), y cuenta con recursos presupuestales cada vez más limitados. Reforzar sus capacidades no sólo es necesario, es estratégico si buscamos resultados más sólidos en el combate a la impunidad. Por su parte, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas también sufre recortes mientras que las tendencias de agresiones contra ambos sectores van al alza.
La crítica pública no es sinónimo de “ataque”, sino de compromiso con una democracia más madura. Defender la información, garantizar la transparencia y proteger a quienes informan es, al final, defender el derecho de toda persona a saber, a decidir y a participar.
Que este informe sea una invitación al diálogo y a la construcción de políticas públicas más efectivas. El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de revertir los patrones de negación, impunidad y opacidad que dejaron sus predecesores.
Leopoldo Maldonado
Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
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Fotografía: Sin embargo. Informe “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información”. Foto: Moisés Pablo Nava, Cuartoscuro.
